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En
busca de un escurridizo capitalismo normal en Bolivia
Por
James Petras
La Haine, 05/10/06
Traducido
por R. Delgado y S. Seguí
La ceguera ideológica
y una completa ignorancia de hechos elementales es lo que a menudo
impide a los políticos, periodistas y activistas entender la
cambiante situación en América Latina. Estos defectos no se reducen
a un punto concreto del espectro político, aunque las preferencias y
perspectivas políticas visibles se puedan encontrar en polos
opuestos.
Una lectura de los
pronunciamientos y escritos sobre el Gobierno boliviano liderado por
Evo Morales y su mentor ideológico, el vicepresidente García Linera,
es uno de los casos a tener en cuenta. La administración Bush,
tomando la retórica nacionalista de Morales en su sentido literal,
describe a Bolivia como parte de un nuevo eje radical que se extiende
desde Cuba y Venezuela hasta Bolivia. En la izquierda, la mayoría de
autores y periodistas, enamorados de la misma retórica nacionalista y
de los lazos del Gobierno boliviano con los países mencionados,
alaban al Presidente Morales como parte de una nueva ola de
presidentes izquierdistas en la zona.
Si se ignora la
ampliamente publicada retórica y las maliciosas represalias
comerciales contra Bolivia, y se va a las políticas especificas del
gobierno de Morales, la noción de un Gobierno radical, incorruptible
y nacionalista que ha dado poder a las comunidades indígenas, es
cuestionable.
El presente ensayo
examina las evidencias con respecto al carácter del gobierno de
Morales en aspectos fundamentales de su política, principalmente en
las áreas del precio del gas, propiedad y explotación extranjera de
materias primas, petróleo y gas (la autodenominada nacionalización),
política agraria (revolución agraria) y la Asamblea
Constituyente (Refundación de la República).
Basándonos en esta
discusión empírica, queda claro que la visión política del
gobierno de Morales-Linera es más cercana a un gobierno conservador
populista que a algo que se parezca a un gobierno radical
nacionalista. El objetivo real del Gobierno es la transformación de
Bolivia en una economía capitalista normal, mas que en algo
que se parezca a una sociedad progresista e igualitaria.
Balance
de los seis primeros meses
El presidente
Morales, al hacer balance de sus primeros seis meses en el cargo, hizo
hincapié exactamente en los mismos puntos de los que estaría
orgulloso cualquier neoliberal ortodoxo.
Me refiero al superávit
presupuestario, ante un sistema de salud, educación y servicios de
urgencia en quiebra, en el que los maestros de áreas rurales continúan
ganando menos de tres dólares al día.
También me refiero
al incremento en las reservas de divisas extranjeras, cuando su plan
de industrializar el país todavía no ha comenzado siquiera. Acumular
dólares o euros en cámaras de bancos –cuando no se otorgan créditos
a los artesanos, los campesinos y las pequeñas empresas– puede que
haga felices a los acreedores extranjeros, pero no hace nada por
promover el empleo.
También me refiero a
equilibrar el presupuesto, cuando lo que falta es inversión publica
en infraestructuras, nuevas escuelas rurales y clínicas que atiendan
las necesidades de los más pobres, y reduzca el sector sumergido que
ahora alcanza el 80%. Los presupuestos equilibrados, excedentes
comerciales y crecimiento de las reservas de divisas satisfacen a los
inversores extranjeros y a los grandes empresarios locales ya que les
proporcionan moneda fuerte para enviar a sus sedes centrales, facilita
transacciones financieras muy lucrativas y les proveen de prestamos a
bajo interés desde los ministerios de desarrollo del Gobierno.
La afinidad del
presidente Morales con la ortodoxia neoliberal coincidió con vagas
referencias a las "mejoras sociales". Por ejemplo, citó el
aumento del salario mínimo. La realidad es que lo incrementó en
menos de cinco dólares al mes, llevándolo a 55 dólares, y olvidando
mencionar que durante su campaña electoral prometió doblar el
salario mínimo, aunque luego optó por un presupuesto de austeridad
parecido al de sus predecesores neoliberales.
Este ejemplo de
presupuestos austeros esta siendo seguido por los alcaldes del MAS,
quienes en muchos casos ni siquiera han gastado su creciente
participación en las ganancias derivadas del petróleo y el gas en
proyectos locales, creación de puestos de trabajo o en la mejora de
los servicios sociales. Morales, en su balance de los seis primeros
meses, regañó a los altos cargos y alcaldes por no utilizar el
dinero en proyectos locales y culpó a sus líderes locales por lo que
en realidad es una carencia de programas sociales concretos por parte
del Gobierno.
Hasta diciembre de
2005, Bolivia vendía su gas a Brasil y Argentina a una cuarta parte
del precio mundial, a 3,8 dólares por mBTU (millón de unidades térmicas
británicas) en lugar del precio real de 15,38 dólares. Lo cual
produjo la pérdida de más de 500 millones de dólares al año. Con
Morales de presidente, Bolivia intentó renegociar el precio del gas
con Brasil y Argentina para terminar con la situación de pillaje,
robo y corrupción. El presidente brasileño Lula Da Silva y la compañía
público-privada Petrobras, se negaron a negociar un cambio en el
precio y continuaron recibiendo gas al bajo precio del petróleo.
Funcionarios de los gobiernos argentino y boliviano negociaron un
nuevo precio de cinco dólares por mBTU, lo cual incrementó los
ingresos de Bolivia en unos 70 millones de dólares al año, con lo
que el presidente Morales proclamó “una victoria importante para el
pueblo boliviano”.
Nada más lejos de la
realidad. En el momento de firmarse el nuevo contrato, el precio
internacional pasó de 5.90 dólares a 7.30 dólares por mBTU. El 1 de
agosto 2006, los precios habían subido a entre 6,80 dólares y 8,40 dólares
(Financial Times, 1.8.2006). En otras palabras, el 1 de agosto del
2006, por cada mBTU Bolivia estaba perdiendo entre 1,80 y 3,40 dólares.
Dicho de otra manera, el "nuevo y revolucionario" contrato
con Argentina está costando a Bolivia más de 100 millones de dólares
al año en ingresos por gas.
Aunque tomemos el más
bajo precio mundial del gas cuando se firmó en mayo, (5,90 dólares
por mBTU), Bolivia todavía recibía un 20% menos del precio del
mercado internacional; y lo que es peor, Brasil siguió aplazando las
negociaciones ya que recibe gas al 40% del precio de mercado, ahorrándose
mas de 125 millones de dólares al año.
Si bien el doble
discurso interior de Evo sigue encandilando a la gran mayoría de
organizaciones indígenas y campesinas, no ha tenido el más mínimo
impacto en las corporaciones transnacionales. La súplica de Morales a
Lula de, al menos, ir subiendo moderadamente los precios del gas ha
encontrado oídos sordos. Petrobras, la enorme y privatizada corporación
petrolera estatal ha convencido a Lula de que no entre en
negociaciones y éste ha obedecido, dejando al equipo negociador de
Evo sin una política que contrarreste la intransigencia de Petrobras.
Para presionar a Bolivia a que acepte el actual precio de 3,6 dólares
por mBTU (de la mitad a un cuarto del precio mundial), Petrobras ha
negociado una proyecto conjunto con PDVSA de Venezuela, los supuestos
compañeros de ruta de Bolivia, y anunciado grandes inversiones en
proyectos exploratorios en Brasil.
En respuesta a la
intransigencia brasileña, el incompetente ministro de hidrocarburos
de Bolivia, Andrés Soliz Rada (1), mencionó posibles ventas a México
y Chile al precio de mercado (hasta 12 dólares por mBTU). Pero todavía
no han comenzado las negociaciones concretas con estos países, y eso
que hay numerosos indicios de que Brasil insistirá en no cambiar su
contrato. Además, el pronunciamiento de Soliz Rada contradice la
firme posición de Evo de no vender gas o energía hidroeléctrica a
Chile hasta que se acepte la demanda histórica de Bolivia de tener
salida al mar. En la vehemencia de Evo al atacar a sus antecesores
neoliberales como el ex presidente Sánchez de Losada, se olvida
convenientemente de los acuerdos energéticos con Chile, dado el
completo desastre de sus políticas de comercio y energía.
Similares
contradicciones han salido a la luz en relación con las políticas de
inversión extranjera promovidas por Evo. A finales de mayo, Bolivia
acepto permitir a Jindal Steel and Power Ltd. que explotara las 40.000
millones de toneladas de hierro y magnesio existentes en las reservas
de la montaña El Mutún, con unas condiciones de reparto de
beneficios que hubieran hecho enrojecer a Sánchez de Losada y la
oligarquía tradicional. Desde junio hasta finales de agosto, el
Gobierno de Morales mantuvo un absoluto hermetismo sobre los términos
del acuerdo. El ministro de Minas y Metalurgia Walter Villarroel, en
principio el responsable de los términos tan desfavorables del
acuerdo, no asistió al encuentro donde se negoció el contrato de El
Mutún, argumentando que tenía otros compromisos de menor
importancia.
De hecho, Jindal se
trajo funcionarios del mas alto rango del Gobierno de la India, para
presionar a Morales a que acepte lo que sería el modelo neoliberal de
pillaje del siglo XXI. Enfrentado con la traición del ministro
Villarroel y sus vergonzantes consecuencias, el gabinete económico de
Morales decidió continuar con evasivas, posponiendo la publicidad de
los términos reales que se estaban negociando (HoyBolivia.com,
9.8.2006).
La confusión es
también evidente en las negociaciones con Brasil. El ministro Soliz
Rada convocó una conferencia de prensa para anunciar que era
inminente un acuerdo sobre el precio del gas y que mandaba una
delegación para firmarlo, mientras en Brasil, el mismo día, el
director de Asuntos Exteriores de Petrobras, Néstor Cuñat Cervero,
declaraba que todas las negociaciones estaban suspendidas, que no había
trato y que Brasil continuaba pagando el precio de siempre.
Las transnacionales,
sean Repsol de España, Jindal Steel de la India o Petrobras de Brasil
parece que saben que están tratando con ministros incompetentes, con
una retórica oportunista, radical y nacionalista, pero a los que en
la práctica se les pueden sacar concesiones importantes, compatibles
con las peores condiciones de cualquier gobierno neoliberal.
La clave para
entender las políticas del Gobierno de Morales, sus ministros,
vicepresidente y su propia actitud política es identificar el carácter
de clase y las referencias sociales de los personajes claves.
Conclusión
Las nuevas élites
gobernantes comparten con sus predecesores neoliberales la misma
defensa de los grandes terratenientes, la inversión extranjera en
energía, gas, banca y minerales. Defienden a los militares, la policía
y la jerarquía judicial. Como sus homólogos neoliberales, el
gabinete propone incentivos fiscales y de otros tipos para atraer a
los inversores extranjeros y promete proteger los altos márgenes de
ganancias. Más que sus predecesores neoliberales, el Gobierno de
Morales ha implementado políticas fiscales estrictas, maniatando los
sueldos y el salario mínimo, reducidos a incrementos nominales,
cuadrando el presupuesto y acumulando reservas extranjeras como un
alumno modelo del FMI.
El Gobierno rechaza
cualquier cambio estructural. La distribución de la tierra se lleva a
cabo en parajes inhóspitos, que además son propiedad pública,
bosques muy alejados de carreteras y de mercados; las desigualdades de
ingresos no van a ser modificadas por un sistema de impuestos
progresivos; y no se está realizando ningún proyecto significativo
en infraestructura, vivienda, salud o educación. La mayor parte de
los ingresos adicionales obtenidos del gas, petróleo y minerales van
a parar a las reservas bancarias, los pagos de la deuda interna y
externa, a equilibrar los presupuestos, a financiar un 13% de aumento
para los militares (el doble que a los maestros y policías en huelga)
y al gasto en subvenciones patronales.
La principal
diferencia entre el gobierno de Morales y sus antecesores neoliberales
radica en su composición de clase, su ideología y su política
exterior. La mayoría de los ministros y consejeros pertenecen a la
clase media, y reemplazan a los tecnócratas oligarcas, de la
clase media alta, y a la elite empresarial. Están por encima de los
trabajadores con salarios bajos y de los campesinos pobres. Como un
apunta un autor, ”la nueva elite del Gobierno está formada en su
origen principalmente por campesinos, mineros, artesanos y personas de
otros orígenes humildes, pero su actual patrimonio sobrepasa los
50.000 dólares, una condición que los aproxima a la clase media y
sus estilos de vida. Si añadimos a eso la abundancia de intelectuales
de clase media, tenemos un gobierno que es mayoritariamente de clase
media urbana”. (Lorgio Orellana Aillon, Hacia una caracterización
del gobierno de Evo Morales, Osal no.19, p. 45-54).
Lo que está claro es
que este origen y esta base social popular se reflejan en la ideología:
demagógica, populista y nacionalista, en la que sus políticas
neoliberales reflejan la movilidad ascendente y sus nuevos referentes
sociales se encuentran entre la clase tradicionalmente dominante. La
nueva elite política, sin base económica propia, busca a través del
control sobre el aparato del estado y lazos con el capital nacional y
extranjero crear una ruta ascendente de riqueza, status social y,
posiblemente, acceso a la elite económica.
El perfil político
confirma la base social de clase de la nueva elite gobernante. El
Presidente Morales nombró a dieciséis ministros del gabinete, de los
cuales siete están cuestionados por los movimientos de masas que
llevaron a Evo a la Presidencia. Mientras los comentaristas y
panegiristas extranjeros alaban la presencia de varios indígenas y de
cuatro mujeres en el gabinete, el movimiento popular en Bolivia ha
asistido atónito a las políticas y trayectorias de casi todos los
ministros clave.
Salvador Ric Riera,
un hombre de negocios conservador de Santa Cruz, conocido
multimillonario acusado por los líderes sindicales locales de
blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, fue nombrado
ministro de Obras Públicas y Servicios. En todos los gobiernos
anteriores, Obras Públicas fue uno de los ministerios más notorios
debido a la corrupción, especialmente por la concesión de contratos
de construcción de vías públicas. Dada la importancia que Evo ha
dado a la lucha contra la corrupción, la mayoría de activistas se
mostraron horrorizados por el nombramiento de Ric Riera, que fue un
contribuyente económico de última hora a la campaña de Evo. Su
nombramiento se interpretó como una concesión a una parte de la
oligarquía de Santa Cruz.
El fundamental
Ministerio de Minas fue concedido a Walter Villarroel, quien abandonó
el partido derechista UCS para subirse al carro de Morales. Su
nombramiento fue denunciado por el líder minero Cesar Lugo, porque en
la anterior presencia de Villarroel en el Gobierno ayudó a
desmantelar la Corporación Minera Boliviana (COMOBOL) y a privatizar
una de las mayores minas de hierro del mundo. También fue atacado por
apoyar al anterior Presidente, Carlos Mesa, y utilizar cooperativas
privadas para debilitar a las empresas estatales situadas bajo control
obrero.
El estratégico
ministerio de Defensa fue asignado a Walker San Miguel Rodríguez,
abogado y ex director del Lloyd Aereo Boliviano (LAB), acusado de
encubrir la privatización ilegal de las antiguas líneas aéreas
estatales. Ahora la Asociación de Pilotos ha pedido al Estado que
intervenga la compañía para investigar delitos e irregularidades. El
nuevo ministro es un veterano miembro del partido derechista MNR
(Movimiento Nacionalista Revolucionario) y antiguo seguidor del ex
presidente Sánchez de Losada, que masacró a decenas de manifestantes
en el 2003 antes de huir al exilio en EE UU Difícilmente se puede
considerar una elección "incorruptible" y apropiada para
dirigir a los militares.
La Confederación de
Maestros ha rechazado el nombramiento de Félix Patzi Paco como
ministro de Educación ya que no tiene experiencia en la profesión,
no tiene conocimientos de su problemática y no está cualificado para
afrontar la crisis actual de la educación.
La Central Obrera
Boliviana (COB) ha criticado con fuerza el nombramiento de Luís
Alberto Arce como ministro de Finanzas. Arce ha estado durante mucho
tiempo relacionado con las instituciones financieras internacionales
(FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y es un
antiguo defensor de sus regresivas políticas estructurales de ajuste,
que aplicará al resto de ministerios, incluyendo inversiones,
ingresos y gastos sociales.
David Choquehaunca,
antiguo concejal de El Alto, lleva la cartera de Asuntos Exteriores.
Ha sido colaborador cercano del corrupto ex presidente neoliberal
Jaime Paz Zamora. Tiene la capacidad de defender las políticas de
libre mercado en castellano y en aymará.
El nombramiento de
Abel Mamani como ministro del Agua fue criticado enérgicamente por
los líderes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El
Alto, la organización clave en la insurrección que hizo caer a dos
presidentes neoliberales y que dio a Evo una resonante mayoría del
70% en El Alto. Evo y Mamani actuaron sin consultar a las asambleas
populares del FEJUVE a pesar de que el tema del Agua en El Alto es
fundamental. Más aún, Mamani, antiguo líder de la FEJUVE, fue
criticado por malversación de fondos y por no implementar la
principal demanda popular: la nacionalización de los derechos de
distribución del agua en El Alto, actualmente en manos extranjeras. A
las asociaciones de vecinos no les impresiona la facilidad de Mamani
al hablar en quechua, pero sí su falta de militancia y su oportunismo
político.
Los movimientos
sociales apoyaron el nombramiento del ministro de Hidrocarburos, Andrés
Soliz Rada, quien prometió promover la nacionalización del gas y el
petróleo; del ministro de Justicia (Casimira Rodríguez Romero,
antigua líder en el Sindicato de Trabajadores Domésticos) y del
ministro de Trabajo (Alex Gálvez Mamani, ex líder en la Confederación
Obrera Boliviana). Sobre el resto de ministros, no hubo ni oposición
ni apoyo dignos de mención.
Cabe destacar que el
ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, es un antiguo líder del
partido de centro-derecha CONDEPA, que convivió con ex presidentes
neoliberales, aunque criticó la venta ilegal de los recursos
estatales del petróleo. El ministro de la Reforma Agraria y del
Campesinado es un intelectual de Santa Cruz sin vínculos con los
grandes movimientos campesinos de Cochabamba o los Andes.
Los puestos clave de
la economía están principalmente en manos de tecnócratas y
liberales, mientras que los ministerios sociales están en manos de
izquierdistas. Si bien esta situación da la impresión de diversidad
de representación, el hecho es que fue el ministerio de Economía el
que estableció los parámetros económicos para la asignación de
presupuestos, lo que afecta radicalmente la posibilidad de mejoras
sociales.
Los lideres de los
movimientos sociales de la clase media, escaladores sociales y otros
oportunistas políticos que predominan en el Gobierno de Morales, han
estado tradicionalmente fuera del sistema económico pero quieren
incorporarse a él. Están golpeando la puerta de la Casa Grande,
negociando con su demagogia pseudonacionalista y su multicultural masa
de seguidores, para asegurarse la entrada, ofreciendo a cambio
proteger la estabilidad macroeconómica y la austeridad fiscal, e
importantes reservas de divisas. Sin embargo, dado que ya han
desmovilizado a los movimientos sociales y han dado garantías a los
grandes propietarios y altos beneficios a los inversores extranjeros,
la elite económica no ve motivos para hacer concesiones sociales o
compartir ganancias con estos pequeño-burgueses con pretensiones de
ascensión en la escala social.
Tanto las élites
inversoras extranjeras como los oligarcas locales perciben lo que hay
detrás del estatismo del Gobierno de Morales: no ven una
tendencia hacia el socialismo, si no más bien el uso oportunista de
asociaciones público-privadas como vehículo de ascenso social y de
compartir lucrativos beneficios, manteniendo al mismo tiempo los
salarios por los suelos. La actitud contradictoria de estos políticos
de clase media ascendentes, alternando entre la retórica radical
hacia las masas y las concesiones a las élites, refleja su constante
necesidad de presionar a éstas para que los acepte como legítimo
socio negociador y su necesidad de colaboración con ellas para
neutralizar el descontento de las masas.
En política
exterior, el intento de Evo de cabalgar dos caballos que van en
direcciones opuestas ha resultado desastroso. Sus esfuerzos para
combinar los acuerdos comerciales con EE UU y sus cipayos neoliberales
en el Pacto Andino, con sus lazos económico-ideológicos con
Venezuela, han llevado a un doble fracaso. La política polarizadora
de Washington, “Bush o Chávez”, ha desequilibrado el ecléctico
papel de equilibrista de Morales.
Lentamente está
emergiendo un proceso de similar de polarización interna. Las clases
altas, tras asegurar sus propiedades, ganancias y poder institucional,
lejos de aquietarse están exigiendo más concesiones económicas y más
control social. Los trabajadores peor pagados (los mineros de Huanami,
los maestros de La Paz, los trabajadores sin tierra de Santa Cruz y
los indígenas del Altiplano) están empezando a resistir; huelgas y
manifestaciones, ocupaciones de terrenos y bloqueos de carreteras van
en aumento.
Atrapado entre su
pasado social y las demandas de las masas que lo apoyaron, y su
aspiración de unirse al orden económico establecido, el Gobierno de
Evo Morales no va a poder contentar a ninguno de los polos y es muy
posible que se enfrente a una crisis profunda cuando la polarización
aumente.
¿Por qué un
gobierno que se autodenomina revolucionario, o al menos reformista, y
tiene el apoyo de más del 60% del electorado, negocia unos contratos
para el gas tan desfavorables, cuando hay una mayor demanda y los
precios están subiendo?. Dicho de otra forma: ¿cómo se relaciona la
política del gas con la estrategia económica y social general del
Gobierno de Morales?
Hay varias
explicaciones posibles para entender el fracaso del Gobierno de Evo en
asegurar los precios de mercado en la venta de gas:
1. Inexperiencia e
incompetencia,
2. Conservadurismo gubernamental y decisiones basadas en criterios políticos
en lugar de criterios de mercado,
3. Corrupción.
No hay duda de que el
Gobierno carece de negociadores especializados que sean capaces de
obtener precios mayores de los conseguidos hasta ahora. Sin embargo,
se han contratado expertos para auditar los contratos antiguos y
detectar acuerdos ilegales, los que han identificado cláusulas que
permiten la renegociación de contratos. Además los precios de
mercado son fáciles de encontrar en muchas páginas de Internet.
Aunque no haya muchos expertos, la información sobre los precios
internacionales está disponible. Por lo tanto el problema no es la
carencia de información técnica. Lo que sí es un problema grave es
la habilidad negociadora: el uso de la información y la capacidad de
desplazar a los competidores y desarrollar mercados alternativos con
precios más elevados.
Mucho mas serias son
las restricciones políticas e ideológicas derivadas del intento de
Evo y Linera de perseguir la normalización del capitalismo a
través de alianzas de centro-izquierda. Evo ha firmado contratos de
comercio, ayuda e inversión con el Gobierno venezolano, lo que ha
reforzado a los exportadores agrícolas y la explotación del gas y
del petróleo en sociedades mixtas, y ha incrementado la capacidad de
explorar y explotar nuevos pozos petroleros. Cuba proporciona
asistencia social en las áreas de la medicina y la educación.
Argentina, Brasil y
España (otros mal llamados regímenes de centro-izquierda) han
seguido el liderazgo de sus transnacionales, y sus propias prioridades
neoliberales, y se han negado a apoyar a Morales en su intento de
normalizar el desarrollo capitalista de Bolivia. Insistieron en
obtener precios privilegiados –equivalentes a pillaje–, impuestos
extremadamente bajos (bastante inferiores a los estándares
mundiales), pagos reducidos de regalías, y una normativa laxista en
materia de auditorías de contabilidad, producción, beneficios y
ventas.
El Gobierno de
Morales se preocupa principalmente de que las inversiones de
capitalistas extranjeros se lleven a cabo bajo normas burguesas
aceptables: pago adecuado de impuestos; aceptación de empresas mixtas
en los sectores de energía y de minerales; inversión creciente,
especialmente en los sectores mas lucrativos como petróleo, hierro y
otros minerales; todo ello cumpliendo con las normas habituales de
regulación y auditorías. A cambio, Morales abrió la puerta de par
en par a inversores multinacionales incluyendo la explotación de
materias primas estratégicas, dando garantías judiciales estables a
largo plazo para los inversores, niveles relativamente bajos de
impuestos, una moneda estable, un presupuesto austero, y controles
estrictos del gasto social, salarios y pensiones, en la línea que
marca el FMI.
Esta estructura económica
esta basada en una alianza estratégica con los capitalistas
(nacionales y extranjeros), los grandes exportadores agrícolas y los
tecnócratas de negocios en el sector público.
Para avanzar en esta
estrategia de desarrollo hay que evitar cualquier confrontación con
los regímenes neoliberales de Brasil y Argentina y sus
transnacionales en Bolivia. En otras palabras, la estrategia
capitalista normalizadora del binomio de centro-izquierda
Morales-Linera funciona como una camisa de fuerza que limita las
opciones de inversión, comercio y negociación de Bolivia. Exigir a
Argentina los precios del mercado mundial del gas, por ejemplo, llevaría
a un enfrentamiento con Kirchner. El gobierno argentino debería
entonces enfrentarse al problema del incremento de precios a los
consumidores o aumentar el dinero destinado a las subvenciones. La
primera opción tendría un precio político interior; la segunda
disminuiría los fondos para subvencionar la gran industria y el pago
de la deuda externa. El precio de cinco dólares por mBTU, que
Kirchner aseguró con Bolivia, es manejable políticamente y
proporciona unas ganancias considerables para sus transnacionales,
dado que Argentina vende gas a Chile por 7,50 dólares por mBTU. (2)
El Gobierno de Lula
adoptó una línea intransigente, acostumbrados como están a precios
bajos, contrabando, funcionarios bolivianos corruptos y la invasión
de amplias áreas de Bolivia por colonos brasileños. El ministro de
Asuntos Exteriores, Amorin, y el jefe del gigante del petróleo
Petrobras (estatal pero casi completamente privatizada), se
beneficiaron de la incompetencia de los negociadores bolivianos. Nunca
se planteó la posibilidad de vender gas a otros países o de reducir
su flujo a Brasil. Los brasileños simplemente ignoraron las llamadas
a la negociación y rechazaron siquiera estudiar incrementos moderados
en el precio. Amenazaron con la mediación internacional para evitar
incluso que se reabrieran cláusulas de los contratos, a pesar de que
existen numerosos precedentes judiciales en el mundo.
Morales consideró,
erróneamente, a Lula como un aliado, lo que debilitó la postura de
Bolivia en las negociaciones, atribuyendo la línea dura brasileña a
la proximidad de las elecciones presidenciales. Según Morales,
Bolivia debe sacrificar hasta 100 millones de dólares en ingresos
para evitar que se ponga en peligro la reelección de Lula, quien una
vez gane las elecciones, presumiblemente aceptaría pagar precios más
altos. Contrarrestando esta presunción, Lula respondió financiando
un programa de multimillonarias inversiones en gas en Brasil y
Venezuela, que comenzará su producción en 2008 y que sustituirá la
mayor parte de las importaciones de gas boliviano.
Queda claro que las
servidumbres ideológicas y de clase de Morales, que están minando
sus esfuerzos por crear un capitalismo normal en Bolivia,
conllevan un coste político y social extremadamente alto, no sólo en
relación con las duras restricciones en gastos sociales, si no, aún
peor, por las grandes perdidas de ingresos como resultado de las
ventas de gas por debajo de su precio.
Una vez que quedó nítidamente
claro para la mayoría de las transnacionales y sus gobiernos que no
había vuelta atrás a los tiempos del pillaje sin regulaciones, con
impuestos casi inexistentes y altos funcionarios corruptos, y cuando
se dieron cuenta que Morales era un propulsor de la inversión
extranjera fiable y convincente, el capital extranjero dejó de
amenazar y comenzaron a utilizar las grandes oportunidades de
explotación de materias primas en una época de precios altos. El 2
de julio del 2006 las más importantes compañías españolas, entre
otras REPSOL-YPF (la gran compañía petrolera de dudosa reputación)
e Iberdrola (gran empresa eléctrica y energética), anunciaron
fuertes inversiones (Hoy Bolivia.com 2.8.2006)
Para facilitar las
operaciones de las transnacionales y evitar cualquier problema,
Morales nombró un agente especial del Gobierno para que se encargara
de solucionar los inconvenientes que las compañías pudieran
encontrar. Morales afirmó: “Mientras tenga en cuenta las normas
internas del país, el capital privado extranjero está
garantizado”. Evo recalcó la necesidad de que el capital extranjero
se amplíe y profundice sus inversiones en la explotación de materias
primas, con la esperanza realizar localmente algún tipo de
procesamiento, a lo que él se refiere vagamente como industrialización.
La corrupción sigue
existiendo, incluso en los seis primeros meses de gobierno, pero se
sitúa en segundo plano con respecto a los tratos con los inversores
extranjeros. La propuesta de Morales a los inversores extranjeros se
basa en que paguen un incremento moderado de impuestos, en lugar de
pagar sobornos a funcionarios corruptos. Además, desde que ha dejado
de lado las reformas sociales estructurales, la legitimidad del
Gobierno descansa cada vez más en una imagen moralizadora, de
honestidad y contra la corrupción. De aquí viene la reducción,
espectacular, de su salario y el de los altos funcionarios, como
pretexto para justificar las subidas mínimas en los salarios de los
trabajadores públicos y de los que ganan el salario mínimo.
En muchos aspectos
Morales está más cerca de ser un conservador multicultural
que un liberal social, mucho menos que un reformador social y aun
menos un revolucionario social. Contrariamente a la retórica de
aliados y admiradores extranjeros, Morales reiteró su decisión de
“no expropiar ni expulsar” a una sola empresa petrolera (Hoy
Bolivia.com, 2.8.2006). También dejó claro, a los receptivos oídos
de los inversores extranjeros, que “con la nacionalización de los
hidrocarburos bolivianos del pasado mayo nada ha sido expropiado y no
hemos echado a nadie”.
Bolivia tan solo
transfirió las acciones de los fondos estatales de pensiones al
Gobierno, compró otro 4% y se convirtió en "socio" de las
transnacionales del petróleo. El efecto económico neto para las
transnacionales en términos de ganancias y control es muy pequeño,
pero las ventajas políticas y sociales son enormes: ahora tienen el
apoyo directo del gobierno en contra de los trabajadores y los
nacionalistas, quienes buscan salarios más altos y expropiaciones.
El carácter
conservador del Gobierno de Morales es evidente en su relación con la
multimillonaria privatización de la mina de hierro de El Mutún, su
visión positiva hacia los acuerdos de libre comercio y en su defensa
de los grandes negocios agrícolas.
El acuerdo sobre El
Mutún con la corporación india Jindal Steel parece ser un caso de
incompetencia, concesiones políticas e ideológicas (a Santa Cruz) y
puede que de simple corrupción. En primer lugar, consistente con la
promoción por parte de Evo de inversiones extranjeras a gran escala
en recursos naturales, el extraordinario proyecto valorado en 40.000
millones de dólares, la "montaña de hierro y manganeso" se
abrió a subasta publica, siguiendo los pasos de anteriores
presidentes neoliberales. Siguiendo su línea política de
transparencia y capitalismo moralizador, Morales amplió el proceso de
subasta e incluyó cláusulas que requerían el procesamiento o la
industrialización de una parte del mineral del hierro y un reparto de
las ganancias extremadamente limitado. La subasta no tuvo nada de
competitiva, solo la oferta de Jindal Steel fue estudiada, a pesar de
que los términos eran muy favorables para esta empresa.
Son tantos los
beneficios ocultos que el gobierno de Morales, después de varios
meses, aún no ha facilitado los términos de dicha operación. Sin
embargo, el director ejecutivo de Jindal reveló en una entrevista en
la India que el reparto de beneficios será del 90% a favor de la
transnacional y el 10% para el Gobierno. La industrialización sólo
llegará bastante más adelante, y se reducirá a una simple
transformación del metal. Dada la extraordinaria demanda de mineral
de hierro y los precios históricamente altos por la gran demanda
china (China es el país líder en producción de acero), los términos
del acuerdo Morales-Jindal son, incluso teniendo en cuenta los estándares
anteriores bolivianos, un desastre de primera magnitud tanto para las
finanzas estatales como para la estrategia de desarrollo económico de
un capitalismo normal.
Mientras que Morales
garantiza a los banqueros e inversores extranjeros una ortodoxia
neoliberal, al hacer hincapié en la austeridad presupuestaria, el
crecimiento de las reservas de divisas y el superávit comercial, el
presidente de la empresa estatal de petróleos (YPFB) se lamenta que
“no dispone de recursos económicos” que le permitan llevar a cabo
sus nuevas funciones de protagonista principal de la nueva política
energética. La falta de fondos de inversión que le permitan
desarrollar la explotación del gas y el petróleo, hace que YPFB ande
en búsqueda de nuevos inversores extranjeros, con lo que socava
efectivamente las pretensiones de Morales de nacionalizar la industria
del gas y el petróleo (HoyBolivia.com, 8.8.2006).
En relación con el
proceso de nacionalización, el ministro de Minería e Hidrocarburos,
Andrés Soliz Rada, ha admitido que el Estado boliviano, y más
concretamente YPFB, dispone de sólo una minoría de representantes en
la junta directiva de la empresa nacionalizada del gas y el petróleo.
Las transnacionales del petróleo siguen controlando la mayoría y por
consiguiente tienen capacidad de decisión (HoyBolivia.com, 8.8.2006).
Mientras que el decreto de Morales hablaba de posesión y control
total de los hidrocarburos, el ministro Soliz Rada ha confesado que
YPFB solamente controla una pequeña parte del proceso de producción.
Es la mayoría de la junta directiva, controlada por los inversores
extranjeros, quien tiene el poder estratégico de toma de decisiones
en la aprobación o rechazo de los contratos con compañías
petroleras extranjeras antes de su presentación al Congreso. La mayoría
accionarial de las principales compañías petroleras sigue estando en
manos de inversores extranjeros, entre otras Chaco S.A., Andina S.A. y
Transredes S.A., así como de las principales refinerías (propiedad
del gigante brasileño Petrobras, CLHB y Transredes S.A.)
(HoyBolivia.com, 8.8.2006).
En otras palabras,
Morales sacrifica su propio sector petrolero nacionalizado a cambio de
un certificado de buena conducta expedido por el FMI, quien solo tiene
buenas palabras sobre su rigurosa política fiscal y monetaria.
Entretanto, la compañía
petrolera brasileña Petrobras, antes de propiedad estatal y hoy
privatizada, sigue explotando el gas boliviano por el que paga un
tercio del precio mundial (3 a 4 dólares por mBTU), con o sin
decretos presidenciales que se opongan. De hecho, dada la debilidad o
la incompetencia del gobierno boliviano, Petrobras ha anunciado que
incrementaría su producción de 24 millones de metros cúbicos por día
a 30 millones.
El presupuesto de
Morales es un claro indicador de sus prioridades neoliberales:
subvenciones a la agroindustria; bajos precios del gas destinado a
Argentina y en particular a Brasil; e incrementos graduales de
salarios y del salario mínimo. El 7 de agosto pasado, el gobierno de
Morales anunció un incremento del 16% de los salarios de las fuerzas
armadas, tres veces el aumento concedido a los maestros rurales y dos
veces el del salario mínimo. Cuando el secretario ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, pidió aumentos
similares para los trabajadores asalariados, el portavoz presidencial
Juan Ramón Quintana rechazó lisa y llanamente un aumento de
cualquier tipo en cualquier sector de la economía: “No hay ninguna
posibilidad de aumento... Tenemos un plan socioeconómico general y un
presupuesto aprobado.” A continuación, añadió, con total
fidelidad al dogma neoliberal de que “hay que llenar primero la
copa, para que luego se derrame”, que “una mejor redistribución
del ingreso está en función del crecimiento económico”
(HoyBolivia.com, 7.8.2006).
Las condiciones tan
poco favorables de las minas de hierro de El Mutún, que los
negociadores de Evo Morales acordaron en un primer momento con Jindal
Steel and Power (90% y 10%) han tenido como resultado los intentos por
parte del Gobierno de retrasar la firma definitiva y una serie de
reuniones a puerta cerrada. Es revelador de las escandalosas
condiciones del contrato que éste no ha sido hecho público en su
totalidad, lo que ha provocado la ira y movilización de los “grupos
cívicos” de ultraderecha que, en una acción en favor de Jindal,
exigen la inmediata firma del contrato. Una vez más, el
apresuramiento y la imprudencia de Morales a la hora de establecer
acuerdos con inversores extranjeros, aunque proclamando unas
credenciales nacionalistas, ha llevado a su gobierno a recurrir a la
demagogia y a unas condiciones contractuales peores de las que hubiera
podido conseguir con una expropiación directa o con la creación de
una empresa mixta.
En parte, Morales
decidió establecer el contrato de El Mutún con el fin de dar
satisfacción al clamor de la oligarquía de Santa Cruz y a sus acólitos
políticos en favor de una rápida venta, cuando Morales amplió el
plazo de licitación. Dadas las condiciones tan favorables que
consiguió Jindal, es de suponer que hubo la exigencia política de
pacificar a la elite regional local que espera conseguir beneficios
marginales de la explotación, además de una rápida fuente de
beneficios a expensas de los ingresos a largo plazo y el control
estratégico. No obstante, en el pasado algunas investigaciones
permitieron verificar que en contratos parecidos al de El Mutún, en
los que las desventajas superaban tanto a las ventajas locales, la
corrupción y la incompetencia habían sido factores importantes que
habían engrasado la aprobación del contrato por parte del
Gobierno.
El acuerdo de El Mutún
es emblemático de la identificación de Morales con la gran
empresa como vehículo de desarrollo del capitalismo normal.
El acuerdo con Jindal resultó especialmente provocativo teniendo en
cuenta los alzamientos revolucionarios antiimperialistas de los tres años
anteriores, y hay quien concede una credibilidad aún menor a sus
pretensiones de nacionalizar la economía. Su reiterada defensa
y promoción de las compañías petroleras extranjeras confirma la
impresión de que su retórica nacionalista es sólo una cobertura de
una práctica conservadora-liberal.
Sobre
la reforma agraria
A pesar del
desafiante discurso sobre la próxima revolución agraria realizado el
Día del Indio (2.8.2006) en el histórico Ucureña, los expertos agrícolas
bolivianos abrigan serias dudas de que haya cambios significativos a
la vista.
En primer lugar, a la
vez que promete para el futuro la supresión de los latifundios no
cultivados y respetar las fincas productivas, con independencia de su
tamaño, ha aceptado, con algunas modificaciones de detalle, la actual
ley agraria neoliberal que orienta los trabajos del Instituto Nacional
de la Reforma Agraria (INRA) y que proporciona numerosas vías de
escapatoria, lo que permite a los grandes terratenientes evitar la
expropiación.
Entre las modificaciones
introducidas a la legislación del INRA, el Gobierno de Morales
promete respetar todas las fincas, con independencia de su tamaño,
“que cumplan una función social y económica”. Entre éstas
figuran “los barbechos, las tierras destinadas a una producción
futura y las reservas ecológicas”. Hasta los más impresentables
especuladores en bienes raíces poseedores de las tierras menos
productivas pueden justificar su tenencia improductiva de la tierra
ajustándose a una de las tres categorías precedentes.
En estas condiciones,
el Gobierno excluye en la práctica cualquier fundamento que permita
incluir la tierra no productiva en la reforma agraria. El proceso de
designación de tierras no cultivadas para su expropiación estará
ahora sujeto a costosos litigios jurídicos y administrativos sobre qué
puede considerarse “barbecho” y qué es “improductivo”, qué
es “ecológico” y qué “especulativo”, y cuándo una tierra
puede calificarse de “improductiva” y cuándo de “no
utilizada”. El mismo término de “productiva” es también fuente
de controversia: ¿pueden considerarse productivas dos cabezas de
vacuno para cuatrocientas hectáreas de tierra?, ¿sigue siendo una
“explotación productiva” la que cultiva 8 hectáreas de maíz de
un total de 2.000 hectáreas?
Teniendo en cuenta
los obstáculos que se ha autoimpuesto el gobierno de Morales a la
expropiación de grandes propiedades fértiles, la única tierra
disponible para ser distribuida a las masas de campesinos empobrecidos
y desnutridos son extensas zonas de tierras forestales de propiedad
estatal, inadecuadas para la agricultura o la ganadería. Además,
estas tierras públicas están alejadas de los mercados urbanos, no
disponen de carreteras y otras infraestructuras, y, según agrónomos
bolivianos, son inaccesibles. Hasta uno de los vicepresidentes del
Gobierno, Alejandro Almaraz, del Ministerio de la Tierra, lo admitió:
“Tenemos 2,5 millones de hectáreas de tierras públicas a la
disposición de campesinos e indígenas. La mayor parte de ellas están
cubiertas de bosque y no son de utilidad para cultivos o ganadería.”
Almaraz admitió que redistribuir estas tierras no resolvería el
problema, especialmente cuando hay un “clan de las cien familias”
que controla las tierras más fértiles y productivas, a la vez que
dos millones de familias campesinas viven en y de miserables parcelas
(“minifundio empobrecedor”).
Morales, y su equipo
de intelectuales, tiene aún la capacidad de hipnotizar a las masas
campesinas e indígenas. El Día del Indio miles de ellos llenaron la
plaza de Ucureña e interrumpieron con frecuencia su discurso con
aplausos y vítores, espacialmente cuando hizo referencia al “final
de los latifundios improductivos”. No es preciso decir que Morales
no mencionó las excepciones a las explotaciones improductivas.
De hecho, la nueva
política agraria va dirigida a estimular el desarrollo de los
latifundios. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA) “la revolución agraria del partido en el Gobierno
–el Movimiento al Socialismo (MAS)– se basa en el respeto a la
legislación pro empresarial del INRA aprobada durante el primer
gobierno del ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada
(derrocado en octubre de 2003 por una insurrección popular), que en
la práctica legaliza la concentración de las mejores tierras en
manos de los mayores terratenientes. Las modificaciones que ha
propuesto el Gobierno a la ley INRA van orientadas a la profundización
del desarrollo capitalista, ratificando así el espíritu original de
esta norma promulgada en 1996 bajo la citada presidencia neoliberal”
(Insurgente, 5.8.2006).
La revolución
agraria de Morales es un intento de crear una base social entre
campesinos pobres destinada a apoyar su propuesta de asociación con
las compañías transnacionales explotadoras de los recursos. El
gobierno de Morales ha defendido con empeño la propiedad por parte de
la poderosa elite agroindustrial de grandes plantaciones y salarios mínimos
bajos para los trabajadores agrarios, a la vez que ha buscado
activamente nuevos mercados para la exportación. Morales nunca ha
propuesto la expropiación de ninguna empresa rural, grande o pequeña.
Su política de reforma agraria gira en torno a la expropiación de
propiedades improductivas o propiedades rurales no explotadas,
que existen en considerable número. No obstante, teniendo en cuenta
el hecho de que las mismas élites agroindustriales, que Morales
defiende y promueve, poseen grandes extensiones de tierras no
cultivadas y en barbecho, se ha encontrado con una resistencia política
importante entre sus socios en el citado desarrollo capitalista.
Como resultado de los
retrasos en el Congreso a la aprobación de la moderada revolución
agraria, que en nada amenaza a la oligarquía, Morales ha recurrido a
veladas amenazas de movilización social extraparlamentaria, que han
sido rápidamente desmentidas por sus asesores. En última instancia,
la política agraria de Morales se basa en la expropiación de las
tierras menos fértiles y de las tierras estatales no cultivadas más
remotas. Su política va dirigida a crear una base social de pequeños
beneficiarios de la reforma, de carácter conservador, que apoyen su
estrategia más amplia de desarrollo capitalista normal, dando con
ello al Gobierno su coloración populista conservadora. El
vicepresidente García Linera se ha reunido en varias ocasiones con
las élites agrarias y de negocios para asegurarles que sólo se
expropiarían las tierras “ilegalmente ocupadas”, y ello tras un
extenso proceso judicial y administrativo.
Las políticas
comerciales de Morales pretenden ampliar la ayuda de Venezuela y Cuba,
a la vez que preserva sus preferencias comerciales con Estados Unidos
y la Comunidad Andina. En contraste con la política interior del
Gobierno, que ha conseguido desmovilizar a las masas a la vez que
firmaba nuevos acuerdos de inversión con las transnacionales, su política
de comercio exterior de apoyo tanto a Cuba y Venezuela, como al libre
comercio defendido por Washington, Bogotá y Lima, ha fracasado.
Estados Unidos ha negado a Bolivia preferencias arancelarias, y
Colombia y Perú han firmado acuerdos bilaterales con EE UU, que
supondrán la pérdida para Bolivia de sus mercados de soja, entre
otros productos agropecuarios.
A diferencia del
presidente Chávez, que retiró a su país de la Comunidad Andina tras
la firma por Perú y Colombia de los citados acuerdos bilaterales de
libre comercio, Morales mantuvo en ella a su país, en un intento de
equilibrar su alianza por la izquierda con Cuba y Venezuela, con su
lealtad a las élites agroexportadoras bolivianas vinculadas a la CAN
y a EE UU. El fracaso de este intento de alcanzar el equilibrio
significa que Bolivia debe conseguir nuevos mercados, nuevos socios
comerciales, o de lo contrario hacer frente al problema de cientos de
empresas en quiebra y la pérdida de 100.000 empleos, según la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ((HoyBolivia.com,
8.8.2006). La estrategia de Morales y su vicepresidente García Linera
de obtener concesiones de países de izquierda mediante una retórica
antiimperialista y a la vez desarrollar políticas comerciales
librecambistas con EE UU no ha conseguido convencer ni a Washington ni
a sus satélites Colombia y Perú.
En vistas de la
rebaja en la agenda programática de Morales y de las escasas
expectativas de que la Asamblea Constituyente consiga avances
significativos en la “refundación” del país, todos los
presidentes latinoamericanos que en un primer momento acordaron
asistir, han hallado razones para quedarse en casa.
La versión de
Morales de la Asamblea Constituyente, su elección, composición y
orden del día es exactamente lo contrario de lo que pensaron
originalmente los movimientos sociales de masas durante los últimos
cinco años. Las demandas originales pedían elecciones convocadas por
los movimientos sociales con representación basada en los
constituyentes sociales del movimiento de masas: agricultores,
trabajadores, vendedores ambulantes y desempleados. Morales rechazó
totalmente esta iniciativa popular y, de acuerdo con los partidos oligárquicos
tradicionales, convocó unas elecciones basadas en las mismas unidades
geográficas que en el pasado, en las que los mismos desacreditados
partidos competirían por los escaños. El programa de refundación de
la República se basa en las actuales instituciones –elite judicial,
política, económica, administrativa y militar– corruptas y decrépitas.
Mediante la mayoría del MAS en la Asamblea, Morales intentó
legitimar su pseudonacionalización de la industria del gas y petróleo
y su reforma agraria, que no afecta a las 20.000 familias propietarias
del 80% de las tierras fértiles de Bolivia. Lo único que va a
conseguir son vacuas declaraciones retóricas sobre el carácter de
Bolivia como estado multiétnico.
Entretanto, algunas
de las principales organizaciones indígenas y campesinas que apoyan a
Morales han analizado el reaccionario contenido de su Asamblea
Constituyente y plan de desarrollo socioeconómico, y han exigido la
creación de un “Cuarto poder” de carácter electivo. Este
organismo sería elegido por los principales movimientos sociales y
supervisaría las ramas judicial, legislativa y ejecutiva del Estado a
fin de verificar si las leyes y políticas administrativas se ajustan
a los intereses populares y no perjudican el acceso del pueblo a la
tierra, el empleo, la subsistencia y los servicios sociales
((HoyBolivia.com, 5.8.2006).
El hecho de que una
parte importante de la base electoral de Evo Morales exija la
supervisión de su Gobierno y sus legisladores destaca el creciente
escepticismo popular ante los gestos teatrales en materia de cultura,
la cooptación de los líderes de los movimientos sociales y la
demagogia socioeconómica vacía de sentido, en una situación de
desnutrición permanente del 50% de la población rural, que vive en
situación de extrema pobreza con menos de un dólar por día.
Un buen ejemplo del
modo cómo Evo Morales ha socavado los movimientos de masas sin
cumplir sus exigencias más elementales es el tratamiento del tema de
la Guerra del agua, en El Alto. De 2003 a 2005 hubo protestas
masivas, huelgas de hambre y ataques a la transnacional francesa
Suez-Aguas del Illimani, que cobraba cantidades abusivas (siete veces
el salario mínimo) para ampliar el sistema de alcantarillado al 50%
de la población que no disponía de saneamiento. El 29 de julio de
2005 fue la fecha fijada para la expulsión de la compañía
transnacional. Tras su elección en diciembre de 2005, Morales nombró
al líder del movimiento social de El Alto Abel Mamani ministro de
Aguas, con la promesa de atender las quejas de El Alto relacionadas
con el agua.
Nueve meses más
tarde, nada ha cambiado: Suez-Aguas sigue imponiendo tarifas
exorbitantes, el 50% de los residentes siguen sin conexión al
alcantarillado, y Mamani, con su salario y beneficios de ministro, ha
echado a la basura el acuerdo de julio de 2005 (“De qué sirvió la
Guerra del agua Alteña?”, Argenpress, 8.12.2005). Su nuevo empleo
consiste en defender un presupuesto de austeridad neoliberal, y
no atender a las necesidades de los movimientos sociales que eligieron
a Morales y lo condujeron a él a su puesto ministerial. La
experiencia cooptativa de Mamani se ha repetido con los restantes
movimientos sociales, entre otros con los líderes de los movimientos
indígenas, de maestros rurales y de cooperativas mineras.
Hasta la tan
pregonada campaña de moralización, contra la corrupción, del
Gobierno se ha visto desprestigiada en el ámbito tan delicado de la
falsa nacionalización del gas y el petróleo. Según el decreto de
nacionalización de 1 de mayo de 2006, la Cámara Boliviana de
Hidrocarburos, bajo la dirección del Ministerio de Hidrocarburos, se
haría con el control directo de todas las ventas y todo el comercio
de petróleo y gas. Menos de 3 meses más tarde, el organismo de
supervisión –la Superintendencia de Hidrocarburos– bloqueó un
acuerdo firmado por YPFB para vender petróleo a Brasil a través de
una empresa intermediaria, Iberoamérica Trading SRL, que hubiera
perjudicado a Bolivia por un monto de 38,5 millones de dólares. Y lo
que es peor, el Ministerio aprobó públicamente el acuerdo original
con YPFB. Un comunicado conjunto, de 26 de julio de 2006, aseguraba
que el acuerdo era beneficioso para el país. El ministro de
Hidrocarburos, Soliz Rada, presionó a la Superintendencia a fin de
que aprobaran la ilegal transacción –a lo que aquélla se negó–
y más tarde, cuando los medios de comunicación hicieron público el
escándalo, intentó distanciarse del acuerdo, culpando a YPFB.
Lo que aumenta las
sospechas de que tanto el Ministerio como YPFB estaban implicados en
la corruptela es el hecho de que el intermediario de ambos, Iberoamérica
Trading, ha sido llevado a los tribunales por manejos de corrupción,
evasión de impuestos y contrabando. Morales se negó a culpar a los
ministros y a los directivos de YPFB o a apoyar a la Superintendencia,
aun cuando estén en posiciones contradictorias.
El proceso de
nacionalización iniciado por Morales, basado en un absoluto control
por parte del ejecutivo en colaboración con ejecutivos de empresas
transnacionales, excluye a los trabajadores de todo seguimiento, lo
que favorece las prácticas corruptas, especialmente cuando muchos de
los principales responsables provienen de anteriores gobiernos
neoliberales. La persecución por parte del presidente Morales de un desarrollo
capitalista normal se basa en una alianza entre grupos de la elite
boliviana, capitalistas transnacionales y beneficiarios indígenas de
la reforma agraria. Esta contradictoria alianza, gestionada por líderes
cooptados de los movimientos sociales y la maquinaria política del
MAS es muy precaria. Su dependencia del capital privado –extranjero
y nacional–, su confianza en los mercados de la CAN y de EE UU, y su
incapacidad de llevar adelante su programa de reformas está socavando
lentamente este intento de consolidar su Gobierno populista
conservador.
La tan cacareada
Asamblea Constituyente, basada en los viejos partidos y sin un
programa de reformas claro, no ha conseguido impresionar a los
movimientos urbanos y sociales, ni siquiera los más simpatizantes del
Gobierno. La ausencia de cambios socioeconómicos concretos ha
conducido a los seguidores de Morales en los movimientos indígenas y
campesinos de masas a invocar un organismo alternativo –un Cuarto
Poder– a la fallida Asamblea Constituyente.
De una manera lenta e
inexorable se está desmembrando la visión de Morales y Linera de
convertir a Bolivia en un país de capitalismo normal basado en un
presupuesto equilibrado, inversión extranjera, crecimiento de las
exportaciones minerales y agrarias, y unos sindicatos y movimientos
sociales domesticados y dispuestos a aceptar cambios paulatinos. Las
élites piden nuevas y mayores concesiones, e insisten en un acuerdo
bilateral de libre comercio con EE UU, mayores obstáculos para la
expropiación de tierras, y, en el caso de Brasil, una negativa
directa a negociar siquiera un mínimo incremento del precio del gas.
Morales ha visto como desaparecía su original novedad y celebridad
mundial de ser el primer presidente indígena. Hoy, se halla ante
empresas transnacionales intransigentes respaldadas por gobiernos
neoliberales de centro-izquierda que se niegan a pagar siquiera la
mitad del precio mundial del gas y que corrompen a los nuevos
funcionarios a fin de obtener contratos de explotación de minerales.
El momento en que los
partidarios indígenas y campesinos de Morales aperciban los costes
socioeconómicos del capitalismo normal y las vacías promesas
del Gobierno populista conservador podría sellar el temprano y trágico
fin de otro líder popular, cegado por las ambiciones presidenciales y
el dulce encanto de los poderes oligárquicos.
Agosto 2006
Notas:
(1)
N de la R: El artículo fue escrito antes de la renuncia de Soliz
Rada.
(2)
N de la R: Ese es el truco que se utiliza para "cumplir" con
la promesa de Evo de no vender hidrocarburos a Chile mientras no
devuelva la salida al mar a Bolivia: Repsol Bolivia vende el gas a
Repsol Argentina, quien a su vez lo reexporta a Chile. En este país
una parte se utiliza localmente y otra mayoritaria se exporta por vía
marítima a California, incumpliendo así con otra de las consignas de
Octubre: no vender gas a EE.UU.
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