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El
vicepresidente García Linera asegura que la viabilidad de un mejor país
se sustenta en la posibilidad de que la oligarquía comparta el poder
con las élites indígenas
Las
élites comparten el poder
Econoticiasbolivia,
28/05/07
La Paz.– Los indígenas
no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren
desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar
Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas,
haciendas y las mayores riquezas del país, asegura el vicepresidente
Álvaro García Linera.
Según el ideólogo
del gobierno indígena del presidente Evo Morales, un ex guerrillero
que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del
“capitalismo andino”, uno de los propósitos declarados de la
“revolución democrática y cultural” es lograr un pacto histórico
entre las emergentes élites indígenas y la rancia oligarquía
petrolafundista del oriente, fuertemente articulada con el capital
extranjero.
En año y medio de
gobierno, este pacto ha comenzado a construirse sobre tres bases: el
gas y el petróleo, la tierra y la Asamblea Constituyente.
En el primero de
ellos ya se ha legalizado las operaciones de las transnacionales
petroleras, entregándoles la licencia plena para que exporten por los
siguientes 30 años el gas a la Argentina y Brasil, como materia prima
barata, a mitad de precio. A cambio de ello, se incrementaron
ligeramente los impuestos para las petroleras, por lo que hasta el
2014 por lo menos, como reconocen las autoridades del sector, la
distribución de ingresos de la factura del gas como materia prima será
de 50 a 54 por ciento en favor del Estado y del 46 a 50 por ciento
para las petroleras. Adicionalmente, las transnacionales retendrán la
totalidad de los millonarios ingresos, entre cuatro a cinco veces más,
emergentes de su industrialización fuera de Bolivia. Un final
aplaudido por las empresas, el Gobierno y la oligarquía, junto a la
resignada aceptación de los sindicatos y organizaciones sociales
controladas por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Otro proceso de
conciliación con la oligarquía petrolatifundista, aunque no exento
de brotes menores de conflictividad, fue la modificación de la ley de
tierras, para reducir el tráfico de tierras ociosas en manos privada,
y otorgando, sin embargo, más seguridades para la expansión de las
grandes haciendas latifundistas, legalizando las tierras malhabidas y
los tortuosos procesos que facilitaron que los gobiernos neoliberales
entregaran gratuitamente las tierras más fértiles del país a los
grupos de poder y a las logias asentadas en el oriente y sur de la
geografía nacional. Una ley para fortalecer al latifundio y el
acaparamiento de tierras en pocas manos, dejando a campesinos y
colonizadores marcados por el minifundio y la pobreza.
El tercer eje del
pacto indígena – oligárquico se dio en torno a la Asamblea
Constituyente, fabricando consensos, eliminando temas conflictivos,
cerrando el paso a una verdadera reforma agraria, atenuando los afanes
regiones de autonomía. Acá, en los hechos, ya se archivó la
denominada “refundación” del país, de la mano del voto que
obliga a la mayoría del MAS a consensuar con los representantes de la
minoría de la oligarquía.
“¿Qué medida
hemos tomado contra los empresarios productivos bolivianos?”, se
pregunta el vicepresidente García Linera. “Ninguna”, se responde
en una amplia entrevista difundida por “Nueva Sociedad” y
en la que pasa revista a la nueva alianza que une a los humillados y
explotados de abajo con las élites que saquean Bolivia:
¿Cuál sería
desde su punto de vista un desenlace positivo del proceso
constituyente?
Desde que llegamos al
Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del
poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso
de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo
que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la
lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos.
Que el sector
emergente desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al
bloque anterior. Que este bloque de poder antiguo logre derrotar,
contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. O que entre ambos se
logre redistribuir el poder. Como Gobierno hemos optado por la tercera
opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder
con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena.
La oposición, sin
embargo, acusa al Gobierno de negarse a conciliar...
Pero no es verdad.
Tomemos los temas claves, por ejemplo hidrocarburos. Fue una decisión
que contó con un alto consenso. O el tema de la tierra. Algunos decían
que nuestra reforma iba a generar una guerra civil. No es cierto.
Hicimos una buena ley, que favorece al empresario productivo, tanto si
tiene una como si tiene 50.000 hectáreas. Si produce, no hay
problema. Se castiga al especulador.
En general, ¿qué
medida hemos tomado contra los empresarios productivos bolivianos?.
Ninguna. Entonces, la Asamblea Constituyente tiene que ser el lugar
donde esta redistribución pactada del poder, apoyada en un nuevo núcleo
articulador, se consolide. Estamos apostando a esto. No queremos una
Constitución aprobada por el 60 o 70% del país, pero rechazada por
el resto.
¿La idea no es
imponer una reforma?
No. Nuestro objetivo
es pactarla. Hemos dado pasos importantes en este sentido y estamos
dispuestos a dar otros. Lo que pasa es que hay que ver a distancia lo
que está ocurriendo en Bolivia: una ampliación de élites, una
ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza. Esto, en
Bolivia, es una revolución.
¿Es una ampliación
o un recambio de élites?
Una ampliación. Hay
pedazos de la anterior que van a mantenerse, pero ya no van a definir
ellos solos el camino. Lo que tienen que entender las viejas élites
es que ahora deben compartir las decisiones con los indios. Nunca más
van a poder tomar decisiones sin consultar a los indígenas. Si
lograran entender eso, no habría complicaciones.
¿Y usted cree que
lo están entendiendo?
Cuesta. Están muy
acostumbrados a mandar solos, por tradición, por herencia, por hábito,
por costumbre y por formación. Los indígenas siempre eran los que
atendían la mesa, cocinaban, cuidaban a los niños, eran albañiles.
Que ahora sean presidentes, ministros o cancilleres, obviamente golpea
esta lógica. Pero es la lógica de la igualdad y de la democracia. En
el fondo, estamos ante un amplio proceso de igualación social y
democratización de las decisiones.
Hay sectores que lo
entienden y lo aceptan. En rigor de verdad, hay un sector en nuestro
bloque que cree que ahora que llegó el momento, hay que acapararlo
todo. Es un gran error, porque muchas veces genera mayores
condicionamientos.
Pero creo que
gradualmente, por aproximaciones sucesivas, vemos construyendo un
proceso en el cual el bloque desplazado del control absoluto y el
bloque emergente pero que tampoco va a tener el control absoluto,
articulan mecanismos para redistribuir el poder. Porque el problema
central, como dije, no es tanto la distribución del poder, sino la
aceptación de un nuevo núcleo articulador, que es el movimiento indígena.
En este contexto, las
autoridades de Santa Cruz lucen como el núcleo de resistencia más
fuerte. De hecho, parece casi el único contrapeso potente al
Gobierno. Es posible avanzar sin un acuerdo con este sector?
Es necesario llegar a
un acuerdo. Lo que está sucediendo con Santa Cruz es fácilmente
entendible. Santa Cruz construyó una economía de agricultura moderna
en base a una vinculación especial entre su burguesía y sectores de
capital externo. Incluso antes del modelo neoliberal ya había, en
Santa Cruz, una especie de neoliberalismo gestándose al interior del
capitalismo de Estado.
Esta economía logró
captar un conjunto de apoyos, financiamientos y transferencias del
excedente estatal para su potenciamiento. En los 90, esto se tradujo
en una mayor gravitación política de las élites cruceñas en los ámbitos
de decisión estatal. Se acoplaron y convivieron con el proyecto económico
neoliberal y, en general, con el sector exportador tradicional minero.
Se articularon fácilmente. Y, aunque no lograron conducir el proceso
–quizás lo hubieran hecho mejor––, sí lograron imbricar sus
intereses. Cuando el proyecto neoliberal entró en crisis, este sector
empresarial que no había nacido con el neoliberalismo, que venía de
antes pero que había logrado articular sus intereses con el
neoliberalismo, se vio desplazado de la toma de decisiones. Perdió el
control de ministerios, de embajadas. La respuesta fue replegarse al
ámbito de su hegemonía territorial, que ya estaba consolidada, a
punto tal que había buscado expandirla al resto del país.
Cuando llegamos al
Gobierno descubrimos algo que desde afuera no habíamos logrado
percibir: este modelo de desarrollo económico, de imbricación
capital externo–interno y aprovechamiento de ventajas de comercio,
está llegando a un límite preocupante.
¿Por qué?
Por las características
de la economía boliviana. En los 90, la soya desplazó a la hegemonía
de la minería y del gas de las exportaciones totales del país. En
esa época, las exportaciones totales de gas y petróleo eran de entre
400 y 500 millones de dólares, las de soya entre 600 y 700 y las de
minerales de entre 200 y 300.
En los últimos
cuatro años, este patrón exportador se modificó. El año pasado
exportamos 2.050 millones de dólares de gas y petróleo, 1.070 de
minerales y 500 de soya. No sólo es cuestión de proporción. Hay un
proceso de caída de las exportaciones totales de soya: los mercados
de Colombia y Perú se van cerrando por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) que han firmado con Estados Unidos. Queda el mercado de Ecuador,
que es más chico, y algo de Venezuela. Buena parte de la soya de
Santa Cruz se sostuvo en el nicho de la Comunidad Andina. esto ahora
se ve limitado por los TLC. Y enfrentar la competitividad brasilera o
estadounidense es difícil, requiere una modificación de la tecnología.
¿Cuál es el
efecto político de este debilitamiento de la base económica de Santa
Cruz?
La consolidación de
un sector a la defensiva, la construcción de un liderazgo político
de resistencia, que se ha atrincherado en la región y que busca, en
la autonomía, un mecanismo para defender un modo de desarrollar la
economía vinculado al capital externo y las exportaciones.
Nosotros al principio
no lo entendíamos, pero ahora sí. Está claro, entonces, que lo que
tenemos que hacer desde el Gobierno es incorporar a este sector al
nuevo modelo de desarrollo que proponemos. Es necesario incluirlo,
porque no somos nosotros los que lo afectamos. Por ejemplo, el
Gobierno subvenciona 150 millones de dólares al año de diesel, la
mitad de los cuales va a Santa Cruz, a la agroindustria. No lo vamos a
quitar.
Pero sí, quisiéramos
que no fuera una subvención insostenible, sino que potenciara
procesos de modernización, de mejora de la productividad.
Tenemos que trabajar
junto con el sector empresarial cruceño en un relanzamiento de un
modelo de desarrollo agroexportador que se acomode a las nuevas
circunstancias de pérdida de los mercados de la Comunidad Andina y de
competencia con el Mercosur. Es el desafío de los próximos 20 años.
Y nuestra agroindustria, salvo una parte, no está preparada para eso.
La autonomía,
entonces es un mecanismo defensivo. Pero a la vez, y esta es la virtud
de la intelligentzia cruceña, logró sintonizar este interés
particular con una vieja demanda histórica de mayor descentralización.
De ahí viene su
eficacia, de su capacidad de conectar su interés con una herencia,
con una memoria, una demanda.
Nosotros entendemos
esto y, por lo tanto, reconocemos, viabilizaremos y conduciremos las
autonomías departamentales. Con dos salvedades: no tienen que ser sólo
autonomías departamentales, que hay que respetar e impulsar, sino
también autonomías de los pueblos indígenas, que deben incorporarse
como un nivel dentro del departamento, o paralelo en aquellos casos en
que los pueblos indígenas son mayoritarios.
El segundo elemento
es que tanto las autonomías departamentales como las indígenas no
pueden cuestionar, como hacen algunos, la base de la unidad: fuerzas
armadas y policía nacional, moneda, relaciones internacionales y
recursos naturales, incluyendo tierra y energía. Son temas que no
deberían entrar en el ámbito de competencia de de los departamentos
ni de los pueblos indígenas.
En el debate actual
no se discute si va haber autonomías departamentales, que las va
haber, sino cuáles son sus competencias y facultades.
Hay que evitar que la
autonomía sea una excusa para encerrarse y debilitar al país. Tiene
que ser un mecanismos de amplia descentralización política –
administrativa en el marco de un sólido techo de unidad.
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