Soliz Rada: sigue el saqueo petrolero

Econoticiasbolivia, 19/03/07

La Paz.– El ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, considerado hasta hace poco por el presidente Evo Morales y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) como el principal ícono en la defensa de los recursos naturales y la “nacionalización” del gas, ha lanzado una dura advertencia: los nuevos contratos petroleros firmados por Evo Morales causarán un grave daño a Bolivia.

En un reciente artículo de prensa (“El nuevo orden mundial y el saqueo de Bolivia”), Soliz Rada asegura que el imperialismo “continuará succionando al país con los contratos petroleros, aún no protocolizados, si no se logra introducir cambios sustanciales”.

Según el ex ministro, que dirigió el primer equipo petrolero gubernamental de Morales y las negociaciones con las trasnacionales que operan en Bolivia, los nuevos contratos están muy lejos de ser los “más ventajosos del mundo”, como asegura la public idad oficial, que intenta convencer a los bolivianos que hubo una “nacionalización” del gas y el petróleo, cuando en realidad lo que se hizo fue legalizar las ilegales operaciones de las petroleras a cambio de la promesa de pagar más impuestos.

Los contratos “causarán graves daños a la economía nacional al considerar al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior y al Impuesto a las Transacciones (IT) “costos recuperables” para las compañías”, advierte el hombre que, según su sucesor, el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, fue el responsable de la negociación de más del 70 por ciento de los contratos.

Promesas y lucha popular

Estos documentos han sido presentados por el gobierno de Morales como una muestra del cumplimiento de las demandas populares de nacionalización del gas y el petróleo, enarboladas en las jornadas insurreccionales de octubre del 2003 y mayo – junio del 2005, cuando la empobrecida población boliviana se levantó para echar a los presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa y expulsar a las transnacionales como Repsol, British Petroleum, Petrobras, Vintage, Enron, Shell, Total y otras que se apoderaron de las riquezas hidrocarburíferas valuadas en al menos 200 mil millones de dólares.

La lucha popular logró la caída de los dos ex presidentes, pero no pudo expulsar a las transnacionales, que operaban ilegalmente en Bolivia, según dictamen del Tribunal Constitucional de la República. En mayo del 2006, el nuevo gobierno de Morales, el líder indígena que defendió los cultivos de coca y ganó las elecciones en diciembre del 2005 con el 54 por ciento de apoyo electoral, decretó la “nacionalización sin indemnización ni reversión” de las petroleras, procediendo a legalizar su situación en Bolivia, renegociar sus contratos y garantizar los privilegios y derechos que les otorgaron los gobiernos neoliberales.

Condiciones onerosas

Con esta nacionalización ficticia, las transnacionales mantienen el monopolio de la exploración y producción de hidrocarburos y el Estado rige relegado en la fase de control de sus operaciones e intenta avanzar con escaso éxito en el control efectivo de la comercialización y de la exportación.

Los 44 nuevos contratos establecen, en lo nominal, un aumento de impuestos a favor del Estado por la explotación y exportación del gas como materia prima a mitad de precio a los mercados de Argentina y Brasil, en los que se paga entre 4 a 5 dólares por millón de BTUs (unidad térmica británica) cuando a nivel internacional se cotiza en 8 dólares.

Desde Bolivia, las petroleras siguen exportando materia prima y no hay ningún avance en la anunciada industrialización del gas, lo que mantendrá a la población boliviana sumida en la pobreza (un tercio pasa hambre y otro apenas tiene lo suficiente para comer), lo que contrasta con sus ingentes riquezas naturales.

Más subvenciones

Según Soliz Rada, el public itado aumento de ingresos, emergentes de los nuevos contratos, no sería de magnitud anunciada por el Gobierno.

“El Impuesto a las Utilidades (IU) casi habrá desaparecido, si se toman en cuenta las supuestas inversiones de las petroleras y no las auditorias del gobierno. Todo el riesgo de la inversión lo asume YPFB (la estatal petrolera), entidad que subvencionará, con 10 millones de dólares año, a las compañías que operan en campos marginales”.

“¿Por qué Petrobras, pese a una aclaración del Ministro Villegas, continúa asegurando que anotará como suyas el valor de las reservas probadas del país? ¿Por qué las petroleras pretenden cobrar precios internacionales al consumidor interno?”, cuestionó el ex ministro que durante su breve gestión tuvo una política de enfrentamiento verbal con las transnacionales, especialmente con Repsol y Petrobras, a las que acusó de vulnerar las leyes, realizar fraudes y contrabando en contra del país.

Más saqueo

“Toda la cadena productiva, salvo mínimas excepciones, sigue en manos foráneas. No se ha avanzado nada en lograr que YPFB controle el 50 por ciento mas uno de las empresas capitalizadas del sector petrolero. La auditoría a Andina–Repsol demuestra que esta empresa es un modelo de estafa. Se mantiene congelada la Resolución Ministerial 207, dictada en mi gestión como ministro, que cortaba los beneficios extraordinarios, por más de 40 millones de dólares año, en favor de las refinerías en manos de Petrobras”, señala el ex periodista y ex parlamentario de la populista Conciencia de Patria.

“En síntesis, en materia petrolera, el saqueo de Bolivia podría prolongarse con cambios epidérmicos”, concluye.