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Evo y
la ultraderecha miden fuerzas y negocian
Econoticiasbolivia,
14/12/06
El Gobierno de la
izquierda indigenista y la oligarquía toman fuerza en la calle para
mejorar su posición negociadora. La ultraderecha toma el control de
Santa Cruz y logra amplio apoyo ciudadano en cuatro regiones, mientras
Evo Morales recibe el respaldo de campesinos, indígenas y de sectores
sociales.
La Paz.–
Tensionados por sus fracciones internas más radicales, que buscan
doblegar por la fuerza al enemigo de clase, el gobierno del presidente
Evo Morales y la rancia oligarquía boliviana se disputan el apoyo
popular en la calle para mejorar su posición negociadora que
reencamine la Asamblea Constituyente y alumbre un nuevo pacto social
en el que cada sector busca afianzar sus intereses y perspectivas.
Hasta ahora, el diálogo
avanza muy lentamente en la Asamblea, que virtualmente está
paralizada, pero son febriles las actividades de unos y otros para
convocar a la movilización de masas. Para este viernes se han
convocado a "cabildos abiertos" en seis de las nueve
principales ciudades de Bolivia, que prometen ser multitudinarios y
con activa participación de las fuerzas sociales, vecinales,
empresariales y populares. Cuatro de ellos (en Santa Cruz, Tarija,
Trinidad y Cobija) son organizados por la oligarquía que ha ganado en
su favor a la mayor parte de la población urbana, enarbolando la
bandera de la autonomía y en oposición al gobierno de Morales, al
que acusan de querer imponer una "dictadura".
Las otras dos
concentraciones, en Sucre y Potosí, son organizadas por las fuerzas
sociales leales a Morales en contra de las acciones de la oligarquía,
encarnada en las organizaciones cívicas y empresariales, y a las que
acusan de "separatistas" y de intentar partir en dos al país.
En otras ciudades,
como Cochabamba, La Paz y El Alto también se alistan movilizaciones,
la primera en contra de Morales y las otras en su respaldo.
Con estas acciones,
las fuerzas de la derecha intentan preservar el poder de veto que el
propio gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) les otorgó a
mediados de año al convocar a la Constituyente y que ahora pretende
anular con la imposición de su mayoría. La derecha oligárquica, que
controla seis de las nueve prefecturas (gobiernos regionales) del país,
reclama la vigencia de los dos tercios para aprobar la nueva
Constitución y definir los alcances y carácter de las autonomías
(ver "Evo y la oligarquía se abren al diálogo" en
www.econoticiasbolivia.com).
Hace dos semanas, el
presidente Morales paralizó el funcionamiento de la Asamblea para
intentar alcanzar un acuerdo con la oligarquía, que intensificó las
huelgas de hambre y sus medidas de presión para impedir que el
oficialismo de la izquierda indigenista defina por sí solo el texto
de la nueva Constitución Política del Estado.
Negociaciones
y tensiones
En las últimas
horas, los sectores moderados de ambas fuerzas intentaban acercar las
posiciones. Varios dirigentes del MAS y ministros de Morales
anunciaron su disposición a "flexibilizar" el artículo 70
del reglamento de debates de la Constituyente, tratando de llegar a un
nuevo pacto con la oligarquía. Otros representantes de la derecha,
especialmente de Unidad Nacional, también manifestaban su intención
de reducir la magnitud de sus exigencias.
Estos acercamientos
fueron condenados, sin embargo, por los sectores más radicales de
ambos bandos, mientras se hacía cada vez más evidente que Evo
Morales perdía el apoyo de los sectores más acomodados y timoratos
de las clases medias urbanas en todas las regiones del país y dejaba
a la ciudad de Santa Cruz en manos de las bandas fascistas de la
ultraderecha. En esta urbe, donde el MAS ganó las elecciones, la
presencia estatal era mínima y los grupos organizados del
ultraderechista Comité Cívico imponían su ley y amedrentaban a las
organizaciones oficialistas y a los vecinos.
Pese a ello, algunas
organizaciones sociales intentaban organizar una movilización popular
en los barrios más pobres de Santa Cruz en defensa de Morales y en
oposición a la oligarquía, que encabeza un movimiento con claras
connotaciones fascistas, tanto por el carácter reaccionario de sus
reivindicaciones, su exacerbado odio racial contra los indígenas del
occidente y el uso organizado de la violencia contra los disidentes,
las organizaciones populares y la prensa.
Sindicatos,
entre la inacción y la cooptación
Hasta ahora, la lucha
abierta en torno a la nueva Constitución y las autonomías entre el
reformismo indigenista y la ultraderecha oligárquica ha generado
inquietud y zozobra en gruesos sectores de la población,
especialmente entre la clase media.
Las organizaciones
sociales y populares urbanas controladas por el MAS han asumido la
defensa del gobierno, mientras que la unitaria Central Obrera
Boliviana (COB) y sus filiales virtualmente han quedado en la inacción,
tanto porque muchos de sus dirigentes han sido cooptados por el
Gobierno como por la desconfianza que existe en las bases.
Según el dirigente
de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, Jorge Solares,
uno de los pocos que expresó una posición por la izquierda de
Morales, la discusión y lucha por la mayoría absoluta o los dos
tercios en la Asamblea Constituyente era ociosa. "No debe estar
en discusión si se acata tal o cual Ley, sino definir cómo se
consigue el poder total para los campesinos, para los obreros, para
los sectores que históricamente estuvieron marginados".
El dirigente explicó
que los intentos de división del país responden a intereses de las
clases sociales que en el pasado detentaron el poder y entregaron los
recursos naturales a manos de las empresas transnacionales, por lo que
urgió a Evo Morales a que "dé un viraje revolucionario para
destruir todas las leyes y normas que fueron consolidadas en
anteriores gobiernos neoliberales y por fin se pueda avanzar hacia una
verdadera transformación histórica a través de la Asamblea Popular
del Pueblo".
En cambio, otro
dirigente de la COB, el masista Bruno Apaza, convocó a las
organizaciones sociales a manifestarse en contra de los separatistas y
a respaldar al presidente Morales.
Otros sindicalistas,
fuera del control del MAS, como Mario Bustamante de la Central Obrera
de Oruro, con fuerte influencia minera, llamaron por el contrario a
disolver la actual Asamblea Constituyente porque en ella no están
presentes las organizaciones sociales y populares. En su reemplazo
dijo que el Gobierno debería convocar a una nueva Asamblea con
representación directa de obreros, campesinos y clases medias
empobrecidas.
Radicales
y moderados del MAS
En la trinchera
oficial, los sectores más radicales, conformados por los sectores indígenas
y campesinos leales a Morales, intentan sepultar definitivamente el
pacto que los une a la oligarquía y que los obliga a consensuar el
carácter y alcance de la nueva Constitución Política del Estado y
de las autonomías regionales. Ellos quieren escribir la nueva ley sin
la oligarquía, acentuando la distribución de tierras, el capitalismo
de Estado y el reconocimiento de las naciones originarias,
discriminadas y excluidas desde siempre.
Los moderados,
conformados por la fracción pequeño burguesa urbana, intelectuales y
clases medias, pretenden, en cambio, recrear el acuerdo con las
fuerzas de la derecha haciendo concesiones mutuas para moderar mucho más
la Constitución y las autonomías. Sus objetivos de fondo son lograr
que la nueva Constitución sea aprobada hasta agosto del 2007 y que se
dé vía libre a la reelección del presidente Morales, lo que con la
actual legislación no es posible.
Los primeros han
convocado a la movilización popular, a tomar las calles en varias
regiones del occidente del país. Los segundos usan esta movilización
para negociar con la oligarquía.
Las
fuerzas de la ultraderecha
En la vereda opuesta,
los sectores más retardatarios, racistas y reaccionarios de la
oligarquía no quieren saber nada del reformismo del MAS, por más
tibio que éste sea, y proclaman la necesidad de lograr una autonomía
radical para controlar directamente, y en beneficio propio, los
ingentes recursos naturales (gas, petróleo, tierras, bosques). Ellos,
aunque aún están en minoría, quieren romper con el gobierno de
Morales y ganan fuerza en la medida que el diálogo se estanca y se
radicalizan las posiciones. En esta fracción oligárquica militan las
bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y los clanes
familiares que se han apoderado ilegalmente de grandes latifundios
improductivos en el oriente y sur del país.
Los sectores más
moderados de la clase dominante propugnan, en cambio, mantener la
alianza con Morales en los marcos pactados a mediados de año para no
perder su enorme poder económico y así fortalecer un sistema que
fomente los grandes negocios, las inversiones y las ganancias
empresariales.
"Esta es la
nueva derecha que está emergiendo desde Santa Cruz", dice el
viceministro Alfredo Rada, que considera que este sector "tiene
gran fuerza", pero que "no sabe qué hacer con esa su
fuerza".
Evo y
la oligarquía van al diálogo
Econoticiasbolivia,
04/12/06
La Paz..– El
presidente Evo Morales paralizó el funcionamiento de la Asamblea
Constituyente para intentar alcanzar un acuerdo con la oligarquía,
que ha intensificado las huelgas de hambre y sus medidas de presión
con las que quieren impedir que el oficialismo de la izquierda
indigenista defina por sí solo el texto de la nueva Constitución Política
del Estado.
Esta madrugada, en
Sucre, los representantes de las agrupaciones cívicas y de la derecha
oligárquica lograron que el gubernamental Movimiento al Socialismo
(MAS) acepte la suspensión de las sesiones de la Asamblea mientras se
desarrolla la negociación, abierta este domingo tras el paro parcial
que cumplieron los sectores organizados en contra Morales.
Las fuerzas de la
oligarquía, que enarbolan la bandera de la autonomía regional y que
han logrado dirigir a la mayor parte de los sectores cívicos,
empresariales y laborales en Santa Cruz, Tarija, Beni y en menor
proporción en Pando y Cochabamba, quieren mantener en la
Constituyente el derecho al veto que el gobierno de Morales les
concedió a mediados de año y que ahora pretende anular con la
imposición de su mayoría. La derecha oligárquica reclama la
vigencia de los dos tercios para aprobar la nueva Constitución y
definir los alcances y carácter de las autonomías.
Este domingo, Morales
cedió en el pedido que realizaron seis comités cívicos y convenció
a la bancada del MAS para congelar el avance de las plenarias de la
Asamblea, y reabrir el debate para incluir los dos tercios en el artículo
71 del reglamento de debates, que ahora establece la aprobación de
cada artículo de la Constitución por mayoría absoluta.
Pese a esta concesión
inicial de Morales, los cívicos determinaron continuar con las
medidas de presión, que hasta ayer tenían al menos a 591 personas en
huelga de hambre en Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, Sucre,
Cochabamba y La Paz.
Isaac Ávalos, líder
de la confederación de campesinos le reclamó a Morales la carta
blanca que entrega a la oposición para discutir indefinidamente el
tema de los dos tercios. El Mandatario contestó que "a veces,
cuando se presiona, al final el diálogo no avanza".
Fruto de un acuerdo
político entre la izquierda indigenista y la derecha oligárquica, la
ley de Convocatoria a la asamblea Constituyente estableció que el
texto de la nueva Constitución Política del Estado debe ser aprobado
por dos tercios, antes de ser puesta a consideración del pueblo en un
referéndum. La propuesta del MAS, aprobada en el reglamento de
debates, establece que la nueva Constitución puede ser llevada al
referéndum sin necesidad de contar en todos sus artículos con un
apoyo de dos tercios, con lo que rompe su alianza con la oligarquía,
a la que le quita ese poder de veto.
Contra esta acción
se han levantado los comités cívicos y organizaciones empresariales
y laborales del oriente y sur del país, mientras que a nivel
gubernamental hay dudas sobre si imponen su mayoría y rompen
definitivamente con la oligarquía o si ceden en busca de un acuerdo
que los aleje del conflicto.
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