Los antecedentes
Cuando
destruir al proletariado minero es
la consigna
Por Martín Squatter, desde Huanuni
Socialismo Revolucionario, periódico,
Socialismo o Barbarie Bolivia, 10/10/06
El
conflicto se viene dando desde la misma “relocalización” de los
mineros. En 1985, la ley 21060 despidió la flor y nata del
proletariado minero: unos 27.000 obreros de la Comibol. Aquí nace la
mayoría de las cooperativas, si bien el Fecomin se creó en 1968. La
explotación de Huanuni se privatiza en el 2000, cuando Sánchez de
Lozada la entrega a la empresa inglesa ADM.
En el 2003/4, la empresa es intervenida por incumplimiento
de contrato y de inversión. Es allí que la Comibol empieza acciones
legales solicitando la intervención judicial ante una suma de
irregularidades y fraudes. Esto da pie a una intensa lucha de los
mineros de Oruro para que los yacimientos vuelvan a manos de la
empresa estatal. De esta lucha, se le arranca al gobierno
neoliberal la ley 2400, que viene a revertir el artículo 91 del código
minero, ley 1777.[1]
Pero lo escandaloso del caso es que (con fino “olfato de
clase” antiobrero), el gobierno “popular” de Evo Morales
no sólo no implementa esta ley (que devuelve el yacimiento a la
Comibol), no sólo se desentiende de la misma, sino que da vía
libre para que las cooperativas puedan comprar acciones de la empresa.
El conflicto se agrava cuando Evo, recién asumido, empieza una
campaña para liquidar los únicos centros combativos del proletariado
minero y terminar de privatizar definitivamente las minas, dándoselas
a los cooperativistas. Este es el sentido político estratégico
de su acción.
No es casual entonces que, cuando el mes pasado, los
cooperativistas cortaron las rutas a Chile y Argentina y presionaron
al gobierno para que les entregue nuevas concesiones en centros de
trabajo, equipos, créditos y facilidades tributarias, los
bloqueadores ligados al MAS pretendían
que se fortalecieran las pequeñas y medianas unidades productivas en
vez de las unidades estatales.
Para “descomprimir el conflicto”, el vicepresidente Álvaro
García Linera aceptó las demandas de los cooperativistas, uno de
cuyos puntos fundamentales es “no aumentar los impuestos que se
pagan al estado”. De 500 millones de dólares que produce la minería
media (en manos de empresarios como… Sánchez de Lozada, aún dueño
de COMSUR) y cooperativa, el Estado sólo recibe 11 millones.
Un saqueo escandaloso, que sigue en marcha bajo Morales. Porque la
política minera del gobierno es de lisa y llana privatización. Y
Huanuni no se aparta de la norma. Así ocurrió con el Mutún,
concedido a la compañía india Jindal. La concesión a las
cooperativas beneficia solamente a las trasnacionales, que no dejan
nada en el país más que muerte. Y el gobierno hizo todo lo posible
por reventar el movimiento minero sindicalizado.
Juicio de Responsabilidades al gobierno
Los mineros asalariados de Huanuni respondieron al bloqueo
de los cooperativistas con otro por 1.500 puestos de trabajo y más
inversión del Estado para la mina. Esto pasaba a principio de octubre
atrás. La nueva inversión es viable por los altos precios del estaño.
Y es imperativa para explorar y bajar hasta los niveles –320 (este
nivel sería el más rico en mineral), donde se presume que el
yacimiento podría dar para cuarenta años.. Los nuevos
contratados serían del mismo centro minero y de campesinos de la
zona. En este caso, no fueron sólo los mineros los que salieron a
bloquear: un sector de los campesinos los apoyaba. Y, para
aumentar la presión, 300 amas de casa salieron a bloquear otro punto
de la ruta de Machacamarca, cortando vías que van al sur del país.
El gobierno, fiel a su doble discurso y a su duplicidad en el
actuar, ha concedido a ambas partes reclamos que obviamente son antagónicos;
sólo buscaba descomprimir y ganar tiempo para ver si las cosas se
resolvían sin grandes concesiones...
Lo que pasó fue todo lo contrario: el sector hasta hace
poco ligado al MAS, resolvió en una asamblea tomar por asalto la
empresa minera, con las consecuencias que están a la vista. El
presidente ahora dice que hubo “como quince reuniones y nunca se
pudo llegar a un acuerdo con ambas partes”. La cuestión es que la
propuesta de parte del gobierno era siempre “compartir los lugares
de trabajo”, siendo que las políticas de trabajo entre los dos
sectores son antagónicas.
El nuevo discurso del MAS, tras la tragedia, es revertir lo
sucedido diciendo que “es prioritario nacionalizar la minería y
refundar la Comibol”. Además, removió al ministro de Minería,
Villarroel, que provenía del cooperativismo minero y que se dio el
lujo de acusar, en el primer día de los hechos, “al sector
asalariado”. Le duró poco: hoy, hasta su propia base, pide su
cabeza.
Pero éste es el mismo gobierno que no puede sostener una
Constituyente implantada pacto de por medio. O que anunció una
“nacionalización” de los hidrocarburos que, hoy por hoy, no ha
dado ni una luz de verdad, que se diga que de un día para el otro se
“cambiará” su política no se lo cree nadie.
Por ejemplo, uno de los
ejecutivos de la Federación de Mineros de Huanuni, Roberto Chávez,
plantea que el gobierno “no puede lavarse las manos porque tenía
conocimiento, horas antes de la arremetida, que planeaban los
cooperativistas”.
Por su parte, la COB
(Central Obrera Boliviana), en su último Ampliado Nacional de
Emergencia, resolvió el inmediato inicio de un “juicio de
responsabilidades a Evo Morales como responsable del equipo
gubernamental y a sus Ministros de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana; de Gobierno, Alicia Muñoz; y del ex Ministro de Minería,
Walter Villarroel, por haber protegido e incentivado las acciones
de los cooperativistas mineros.
Notas:
1. Dice la ley: “La Corporación Minera de Bolivia asumirá
la dirección y administración directa, plena y definitiva de las
actividades mineras y metalúrgicas, consistentes en el derecho de
prospección, explotación, exploración, concentración, fundición,
refinación y comercialización. Cuando los contratos adjudicados
mediante licitación, exceptuando sociedades cooperativas mineras, no
puedan continuar en el marco contractual pactado y particularmente
cuando se produzca quiebra, quiebra fraudulenta, impericia,
incumplimiento legalmente comprobados, que atenten a los intereses del
estado”.
|