La
Paz en situación límite
Por
Wilson Jaime Villarroel Montaño (*)
Rebanadas
de Realidad, 31/05/05
La
Paz. La movilización social, asentada casi exclusivamente en la
ciudad de La Paz, sede de Gobierno, está llegando a extremos que
pueden preludiar, de no mediar oportuna acción de los órganos públicos,
en situaciones de absoluto descontrol. Las principales vías de acceso
a la ciudad están bloqueadas y la ominosa presencia de campesinos,
cocaleros, mineros, maestros o universitarios se ha extendido a los
principales puntos neurálgicos de la ciudad. Se han conformado
barricadas y aparecen ya signos de vandalismo social.
Entretanto,
en el Congreso se anunció, en las primeras horas de la noche del 31
de mayo, la suspensión de la proyectada sesión parlamentaria que
defina la suerte, en orden de realización, del referendo autonómico
y/o la Asamblea Constituyente. Como parte de una desafortunada
maniobra a fin de agotar todo sustento político al presidente Mesa,
Hormando Vaca Díez, presidente del Congreso no asistió al cónclave.
Estos hechos podrían ser el detonante de una eclosión social
imprevisible.
La
presencia del Estado se desdibuja paulatinamente. Ante la lasitud de
los controles estatales, los grupos marginales y descontrolados –el
lumpenproletariat– tienen vía libre y son punta de lanza en el
desborde generalizado. La aparición de brotes vandálicos –enseña
la práctica es el punto de inflexión, acaso irreversible, en el éxito
de la movilización social.
El
presidente Mesa, sólo atinó, a la par de criminalizar la protesta
social, a garantizar la ya fallida sesión congresal que debió
establecer las fechas y condiciones del referendo autonómico y la
Asamblea Constituyente. El primero es exigido por Santa Cruz y los
movimientos cívicos del Oriente y Tarija, en tanto la segunda es
ahora renovado punto central de la movilización que clama la
nacionalización pura y simple de los hidrocarburos. La primacía de
la Asamblea Constituyente es ahora el eslogan que conjunciona el
contenido de una plataforma de reivindicaciones sociales andinas que,
hasta hace algunos meses atrás, parecía imposible de precisar.
Que
el número de movilizados, entre treinta y cuarenta mil, según cálculos
moderados, no represente –a juicio del presidente Mesa– la gran
mayoría de la población boliviana, traduce un razonamiento en
extremo peligroso por lo superficial y engañoso de confiarse a la
sola premisa numérica. Su invocación recuerda notablemente las
alegaciones de Sánchez de Lozada, antes de su renuncia y partida
apresurada a un exilio forzado en Octubre de 2003. Es más, revela
desconocimiento de la dinámica de los movimientos sociales y su
posible efecto en sociedades de incontrovertible fragilidad
institucional como la boliviana.
Los
conatos revolucionarios y la insurrección popular, amén de los
grandes cambios históricos, no han sido protagonizados por la
presencia mayoritaria de la población en las calles, sino por
fracciones decididas y altamente motivadas en la búsqueda de un
objetivo concreto e inequívoco que hace bandera común, y posible, a
todos los sectores en conflicto. En la estrategia bolchevique y, en
especial, en las tácticas sugeridas por Trotsky, es suficiente
–para consumar la revolución– un grupo altamente efectivo, en
paralelo a la convicción generalizada de las masas movilizadas. De
hecho, en Abril de 1952, en las jornadas de la Revolución Nacional,
los enfrentamientos más notables sólo ocurrieron en La Paz, Oruro y
los centros mineros. El peso de la insurrección estuvo a cargo de
grupos de fabriles y mineros absolutamente decididos en su obrar
revolucionario.
¿Podría
afirmarse, luego, que los marchistas y bloqueadores, en razón a su
relativo número, no configuren un factor decisivo a la hora de las
definiciones políticas que hoy se toman en la calle y no en el
Parlamento?
Aunque
es poco probable que la situación actual desemboque en la revolución,
no puede soslayarse que la coyuntura tiene carices insurreccionales. Más
aún si el presidente Mesa reitera su promesa de no acudir a los
medios de represión que pone a su disposición el aparato estatal, en
un afán de sustraerse, una vez más, a la coparticipación efectiva
en la búsqueda de soluciones siquiera transitorias en este escenario
de desencuentro generalizado.
Al
interior del Parlamento no hay consenso en una fórmula que conjugue
exigencias tan aparentemente contradictorias como las que se sustentan
desde la zona andina y desde el Oriente del país. Es la infructuosa
tarea de conformación de la agenda única que, sin embargo podría
verse apurada en los próximos días. Prima el desconcierto
generalizado entre los Poderes Públicos y el sistema político
retuerce sus vectores hasta límites casi intolerables, más allá de
los cuales sólo opera el quiebre definitivo del aparato institucional
y el desmoronamiento del Estado.
Desde
Octubre de 2003 no se habían presentado circunstancias tan duras y
encontradas. Días negros, muy negros, esperan todavía al país y,
entretanto, La Paz, asediada por los cuatro costados, se encuentra en
urgente situación límite.
(*)
Abogado y docente universitario.
|
|