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Borrón y cuenta nueva con las petroleras
Econoticiasbolivia, 29/10/06
Evo legaliza los contratos de Repsol, Petrobras y otras
petroleras, a las que "blanquea" todos sus delitos, perdona
sus fraudes y garantiza nuevos y millonarios ingresos. Plena
satisfacción entre las trasnacionales y el gobierno.
Las transnacionales petroleras lograron consolidar y
legalizar su situación en Bolivia al firmar este fin de semana nuevos
contratos con el gobierno de Evo Morales, lo que les garantiza nuevos
y millonarios ingresos por la explotación de reservas de gas y petróleo
valuadas en más de 200 mil millones de dólares durante los próximos
30 años, en los que tendrán que aumentar sus inversiones y pagar un
poco más impuestos al Estado.
Los contratos, suscritos este viernes y sábado con
Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage, Pan
American y otras, tendrán el aval del Congreso y se harán respetar
con la fuerza del Estado, cerrando toda posibilidad para que en el
futuro las transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y
recursos expropiados.
El compromiso oficial del gobierno, según anunció el
vicepresidente Álvaro García Linera, es que los contratos serán
refrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no
serán modificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para
las transnacionales, que operan con los costos de producción más
bajos del mundo y cometiendo delitos que van desde la defraudación y
evasión fiscal, el contrabando de carburantes, la subfacturación y
otras irregularidades denunciadas por las propias autoridades del
gobierno boliviano.
Aunque el texto de los contratos aún es confidencial, se
conoce que éstos se regirán por la ley 3058, que establece que las
petroleras pagarán, en términos nominales, un 50 por ciento en regalías
e impuestos en la mayor parte de los campos, quedando aún sin
confirmación el pago nominal del 82 por ciento en dos megacampos de
gas.
Tampoco se conoce si existen compensaciones económicas
en favor de las petroleras por el cambio del sistema de tributación,
tal como establece la ley, aunque sí se ratificó el incentivo
tributario para las empresas (Repsol y Petrobras) que controlan el
negocio de la exportación de gas a Argentina y Brasil. Así, las
petroleras que operan a ambos lados de la frontera, en el doble papel
de vendedores y compradores, pagarán impuestos sobre un promedio de 5
dólares por millón de BTUs, y no sobre 8, que es el precio
internacional actual.
Concesiones y satisfacción
"Hubo concesiones de ambas partes (...) Se alcanzó
un acuerdo satisfactorio", dijo el ministro de Energía de
Brasil, Silas Rondeau, tras la firma del contrato entre Petrobras y
Bolivia. En el mismo tono, el secretario de Asuntos exteriores de España,
Bernardino León, que protege a Repsol, anunció nuevas inversiones.
"Vamos a invertir en los próximos años más de mil millones de
dólares para asegurar el cumplimiento con la (exportación de gas a)
Argentina". En esta nueva exportación de gas a Argentina, el
gobierno boliviano aspira a quedarse con 17 mil millones de dólares
de los 50 mil millones que moverá el negocio en los siguientes 20 años.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las
empresas petroleras y uno de los baluartes de los gobiernos
neoliberales, dijo que "el escenario que se ha planteado con la
firma de nuevos contratos vislumbra una relación positiva y duradera
entre socios, las empresas y el Estado nacional".
Los anteriores contratos de todas las petroleras habían
sido declarados sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión
inapelable del máximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal
Constitucional, lo que había reforzado la lucha que libran desde el
2003 los sindicatos y las organizaciones populares para lograr la
expulsión de las transnacionales y para renacionalizar el gas y el
petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a los tanques y la metralla y
derribaron a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos
Mesa), aunque sin lograr la expulsión/nacionalización de las
petroleras, una consigna considerada como inviable por el actual
gobierno.
"Con estos contratos queremos resolver los problemas
del país (...) sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin
expulsar a nadie, esta es la nacionalización sin indemnización",
dijo el presidente Morales, tras la firma de los contratos, realizados
al amparo de la ley pro petrolera 3058, aprobada hace un año y medio
por el Congreso neoliberal para preservar los millonarios intereses de
las transnacionales.
Blanqueo de delitos
Esta ley, viabilizada ahora con los nuevos contratos,
blanquea todos los delitos mayores que las petroleras han cometido en
Bolivia desde mediados de los años 90, cuando tomaron control y
dominio de toda la industria petrolera al amparo de onerosas
concesiones otorgadas por el poder neoliberal.
La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías
como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Amoco & Pan
American Energy, British Gas, Exxon, Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage
y otras puedan legalizar su ilegal e inconstitucional permanencia en
Bolivia, explotando yacimientos que virtualmente no les costó casi
nada. Con los nuevos contratos, el Estado queda sin la posibilidad
legal de echar a las transnacionales y recuperar así más de 200 mil
millones de dólares, que es el valor de las reservas de gas y petróleo,
las segundas más importantes de Sudamérica.
La Ley 3058 infiere, además, un segundo daño de
magnitud a Bolivia cuando elimina toda posibilidad legal para que el
Estado recupere de inmediato, sin necesidad de nacionalización,
decreto o ley expresa, el 60 por ciento de las reservas de gas y petróleo
de manos de las petroleras, que incumplieron el artículo 30 de una
ley anterior y que les obligaba a devolver todos los campos y
yacimientos en los que no hubiesen perforado pozos en los últimos
cinco años. Una cincuentena de auditorías, instruidas por el
gobierno de Morales, confirmaron este delito. En esta situación
estaban casi todos los megacampos de gas y petróleo que están siendo
explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si
se cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado.
Así, "la ley 3058 (ratificada vía decreto por
Morales N.d.E), resulta ser más entreguista y antinacional que la
anterior, aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada", decía hace un año y medio el ex ministro de
Hidrocarburos del actual gobierno, Andrés Soliz Rada. El daño
estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil
millones de dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a
parar a la bolsa de las petroleras, producto de la explotación y
comercialización de las reservas.
El millonario fraude de Repsol y Pan American
Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058, el
decreto de Morales y los contratos petroleros convalidan otro
millonario fraude en contra del Estado al legalizar, de facto, la
mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan American (y
posteriormente British Petroleum) tienen en las empresas mixtas de
Andina y Chaco, levantadas sobre los campos que eran antes de la
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los
gobiernos neoliberales el 50 por ciento de las acciones a cambio de la
promesa de invertir 843 millones de dólares. Sin embargo, esta
entrega no tomó en cuenta que estos campos de YPFB (en Chaco y
Andina) tenían reservas probadas y certificadas valuadas actualmente
en 24 mil millones de dólares y que fueron pignoradas a título
gratuito para que sean explotadas en beneficio de Repsol y Amoco &
Pan American.
El decreto de Morales convalida la fraudulenta propiedad
de Repsol y Amoco & Pan American sobre el 50 por ciento de las
acciones de Andina y Chaco, cuando en realidad la participación legal
de estas transnacionales no debería ser mayor al cinco por ciento.
Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es
"nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones en Andina y
Chaco, respetando el otro 48 por ciento.
El asalto de Enron y Shell
Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales
dejan en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que
la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al
tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y
otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.
Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a
medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos
gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron
había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al
Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún
concurso de la transnacional norteamericana.
El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120
millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos
Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio
que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual.
Una
ley antinacional
Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la
ley 3058, en mayo de 2005, constituyó una virtual declaratoria de
guerra del poder transnacional contra el pueblo boliviano, que se alzó
furibundo contra el presidente Carlos Mesa, al que derribó del cargo,
y contra el Congreso neoliberal, recortándole su mandato
constitucional y abriendo paso a nuevas elecciones, ganadas
ampliamente por el deseo y la urgencia del pueblo para nacionalizar el
gas y el petróleo.
Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno
de Evo Morales, que ganó las elecciones agitando la bandera de la
nacionalización, se hubiese jugado a fondo para montar una ficción y
para mostrar y convencer a los bolivianos que su decreto de
"nacionalización" era muy diferente a la cerrada defensa
que hacían en el pasado las élites neoliberales del poder petrolero.
Razones más que suficientes para que tras firmar los
nuevos contratos, bajo el amparo de la ley 3058, todas las
transnacionales hubiesen anunciado su intención de realizar
inversiones y de ser las socias que Evo Morales quiere para Bolivia.
La oligarquía y la derecha festejan la nacionalización
de Evo
Dirigentes de la COB piden que se difunda la letra chica
de los contratos
Econoticiasbolivia, 30/10/06
La Paz.– Los representantes de la oligarquía
petrolatifundista y de las organizaciones de la derecha política
boliviana, jurados enemigos del presidente Evo Morales, saludaron la
legalización de los contratos internacionales que facultan a las
transnacionales petroleras la continuidad de la explotación de los
hidrocarburos por los siguientes 30 años. Los dirigentes laborales,
leales al gobierno, también expresaron su satisfacción por los
acuerdos, y tan sólo los sindicalistas no cooptados por el
oficialismo demandaron la publicación de todos los contratos.
El Presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos,
José Magela Bernardes, dijo que se siente optimista, luego que las
empresas petroleras decidieron firmar el fin de semana los nuevos
contratos con el Estado boliviano que las mantiene como operadoras en
la explotación de más de 200 mil millones de dólares que el país
tienen en las reservas de gas y petróleo. "A partir de ahora
viene la verdadera seguridad jurídica, lo que si podemos asegurar es
que la seguridad jurídica es la base fundamental para cualquier
desarrollo. Haberlo escuchado al Presidente (Morales) referirse sobre
este tema es muy positivo", sostuvo al destacar los nuevos
negocios que se emprenderán en sociedad con el Estado boliviano.
El vocero de la asociación de las transnacionales dijo
que era muy positivo que todas las empresas petroleras, entre las que
se encuentran Repsol, Petrobras, Total, Vintage, British Petroleum y
otras, hayan firmado los nuevos contratos, 65 en total. Según el
Presidente de esta entidad, ahora se reactivará la industria
hidrocarburífera del país.
Por su parte, el vocero de la ultraderechista Podemos,
del ex presidente Jorge Quiroga, el senador y ex ministro Wálter
Guiteras afirmó que los contratos firmados por Evo Morales con las
empresas petroleras "devuelven al país la dignidad, recursos y
bienestar. Ya no se van a producir los hechos de saqueo de los
recursos naturales, sólo queda felicitar al Gobierno", declaró.
En el gobierno de Quiroga, las petroleras vulneraron sus ilegales
contratos al no devolver al dominio estatal las áreas en las que no
perforaron pozos durante cinco años. Quiroga emitió un decreto que
las liberaba ilegalmente de esta obligación.
La firma de los contratos mereció el aplauso de los
sectores empresariales. "Los empresarios privados ven como una señal
positiva la firma de los nuevos contratos petroleros", dijo Bern
Abendroth, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La
Paz, que aseguró que la noticia fue bien recibida por el empresariado
y añadió que se aguarda que los nuevos recursos "vayan a
beneficiar a los más necesitados".
El Comité Pro Santa Cruz, bastión de la oligarquía
petrolatifundista y que hasta ahora encabezaba la oposición de
derecha al gobierno, también se pronunció en apoyo de la medida
"nacionalizadora". Jaime Santa Cruz, segundo vicepresidente
del Comité Cívico pro Santa Cruz, se refirió a los nuevos contratos
petroleros y dijo que se trata de una readecuación positiva para el
país y que tiene un beneficio para la población.
Otro de los opositores, el prefecto de Cochabamba, el
derechista ex capitán Manfred Reyes Villa, dijo que los nuevos
contratos permitirán mejorar los ingresos para el país.
Los dirigentes laborales afines al gobierno también
manifestaron su apoyo. "Dijimos que debía ser un Gobierno serio
y lo está demostrando", dijo Edgar Patana, ejecutivo de la
Central Obrera de El Alto y pre candidato a constituyente por el
gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), quien cree que con los
nuevos contratos, Bolivia "recuperó la propiedad de los
hidrocarburos"
En la misma línea, Víctor Mitma, secretario ejecutivo
de la Central Obrera de Cochabamba, afirmó que "se ha logrado el
beneficio que se estaba buscando".
Los otros dirigentes, que no están asimilados totalmente
al MAS, exigieron, por el contrario, que el gobierno de Morales dé a
conocer a profundidad los contenidos de los nuevos contratos.
"Vamos a pedir públicamente los contratos al
Gobierno para que, en un ampliado de trabajadores, los documentos sean
analizados. Esperemos que se escuche la demanda de la COB porque últimamente
no se escucha ninguna de nuestras propuestas", dijo el dirigente
de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes.
Según trascendió hasta ahora, cada uno de los contratos
va acompañado por siete anexos en los que se determinan la retribución
que el Estado les pagará a las transnacionales por sus servicios en
la exploración y explotación de gas, según dijo a La Prensa, el
presidente de la estatal YPFB, Juan Carlos Ortiz.
El presidente de YPFB explicó que los beneficios para el
Estado y las compañías variarán en función del tamaño del campo y
las condiciones de producción.
El poder petrolero celebra los nuevos contratos
Econoticiasbolivia, 30/10/06
La Paz.– Las transnacionales que ganan a manos llenas
en Bolivia celebraron los nuevos contratos que firmaron este fin de
semana con el gobierno de Evo Morales y que les permite acrecentar la
explotación de gas y petróleo con destino a los mercados de Brasil y
la Argentina.
Los nuevos contratos legalizan la presencia transnacional
en la exploración y producción de hidrocarburos, acrecientan sus
ingresos por el nuevo y millonario negocio acordado con la Argentina y
los ponen a buen resguardo ante los cuestionamientos que habían a su
presencia en el país y que era considerada hasta ahora por la ley y
el derecho como inconstitucionales y onerosas para la economía
boliviana.
Una de las empresas que logró su permanencia en Bolivia,
la británica British Gas (BG) dijo que acordó nuevos contratos
operativos con el gobierno y que los mismos podrían ser tan rentables
como los anteriores.
"Hemos firmado nuevos contratos que cubren todos
nuestros intereses en la exploración en Bolivia, y retención de
bloques (no desarrollados) (...) La producción continuará
sustancialmente en la misma base económica que antes", destacó
la portavoz de BG, Trina Fahey, según un reporte de Reuter desde
Londres.
A partir de los contratos, BG venderá todo su gas a la
compañía petrolera estatal YPFB en vez de negociar directamente con
los clientes. La compañía a cambio recibirá de YPFB entre un 18 por
ciento a un 50 por ciento del valor de la producción. "Básicamente
estamos produciendo en nombre del Estado", dijo Fahey.
La compensación que recibirá BG por su producción
reflejaría términos económicos similares a los que obtuvo el año
pasado, pese a que los ingresos podrían ser impactados por los
niveles de producción y los cambios en los precios internacionales
del gas
Buena noticia para Repsol
En España, sede de la Repsol, que tiene el derecho de
explotación sobre la cuarta parte de las reservas de gas y petróleo
de Bolivia, el secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía,
afirmó este lunes que los nuevos contratos firmados el fin de semana
entre Repsol YPF y el gobierno de Bolivia "despeja
incertidumbres" y permite afrontar el futuro con mayor optimismo.
Mejía calificó el acuerdo de "muy positivo y una
noticia muy buena", y señaló que es "beneficioso para
Bolivia, para la empresa y para España". "A partir de ahora
alcanzamos un momento que nos permite afrontar el futuro con un
optimismo mayor", concluyó.
Repsol YPF mostró su satisfacción por el acuerdo
firmado con el Ejecutivo boliviano, ya que "garantiza la
rentabilidad de las inversiones realizadas hasta ahora". Aseguró
que el nuevo contrato "está en línea con el compromiso público
del presidente de Bolivia para garantizar un marco de seguridad jurídica
para sus inversiones, un principio que Repsol considera indispensable
para el desarrollo de la actividad en el país". De hecho, la
compañía deja las puertas abiertas a nuevas inversiones. "Este
marco de garantías jurídicas, así como el reconocimiento público
de las inversiones realizadas", señala la petrolera,
"permitirán el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en
el país, lo que redundará en un mayor bienestar para la sociedad
boliviana".
Festejo de Petrobras
En Brasilia, sede de Petrobras, que tiene el derecho de
explotación de casi la mitad de las reservas bolivianas de gas, el
Gobierno brasileño festejó como un éxito de la política externa de
Luiz Inacio Lula da Silva el acuerdo alcanzado entre el ente estatal
Petrobras y su similar boliviano YPFB.
Según la ministra jefe del gabinete civil de la
Presidencia, Dilma Rousseff, el acuerdo demostró el acierto de la
estrategia de negociación adoptada por el Gobierno brasileño tras el
decreto dictado en mayo pasado por el Presidente de Bolivia, Evo
Morales, que nacionalizó las reservas de hidrocarburos del país.
Asimismo, el ministro brasileño de Minas y Energía,
Silas Rondeau, afirmó hoy que, al subscribir un acuerdo anoche en La
Paz, Petrobras e YPFB "dieron una demostracción clara de cómo
superar estratégicamente pequeñas diferencias".
"Seguramente Bolivia cedió y seguramente Petrobras
cedió. No sé quién cedió más, pero los dos lados están
satisfechos", dijo.
A su vez, el presidente de Petrobras, José Sergio
Gabrielli, aseguró hoy que el acuerdo firmado anoche no significará
perjuicios para la empresa brasileña: "Fue un acuerdo
correcto".
Según Gabrielli, el documento prevé que Petrobras
seguirá explotando los gigantescos yacimientos de gas de San Antonio
y San Alberto, en el sur de Bolivia, y que pagará por ello impuestos
equivalentes al 82 por ciento de su producción.
El dirigente afirmó que ese acuerdo no convierte a
Petrobras en una simple prestadora de servicios en Bolivia, sino que
se trata de un contrato "muy cercano" al principio de
producción compartida.
Confesión de parte: transnacionales consiguieron su
objetivo
Econoticiasbolivia, 30/10/06
España: conseguimos los que nos habiamos propuesto
Diario “Cinco Días” de España: En el último minuto. La
petrolera YPF acordó en la medianoche del domingo los términos del
nuevo contrato que garantiza su continuidad en el país andino. La
hispano–argentina es una de las diez petroleras que se han visto
obligadas a renegociar sus contratos de exploración y explotación
tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada el pasado 1 de
mayo, que estableció un plazo de 180 días para pactar las nuevas
condiciones.
El acuerdo fue rubricado de manera oficial tan sólo
media hora después, en un acto presidido por Evo Morales al que
asistieron representantes de Repsol YPF y de su filial Andina, así
como las firmas dedicadas a las exploración de la brasileña
Petrobras. Además, estuvieron presentes las argentinas Matpetrol y
Pluspetrol, British Gas y Empresa Petrolera Chaco, perteneciente al
grupo British Petroleum.
A diferencia del acuerdo suscrito un día antes con la
francesa Total y la estadounidense Vintage, ni el Gobierno boliviano
ni las petroleras informaron sobre los términos de los acuerdos
suscritos en la medianoche del domingo. El presidente de la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos
Ortiz, se limitó a reconocer que los porcentajes de participación
del Estado, son diferentes para cada una de las compañías.
Los escasos detalles que trascendieron apuntan que las
petroleras tendrán que entregar toda su producción de hidrocarburos
a YPFB y a cambio serán remuneradas, según sus contratos, con entre
un 18% y un 50% de las cantidades extraídas. La compañía estatal
también se encargará de la comercialización y fijará los volúmenes
y los precios para el mercado interior y para las exportaciones.
Garantías de rentabilidad
Repsol YPF mostró su satisfacción por el acuerdo
firmado con el Ejecutivo boliviano, ya que 'garantiza la rentabilidad
de las inversiones realizadas hasta ahora'. Aseguró que el nuevo
contrato 'está en línea con el compromiso público del presidente de
Bolivia para garantizar un marco de seguridad jurídica para sus
inversiones, un principio que Repsol considera indispensable para el
desarrollo de la actividad en el país'. De hecho, la compañía deja
las puertas abiertas a nuevas inversiones. 'Este marco de garantías
jurídicas, así como el reconocimiento público de las inversiones
realizadas', señala la petrolera, 'permitirán el desarrollo de
nuevos proyectos de inversión en el país, lo que redundará en un
mayor bienestar para la sociedad boliviana'.
Actualmente, Repsol posee derechos sobre 32 bloques de
exploración, con una superficie neta de 9.264 kilómetros cuadrados,
así como 25 bloques de explotación con un área de 2.174 kilómetros
cuadrados. Las reservas de gas bolivianas están estimadas en 48,7
billones de pies cúbicos, de los que la brasileña Petrobras controla
el 47%, mientras que Repsol y su filial Andina alcanzan el 27%. La
petrolera hispano–argentina asegura que entre octubre de 1997 y
marzo de 2006 invirtió en el país latinoamericano 1.167 millones de
dólares (unos 917 millones de euros), convirtiéndose 'en uno los
principales contribuyentes fiscales', con 1.275 millones de dólares
de aportes en concepto de impuestos directos, patentes sobre el
dominio minero, regalías y participaciones.
El Gobierno español, presente en Bolivia a través del
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, también
manifestó su satisfacción por la firma del nuevo contrato.
'Conseguimos lo que nos habíamos propuesto', reconoció. Según León,
Repsol YPF fue la última petrolera en llegar a un acuerdo ya que se
trató de 'una negociación muy compleja' y afirmó que el Ejecutivo
español se limitó a ejercer un papel de 'facilitador' de las
negociaciones ya que éstas se llevaron directamente entre la compañía
y el Gobierno de Morales.
El secretario de Estado español, llegó a Bolivia tan sólo
cinco horas antes de que concluyese el plazo para renegociar las
condiciones. Su mediación fue 'fundamental para llegar a puerto', según
aseguró a Efe el director general de Repsol YPF para Argentina,
Brasil y Bolivia, Enrique Locutura.
Las empresas, optimistas y cautas
“La Nación” de Argentina: La reflexión de un ejecutivo
petrolero con años en una empresa que trabaja en Bolivia explica, de
modo más veraz que cualquier palabra política, la situación en que
quedó la relación entre el presidente Evo Morales y estas compañías.
"Se está optando por durar. Pero, para algunas petroleras, este
partido recién está empezando", dijo ayer.
Conclusión: cualquier boliviano que se haya encandilado,
el 1° de mayo pasado, con el anuncio de la nacionalización de los
hidrocarburos, deberá estar atento, desde ahora, a los detalles. Habrá
que ver si, por ejemplo, las condiciones de comercialización de ese
gas, que ahora es del Estado boliviano, no vuelven el negocio
igualmente rentable para el sector privado. Es decir que Bolivia pueda
tener, como indican algunos contratos, hasta el 82% del producto, pero
que las condiciones de venta sean completamente distintas.
A ningún ejecutivo petrolero se le escapa que
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no tiene
recursos. La firma se verá forzada a negociar, no ya en las tapas de
los diarios, sino en la compleja ecuación de cada yacimiento.
Repsol YPF dice que el nuevo contrato garantiza sus
inversiones
“ABC” de España: Faltaban tan sólo 10 minutos
para que acabara el plazo dado por el presidente de Bolivia, Evo
Morales, a las petroleras extranjeras para que firmaran los nuevos
contratos (doce de la noche del sábado, hora local, seis de la mañana
del domingo en España) cuando Repsol YPF alcanzó un acuerdo con las
autoridades locales. Media hora más tarde, el director general de
Repsol YPF para el área de Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique
Locutura, estampaba su firma en el documento en un acto presidido por
el propio Morales en el palacio de Comunicaciones de La Paz.
La petrolera española fue la última de las diez compañías
afectadas en adherirse a la nueva legislación boliviana, que destina
al Estado el 82% de las rentas de los hidrocarburos, que pasan a ser
propiedad de la compañía estatal YPFB. Las petroleras extranjeras
pasan a ser empresas de servicios y recibirán de YPFB una remuneración
trimestral por sus trabajos de exploración, producción y
comercialización de hidrocarburos.
Seguridad jurídica
Repsol YPF considera que este acuerdo "está en línea
con el compromiso público del presidente de Bolivia de garantizar un
marco de seguridad jurídica para sus inversiones, un principio que
Repsol YPF considera indispensable para el desarrollo de su actividad
en el país. En este sentido, Repsol YPF valora que los nuevos
contratos garantizan la rentabilidad de las inversiones realizadas
hasta ahora en Bolivia, así como las que se desarrollarán en el
futuro", según una nota emitida ayer.
La petrolera que preside Antonio Brufau afirma que
"este marco de garantías jurídicas, así como el reconocimiento
público de las inversiones realizadas hasta el momento por Repsol YPF
en Bolivia permitirán el desarrollo de nuevos proyectos de inversión
en el país, lo que redundará en un mayor bienestar para aquel país".
Repsol YPF ha invertido en Bolivia casi 1.000 millones de
euros desde 1997 y ha generado al Estado boliviano unos ingresos de
1.100 millones en impuestos. A partir de ahora, la petrolera tiene
previsto invertir unos 800 millones de euros en los próximos años en
aquel país en el sector de los hidrocarburos. Locutura negó ayer que
Repsol YPF haya firmado el acuerdo sólo "para salvar los
trastos" y dijo que ahora se puede trabajar, aunque "con parámetros
distintos".
Sobre la presencia en La Paz del secretario de Estado de
Exteriores, Bernardino León, Enrique Locutura afirmó ayer que su
apoyo ha sido "fundamental" y que "el Gobierno español
ha hecho lo que tenía que hacer y con discreción", informa Efe.
Repsol YPF negocia para asegurar los 916 millones
invertidos en Bolivia
“El País” de España: Las compañías petroleras con
negocios en Bolivia han aceptado firmar nuevos contratos con el
Gobierno boliviano de Evo Morales y acatar el decreto de nacionalización
que otorga el control de los hidrocarburos a la empresa estatal YPFB.
Pero la negociación no ha terminado. La petrolera hispano argentina
Repsol YPF aún negociaba ayer en La Paz la letra pequeña del acuerdo
para asegurar los 916 millones invertidos en el país desde 1997. Las
multinacionales, con la brasileña Petrobras a la cabeza, se resisten
a ceder la propiedad de algunos activos.
El presidente boliviano Evo Morales, ha ganado la primera
mano de la partida. Entre el sábado y el domingo, al límite del
plazo de 180 días fijado en el decreto de nacionalización de
hidrocarburos aprobado en mayo, la decena de petroleras con negocios
en el país decidieron mantener su actividad en Bolivia y no desmentir
la leyenda de la gran pancarta bajo la que se firmaron los nuevos
acuerdos: "Evo cumple".
Pero la partida no ha acabado. La letra pequeña de los
nuevos contratos, en especial de los que deben firmar las dos primeras
empresas del país, la brasileña Petrobras (que controla el 43% de
las reservas bolivianas) y la hispano–argentina Repsol YPF (26%) está
aún por redactar.
De hecho, los representantes enviados por Repsol YPF a
Bolivia, Enrique Locutura y Carlos García, respaldados por el
secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, seguían
manteniendo contactos ayer, en el Ministerio de Hidrocarburos
boliviano, para cerrar el compromiso definitivo. Éste podría
demorarse días, según aseguraban fuentes de la empresa.
De acuerdo con el decreto de nacionalización, ambas
aceptan pagar más impuestos (hasta el 82% del valor de los
hidrocarburos que comercialicen asociadas a la estatal YPFB) y
traspasar la mayoría de las acciones de las sociedades a través de
las que operan en Bolivia (Andina, en el caso de Repsol y Petrobras
Energía y Petrobras Refinación en el caso brasileño.)
Pero dentro de ese marco, caben muchas cosas. Repsol YPF
quiere garantizar la rentabilidad de los 916 millones que ha invertido
en Bolivia desde 1997 y que le han permitido, sola o en asociación,
controlar siete yacimientos de exploración y 25 de explotación de
hidrocarburos.
Refinerías
Petrobras, por su parte, no quiere ceder la propiedad de
las dos refinerías que posee en el país. Según una nota hecha pública
por la compañía brasileña, "el asunto sobre el precio del gas
y de las refinerías brasileñas de propiedad de Petrobras no fue
tratado en el acuerdo". Petrobras quiere negociar una indemnización
por el traspaso de más del 50% de las refinerías previsto en el
decreto de mayo. Y que se realice una auditoría.
El arma de negociación de las multinacionales, potente,
es la necesidad de capitales que tiene Bolivia, el país más pobre de
América Latina. El Gobierno boliviano sabe que carece de recursos
para extraer el gas y el petróleo del subsuelo. Puede apretar y lo ha
hecho. Pero no puede ahogar. Las primeras compañías en firmar los
nuevos compromisos con el Gobierno Boliviano, la franco–belga
TotalFinaElf y la estadounidense Vintage (filial de Occidental, Oxy),
con escaso peso en el negocio, se han comprometido con contratos de
explotación y de inversión a 20 y 30 años, según se trate de
exploración y producción y con inversiones que rondan los 1.571
millones de euros. La clave es, por tanto, a qué se comprometen, en
dinero contante y sonante, los representantes de Repsol YPF,
Petrobras, British Gas, British Petroleum (Chaco), Pluspetrol y
Matpetrol (ambas argentinas), Shell y Ashmore (propietarias de
Transredes).
Con los contratos definitivos por cerrar, Repsol YPF hizo
pública ayer una nota muy escueta en la que destacaba que el acuerdo
"está en línea con el compromiso público del presidente de
Bolivia, Evo Morales, de garantizar un marco de seguridad jurídica
para sus inversiones, un principio que Repsol YPF considera
indispensable para el desarrollo de su actividad en el país".
"En este sentido" prosigue el comunicado "Repsol YPF
valora que los nuevos contratos garantizan la rentabilidad de las
inversiones realizadas hasta ahora en Bolivia, así como las que se
desarrollarán en el futuro".
Garantías
A las garantías, precisamente, se refirió también el
presidente Morales tras la firma de los nuevos compromisos con las
empresas. "Se va a respetar lo que siempre han pedido"
aseguró "la seguridad jurídica y jamás vamos a violar estos
contratos transparentes". Según Morales, hace dos años, la
renta que percibía el Estado por la explotación de los hidrocarburos
era de apenas 196 millones de euros. En 2005 subió a 392 millones y,
con los nuevos contratos, en cuatro años, la cifra se elevará a
3.142 millones de euros, lo que permitirá al país "resolver
nuestros problemas económicos y sociales".
Sobre España y dirigiéndose al alto cargo de
Exteriores, bernardino león, Morales, según Efe, destacó que es
"un socio estratégico en lo económico y político".
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Carlos
Villegas, admitió que "todavía falta un camino por
recorrer", en alusión a la redacción de contratos definitivos.
Brufau celebra la "seguridad jurídica" que
otorga el nuevo contrato firmado con el gobierno boliviano
“Europa Press” de España: El presidente de Repsol
YPF, Antoni Brufau, valoró hoy de forma positiva el acuerdo alcanzado
ayer con el gobierno de Bolivia para seguir operando en el país
porque crea un marco de "seguridad jurídica" para las
inversiones de la petrolera después de que después el pasado mes de
mayo el presidente Evo Morales anunciara la nacionalización de sus
hidrocarburos y diera un plazo de seis meses a las empresas que operan
en el país para renegociar sus contratos.
Brufau afirmó, durante una entrevista en Catalunya Ràdio,
que el contrato "tendrá muy poco impacto" respecto a los
planes que tenía Repsol antes del anuncio de Bolivia de su voluntad
de nacionalizar los hidrocarburos.
En todo caso, apuntó a que "será un impacto
positivo, en el sentido de que clarifica una situación de
inestabilidad del pasado y por lo tanto nos permite o nos debe
permitir realizar inversiones con la seguridad jurídica necesaria y
por tanto poner en valor los activos que ahora tenemos".
En la actualidad la compañía española, una de las que
más ha invertido en el país, posee derechos mineros sobre 32
bloques, siete de explotación con una superficie neta de 9.264 kilómetros
cuadrados y 25 bloques de explotación con un área de 2.174 kilómetros
cuadrados. Esta actividad genera 300 empleos directos y 3.000
indirectos.
Entre octubre de 1997 y marzo de 2006 la petrolera
invirtió 1.167 millones de dólares y se ha convertido en uno de los
mayores contribuyentes fiscales del país, con 1.275 millones de dólares
de aportes por concepto de impuestos directos, patentes sobre el
dominio minero y regalías y participaciones.
Además de Repsol, otras nueve empresas que operan en
Bolivia llegaron a un acuerdo de renegociación de sus contratos a
finales de la semana pasada, un paso que el Gobierno boliviano estima
reportará unos 4.000 millones de euros para el pueblo en los próximos
cuatro años.
Fue la negociación más compleja de todos los acuerdos
alcanzados con las multinacionales
Luego de 10 años, Petrobras firmó ayer un nuevo
contrato
“El Tribuno” de Argentina: La petrolera brasileña
Petrobras, que hace dos semanas cumplió diez años de actividad en
Bolivia, ayer aceptó firmar nuevos contratos en los términos de la
nacionalización decretada por el presidente Evo Morales, condición
que el mandatario estableció indispensable para seguir operando en
ese país.
Petrobras es una de las diez multinacionales que, entre
el viernes y la madrugada del domingo, suscribieron nuevos acuerdos
con el gobierno de La Paz, al terminar el plazo fijado en el decreto
de nacionalición del 1 de mayo pasado.
Los presidentes de Petrobras–Bolivia, José de Freitas,
y de Petrobras Energía, Gonzalo Villegas, firmaron los contratos de
exploración y explotación con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB). La compañía brasileña comenzó
actividades en Bolivia el 10 de octubre de 1996.
En 1974 los presidentes Hugo Banzer, de Bolivia, y
Ernesto Geisel, de Brasil, acordaron la venta de gas al segundo país,
pero el proyecto fracasó, y lo mismo les ocurrió una década después
al gobernante boliviano Hernán Siles y al brasileño Joao Baptista de
Figueiredo.
En 1991, directores de Petrobras acometieron con más
interés su vinculación energética a Bolivia y, junto con
empresarios de Brasil, llegaron a la Paz para acordar la venta del gas
boliviano a Sao Paulo y un contrato que tuvo varias versiones en 1993,
1994 y 1995, y una definitiva en 1998, que entró en vigor un año
después por 20 años.
Las inversiones
Se construyó un gasoducto de 3.069 kilómetros de
longitud, entre la localidad boliviana de Río Grande y las ciudades
brasileñas de Sao Paulo y Porto Alegre, con una inversión de 2.015
millones de dólares, 1.580 millones en el lado brasileño y 435
millones en el boliviano. Cuando se comenzó el gasoducto, las
reservas de gas en Bolivia eran de 4,5 billones de pies cúbicos, pero
las inversiones de las multinacionales permitieron el descubrimiento
de nuevos campos, hasta 48,7 billones de pies cúbicos, suficientes
para cubrir los compromisos de exportación y la demanda interna.
Desde 1996 Petrobras asegura haber invertido U$S 1.000
millones por sí sola y 500 millones más en sociedad con otras
empresas, como la hispano–argentina Repsol YPF.
Petrobras, Andina, filial de Repsol, y la francesa
TotalFinaElf son socias en los principales campos de gas boliviano,
"San Alberto" y "San Antonio", que producen el 70%
del gas que se exporta desde Bolivia a Brasil.
El 1 de mayo pasado, Morales nacionalizó la filial
Petrobras Bolivia Refinación, que controla las refinerías de petróleo
más grandes del país. En mayo, cuando se dictó la nacionalización,
Petrobras reaccionó sorprendida por la medida, que fue acompañada
por la ocupación militar de los campos y las refinerías que opera, más
vigilancia policial de sus oficinas en Santa Cruz.
Temas pendientes
La petrolera brasileña Petrobras, si bien firmó ayer un
nuevo contrato como operadora en Bolivia, aclaró en un comunicado que
el acuerdo no hace referencia a la situación de sus dos refinerías
en el país vecino.
"El contrato reglamenta las nuevas condiciones de
exploración y producción de gas en los campos de San Alberto y San
Antonio", según la nota de la petrolera brasileña, que es
controlada por el Estado pero tiene acciones negociadas en las bolsas
de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
"El asunto sobre el precio del gas y de las refinerías
brasileñas de propiedad de Petrobras no fue tratado en el
acuerdo", aclara la nota.
La empresa brasileña es la principal operadora
internacional en Bolivia y la más perjudicada por el decreto con el
que el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en su país.
Por fuerza de ese decreto, diez petroleras con
operaciones en Bolivia firmaron entre el viernes y el sábado nuevos
contratos para adecuar sus actividades a la reglamentación de la
nacionalización.
Petrobras llegó a un acuerdo con la estatal YPFB pocas
horas antes del plazo dado por Morales para que las petroleras
firmaran los nuevos contratos.
Petrobras dio un sí a Bolivia
“Página 12” de Argentina: Petrobras aceptó las
condiciones bolivianas y pagará más del 80 por ciento de utilidades.
Así lo explicó el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera.
La empresa brasileña reconoce que las condiciones "son muy
ajustadas", pero se quedará en el país. Queda por resolver el
precio de venta del gas y la propiedad de las refinerías en Bolivia.
Petrobras no se irá de Bolivia y ha aceptado las
condiciones exigidas por el gobierno de Evo Morales Ayma para seguir
explotando los yacimientos gasíferos más grandes del país andino.
Según explicó el vicepresidente boliviano a Página/12, con
Petrobras lo primero que se planteó fue garantizar el abastecimiento
boliviano al mercado paulista, cuyas industrias dependen casi por
completo del gas boliviano. Luego se buscó que la inversión de la
petrolera esté garantizada, así como la producción en los
megacampos San Alberto y Margarita, que concentran más del 70 por
ciento de la producción de gas. "Pero a la vez, en esos campos
también hay un gobernament take (participación del Estado boliviano)
bastante elevado, tal y como está consagrado el decreto de
nacionalización (82% de ganancias para Bolivia). Eso está concertado
y consagrado por el nuevo contrato", dijo García Linera, a solas
con este diario. Según explicó el vice, la renta petrolera boliviana
es una de las más elevadas del mundo, pero no afectará a las
inversiones, sino que las premiará. "La tabla diseñada por
nuestros técnicos garantiza que en un principio la empresa recupera más
dinero, pero cuando recupera todo lo invertido, se eleva el goberment
take y pasado los años supera el 80 por ciento. En resumen, el modelo
incentiva la inversión pero garantiza el ingreso muy elevado al
Estado. Con ella no sólo hemos garantizado la inversión en el país,
el abastecimiento interno y la provisión a Brasil y Argentina, sino
que también se logró –aunque muchos dudaban de la capacidad de
este gobierno– el contrato más favorable de nuestra historia
petrolera. Es un gran logro y es un proceso de consolidación,
legalización y ejecución práctica de la nacionalización que había
sido diseñada el 1º de mayo", dijo García Linera.
El vicepresidente coincide con el ministro de Minas y
Energía de Brasil, Silas Rondeau, que ayer aseguró en La Paz que
Petrobras se convierte en "prestadora de servicios" para
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Freitas destacó
en conferencia de prensa que el contrato que suscribió "está
muy bien negociado por el Estado boliviano" y calificó la
situación como "muy ajustada para Petrobras".
Sin embargo, según los técnicos bolivianos, Petrobras
ya ha recuperado su inversión en los denominados megacampos y por
ello el 18 por ciento de participación en el negocio es ganancia líquida
para la transnacional brasileña. Incluso el ministro brasileño
reconoció que con estas condiciones se garantizan las ganancias para
Petrobras, algo que fue ratificado por Decio Oddone, director para el
Cono Sur de la empresa petrolera y ex director del gigante consorcio
brasileño en Bolivia.
Pero las negociaciones no terminan acá, sino que los
jerarcas de Petrobras y de YPF Bolivia se verán las caras en los
siguientes meses, ya que falta por negociar el precio de exportación
del gas boliviano y la recuperación de la propiedad de las dos
refinerías más grandes de Bolivia, hoy en manos de Petrobras.
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