Gobierno
de Carlos Mesa, cercado y debilitado, marcha sin rumbo
Entre luces y sombras
Por
Alex Contreras Baspineiro
Alai-amlatina, 26/01/05
La administración gubernamental de Carlos Mesa definitivamente
marcha sin rumbo: acorralado por las movilizaciones sociales y
regionales, censurado por los parlamentarios, atentado por grupos de
la oligarquía cruceña, rechazado por los sectores populares e
incluso presionado por el gobierno de Estados Unidos, en las próximas
horas, está obligado a dar un giro radical en su gestión de
gobierno, antes que sea demasiado tarde.
Los
15 meses de gobierno (desgobierno) de Mesa son sólo comparables con
lo que pasó en Bolivia a principios de la década del 80 con la
Unidad Democrática Popular (UDP), cuando la gestión gubernamental se
pasaba más tiempo resolviendo conflictos sociales antes que
conduciendo la política de Estado.
En
esta última gestión de gobierno -a diferencia de otras- nunca se
escucharon tantas demandas sociales ni tampoco pronunciaron varios
mensajes presidenciales ni menos se escuchó a un Jefe de Estado
amenazar reiteradamente con renunciar.
El
conflicto social que caracteriza a este país, principalmente al
departamento más grande: Santa Cruz, ya lleva tres semanas y ante la
inoperancia gubernamental, cada día, cada hora, se agudiza.
Recordemos
que los conflictos sociales se desataron desde el primer día de enero
de 2005, como producto de la elevación del precio de los
hidrocarburos, en un porcentaje que oscilaba entre el 10 al 32 por
ciento.
El
pasado miércoles 19, el presidente Mesa determinó dar un paso atrás
en su política neoliberal al rebajar en 24 centavos de bolivianos el
precio del diesel, nivelándolo con el de la gasolina. Esa determinación
no fue aceptada por los sectores que se encuentran movilizados
–sobretodo en Santa Cruz- que ahora no sólo exigen la derogatoria
del decreto sobre la elevación de todos los hidrocarburos sino que la
demanda pasó a exigir la autonomía departamental.
Autonomías
regionales
Varios
analistas sostienen que tras la demanda de "autonomía" se
encuentran grupos ligados al ex régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Lo
cierto es que ante el desgobierno reinante en esa región del país,
grupos organizados de manifestantes tomaron el control de varias
dependencias estatales, bloquearon el acceso de caminos y del
aeropuerto internacional, multiplicaron los piquetes de huelga de
hambre y también radicalizaron sus medidas.
Ayer
se produjeron enfrentamientos, entre manifestantes y efectivos
policiales con el saldo de heridos leves e incluso estalló un
artefacto explosivo en la sede de los agropecuarios cruceños.
"Hoy
el diesel es una excusa para una presión de dos puntas. La presión
de una punta que quiere un cambio de modelo y que quiere que el
gobierno nacionalice todo, que quiere que las transnacionales se vayan
a su casa y que quiere forzarnos a hacer y aplicar su programa",
aseveró en su mensaje presidencial del 9 de enero; "somos
capaces de escuchar y de ceder", dijo en un nuevo mensaje, el
Jefe de Estado.
Por
si fuera poco, en las últimas horas, el embajador norteamericano
David Greenlee, conminó al gobierno a aprobar la Ley de Inmunidad de
los Ciudadanos de Estados Unidos; caso contrario, se podría reducir
la ayuda económica que brinda la poderosa nación a este país.
La
mencionada ley de inmunidad norteamericana ante la Corte Penal
Internacional debía ser aprobada el pasado primero de enero; sin
embargo, la reacción de diferentes sectores sociales que defienden la
soberanía y dignidad de todo un pueblo impidieron la aprobación de
ese atentado.
A
las presiones cívicas y sindicales de Santa Cruz, se suman las
demandas campesinas de una fracción de la CSUTCB y de los cocaleros
de Los Yungas que realizan medidas de presión; en cambio, desde
diferentes sectores sociales se suman a las voces de protesta para
iniciar movilizaciones en los próximos días.
Aunque
existe una bancada denominada "patriótica" compuesta por
diputados y senadores tránsfugas que fueron electos por un
determinado partido político y hoy decidieron apoyar la gestión del
presidente Mesa, lo cierto es que la administración de gobierno cada
vez, se encuentra más cercada y debilitada.
Una
muestra muy clara de esa debilidad y orfandad política, sucedió en
las últimas horas, cuando la mayoría de congresales en la Cámara de
Diputados, determinó censurar a todos los ministros del área económica
del gobierno. Esa determinación obliga a cuatro ministros a renunciar
a sus cargos.
Cambios
estructurales
El
Movimiento al Socialismo (MAS) considera que la crisis estructural por
la que atraviesa Bolivia es reflejo del producto de los errores,
agresiones y la soberbia del gobierno hacia los bolivianos y la
imposición de organismos internacionales con políticas económicas
ajenas a nuestra realidad, que está siendo aprovechada por grupos de
la oligarquía y sus representantes en el afán de rearticularse
atentando contra la democracia.
"Nosotros,
movimientos sociales del campo y la ciudad, profesionales,
intelectuales, clases medias que sentimos por nuestra patria y que
somos el pueblo boliviano, sabemos que mientras no resolvamos los
problemas de la mayoría nacional que es discriminada y explotada e
incluso amenazada con la extinción, jamás se solucionarán los
problemas en el país si antes no se resuelve esta situación",
afirmó en un mensaje a la nación, el diputado y jefe del principal
partido político de este país, Evo Morales.
Agregó
que la solución a los problemas del país no pasa por medidas
coyunturales ni antipopulares sino por soluciones estructurales.
"El gobierno de Carlos Mesa debe respetar y cumplir con la agenda
de octubre: referéndum, nueva ley de hidrocarburos, convocatoria a la
asamblea constituyente y juicio de responsabilidades y no por la
dictación de decretos que atentan contra la economía y los derechos
humanos del pueblo.
"Estamos
consientes que la solución a la crisis que vive el país debe ser en
el marco de la democracia, mediante transformaciones pacíficas
expresadas en acciones concretas que demuestren un compromiso profundo
con nuestro país".
El
MAS propuso al país soluciones políticas, económicas y sociales que
desataron un intenso debate en diferentes sectores sociales.
En
lo político conciben a la Asamblea Constituyente como la máxima
instancia, autónoma, plena y potenciaría, no una simple reforma
constitucional, sino la "refundación" del Estado Boliviano.
Para
garantizar una Asamblea Constituyente democrática, indígena y
popular, refundacional del Estado Boliviano, se debe definir un nuevo
pacto social constituyendo un Consejo de los Pueblos que cuente con la
amplia participación de representantes de las víctimas del
neoliberalismo: todas las organizaciones sociales del campo y la
ciudad para recuperar los recursos naturales del suelo, subsuelo y
sobresuelo que serán la base del nuevo régimen económico del país
y desneoliberalizando todos los servicios básicos para convertirlos
de servicios públicos.
"Para
el pueblo boliviano la dignidad y soberanía nacional es la base para
la construcción de nuestro país, la dignidad y la soberanía
nacional no están en venta ni en subasta; por eso, no aceptamos, bajo
ningún concepto, el sometimiento al chantaje por parte del Poder
Ejecutivo para la aprobación de la Ley de Inmunidad exigida por el
Gobierno de Estados Unidos", enfatizó Morales.
En
lo económico la propuesta masista radica en la elaboración de una
nueva propuesta económica y social, tomando como base la diversidad
económica y la heterogeneidad productiva y abrogando la política
neoliberal.
La
aprobación de la Ley de Hidrocarburos es de vital importancia con la
visión de la verdadera recuperación de la propiedad de los recursos
hidrocarburíferos y la captación de los recursos para beneficio del
pueblo boliviano.
Plantean
refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos como la máxima
instancia de control de los hidrocarburos en toda su cadena
productiva: exploración, explotación, comercialización, exportación
e industrialización.
Alertando
que en el futuro se pueden reproducir conflictos sociales, demandaron
soluciones estructurales al problema de la tierra y territorio,
educación, salud, vivienda y empleo.
Según
Morales, sólo la madurez y serenidad del pueblo boliviano, acompañada
del ejemplo y lucha de otros países del continente y el mundo,
promoverán la construcción de la nueva Bolivia.
Retroceso
neoliberal
El
gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una hora crucial: hasta hoy
solucionó todos los conflictos sociales en base al diálogo y la
concertación, pero en los últimos días aprobó un decreto mediante
el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas utilizar armamento de fuego
contra los conflictos sociales.
"El
Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos" autoriza a
los uniformados al uso de armas de fuego en conflictos y convulsiones
sociales que atenten contra la Constitución Política del Estado.
Según
dirigentes de los movimientos sociales, "el gobierno y su ejército
ya tienen licencia para matar".
Es
bueno apuntar que producto de las últimas movilizaciones sociales pacíficas,
los pobladores de El Alto (La Paz), lograron que el gobierno rompa el
contrato de concesión con la empresa Aguas del Illimani, vinculada a
la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux-Suez.
El
principal dirigente de las Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani,
destacó que con la rescisión del contrato con la transnacional del
agua –producto de ejemplares movilizaciones de miles y miles de alteños
y alteñas- no sólo lograron recuperar un recurso natural y forzar a
la constitución de una nueva empresa del agua con participación
popular, sino perforar y hacer retroceder la política neoliberal.
Aunque
el sector empresarial y los organismos internacionales, así como
sectores políticos conservadores, reaccionaron contrariados por esa
determinación del gobierno, la administración gubernamental continúa
su política sin un rumbo definido y cada vez más presionada.
Diferentes
sectores sociales advirtieron que si el gobierno de Carlos Mesa –en
forma urgente- no modifica estructuralmente su plan en lo económico,
político y social, no define su preferencia entre las transnacionales
y el pueblo, no es capaz de rechazar las presiones externas, no cambia
a su gabinete ministerial, no atiende las demandas crecientes de los
movimientos sociales y, en suma no cristaliza la "agenda de
octubre" con la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la
convocatoria a la Asamblea Constituyente Popular y el juicio de
responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ex ministros, se
pueden producir conflictos con imprevisibles consecuencias…
Cochabamba
(Bolivia), 21 de enero de 2005.
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