Después
de la firma de los nuevos contratos con las multinacionales
Cinco
claves para entender la falsa nacionalización del gas
Por José Luis Rojo, en base a datos de Martín Camacho y
Carla Punkoya
Socialismo o Barbarie, periódico, 23/11/06
“Con estos contratos queremos resolver los problemas del país,
sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin expulsar a nadie, esa
es la nacionalización sin indemnización (...) Respetamos la
seguridad jurídica y jamás vamos a violar estos contratos
transparentes”. (Evo Morales)
En la declaración de Socialismo o Barbarie Bolivia
publicada poco después del 1° de Mayo del 2006, dimos una definición
precisa de la “nacionalización” de Evo Morales decretada ese día:
la definimos como una renegociación de los contratos SIN
expropiación de las multinacionales cuyos objetivos centrales eran
aumentar los ingresos fiscales del Estado y tener un mayor control y/o
regulación sobre el negocio gasífero. Es decir, de ninguna
manera una auténtica nacionalización como pretendió ser vendida.
Esto ha sido confirmado totalmente el 29 de octubre pasado cuando
fueron firmados los nuevos contratos entre el gobierno de Morales y
multinacionales como Petrobras, Repsol, Shell, Amoco y otras que
monopolizan la producción del gas en el país andino.
En lo que sigue, presentaremos sintéticamente 5 claves
para entender el verdadero carácter de la “nacionalización” de
Morales y Linera.
No hay verdadera
nacionalización
Contra viento y marea del impresionismo de casi todas las
corrientes de izquierda que definieron la puesta en escena del
gobierno del MAS como “un paso adelante”, un “triunfo histórico”,
una “auténtica nacionalización”, desde SoB Bolivia tomamos desde
el comienzo distancia esta medida
por lo que de “parcial”, “ficticia” e incluso
“tramposa” la misma tenía, con más contenido de “concesión”
y “trampa” que de conquista como subproducto de la lucha popular.
Denunciamos que el objetivo central de Morales y Linera era
lograr un sustancial aumento de los ingresos fiscales del Estado
por la extracción y producción del gas; pero de ninguna manera
expropiar a las multinacionales y hacerse cargo del proceso productivo
que quedaría en manos de las multinacionales.
No es casual que ahora Morales haga alarde de que se trata
de una “nacionalización sin indemnización”, claro está con el
“pequeño detalle” de que no hay indemnización sencillamente
porque lo que ha ocurrido en Bolivia no es... ninguna verdadera
nacionalización.
Por el contrario, lo que se ha hecho es forzar a las
empresas a una renegociación de los contratos con el objetivo de que
el Estado boliviano pueda obtener más recursos por la explotación
del gas. Y, en todo caso, que el gobierno pueda arrogarse un mayor
control político sobre la operación del negocio, exigencias éstas
inevitables si de lo que se trata es de afirmar el gobierno sobre la
base de un país que ha vivido una tremenda rebelión popular.
En estas condiciones, la firma de los contratos petroleros
el 29 de octubre pasado (fecha límite estipulada por dicho decreto
para la “migración” de los mismos) viene entonces a confirmar
completamente lo que dijimos seis meses antes (ver SoB periódico
N° 79 del 19/05/06): en síntesis, que no se trataba de ninguna
verdadera nacionalización, ni burguesa ni anticapitalista.
Los activos siguen en
manos de las multinacionales
Como
venimos señalando desde mayo afirmamos que la medida tomada por
Morales no significaba una verdadera expropiación. Esto era muy
sencillo visualizarlo (y los nuevos contratos lo vienen a confirmar): los
activos más importantes de las empresas extranjeras de ninguna manera
han pasado a manos del Estado. Razón por la cual, el núcleo básico
del proceso productivo, es decir, la extracción del gas y el petróleo
ha quedado en manos de
las multinacionales, ahora legalizado con los nuevos contratos. Por
comparación (como ya hemos planteado en la nota 2) podemos decir que
cuando se trata de una nacionalización burguesa, las empresas sí
pasan realmente a manos del Estado, pero son indemnizadas. Cuando se
trata de una auténtica expropiación, no solo no hay indemnización,
sino que además las empresas son inmediatamente puestas bajo control
y/o administración obrera.
Pero
nada de esto ha ocurrido en Bolivia. Lo único que se declaró
“nacionalizado” (que estaba ya contenido en la propia Constitución Política
del Estado de Sánchez de Losada), es que el fluído gas como tal, el
recurso natural, es de “propiedad estatal”, lo que es propio de
todas las constituciones burguesas que en hay en el mundo (en nuestro
país, los “dueños” del recurso natural, son los estados
provinciales). Pero claro está, esto carece en realidad de todo
efecto práctico en la medida que el proceso productivo para extraer
el gas del subsuelo... sigue siendo propiedad (es decir, estando en
manos) de las empresas imperialistas.
No se llega siquiera a
configurar elementos de un “capitalismo de Estado”
Porque el “capitalismo de Estado” es sencillamente una
cantidad importante del PBI y las empresas en manos del estado
capitalista. Es el caso de PDVSA en Venezuela que produce el 80% del
PBI de ese país y está controlada por Chávez.
Es en este marco que se debe comparar con la pregonada
“refundación” de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de
Bolivia) por parte del gobierno del MAS. Porque el gobierno de Morales
echó a rodar el proyecto de “refundar” esta empresa a partir de
la “reversión al estado” del 50% mas una de las acciones de una
serie de compañías llamadas “capitalizadas” (en manos de Fondos
de Pensión) que operan entre el 6 y el 12% de la extracción del gas.
También planteó el traspaso al estado de “Transredes”,
otra empresa capitalizada bajo la misma modalidad que se ocupa de la
distribución del gas dentro de Bolivia (paso todavía no consumado).
Y Solís Rada (el echado Ministro de Hidrocarburos que anunció junto
con Evo la “nacionalización” el primero pretendió hacer lo
propio con las dos únicas empresas de refinación de petróleo que
hay en Bolivia (en manos de Petrobras) y que refina el fluido
destinado al consumo interno del país.
Estas
últimas medidas (para colmo no consumadas) parecerían
“contradecir” el subtítulo que encabeza este punto, pero no es así.
Se trata de una serie de medidas que tienen dos objetivos: por un
lado, darle al Estado un cierto terreno de intervención y regulación
(así sea con una porción muy menor de la producción de gas) en
el negocio; así como darle también un terreno de control
respecto de la distribución y comercialización del gas y el petróleo
en el mercado interno. Es decir, medidas más bien políticas que
realmente económicas (aunque tienen una cierta base económica
menor), pero que no llegan a transformar realmente al Estado en un
actor económico propiamente dicho.
En
síntesis, se trata de medidas timoratas que oscilan entre una
cierta orientación de capitalismo de Estado y un contenido –si se
quiere mayor– de intervención política del Estado para regular los
precios del gas sobre todo en lo que hace al mercado interno. Es
decir, al efecto que puedan tener los precios sobre la población.
No hay verdadera
industrialización
Esta
es otra cuestión de enorme importancia. Nuevamente como en el caso
del ciclo de la plata o el estaño, lo que se lleva a cabo en el país
es la extracción del recurso mineral: es decir, la parte más
“penosa” del proceso productivo como denunciaba Zavaleta Mercado
(esto es así sobre todo en la minería; aunque no tanto en el gas y
petróleo, pero sirve a modo “ilustrativo”). Es decir: la que
requiere más esfuerzos y tiene menor valor incorporado. Siendo mas
concretos: en el negocio del gas la extracción del fluído
significa la obtención de la mera materia prima. Luego de este
paso viene la separación de los distintos gases, la refinación y
otro tipo de procedimientos industriales que dan lugar a los distintos
productos que van al consumo. Desde ya que es obvio que el gas extraído
como tal es el más barato y que los distintos procesos de
industrialización van agregando valor y precio.
Pero
como en el caso de la minería en la revolución del ‘52, no
casualmente el levantamiento de Octubre del 2003 exigió la
industrialización del gas en manos bolivianas. Pero el gobierno
de Morales tampoco va a cumplir con esta elemental exigencia.
En lo esencial, los contratos de venta de gas con Argentina y Brasil
(que se llevan la parte del león de la producción; el resto es lo
que queda para el mercado interno) es la venta de gas en
“bruto”; es decir, la venta de la materia prima. Siquiera en
el caso del mercado interno del propio país todavía está
garantizado de que las dos refinadoras ya señaladas pasen a manos de
YPFB.
Lo que queda: un mero
aumento de los ingresos fiscales, pero muy por debajo del alardeado
82%
Finalmente, incluso en el propio terreno del alardeado
aumento de los impuestos y regalías cobrados a las empresas por el
Estado, “no todo lo que reluce es oro”.
Se recordara que por el decreto del 1ª
de Mayo el gobierno aumento la carga impositiva a los dos yacimientos
mas importantes en manos de Petrobras (San Albano y San Alberto) al
82% de la producción bruta del fluido dejando el 18% restante en
manos de la empresa. En los contratos recientes estos porcentajes se
transformaron en muy “variables” teniendo toda una serie de
determinaciones, condicionamientos, licencias, etc, que hay que ver en
cada caso.
Sin embargo, si hay un dato certero: aunque significa un
aumento real en los ingresos fiscales del Estado, incluso esta limitadísima
medida viene con “trampa”.
(5). Porque las regalías e impuestos se cobran sobre el precio
fijado del fluído (por una unidad de medida llamada BTU). Y
“sorprendentemente”, el precio tope fijado en el caso argentino
(Brasil quiere uno menor todavía no establecido) para esta unidad de
medida es de 5 dólares el BTU cuando en el mercado internacional un
gas de la pureza del extraído en Bolivia (es decir, sin azufre, como
es el caso del venezolano) oscila entre 9 y 10 dólares esa unidad de
medida. Desde este punto de vista, está claro que para las
multinacionales es pingüe negocio: porque al ser empresas como
Petrobras y Repsol exportadoras e importadoras a la vez del gas (están
de los dos lados de la frontera) es obvio que lo pueden “comprar”
(a sí mismas) al precio tope acordado con el Estado boliviano y no
tienen ningún límite para revenderlo al doble de este valor (por
no hablar de lo que pueden agregar de valor con la industrialización)
¿Qué significa esto?, muy sencillo: no hace falta ser un
especialista en matemáticas para darse cuenta que incluso si llegaran
a pagar el impactante porcentaje del 82% de impuestos sobre la
producción bruta del gas... esa cifra se reduciría a la mitad sólo
con que las empresas revendan el gas al doble del valor con que
lo compraron (y, nuevamente, sin que agreguemos aquí el aumento
del valor por la industrialización). Esto último es una de las
tantas razones por las cuales las multinacionales están que “bailan
en una pata” luego de la firma de los nuevos contratos.
En síntesis,
la reivindicación y lucha por una auténtica nacionalización del gas
sigue siendo una tarea
pendiente del proceso revolucionario boliviano, la que no se podrá obtener de la
mano de ningún gobierno de conciliación de clases al frente del
estado burgués,
sino de la mano del poder de los obreros y campesinos.
.-
Esto sin menoscabo de que afirmábamos la defensa de la posición
soberana de Bolivia frente a eventuales ataques de las empresas
multinacionales. Pero planteábamos esto sin caer en titulares
catástrofe del estilo de “Defendamos a Bolivia” como el PO
argentino cuando lo que se abría era un regateo y no ningún
enfrentamiento real. Ni en comparaciones ridículas del estilo del
MES brasilero que comparaba la falsa “nacionalización” de Evo
con la real de Cárdenas en México (en el año 1938) y que dio
lugar a un boicot de parte del imperialismo inglés... Está claro
que nada de esto se ha visto ahora. También el PSTU cambió
su declaración inicial (más circunspecta) pasando al apoyo a
Evo; el MST e Izquierda Socialista –claro está– saludaron
a-críticamente la “nacionalización”. E incluso el PTS
argentino la definió erróneamente como “un paso adelante”,
aunque luego correctamente se delimitaron de ella.
.-
La característica de las verdaderas nacionalizaciones
burguesas es que hay expropiación pero se indemniza a las
multinacionales. Por otra parte, la nacionalización que
impulsamos los socialistas revolucionarios, la que es
verdaderamente anticapitalista, es la que se lleva a cabo sin
indemnización y con la puesta inmediatamente bajo control y/o
administración de los trabajadores.
.-
Luego
de pretender imponer esta limitada medida, termino cayendo de su
puesto y las dos refinadoras siguen en manos de la empresa
“brasilera”.
.-
Ya
hemos denunciado en estas páginas la entrega del yacimiento de
hierro del Mutún a una multinacional de la India y su NO
industrialización en Bolivia salvo de una ridícula cantidad del
mineral extraído.
.-
Parecería
que el gobierno de Morales no puede dejar de hacer nada sin dar
completamente vuelta el contenido de las medidas que
verdaderamente toma. Anuncia una nacionalización que no configura
ninguna verdadera nacionalización; anuncia una reforma agraria
que si bien “polariza” los ánimos no implica verdaderamente
liquidar los latifundios aunque el gobierno lo anuncie lisa y
llanamente como “revolución agraria”; habla de “refundar”
el país y solo busca imponer una serie de reformas al régimen
político. Todo es así: se trata de los esquivos rostros del
timorato reformismo del siglo XXI.
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