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El patrón primario exportador
Contratos que consolidan la vieja política
neoliberal
CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario), La Paz, 08/12/06
Con el convenio de venta de gas natural a la
Argentina, el Gobierno aseguró mercado a las petroleras. Y con la
firma de nuevos contratos petroleros, cuyo fin es la monetización
acelerada de las reservas hidrocarburíferas, donde la inversión está
atada a la producción y la producción a la exportación de
hidrocarburos, consolidó el patrón primario-exportador en el país,
dejando de lado la industrialización y el mercado interno.
Con el convenio de venta de gas natural a la
Argentina, el Gobierno aseguró mercado a las petroleras. Y con la
firma de nuevos contratos petroleros, cuyo fin es la monetización
acelerada de las reservas hidrocarburíferas, donde la inversión está
atada a la producción y la producción a la exportación de
hidrocarburos, consolidó el patrón primario-exportador en el país,
dejando de lado la industrialización y el mercado interno.
Durante la suscripción del convenio marco con
la Argentina, el presidente Evo Morales aseveró que “ser
presidente, ser gobierno es hacer buenos negocios para Bolivia y hemos
empezado a hacer buenos negocios para Bolivia. (…) Este es el inicio
de una integración energética de Latinoamérica, donde algunos
tienen reservas y otros tienen la infraestructura industrial”. Es
decir, ratificó el destino que los gobiernos neoliberales trazaron
para Bolivia a lo largo de la historia: ser proveedor de materias
primas para el mercado internacional.
El triunfo de las petroleras
Con la suscripción de los nuevos contratos
petroleros, el Gobierno de Evo Morales salió aparentemente triunfante
en términos políticos. Empero, las verdaderas beneficiadas fueron
las compañías petroleras transnacionales que lograron eludir toda
posible acción en su contra ya que los contratos de riesgo compartido
—pese a su ilegalidad— fueron reconocidos como válidos al ser
sustituidos por nuevos contratos.
Bajo la consigna “queremos socios pero no dueños”,
el Gobierno suscribió los nuevos contratos con las petroleras.
“Misión cumplida (…) estamos ejerciendo como bolivianos el
derecho de propiedad sobre los recursos naturales. Sin expulsar a
nadie ni confiscar. Esta es una nacionalización sin indemnización”
fue la proclama triunfante de este proceso.
La firma de los 44 nuevos contratos —por 30 años
a partir de la aprobación del Congreso Nacional— implica la
aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058, dejando de lado la
nacionalización demandada por los movimientos sociales en sentido de
expropiar los bienes de las transnacionales y lograr así el monopolio
estatal del negocio hidrocarburífero que permita industrializar el país.
El Gobierno se aleja, de esta manera, de las reivindicaciones
populares en un contexto en el que no son casuales las manifestaciones
de satisfacción de los partidos neoliberales y de las compañías
petroleras.
Para entender la política del Gobierno, el análisis
no debe basarse en el discurso y los símbolos que utiliza, sino en
las medidas tomadas. En el caso de la migración de los contratos
prevista en la Ley 3058 este hecho es muy claro; el discurso se
orienta a convencer a los movimientos sociales de que a partir de la
firma de contratos, las compañías petroleras se habrían convertido
en simples prestadoras de servicios, dando una imagen de un Gobierno
que doblega a las petroleras, logrando un efecto mediático favorable.
¿Contratos de Servicios o Contratos de
Operación?
Sin embargo, persiste la desinformación en
torno a los contenidos de los contratos. Se confunde un Contrato de
Operación con un Contrato de Servicios, por lo que es necesario
aclarar que ambos tipos de contratos son abismalmente diferentes.
“Un Contrato de Servicios es un acuerdo
mediante el cual una compañía petrolera contrata a proveedores
especializados para que efectúe trabajos en geociencias, ingeniería
petrolera y otras materias. Este tipo de contratos no son convenios de
exploración, por tal motivo no se le asignan bloques donde pudieran
tener derechos exclusivos. En ningún caso un Contrato de Servicios
adquiere la propiedad de los hidrocarburos,
derechos de explotación o derechos de producción. Tampoco asume el
riesgo geológico ni el de mercado, por ende no participa de las
rentas económicas asociadas a la explotación del recurso natural. La
retribución no está atada al establecimiento de la producción o a
su volumen. El contrato dura el tiempo que exige la realización de la
obra o la prestación de servicio que normalmente es menor a tres años”.
En tanto, un Contrato de Operaciones estipulado
por la Ley de Hidrocarburos 3058, señala que a la compañía
petrolera se le otorgan concesiones que le dan el derecho de realizar
actividades de exploración y explotación de forma exclusiva,
asumiendo el riesgo geológico como de mercado. Aporta la totalidad de
capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y
otros necesarios. La retribución se realiza con un porcentaje de la
producción, en dinero o en especie, cubriendo la totalidad de sus
costos de operación y utilidad.
La voz de Petrobras
Teniendo esa diferencia en cuenta, Petrobras
afirmó públicamente que los contratos firmados no tienen las
características de un Contrato de Servicios, sino que se tratan de
Contratos de Producción Compartida, por los cuales cada compañía
petrolera “ejecuta todas las operaciones petroleras por su cuenta y
riego” y “recibe, directamente, una retribución definida en función
de la recuperación de costos, precios, volúmenes e inversiones”,
cuyas características son propias de un Contrato de Producción
Compartida establecida en la Ley 3058.
Petrobras continúa operando en los bloques en
producción San Alberto, San Antonio y Caranda a través de Petrobras
Energía; en exploración sigue operando los bloques Río Hondo, Ingre
e Irenda. Según esta empresa “continúa con la propiedad de sus
actuales activos” y considera además que “las reservas pueden ser
contabilizadas por Petrobras”.
Esto significa que las petroleras podrían
anotar las reservas en las bolsas de valores a nivel internacional,
por lo que el ex ministro de Hidrocarburos, Solíz Rada, exigió al
Congreso Nacional que se prohíba en los nuevos contratos, de forma
explícita, que las compañías anoten las reservas en bolsas de
valores, “por tratarse, precisamente, de Contratos de Operación,
como informan las autoridades bolivianas”. “La totalidad de las
reservas de hidrocarburos actuales y futuras del país, cuyo valor
anotado como títulos valores (ya sea como acciones o como bonos)
ascienden a más de 200 mil millones de dólares”.
En los nuevos contratos, por otra parte,
Petrobras aseguró una rentabilidad económica por encima del 15% tasa
de retorno superior a sus costos de capital y la posición estratégica
en Bolivia a partir de la operación en los megacampos San Alberto y
San Antonio para el abastecimiento de gas natural a Brasil.
Para ello, Petrobras cedió a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el papel de “principal
agente de comercialización” y “mayor supervisor sobre las
operaciones petroleras”, para lo cual entregará los hidrocarburos a
la compañía estatal. Sin embargo, cuando se realicen los negocios
petroleros, la remuneración que le corresponde a la petrolera será
depositada directamente por el comprador en cuentas de Petrobras, es
decir, sin mediación de YPFB.
Por último, Petrobras asegura que de acuerdo a
los nuevos contratos no existen compromisos para que la compañía
haga nuevas inversiones, excepto las habituales de mantención de la
producción. Esta también es la posición de la petrolera británica
BG Group.
El incentivo para migrar a nuevos contratos
El preámbulo clave para la suscripción de
nuevos contratos fue el convenio de compra-venta de gas natural
firmado con el gobierno argentino, que significó la seguridad de ese
mercado para las petroleras. Esto permitió la ruptura de la negociación
en bloque que hacían las petroleras, de manera que cada una buscó
asegurase la participación en la exportación de gas natural que
actualmente detentan Petrobras y Repsol YPF como exclusividad suya.
Así el Gobierno boliviano ofreció a cada una
la asignación de un cupo en el millonario contrato de exportación.
Es necesario recordar que en 1996, el gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada justificó las ventajas que la Ley 1689 daba a las empresas
aduciendo que eran imprescindibles para alentar la búsqueda de nuevas
reservas si se quería cumplir con el contrato de exportación a
Brasil, en el que se comprometía exportar, en 20 años, cerca de 7
trillones de pies cúbicos (TCF), cuando sólo se disponía alrededor
de 4 TCF. Pues bien, Evo Morales procedió exactamente del mismo modo:
garantizó a las inversiones extranjeras los mercados necesarios para
los próximos 20 años.
En los nuevos contratos, se ratifica que el
Estado es propietario de los yacimientos y de los hidrocarburos, pero
en los hechos las petroleras continúan operando con el derecho
exclusivo de realizar exploración y explotación en los campos
cedidos bajo la misma figura de contratos de riesgo o sea continúan
ostentando el monopolio de las operaciones hidrocarburíferas.
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