Divididos
por el gas
Por
Franz Chávez
Inter Press Service (IPS), 24/05/05
La
Paz. Las fuerzas sociales del occidente de Bolivia, encolumnadas tras
una asamblea constituyente, y las del oriente, que buscan la autonomía
departamental, marchan en rumbo de colisión bajo la atenta mirada de
las Fuerzas Armadas, alertas ante el riesgo de desintegración
territorial.
La
tensión política se localiza en las centrales ciudades de La Paz,
sede del gobierno, y Santa Cruz, sólo una semana después de que el
parlamento promulgara, ante la negativa a hacerlo del presidente
Carlos Mesa, la nueva ley de hidrocarburos que aumenta las
obligaciones tributarias hasta 50 por ciento de las empresas
petroleras.
De
ese modo crecen las dudas sobre el destino institucional de Bolivia,
nacido a la vida republicana el 6 de agosto de 1825 que hoy tiene 9,2
millones de habitantes. Es que ha ingresado en un ciclo histórico en
el que las fuerzas sociales y económicas se disputan la vanguardia de
las transformaciones según su interés sectorial.
Los
diversos sectores populares movilizados en 2003 en La Paz y la vecina
ciudad de El Alto, en el oeste del país, respaldaron la designación
parlamentaria de Mesa como sucesor en la presidencia de Gonzalo Sánchez
de Lozada, tras su renuncia y posterior fuga del país cuando sólo
había cumplido uno de los cinco años de mandato.
Al
culminar el 17 de octubre de ese año una semana de represión militar
y policial que cobró la vida de 67 personas, según familiares de las
víctimas, en un episodio conocido como la ”guerra del gas”,
sindicatos y asociaciones de campesinos lograron el compromiso de Mesa
de recuperar los hidrocarburos de manos de firmas transnacionales y
convocar a una asamblea constituyente para refundar el país.
Pero
catorce meses después del inicio de ese mandato, la región oriental
liderada por empresarios, productores de soja, banqueros y
terratenientes movilizó a sectores populares hasta obtener el
compromiso de Mesa de facilitar la instauración institucional de las
autonomías departamentales.
Así
nacieron las antagónicas agendas de octubre de 2003 y la de enero de
2005, ahora en el centro de un nuevo conflicto que el presidente Mesa
intentó despejar dejando que la ley de Hidrocarburos fuera promulgada
por el Congreso legislativo y, a modo de alternativa, presentando al
país un ambicioso programa para crear 70.000 empleos.
Los
sectores que respaldaron a Mesa en el pasado no aceptan la permanencia
de las empresas petroleras extranjeras en la segunda reserva más
grande de gas natural de América del Sur, con 53 trillones de pies cúbicos
que la pone detrás de Venezuela. Son los que reclaman la
nacionalización, pues la ley sólo prevé un cambio de contratos.
Sólo
el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el diputado indígena
y líder de los cultivadores de hoja de coca Evo Morales Ayma, marca
la diferencia entre los antiguos apoyos de Mesa al aceptar la
presencia de las petroleras pero a condición de cobrar una regalía
de 50 por ciento en lugar de 18 por ciento más impuestos descontables
de 32 por ciento, como establece la norma promulgada la semana pasada.
En
el otro frente, el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz agilizó
los procedimientos para aproximarse a la autonomía regional y reunió
250.000 firmas de ciudadanos que apoyan una consulta popular (referéndum)
sobre el tema y, sustentado en ese apoyo, esperó hasta la semana
pasada que el Congreso defina la fecha del acto plebiscitario.
La
demora del parlamento y la presión de las organizaciones sociales de
occidente que amenazaban con la toma del edificio sede e
interrumpieron la sesión que consideraba el pedido, derivó en una
”autoconvocatoria” a referéndum promovida por el propio Comité Cívico
Pro Santa Cruz.
Los
dirigentes cívicos del oriente boliviano fijaron el 12 de agosto como
la fecha de consulta, para que coincidiera con las elecciones de
prefectos departamentales.
El
MAS, que desea capitalizar el liderazgo de oposición a oriente,
respondió con otra ”autoconvocatoria” a una Asamblea
Constituyente, porque considera a esta instancia como apropiada para
debatir la autonomía de los nueve departamentos en que está dividido
el país.
Los
argumentos del MAS cuestionan las preguntas propuestas por el Comité
Cívico Pro Santa Cruz, que desea conocer la opinión la gente sobre
la independencia de administración de recursos fiscales (impuestos) y
recursos naturales (gas y petróleo), concentrados precisamente en el
oriente y el sur de Bolivia.
Morales
recordó que ambos temas no son de consulta, según la ley de Referéndum
porque compromete a la soberanía del Estado.
En
medio del debate a través de los medios de información, las Fuerzas
Armadas hicieron pública su posición, por primera vez desde que
gobierna Mesa, y desconocieron las ”autoconvocatorias” y
sutilmente advirtieron su disposición a defender la integridad
territorial.
Desde
el lunes, las ciudades de La Paz y El Alto volvieron a ver a miles de
manifestantes por sus calles, enfrentamientos entre policías y
activistas, arengas, concentraciones de obreros y el ingreso de la
ciudadanía a un ambiente de incertidumbre.
Una
caminata de ocho días protagonizada por unos 5.000 campesinos y
cultivadores de hoja de coca, afines al MAS, terminó el lunes frente
a la sede de gobierno y durante los siguientes días será la fuerza
humana que presionará sobre el Congreso para obtener una convocatoria
a la asamblea constituyente, en lugar de poner a referéndum las
autonomías departamentales.
El
vecindario y los obreros de El Alto, una de las urbes más pobres del
país, insisten en la nacionalización de los hidrocarburos y la
renuncia de Mesa porque se consideran que fueron traicionados en sus
aspiraciones de recuperar el gas natural y el petróleo.
A
tono con esta demanda, pero pasando al extremo, el secretario
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, expresó
públicamente su interés en el ascenso al gobierno de ”un militar
patriota y honesto”, Pero ese deseo fue rotundamente rechazado el
lunes con un ”no” gritado a coro en una concentración obrera.
”Escuche
compañero Solares, el pueblo no quiere un golpe de Estado”, le
recriminó Evo Morales durante una asamblea popular en la Plaza San
Francisco de esta ciudad.
Pero
Morales también recogió la reprobación a sus demandas cuando la
gente le exigió a gritos que apoye la nacionalización de los
hidrocarburos y deje sin efecto la propuesta de 50 por ciento de regalías.
”Las
fuerzas populistas y radicales de El Alto son numéricamente menores,
respecto de octubre de 2003, y su liderazgo se divide porque algunos
sectores percibieron los riesgos de sus acciones”, explicó a IPS el
director del Centro de Investigación para el Campesinado (CIPCA-La
Paz), Carlos Hugo Laruta.
El
líder campesino Román Loayza, afín al izquierdista MAS, concedió
al Congreso un plazo de cuatro días que finaliza el viernes para
convocar a una asamblea constituyente.
En
el segundo día de las movilizaciones, Loayza marcó su diferencia con
el propio MAS y ahora apuesta por la nacionalización de los
hidrocarburos.
La
empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales de
Bolivia (YPFB) debe fortalecerse y encargarse de la exploración,
desarrollo, producción y comercialización de hidrocarburos, dijo a
IPS.
Entre
gases lacrimógenos y corridas de los manifestantes, el gobierno,
mediante su ministro de Seguridad Interna, Saúl Lara, reveló que
”hay gente que busca de manera intensa” contactos con miembros de
las Fuerzas Armadas y la policía, pero no identificó a las personas.
Laruta
descarta un riesgo inmediato para la unidad nacional y deposita sus
esperanzas en ”una gran masa ciudadana silenciosa” que no apoyará
una fractura, pero advierte que este sector numeroso en todo el país,
”eventualmente, podría apoyar un golpe de Estado”.
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