Millonaria subvención estatal a
las petroleras
Redacción de
Econoticiasbolivia, 23/08/04
Gobierno congela precio de
carburantes por 60 días para evitar que emerja la convulsión social,
pero no convence a transportistas y vecinos que masifican las
protestas. La COB llama a la movilización y los campesinos, que
reclaman por tierra y la libertad de su dirigente, levantan también
la bandera de la nacionalización del gas
La Paz.- El deficitario Estado
boliviano otorgará una millonaria subvención a las petroleras
extranjeras para que no aumenten el precio de los carburantes que
extraen del territorio nacional y que comercializan en el mercado
interno.
"Se hace un sacrificio
gigantesco por cuanto el Tesoro General de la Nación se está
comiendo sus recursos", dijo el presidente Carlos Mesa, a poco de
anunciar la promulgación de un decreto que congelará el precio local
de los hidrocarburos por un plazo máximo de 60 días, con el que
intenta desactivar la protesta social.
Según este decreto, que entraría
en vigencia en las próximas horas, los carburantes serán
comercializados al público en general a un promedio equivalente de 27
dólares el barril de petróleo, a pesar de que la cotización
internacional alcanza a casi 50 dólares.
Esta diferencia será entregada por
el Estado a las petroleras extranjeras, las que de acuerdo a la
legislación vigente tienen la potestad de vender los hidrocarburos
extraídos de los propios campos bolivianos al precio internacional o
como si éstos fueran importados desde Kuwait o Arabia Saudita.
Estas Petroleras, entre las que se
cuentan a Repsol, Petrobras, British Petrolem, Total, Exxon,
Panamerican, Vintage y otras, tienen uno de los costos de producción
más bajos del mundo y pagan ínfimos niveles de tributación, pero
acumulan millonarias ganancias extraordinarias cada vez que sube el
crudo a nivel internacional.
"Es una subvención
brutal", aseguró Mesa, que se vio obligado a tomar esta medida
ante la presión cruzada de las petroleras que no aceptan ceder ni un
centavo en las millonarias ganancias que representa el alza de la
cotización internacional, así como de la población civil que ya no
acepta pagar más por los carburantes.
El costo de la millonaria subvención
no ha sido cuantificado oficialmente, aunque funcionarios de nivel
medio del Ministerio de Hacienda aseguraron que "significará un
fuerte boquete en las finanzas públicas".
Las fuentes explicaron que esta
nueva subvención presionará fuertemente sobre el nivel del déficit
fiscal, aunque confían en controlar esta peligrosa variable económica,
siempre y cuando la subvención no se prolongue por mucho tiempo y que
continúe, además, la política oficial de "sacrificar" la
inversión pública y recortar y/o posponer proyectos que tienen
financiamiento externo. Oficialmente se confía en que hasta fines de
año el déficit fiscal no supere el equivalente al 6,1% de Producto
Interno Bruto (PIB).
Hace una semana, Hacienda y el
propio presidente Mesa habían descartado el congelamiento interno de
precios de los carburantes y una mayor subvención hacia las
petroleras, dada la aguda anemia fiscal que padecen las finanzas públicas.
Sin embargo, las protestas de vecinos y transportistas y la amenaza de
nuevas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otras
organizaciones sociales empujaron a las autoridades a
"sacrificar" las finanzas y la inversión pública y así
evitar una nueva convulsión social.
Mesa teme, además, que el
creciente malestar social por el continuo aumento de los carburantes
se traduzca en un militante apoyo de la población hacia la
convocatoria de la COB para nacionalizar el gas y el petróleo,
dejando de lado su proyecto de ley que en lo esencial busca viabilizar
las millonarias exportaciones transnacionales de gas a los mercados de
Argentina, Estados Unidos y México.
Este proyecto de ley, que según
Mesa resume los resultados del referéndum del 18 de julio, ha sido
bloqueado en el Congreso, donde cuestionan esta interpretación legal
y se niegan a aprobarla, sin discusión ni debate. Esta confrontación
ha llevado al Presidente a ejercer un virtual "chantaje"
sobre el Congreso, al que amenazó con no promulgarle ninguna de sus
leyes, si éste no aprobaba sin alteraciones su proyecto de ley.
En este clima de crisis política,
la emisión del decreto de congelamiento de los carburantes busca además
que los sectores sociales y vecinales no tercien en la lucha y tampoco
vayan en contra del proyecto de Mesa y de las petroleras extranjeras.
Según los dirigentes de la COB, la
privatización y enajenación de los recursos naturales a favor de las
petroleras extranjeras ha ocasionado que Bolivia pierda el control de
sus riquezas, que obtenga mínimos ingresos por tributación y que sus
ciudadanos paguen los hidrocarburos como si éstos fueran importados y
no producidos en su territorio. "Las petroleras transnacionales
están saqueando Bolivia, en complicidad con los gobiernos
neoliberales", dijo el líder de la COB, Jaime Solares, quien
convocó otra vez a la población a luchar por la nacionalización del
gas y el petróleo y contra el alza de los carburantes.
Uno de los sectores que ya realizó
acciones de protesta fue el de los transportistas de La Paz, El Alto y
Oruro, que exigen el congelamiento de precios por lo menos durante un
año, lo que no es aceptado por las autoridades. Hoy, el dirigente de
los choferes de La Paz, Franklin Durán, dijo que los transportistas
no aceptan un congelamiento por 60 días y anunció una huelga
indefinida para los próximos días. Hasta ahora son más de un
centenar de dirigentes de choferes que han instalado cuatro piquetes
de huelga de hambre en La Paz y El Alto, donde hoy marcharon varios
miles de transportistas en una gran manifestación antigubernamental.
Para las próximas horas se aguarda el ingreso a la huelga de hambre
de los dirigentes de los choferes de Cochabamba, Sucre y Potosí.
Otros que ya han iniciado acciones
son los campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST), que realizan
huelgas de hambre y marchan hacia La Paz enarbolando las banderas de
la tierra y de la nacionalización del gas. El principal dirigente del
MST, Angel Durán, aseguró que este miércoles miles de marchistas de
todo el país llegarán a la sede de gobierno para exigir la libertad
del dirigente Gabriel Pinto y el congelamiento del precio de los
hidrocarburos.
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