Contratos
por 30 años con la petroleras
Por Andrés Soliz Rada (*)
La Haine, 19/02/07
De
modo casi providencial, las leyes que el 3 de diciembre pasado
aprobaron los contratos con las petroleras, retornarán al Congreso
Nacional, a fin de "resolver cuestiones de forma". Lo
anterior, obliga a 130 diputados y 27 senadores a enmendar enormes
errores y llenar vacíos que afectarán al país por las próximas
tres décadas. Veamos los más importantes:
Petrobrás,
a través de su presidente Sergio Gabrielli, ha afirmado que tiene el
derecho a inscribir como suyo el valor de las reservas que explotará
en Bolivia. Añadió que, de acuerdo al anexo "f", ha
suscrito contratos de producción compartida y no contratos de operación,
como reiteró el Presidente Evo Morales, en su mensaje de primer año
de gobierno (23–01–07). Lo anterior, explica Petrobrás, le da
derecho a participaciones (y no sólo a retribuciones) sobre la
producción que deben figurar en sus balances primero y en las bolsas
de valores después.
Es
obvio que el ejemplo del ente brasileño, en el que el Estado sólo
tiene el 32 por ciento de acciones, pero cuenta con el 56 % de votos
en el directorio, será imitado por el resto de las compañías. Por
otra parte, si las petroleras tienen derecho a anotar como propias el
valor de las reservas, ¿de qué nacionalización de los hidrocarburos
estamos hablando?
El
Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, en declaraciones periodísticas,
ha negado esa posibilidad, en cumplimiento del punto 4.3 de los
supuestos contratos de operación. ¿Quién tiene razón? ¿No es el
momento de dilucidar esta duda mediante una adenda redactada por el
Congreso, a ser incluida en esos documentos? Recordemos que si YPFB
anota a su nombre el valor de las reservas, las que alcanzan a
alrededor de 200 mil millones de dólares, le permitirá financiar los
grandes proyectos de industrialización existentes y los gasoductos
internos que requiere Bolivia.
Los
contratos tienen vacíos descomunales. En efecto, si se está
entregando a las petroleras campos descubiertos (casi todos por YPFB),
que se encuentran en operaciones, con reservas probadas y mercados
asegurados (los de Brasil y Argentina), ¿cómo no exigirles a cambio
que abastezcan el mercado interno a precios actuales y se comprometan
a realizar las inversiones necesarias para cumplir ambos objetivos. El
gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de lograr que la argentina
Pluspetrol abastezca su mercado interno a un dólar el millón de BTU.
No estamos hablando, en consecuencia, de un hecho fuera de lo común.
Lo
cierto es que después de suscribir los contratos, las exigencias de
las petroleras son cada vez mayores. Petrobrás, Repsol, British Gas y
Total sostienen que abastecerán el mercado interno sólo si se les
paga precios internacionales, con la consiguiente subvención estatal,
o, en su defecto, a través del incremento de tarifas del GLP, diesel,
gasolina y demás derivados del gas y del petróleo, que recaerá
sobre los empobrecidos consumidores nacionales. De manera paralela,
pretenden presentar planes de operaciones, los que, en caso de no ser
aceptados a ciegas por nuestra entidad estatal, quedarán
indefinidamente paralizados.
Esto
quiere decir, por ejemplo, que si Petrobrás calcula en 40 millones de
dólares la perforación de un nuevo pozo en "San Alberto"
(cuyo costo real puede llegar a la mitad), YPFB se halla en la
disyuntiva de aceptar el abuso o, dejar que el trabajo quede
paralizado. Los "costos recuperables" que se autorizan a las
petroleras son de tal magnitud que YPFB no tendrá recursos para
desarrollarse. Estos son temas que deben ser modificados en los
contratos.
Para
colmo, YPFB está reducida a piel y huesos. La Ley 3058, de
17–05–05, le ha arrebatado todo ingreso, ahora destinado a
prefecturas, alcaldías y universidades públicas, en la totalidad del
50 % que beneficia al país. El 32% adicional, obtenido por el decreto
de nacionalización, será eliminado a partir de la protocolización
de los contratos, pero debe pagar el bono "Juancito Pinto"
(en beneficio de los escolares) en forma indefinida y sin tener esos
recursos. Además, desembolsará una parte sustancial del Bonosol
(bono destinado a los ancianos), que antes lo hacían las AFPs, socias
de las capitalizadas del sector petrolero. Como corolario, las
regiones siguen empeñadas en descoyuntar a la empresa estatal en
vicepresidencias y regiones dispersas en todo el territorio nacional.
El
país requiere de una estrategia adecuada frente a la negativa de las
compañías de precisar los textos de los contratos. Ella puede
consistir en promover la alianza YPFB con ENARSA, la empresa argentina,
que podrá desarrollar los campos que se nieguen a hacerlo las
transnacionales, como ofreció el Presidente Néstor Kirchner. De modo
simultáneo, se requiere un gran acuerdo de YPFB con la venezolana
PDVSA, a fin de liberarnos del asfixiante dominio transnacional. Estos
son caminos que cumplen el decreto de nacionalización y no de los
posteriores contratos que han abandonado su contenido.
(*) Andrés Soliz Rada fue–ministro de Hidrocarburos del Gobierno de
Evo Morales.
|