El
Presidente aclara que la vigencia de gobiernos autónomos depende
necesariamente de la Asamblea Constituyente, no de un referéndum
¿Por
qué exige autonomía el empresariado cruceño?
Bolpress,
25/05/05
Los
movimientos sociales de la zona occidental de Bolivia dudan de las
intenciones del movimiento autonómico organizado en el área oriental
del país, más propiamente en el departamento de Santa Cruz, porque
dicha corriente está liderada por la “crema y nata” de la burguesía,
es decir por sectores empresariales que perdieron amplios espacios de
juego político luego de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en
octubre de 2003.
Aunque
su discurso se fundamenta en una ácida crítica al centralismo paceño
excluyente, estos sectores empresariales siempre estuvieron vinculados
al poder y en los últimos 20 años de neoliberalismo participaron
directamente en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz
Zamora, Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa,
ya sea para beneficiarse con créditos bancarios no siempre pagados o
diseñando leyes a la medida de sus intereses. A los sindicatos les
llama la atención que los empresarios, después de dos décadas de
gozo, reclamen autonomía precisamente en un momento en el que los
movimientos sociales definen la agenda pública y obligan a los
gobernantes a revisar los dogmas económicos y políticos en una
Asamblea Constituyente.
Sucede
que los propulsores del movimiento autonomista, y en general todos los
sectores conservadores del país, perciben que la Constituyente pone
en peligro no sólo sus intereses sino los del gran capital
extranjero, con el que están fuertemente imbricados. Los gremios
empresariales cruceños cobijan a la Cámara Boliviana de
Hidrocarburos, la entidad que representa a las empresas petroleras
asentadas en Bolivia, como un asociado más y por tanto están
obligados a defender sus intereses de la "amenaza populista"
que crece en los andes al igual que la demanda de nacionalización de
los recursos energéticos.
Es
obvio, explican Evo Morales, Roberto de la Cruz, Felipe Quispe y otros
líderes del occidente: las oligarquías intentan reservarse para sí
al menos un espacio del territorio y exigen el derecho de
autodeterminarse, es decir instaurar un gobierno propio con la
facultad de disponer libremente de los recursos naturales. Aunque no
plantean un sistema federado, reclaman autonomía administrativa y política,
e inclusive un régimen tributario al margen del Estado central. En
esencia, el clamor autonómico es legítimo; los mismos pueblos indígenas
reclaman autodeterminación desde hace siglos, pero la propuesta cruceña
debe ser entendida en el contexto descrito, y no como una demanda
popular, tal y como quieren hacer ver el empresariado cruceño y los
medios de comunicación a su servicio.
El
investigador Carlos Romero del Cejis, una ONG que trabaja con los
campesinos del oriente, considera que el Comité Cívico de Santa Cruz
(el brazo político del empresariado) mantiene la hegemonía en la
ciudad y en las capitales de provincia, donde viven 1,3 millones de
personas, pero no tiene predicamento en todo el departamento, habitado
por 2.3 millones de individuos. Los autonomistas y el Comité Cívico
argumentan que el gran cabildo de enero de este año les da suficiente
autoridad como para autodenominarse un "movimiento de masas"
porque asistieron 350 mil personas, aunque algunos observadores
piensan que en el lugar de concentración, la rotonda del Cristo en el
segundo anillo de la ciudad, no caben más de 150 mil personas. Otros
sectores más escépticos piensan que unos cuantos miles fueron al
cabildo no a pedir autonomía sino a ver desfilar a Las Magníficas,
las "top model" nativas, y al grupo musical Azul Azul, muy
popular en Santa Cruz.
Lo
cierto es que en Santa Cruz no hay plena unidad alrededor de la
autoconvocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales
para el 12 de agosto, como plantea el Comité Cívico. En las
provincias, alcaldes y pueblos indígenas, principalmente de la región
chaqueña, donde están ubicadas las principales reservas de gas
natural, consideran que la demanda autonómica necesariamente debe ser
analizada en la Asamblea Constituyente. Este miércoles 25 de mayo
diversas organizaciones, entre ellas la Universidad Gabriel René
Moreno y los sindicatos gremialistas, marcharon por las calles del
centro de Santa Cruz para manifestar su desacuerdo con la posición cívica.
El
empresariado y los cívicos cruceños propusieron al Congreso una
extensa pregunta que debería ser sometida a voto popular en el referéndum
autonómico. En dicha cuestionante incluyeron valoraciones que van
mucho más allá del objetivo del referéndum, como por ejemplo
consultar al ciudadano si está de acuerdo con que los Estados autonómicos
dispongan libremente de sus recursos naturales y de los impuestos
generados. Sin embargo, el referéndum no da vida inmediata a los
gobiernos autonómicos, y sólo pregunta al pueblo si quiere o no
autonomía. "Precisamente para eso está el referéndum, para que
se expresen quienes estén a favor y quienes estén en contra",
explica el Presidente Carlos Mesa. En ese entendido, la Asamblea
Constituyente es el único espacio político que puede definir o no la
existencia de gobiernos autonómicos como plantean cívicos y
empresario.
Carlos
Dabdoub y otros dirigentes cívicos son conscientes de esta situación
y también de las debilidades de su movimiento. Por eso intentan
articularse con sus similares de otros departamentos y radicalizan su
discurso. Este martes se reunieron con las brigadas parlamentarias y
los comités cívicos de Beni, Pando y Tarija para conminar al
Congreso a que defina la fecha y la pregunta del referéndum autonómico
hasta el martes 31 de mayo.
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