García Linera tomó la decisión, presiones de Lula y Petrobras se impusieron

Privatizador del Mutún dirige la "nacionalización"
del gas

Econoticiasbolivia, 15/09/06

La Paz.– Cae el ministro Soliz Rada. Ahora el equipo que negocia con las petroleras a nombre de Bolivia está constituido por dos ex funcionarios de Petrobras, por un aplicado alumno del FMI y por un ex militar ligado a organismos financiados desde Estados Unidos.

En un franco proceso de derechización, el presidente interino de Bolivia, Alvaro García Linera concluyó la noche de este viernes por desmantelar el equipo petrolero de la "nacionalización" de Evo Morales, al echar del gabinete al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y reemplazarlo con el ministro que privatizó el gigantesco yacimiento de hierro del Mutún.

En horas de la tarde, Soliz Rada se vio obligado a presentar su renuncia, tras que García Linera anulara su decisión de retomar el control estatal de las refinerías entregadas a Petrobras, Repsol y Total.

García Linera, que reemplaza temporalmente en el cargo a Morales, que está en la cumbre de los no alineados en Cuba, tomó esta decisión tras recibir, por vía telefónica, la protesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Una caída anunciada

Desde fines de agosto, Soliz Rada había perdido la conducción directa de la política hidrocarburífera de Bolivia y de las negociaciones con las petroleras, que ahora están a cargo de García Linera y de otros cuatro ministros del gabinete de Morales, todos ellos ubicados en una posición más conciliadora y mucho más pro empresarial que Soliz Rada, que había utilizado las denuncias públicas de los fraudes y delitos de Repsol, Petrobras y Shell para mejorar su posición negociadora con ellas. Su caída era previsible, al igual que el recambio de la política de confrontación verbal con las petroleras por otra que busca acuerdos inmediatos y cualquier precio.

Así, la designación del nuevo ministro de Hidrocarburos, posesionado la noche de este viernes, recayó en Carlos Villegas, ex ministro de Planificación y responsable directo de la privatización del Mutún y de la millonaria subvención en gas natural (al menos 100 millones de dólares) que entregará Bolivia a la transnacional Jindal para que explote ese yacimiento que contiene la reserva de hierro más grande del mundo.

El reemplazo de Soliz Rada por Villegas confirma, además, el cambio de orientación que se da en el sector de hidrocarburos desde mediados de agosto, cuando se destituyó al ex presidente de la petrolera estatal boliviana, Jorge Alvarado, al superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Saínz, y al viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, todos ellos amplios conocedores del tema petrolero y muy leales a Evo Morales. A ellos se sumó el nuevo superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berrios, que renunció al cargo a tres semanas de haber sido posesionado.

Giro derechista

Liquidado el primer equipo petrolero, que avanzó muy poco en la negociación de los contratos con las transnacionales, que deben legalizar su permanencia en Bolivia hasta el 1 de noviembre de 2006 o salir del país, el presidente Morales conformó un nuevo equipo a la cabeza del vicepresidente Alvaro García Linera y de otros cuatro ministros, en un claro viraje hacia una posición más moderada y de derecha, buscando la conciliación inmediata con los intereses de las petroleras extranjeras.

Así, el equipo que está negociando los nuevos contratos con las petroleras extranjeras está conformado por el nuevo presidente de la estatal petrolera, Juan Carlos Ortiz, con amplia experiencia en el sector ya que fue gerente comercial de Petrobras; por el ministro de Defensa, Walter San Miguel, ex abogado de Petrobras y leal servidor de los empresarios nacionales y brasileños que desfalcaron a la empresa área nacional; por el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, un burócrata forjado en la escuela del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; por ex ministro de Planificación del Desarrollo y ahora de Hidrocarburos, Carlos Villegas, un profesor universitario y académico investigador de organizaciones no gubernamentales; y por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, un ex militar especializado en temas de defensa continental y miembro de Resdal, una entidad financiada desde Estados Unidos por la Fundación Nacional para la Democracia, creada por Ronald Reagan para combatir a la izquierda y al comunismo.

Negociación a ciegas

A nombre de Bolivia, este equipo negocia con las transnacionales extranjeras en condiciones precarias, casi a ciegas y con resultados casi predecibles. Con auditorías incompletas, negociadores poco calificados y una legislación con amplios vacíos legales, el gobierno boliviano negocia con clara desventaja y a marchas forzadas los nuevos contratos con los que las transnacionales petroleras seguirán explotando las segundas mayores reservas de gas y petróleo de América del Sur.

El objetivo gubernamental es avanzar hasta el 1 de noviembre lo más que se pueda en su autodenominado proceso de "nacionalización", que se traduce, ante la ausencia de expropiaciones y confiscaciones, en la legalización de los contratos de las petroleras extranjeras, para que éstas tributen un poco más de impuestos a cambio de plenas garantías para seguir explotando yacimientos valuados en más de 200 mil millones de dólares.

Una de las grandes debilidades es la ausencia casi total de sólidas y completas auditorías sobre las inversiones y operaciones que realizaron las petroleras en las concesiones otorgadas por los gobiernos neoliberales. Estas auditorías están siendo ejecutadas por consorcios privados especializados en el área de hidrocarburos y que en el pasado han tenido fuertes vínculos con las petroleras que hoy investigan y auditan. Alguna de ellas, incluso, tienen un pasado poco transparente, como es el caso de Consult System, descalificada con anterioridad por las autoridades bolivianas por la falsificación de documentos. Esta empresa tiene a su cargo la auditoría de los campos petroleros Colpa y Caranda que opera la brasileña Petrobras.

Según establece un informe del Ministerio de Hidrocarburos, hecho público este fin de semana, el gobierno boliviano sólo cuenta hasta ahora con dos informes preliminares de las 11 auditorías encargadas.

Vacíos legales

Otra gran debilidad en estas negociaciones es la falta de reglamentos de la actual ley de Hidrocarburos, 3058, aprobada en mayo de 2005 por el Congreso neoliberal y refrendada por el gobierno del ex presidente Carlos Mesa y que, teóricamente, es la base legal de las negociaciones. El decreto de "nacionalización" del 1 de mayo de 2006 de Evo Morales no hace otra cosa, en lo esencial, que ampliar los plazos otorgados por esa ley, que tiene muchas limitaciones y vacíos en su aplicación.

Por ello, las autoridades y funcionarios gubernamentales están amarrados por los reglamentos de la entreguista ley que dejó el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular.

"Se sigue trabajando con la ley de Sánchez de Lozada, porque la actual (3058) no tiene los reglamentos actualizados (...) Eso perjudica notablemente el proceso de recuperación de los hidrocarburos", aseguró el renunciante superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berríos.