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Bolivia
y la sociedad de mentirosos
Por
Mauricio Ochoa Urioste (*)
Especial para Econoticiasbolivia, 31/10/06
El
escritor político y satírico irlandés Jonathan Swift (1667 –
1745) resumía el arte de la mentira política como "el arte de
hacer creer al pueblo falsedades saludables con vistas a un buen
fin". Pero para conferir a la mentira política la dignidad que
le corresponde en el firmamento de las Artes, debía ser elevada a la
categoría de sistema. Propuso, entonces, crear una "sociedad de
mentirosos" dedicada exclusivamente al engaño político. Para
llevar a cabo tan ambicioso proyecto debían cumplirse determinadas
condiciones: hay que poder contar, ante todo, con una masa de crédulos
dispuestos a repetir, difundir, diseminar por doquier las falsas
noticias que otros hayan inventado (1).
Algunos
protagonistas
En
Bolivia existen círculos de poder y realidades que pasan casi
desapercibidos en la cotidianidad. Es preciso, antes de desentrañar
los aspectos centrales de este abecé de la política boliviana,
comprender quiénes son algunos de sus protagonistas.
El
Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL) desde su fundación
agrupó a gente ligada al Comité Cívico de Santa Cruz y los partidos
y agrupaciones políticas de la derecha. Juan Carlos Urenda Diaz,
fundador del MNCL – reconocido por muchos como el ideólogo de las
autonomías departamentales en Bolivia – es asesor legal y político
del Comité Cívico de Santa Cruz. Urenda es además Past Presidente y
actual miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales
(ABEC). Otros miembros de la ABEC, son: José Antonio Rivera Santiváñez,
ex diputado nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC),
Jorge Asbún Rojas – abogado ligado a la multinacional TRANSREDES
S.A. y a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) –.
Actualmente
el equipo de asesores legales del Comité Cívico de Santa Cruz está
integrado – además de Urenda y Asbún – por el Past Presidente
del TC, Willman Durán Ribera, y el también ex magistrado del TC y ex
diputado nacional, René Baldivieso Guzmán. Este equipo de juristas,
bajo el rótulo de las "autonomías departamentales" tiene
el principal propósito de diseñar conjuntamente las estrategias
legales para la implementación de un régimen interno que privilegie
a los grupos de poder económico en la nueva Constitución boliviana.
Los vínculos estrechos entre este grupo de asesores y el TC, son la
principal razón que explica porqué el Comité Cívico de Santa Cruz
y las fuerzas parlamentarias de la derecha que son minoritarias en el
Congreso Nacional – Poder Democrático Social (PODEMOS), Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) – acuden a
éste todas las veces que no logran sus resultados esperados en el órgano
legislativo o el órgano constituyente.
Otro
fundador del MNCL, es Carlos Dabdoub Arrien, quien fue diputado
nacional, Past Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, candidato
a la vicepresidencia en las últimas elecciones generales por el
partido político UN, a la cabeza del multimillonario empresario
cementero, Samuel Doria Medina.
El
MNCL comprende dentro de su simbología un águila – similar al águila
nazi – y un mapa dividido de Bolivia en el que diferencia la
autodenominada "Nación Camba" y anacrónicamente el
"Alto Perú", y sostiene que "se conoce a Bolivia como
un país fundamentalmente andino, encerrado en sus montañas, una
especie de Tibet Sudamericano constituido mayoritariamente por las
etnias aymará–queschua, atrasado y miserable, donde prevalece la
cultura del conflicto, comunalista, pre–republicana, iliberal,
sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz)
practica un execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus
colonias internas, se apropia de nuestros excedentes económicos y nos
impone la cultura del subdesarrollo, su cultura" (2).
El
paulatino declive de los partidos de la derecha, la impopularidad del
modelo económico implementado en la década de 1980, son razones por
las que algunos antiguos protagonistas de la vida política boliviana,
como Jorge Quiroga Ramírez, Jaime Paz Zamora, y otros, obtuvieron
magros resultados en las últimas elecciones bolivianas, y por tal razón,
no aparecen habitualmente en el reparto de la política boliviana. En
estas condiciones, la derecha histórica se mimetiza hoy en el Comité
Cívico de Santa Cruz, algunos prefectos departamentales y otros comités
cívicos; todos los cuáles enarbolan con diferentes matices el mismo
discurso político regionalista, que en algunos casos tiene ribetes
discriminatorios, etnocéntricos y racistas.
En
el otro rincón de este escenario – aunque no precisamente en la
izquierda – se encuentra Evo Morales. Un asambleísta del Movimiento
al Socialismo (MAS), al referirse al llamado entorno "blancoide
mestizo" del Presidente Morales dijo que éste no se adecua a la
transformación social, y enfatizó: "tenemos un inca en el
poder" (sic). Sin embargo, Evo Morales Ayma, pese a haber nacido
en el seno de una familia relativamente pobre, lejos de encarnar la
cultura autóctona de los pueblos precolombinos, no habla el aymara ni
el quechua – lenguas en las que ha demostrado falta de comprensión
oral y fonética –, no radicó jamás cerca de las orillas del Lago
Titicaca donde se desarrolló la cultura tiawanacota y tampoco viste a
la usanza de los indígenas aymaras o quechuas. En su actividad, además
de haber sido dirigente social de los cultivadores de la hoja de coca
del Chapare – que son pequeños productores y propietarios de
parcelas en el Trópico de Cochabamba – fue trompetista en una banda
de músicos del carnaval de Oruro, que es una fiesta expresiva del
sincretismo cultural realizada cada año en devoción a la Virgen del
Socavón. Morales asistió desde niño a la escuela pública y cursó
el ciclo de educación media en la ciudad de Oruro – una de las
principales capitales de Bolivia a lo largo del siglo XX, debido a la
explotación del estaño – donde aprendió a leer y escribir el
castellano; no obstante en las décadas pasadas un altísimo
porcentaje de la población boliviana era todavía analfabeta y muchos
no tenían condiciones económicas para acceder siquiera a la educación
primaria. Por último, el presidente Evo Morales es practicante asiduo
del fútbol soccer, al punto que invitó a sus pares latinoamericanos
a jugar con él un partido en el estadio "Patria" de la
ciudad de Sucre, antes de la inauguración de la Asamblea
Constituyente (3), y según se conoce, habría gestionado la transmisión
abierta en Televisión Boliviana del último Mundial de Fútbol
realizado en Alemania el año 2006.
En
lo político, Evo Morales considera de imperiosa necesidad "hacer
buenos negocios" con las multinacionales y empresarios privados,
y sobre todo, garantizarles "seguridad jurídica". Aunque
alaba con frecuencia a Fidel Castro y Hugo Chávez, en la práctica es
defensor acérrimo de una nueva teoría social, bautizada con el
nombre de "capitalismo andino – amazónico". Cercanos
asesores de Morales, como David Choquehuanca y Alvaro García Linera
– Canciller y Vicepresidente de la República, respectivamente – más
de una vez expresaron públicamente sus diferencias respecto al
socialismo.
Las
leyendas negras en la política boliviana
Usualmente
el significado de "leyenda negra" se atribuye a cualquier
opinión desfavorable y generalizada sobre alguien o algo,
generalmente infundada. En esta acepción, la leyenda negra sería la
sistematización de ciertas mentiras repetidas en el transcurso del
tiempo, que una vez "internalizadas" en la sociedad, son
consideradas como verdades inobjetables, sin fundamentos reales o
racionales.
Las
leyendas negras propagadas recientemente en la política boliviana se
resumen en la supuesta oposición histórica, política y cultural
entre "cambas" y "collas", "oriente" y
"occidente", e "indígenas originarios" y
"blancoides – mestizos". La vacuidad de estos maniqueísmos
es patente en las siguientes aclaraciones lingüísticas, históricas
y sociales.
En
primer lugar, "colla" y "camba" son bolivianismos
reconocidos como tales en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, que no dejan de ser clichés harto imprecisos.
"CAMBA 1. m. Bol. Indio o mestizo del oriente de Bolivia. 2. m.
Bol. Persona o forma de vida típica de esta región. COLLA 1. com.
Bol. Persona que habita en las mesetas andinas. 2. com. Bol. Persona
que ha nacido o vive en la región occidental de Bolivia" (4).
Luego, un hijo de padres alemanes, nacido en Beni, bailarín en el
Carnaval de Oruro y residente en la ciudad del Pagador ¿es colla o es
camba?. Un hijo de padres tarijeños, nacido en La Paz, de oficio
siringuero, residente en Pando, ¿es colla o es camba? Además, el
Kollasuyo – que originaría el bolivianismo "colla" – no
existe hace siglos. En este acostumbrado uso novelesco y medieval de
la lengua, nadie, sin embargo, llama "realistas" a los
ciudadanos de tez blanca, o "tiawanacotas" a quienes viven a
orillas del Lago Titicaca (5). El constante flujo migratorio occidente
– oriente, oriente – occidente, campo – ciudad, e inmigración
de ciudadanos extranjeros, configura un mosaico de diversas
identidades culturales en todo el territorio nacional, siendo así,
que al ser estas sociedades pluriculturales y multiétnicas por
antonomasia, no es posible homogeneizar su comportamiento social en
bloques departamentales o regionales.
En
segundo lugar, si bien existen comunidades indígenas y campesinas con
derechos colectivos propios y una base cultural y organización política
y social diferenciada en el país – que no siguen precisamente
pautas centenarias; por el contrario, han adoptado en mayor o menor
medida normas, costumbres y mores propios de la modernidad – un
elevado porcentaje de la población boliviana se siente mestiza. Ello
se acentúa gradualmente con la movilidad social propia de la migración
campesina – debido a esta migración la sociedad boliviana es
eminentemente urbana – la modernización de las zonas rurales, el
incremento del ingreso per cápita en el campo, etc.
Pero
el mestizaje y la migración son fenómenos sociales incluso
anteriores a la época colonial. Los pueblos precolombinos mantuvieron
sangrientas guerras contra otros colindantes, siendo paradigmáticas
la invasión del Imperio Incaico – con sede en Cuzco, actual República
de Perú – a los aymaras, y el sometimiento de la etnia Uru por los
aymaras y luego por los incas. Manuel Gamio, primer director del
Instituto Indigenista Interamericano, cuando ya llevaba más de dos décadas
al frente de esta institución, escribía lo siguiente: "... hay
una cuestión pendiente que es de capital importancia para el
indigenismo y ha sido objeto de discusión desde hace años y en
especial desde que se fundó el Instituto Indigenista Interamericano,
pero que hasta la fecha no ha podido ser satisfactoriamente resuelta.
Esa cuestión implica tres preguntas que parece fácil contestar, pero
que no lo es en realidad: ¿Cuántos, quiénes y cómo son los
habitantes de América que deben ser propiamente conceptuados como indígenas?"
(6).
Tampoco
se puede prescindir el hecho que muchos ciudadanos – que bien podrían
ser etiquetados de "indígenas" u "originarios"
– internalizaron las pautas de la burguesía occidental y en otros
casos son grandes capitalistas que concentran vastos sectores de la
economía boliviana. Además, frecuentemente éstos al alcanzar cierto
estatus social y económico – al igual que otros grupos étnicos –
discriminan a gente con rasgos hereditarios comunes, por su simple
falta de instrucción o pobreza (7). Por consiguiente, el racismo, la
discriminación y la xenofobia en Bolivia, son manifestaciones que no
se limitan a la oposición blanco – indígena; por el contrario, se
patentiza en otras relaciones: indígena – blanco, indígena – indígena,
mestizo – indígena, indígena – mestizo, etc. El factor
predominante y real de toda forma de discriminación es, en todo caso,
la condición económica y social.
Los
fines detrás de las leyendas negras
Mientras
algunos sectores del MAS justifican la creación de un Estado con
hegemonía indígena (8) y el privilegio de ciertos habitantes
"indígenas" para ocupar altas funciones de gobierno –
bajo el emotivo eufemismo de la "descolonización cultural"
– por encima de cualquier identidad programática o ideológica, con
la finalidad de preservar el electorado obnubilado por románticas añoranzas
ancestrales y, más precisamente, el liderazgo político de Morales en
determinadas organizaciones de pueblos indígenas del continente
americano; sectores empresariales y prefectos departamentales, a la
cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y afines a las fuerzas políticas
PODEMOS, MNR y UN, entre otras, en base a la socialización de la novísima
"Nación Camba" o "Media Luna" repulsiva del
llamado "andinocentrismo", o la simple regionalización a
ultranza del debate constituyente, pretenden privilegiarse mediante
autogobiernos departamentales capaces de autorizar la negociación de
empréstitos, la enajenación de bienes y celebración de contratos
que comprometan las rentas petroleras del Estado boliviano, y definir
planes migratorios para la utilización de la tierra y de los recursos
naturales del país (9).
En
este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz – organización
financiada principalmente por cooperativas de servicios públicos,
empresarios agroindustriales, ganaderos y multinacionales – se
atribuye la calidad de sumo intérprete de la Constitución Política
del Estado (CPE) y las leyes de Bolivia. Así, justifica sus acciones
como expresiones de defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos
cruceños, sin los cuales cedería el paso a formas de totalitarismo.
Sin embargo, sus principales reivindicaciones y propaganda carecen de
sustento legal. Por el contrario, su discurso tiene como base meras
tergiversaciones lingüísticas del derecho y la jurisprudencia
constitucional, y planificadas argucias legales que son instrumentadas
por equipos de abogados y políticos influyentes en el sistema
judicial y los mass media (10).
Esta
organización – juntamente con la asociación neofascista MNCL, las
fuerzas políticas de la derecha, algunos prefectos departamentales y
otros comités cívicos – intenta detener cualquier reforma política,
económica o social que merme los privilegios económicos de sus
afiliados, entre los cuales, se encuentra con notoriedad, la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que comprende a las multinacionales
petroleras asentadas en el país. Asimismo, existen otras asociaciones
y gente ligada al Comité Cívico de Santa Cruz poseedores de
inconmensurables extensiones de tierras, que en una significativa
porción, fueron distribuidas a título gratuito por padrinazgos de
gobiernos democráticos y de facto en décadas pasadas.
En
consecuencia, el Comité Cívico de Santa Cruz, lejos de representar
genuinamente los intereses de la población cruceña, o ser, como se
llama a sí mismo, el "gobierno moral de los cruceños" –
sus autoridades nunca fueron electas por sufragio universal – en
rigor es una agrupación política que tiene el principal propósito
de crear autogobiernos regionales capacitados para mantener y en otros
casos ampliar los privilegios de ciertos grupos empresariales
nacionales y extranjeros, tras la pérdida de legitimidad y de poder
de los partidos políticos tradicionales y la avanzada de las luchas
sociales desde el año 2003, que provocaron, finalmente, la renuncia
de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert.
Los
actuales prefectos departamentales, elegidos mediante una insólita
elección para la selección de prefectos – para burlar el art. 109
de la Constitución Política del Estado (CPE) se procedió a su
elección mediante sufragio universal, pero fueron designados de todas
maneras por el Presidente de la República – no obstante son, según
el texto constitucional, representantes del Poder Ejecutivo, con la
excepción de los prefectos departamentales de Chuquisaca, Potosí y
Oruro, desde su designación pretenden consolidarse como un creciente
contrapoder del Presidente de la República, a partir de decisiones o
declaraciones personales o conjuntas inconsultas y ajenas al ámbito
de sus competencias.
Los
medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la fabricación
de mentiras de estos grupos de poder. Los "neologismos" –
como la novedosa "Media Luna" – y la propaganda usada en
los titulares de los periódicos, canales de televisión,
radiodifusoras y otros medios de prensa, tienen básicamente dos propósitos,
a saber: la regionalización del debate político, incluso a partir de
la propalación subliminal de infundados discursos etnocéntricos,
racistas y discriminatorios; y por otro lado, conferirles a los comités
cívicos y los prefectos departamentales la calidad de interlocutores
válidos de la vida política boliviana, pese a que, como se dijo
anteriormente, los comités cívicos no gozan de ninguna representación
política legalmente constituida y los prefectos departamentales son
parte del Poder Ejecutivo.
Por
otra parte, la administración de Evo Morales decretó reformas de
algunas normas jurídicas aprobadas con anterioridad; sin embargo, el
Parlamento no cambió sustancialmente, hasta ahora, ninguna ley orgánica,
ordinaria o impositiva, debido, primordialmente, a los obstáculos
impuestos por la derecha en el Senado Nacional, y en otros casos, a
consecuencia de la falta de una visión programática e ideológica
común en la bancada parlamentaria del MAS.
Además,
el equipo económico del Gobierno en sus ocho meses de gestión aceptó,
entre otras cosas: 1) nuevas fuentes de financiamiento con los
organismos de cooperación internacional; 2) mantener una férrea
disciplina fiscal; 3) la jurisdicción de un tribunal de arbitraje
internacional dependiente del Banco Mundial para el arreglo de
diferencias con los inversores externos; 4) flexibilizar el decreto de
"nacionalización" de los hidrocarburos en lo referente a la
comercialización de crudo por parte de YPFB; 5) postergar el cobro de
participaciones adicionales de la renta petrolera; 6) prorrogar el
impuesto a las transacciones financieras (ITF); 7) dotar de tierras
ignotas e improductivas a campesinos, quedando incólumes los
latifundios; 8) reconocer los contratos y las rentas impuestas a las
multinacionales mineras en anteriores gestiones; 9) acelerar la
inversión extranjera en la mina San Cristóbal – la tercera mina de
plata más grande del mundo –; 10) continuar con el régimen
tributario minero ampliamente favorable para los empresarios del
sector, que se traduce en la no modificación del Impuesto
Complementario de la Minería (ICM) y el canon de arrendamiento de 1%
del valor neto de la producción en las concesiones de centros mineros
productivos de COMIBOL; 11) proseguir con la política de erradicación
forzosa de la hoja de coca, etc.; todo lo cual sugiere que no existe
un cambio fundamental en la aplicación de recetas del Fondo Monetario
Internacional expresadas en el Consenso de Washington.
En
el campo de la lucha contra la corrupción, el control gubernamental y
la transparencia en la administración pública, tampoco existen
avances significativos. La Ley de Juicio de Responsabilidades contra
Altos Dignatarios de Estado aprobada en la gestión de Sánchez de
Lozada no ha sido reformada, como tampoco la Ley del Sistema de
Administración, Fiscalización y Control Gubernamental, siendo
evidente que la carencia de legislación procesal y administrativa
adecuada, en la práctica impide la tutela del Estado frente a
responsabilidad penal, civil o administrativa en la que incurren los
funcionarios públicos.
En
relación a la discriminación, racismo y xenofobia, hasta la fecha no
existe ninguna iniciativa legislativa orientada a sancionar estas
conductas.
Por
último, la llamada "nacionalización de los hidrocarburos",
pese a sus innegables beneficios económicos para el erario público,
strictu sensu es una reforma sectorial reglamentaria de la Ley de
Hidrocarburos promulgada por el ex Presidente Carlos Mesa, que no
expropia ninguna propiedad privada, ni mucho menos monopoliza la
explotación estatal de la industria petrolera en el país. La
denominada "revolución agraria", es un conjunto de normas
jurídicas diseñadas por el Poder Ejecutivo, que mantienen casi
inalterable la antigua ley INRA promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada, y posibilita la continuación del latifundio y otros
privilegios de empresarios agrícolas y ganaderos.
En
los hechos, Evo Morales, los comités cívicos y las fuerzas políticas
de la derecha, salvaron en el pasado muchas diferencias que parecían
irreconciliables mediante pactos políticos, muchos de los cuales eran
claramente inconstitucionales. Cabe citar como ejemplos de estos
acuerdos: a) el referéndum nacional sobre las autonomías
departamentales y la convocatoria a la Asamblea Constituyente; b) la
elección para la selección de prefectos; c) el apoyo casi unánime a
la sucesión presidencial de Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez
Veltzé; d) el acortamiento del mandato de los parlamentarios el año
2005 – que derivó en la asunción de Morales como presidente –;
e) la aprobación parlamentaria de la vigente Ley de Hidrocarburos; f)
la contratación con la multinacional Jindal Steel & Power para la
explotación del Mutún – uno de los más importantes yacimientos de
hierro y manganeso del mundo –; etc.
En
términos globales, pese a que el gobierno de Evo Morales pretende
matizar sin muchos riesgos algunas políticas sociales y económicas
de gobiernos anteriores; a nivel mediático, los grupos de poder económico
dieron pasos importantes para obtener nuevas formas corporativas de
representación y de decisión política que aseguren el mantenimiento
de sus privilegios. El culto a Morales, la inflación de propuestas
electorales incumplidas por el Presidente de la República, sumado a
la falta de un horizonte común y de nuevos líderes en la izquierda
boliviana, también previene la posibilidad que se revitalice el ámbito
electoral y representativo de los partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas de la derecha histórica, aunque para ello utilicen nuevas
siglas o denominaciones, e incluso repitan el discurso demagógico y
populista de Evo Morales.
En
efecto, es paradigmático el apoyo de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y medios de comunicación de la derecha histórica
al llamado "proceso de nacionalización" de Evo Morales,
considerado por estos sectores como un auténtico logro del
"pragmatismo político". Este respaldo de la derecha histórica
a la llamada "nacionalización" de Morales no debería extrañar
a nadie, toda vez que ya en la campaña electoral del año 2005, Jorge
Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina propusieron exóticas variantes
"nacionalizadoras": mientras para el primero este concepto
se traducía en la nacionalización de los "beneficios" de
la explotación del recurso natural; para el segundo significaba un
"proceso por etapas".
Resulta
claro, en todo caso, que Evo Morales, Jorge Quiroga Ramírez, y Samuel
Doria Medina, tergiversaron a su manera el sentido propio de la
nacionalización de la industria petrolera.
Conclusiones
Algunos
sectores del MAS pretenden encumbrar a Evo Morales como el caudillo
histórico de los indígenas y consolidarse en el campesinado y los
clases populares, para mantener su poder político; paralelamente, los
comités cívicos, los prefectos departamentales y los partidos políticos
de la derecha registrados en la Corte Nacional Electoral – PODEMOS,
MNR, UN, entre otros – intentan desesperadamente preservar sus
ventajas económicas y espacios de control social en determinadas
regiones del país y la burguesía urbana. La misión de estos grupos
es – paradójicamente – común, y se resume en la máxima
"dividir para reinar"; no obstante sus tesis y prácticas
distan mucho de ser medianamente revolucionarias (11), mientras otras
carecen de racionalidad para propulsar una eficiente política económica
o social, y responden, por el contrario, a manifiestos intereses
particulares.
En
este clima beligerante de luchas intestinas por el poder, se merma
constantemente la dimensión ética, social, programática e ideológica
de la política. La repetida propalación de imposturas culturales,
históricas y sociales, en un plano real significa la exteriorización
de la retórica sofística, las ideas de Anacarsis y de Trasímaco de
Calcedonia, y contemporáneamente de "El Príncipe" de Nicolás
Maquiavelo; todo lo cual es una cortina de humo para lograr provechos
personales y corporativos, y paralelamente, simplificar los problemas
esenciales que afronta la sociedad boliviana.
Sin
embargo, éstas son, posiblemente, simples expresiones de la mentira
política de un país tercermundista, en medio de un mundo que se vale
con mayor frecuencia de instrumentos más sofisticados para este
cometido. Con acierto escribía Jean–Jacques Courtine de la
Université Nouvelle Sorbonne–Paris III, en la introducción de
L'Art du mensonge politique (El arte de la mentira política) que el
siglo XX fue el de una nueva era de la mentira, la tecnológica.
Conoció, asimismo, la invención de unas formas inéditas de la ilusión
política, unas formas enormes, inimaginables. Mentiras producidas a
gran escala, por unas burocracias ante las cuales la sociedad de
mentirosos soñada por el autor del panfleto del siglo XVII se queda
en una simple tribu primitiva o, mejor, una corporación medieval: no
ya una cofradía de mentirosos sino un Ministerio de la Verdad
enteramente dedicado, como supo vislumbrar George Orwell, a fabricar
Mentira.
Notas:
(*)
Abogado, investigador de la ciencia jurídica y escritor
independiente.
1. Vid. COURTINE, Jean–Jacques, L'Art du
mensonge politique, Edit. Millon
Jerome, París, 1993.
2.
Vid. http://www.nacioncamba.net/quienesomos.htm
3.
Vid. http://www.lapatriaenlinea.com/content/view/4614/57/
4.
Diccionario de la Real Academia Española, en http://www.rae.es/
5.
Los usos peyorativos de las palabras "camba" y
"colla" son frecuentes en espectáculos deportivos, mitines
políticos e incluso en carnaval. Contemporáneamente, han surgido
verbos vernáculos como "cambear" que en palabras usuales
significa "buscar mujeres de escasos recursos económicos para
mantener relaciones sexuales".
6.
GAMIO, Manuel, Consideraciones sobre el problema indígena, Instituto
Indigenista Interamericano, México, 1966, p. 175–176.
7.
La literatura y el cine nacionales ejemplifican con maestría esta
dicotomía social, verbigracia, la obra teatral "Me avergüenzan
tus polleras" de Juan Barrera Gutiérrez; o la representación de
Jhony en el filme "Chuquiago", del cineasta Antonio Eguino.
8.
Cuando se le consultó al asambleísta del MAS Raúl Prada cuál es el
tipo de Estado que propone el partido de Gobierno, respondió:
"El MAS busca un Estado pluricultural, con hegemonía indígena".
Vid. http://www.laprensa.com.bo/20060731/politica/politica04.htm
La
norma constitucional vigente prescribe que Bolivia es un Estado multiétnico
y pluricultural – art. 1 CPE –. Asimismo, su art. 171 establece
que "se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que
habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus
tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores,
lenguas, costumbres e instituciones. El Estado reconoce la
personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de
las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de
las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de
administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y
las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las
atribuciones de los Poderes del Estado".
9.
Cfr. Propuesta de Reforma del Texto Constitucional para Estructurar el
Estado Autonómico, en
http://www.constituyentesoberana.org/autonomiasdepartamentales/comiteprosantacruz/
consejo%20preautonomico%20de%20scz.pdf#search=%22propuesta%20consejo%
20preautonomico%20bolivia%22
10.
OCHOA URIOSTE, Mauricio, El Comité Cívico de Santa Cruz y el Estado
de Derecho, en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=38147 ó
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=034724. También puede
consultarse este ensayo jurídico en lengua italiana, en
http://www.selvas.org/newsBO1506.html
11.
Cfr. PETRAS, James, Evo Morales y Bolivia: Gestos populistas y fondo
neoliberal, en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25141
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