Santa Cruz: la autonomía reaccionaria

Por Guillermo Almería
La Jornada, México, 23/01/05

Hay autonomías, como las que piden los indígenas, que reestructuran el territorio en función de las necesidades de su población y no de la ganancia de las trasnacionales o de las imposiciones del poder central y centralista. Ellas lo hacen mediante la expresión directa y democrática de quienes históricamente convirtieron un espacio en territorio. Pero hay otras que buscan asegurar los privilegios de los terratenientes y de las clases dominadoras locales, fragmentar el país en beneficio de minorías que tienen una renta de posición al disponer de un recurso que debe ser de todos y destruir, si les fuese posible, la base de la democracia, al oponerse a la solución social que tratan de construir las mayorías nacionales.

Tal fue el caso de la rebelión de Sao Paulo y de su virtual secesión del resto de Brasil en 1932, cuando sólo una guerra perdida por ese estado a manos de los demás mantuvo la unidad nacional y subordinó la oligarquía industrial-cafetalera a la política de los demás grupos capitalistas, y subordinó también las clases dominantes paulistas, apoyadas activamente por sectores estudiantiles y de las clases medias, a las necesidades del desarrollo nacional, que imponían una redistribución de los ingresos locales.

Tal es el caso ahora de la rebelión reaccionaria y autonómica de Santa Cruz, en Bolivia. En ella los terratenientes y los grandes comerciantes, con el apoyo de sus hijos estudiantes y de otros sectores urbanos, tratan de oponer su autoorganización a la de los indígenas cocaleros de la zona y a la de la población indígena mayoritaria del Altiplano, de El Alto de La Paz, de los Yungas, de Cochabamba y las zonas mineras y campesinas pobres.

Santa Cruz ha sido un feudo de la fascista Falange Socialista Boliviana, del dictador Hugo Banzer, de la derecha del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de su último presidente, expulsado por el furor y la organización populares y refugiado en Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada, el sirviente de la embajada gringa que ni siquiera hablaba bien el castellano porque se había formado en Estados Unidos. Santa Cruz dispone de una renta de posición debido a su riqueza agropecuaria, a su cercanía con Brasil y, sobre todo, a los yacimientos de petróleo y de gas que han remplazado el peso tradicional que tenía el hoy agotado estaño del Altiplano en la economía boliviana. La oligarquía cruceña quiere disponer de esas riquezas locales que dan la base, actualmente, para el funcionamiento de la economía nacional y permiten que el gobierno de La Paz trate de hacer concesiones económicas y sociales para atenuar la movilización popular.

Esa oligarquía, muy ligada al capital extranjero y a la embajada de Estados Unidos, quiere sobre todo cortarle las piernas a la movilización indígena local y nacional, que intenta reconstruir el país recuperando sus riquezas -que habían sido privatizadas-, su territorio, robado en la guerra del Pacífico, inspirada por el imperialismo inglés, y el poder que habían conquistado en 1952 con sus milicias obreras y campesinas armadas y con la Central Obrera Boliviana, después de la destrucción del ejército y de la estatización de las minas y la expropiación de los terratenientes para hacer una reforma agraria. Santa Cruz, para sus clases dominantes, debe ser con su autonomía un quiste en la región más rica del país y un enclave desde el cual ellas esperan establecer lazos privilegiados con las trasnacionales y las oligarquías argentina y brasileña, con las cuales muchas familias oligárquicas cruceñas están ligadas por lazos económicos y hasta de familia. La autonomía de Santa Cruz, en particular, intenta poner trabas a la estatización completa de los recursos petroleros y el gas y, en lo político, a la construcción de una Asamblea Constituyente donde los indígenas, que están afirmando sus poderes locales informales o formales (los municipios conquistados en las últimas elecciones), presenten otro proyecto de país.

Esta autonomía es, por consiguiente, reaccionaria, tal como lo es la que pretende en Italia la Liga del Norte, inventándose, como los cruceños, una bandera, un himno, tradiciones y empujando hacia la secesión del resto del país. Ella responde al debilitamiento del Estado nación por la mundialización dirigida por el capital financiero internacional, la cual refunda la geografía e impone un nuevo centralismo, el que une a las clases dominantes locales con la sede de las trasnacionales mayores, en Estados Unidos. Ella no tiene nada en común, salvo el nombre, con las juntas de buen gobierno o las acciones indígenas en pro de la autonomía en Guerrero, en Ecuador o Bolivia, y ni siquiera con las autonomías impuestas históricamente por las clases dominantes locales aprovechando la movilización y las viejas culturas populares en Córcega, Sicilia, Aosta, Galicia, Cataluña o Euskadi. El mismo nombre esconde otro contenido, pues la autonomía que reclama la oligarquía cruceña no da libertades e independencia sino que refuerza la dependencia de Santa Cruz y de Bolivia, dado que es alentada por la embajada de Estados Unidos. Ella forma parte de un golpe preventivo cuya víctima circunstancial es el gobierno del presidente Mesa pero cuyo objetivo central es la destrucción del poder que han ido adquiriendo las organizaciones indígenas y las masas populares. Una autonomía oligárquica en Santa Cruz llevaría a una guerra interna y, en los planes de la oligarquía, desembocaría en una dictadura militar contra los indígenas y los trabajadores en general, y daría un golpe al Mercosur. Por eso hay que impedirla.