Sin
avances en la Asamblea Constituyente
“Empate
catastrófico” en Bolivia
Por
Pablo Stefanoni (*)
Le
Monde Diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2007
Al
cierre de esta edición, el MAS –del presidente Evo Morales–
advertía sobre el cierre definitivo de la Asamblea Constituyente ante
el desacuerdo sobre las pretensiones de Sucre de recuperar su estatus
de “capital plena”. La posibilidad de que fracase la “refundación
de Bolivia” da cuenta de las dificultades de una nueva
institucionalidad, ante la resistencia conservadora basada en
reivindicaciones regionales.
A
tres meses de cumplir dos años en el Palacio Quemado, el presidente
Evo Morales mantiene un elevado capital político: las encuestas
ubican la aprobación ciudadana a su gestión en alrededor del 60%. El
apoyo social a su liderazgo se independizó, hasta cierto punto, de
las dificultades cotidianas del gobierno –que no son pocas– y son
los “malos” ministros que lo rodean quienes quedan en la mira de
los cuestionamientos sociales. Las razones de la popularidad del aún
líder cocalero, y de su propuesta de nacionalismo popular con tintes
desarrollistas y redistribucionistas, que constituye la ideología de
la mayor parte del gobierno, no son un misterio para nadie. Por un
lado está la nacionalización del gas, que después de un año y
medio de su implementación sigue alentando el sueño popular de dejar
atrás el atraso económico y “ser como Suiza” (1). Por otro,
existe una fuerte identificación de la mayoría de los bolivianos
pobres –principalmente campesinos– con el “primer Presidente indígena
de la historia” nacional. Todo en el marco de la buena situación
macroeconómica, vinculada al boom internacional del precio de las
materias primas, que posibilitó un récord de exportaciones: más de
4.000 millones de dólares, el doble que en 2004, compuestas en un 75%
por hidrocarburos y minerales (2). Debe agregarse la inversión en
infraestructura de parte de la renta gasífera captada por el Estado
luego de las nacionalizaciones y la cooperación venezolana, que se
traduce, entre otras cosas, en el financiamiento de proyectos de
desarrollo de los municipios (3).
Se
sinceran los límites
No
obstante, si 2006 fue el año de los grandes anuncios y utopías, 2007
viene siendo el del sinceramiento de los límites que se presentan a
la hora de avanzar en un “reformismo con reformas”; de poner los
primeros ladrillos de una nueva institucionalidad e intentar salvar
del fracaso a la Asamblea Constituyente , al borde del cierre por el
acoso del sector más duro de la derecha, que nunca la quiso, pero
también por las dificultades del Movimiento al Socialismo (MAS) para
precisar su propuesta de cambio. La gestión gubernamental está teñida
por medidas de fuerte impacto mediático pero con escaso sentido de
continuidad y ausencia de criterios estratégicos articuladores que
permitirían generar un programa de gestión sólido, y sostenible.
Por
eso, el “empate catastrófico” que vive el país desde 2003, en
gran medida, sigue vigente. Ninguno de los sectores políticos logra
imponer su visión de país y tampoco consigue cierto consenso para
buscar una salida pactada. Pese al desprestigio de la vieja política
conservadora, en Bolivia tiene aún una influencia mucho mayor que en
Venezuela, Argentina o Ecuador, debido a su anclaje regional.
La
Asamblea Constituyente fue propuesta, por primera vez, por los indígenas
de tierras bajas (oriente boliviano) en 1990, pero adquirió carácter
de demanda nacional en la “guerra del agua” de abril de 2000 y, más
aun, con la “guerra del gas” de octubre de 2003, en paralelo con
la nacionalización de los hidrocarburos. El Congreso la convocó
formalmente en marzo de 2006, pero ya en su primer año de
funcionamiento quedó en evidencia un problema estructural de Bolivia:
la crónica dificultad para traducir los proyectos populares (a menudo
expresados en términos “refundacionales”) en propuestas
institucionales realistas y efectivas de cambio político, económico
y social. Además de la escasa capacidad del MAS para articular las
demandas corporativas de los sectores que lo componen, la concepción
de la nueva Carta Magna como un “pliego petitorio” sindical; la
ambivalente influencia de las ONG ante la ausencia de cuadros propios
de la izquierda indígena y las profundas diferencias entre los
constituyentes campesinos y aquellos provenientes de las clases medias
urbanas conspiraron contra el “poder constituyente”, imaginado
como un paso para dejar atrás a la Bolivia neocolonial y neoliberal.
El
golpe de gracia a la convención provino de la demanda de un sector de
la ciudad de Sucre, liderado por la alcaldesa Aydée Nava, de volver a
ser sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que recayeron en La
Paz luego de la Guerra Federal de 1899, cuando las ascendentes elites
del estaño desplazaron a la decadente oligarquía de la plata.
Obligada a reunirse en la “culta Charcas”, la Asamblea
Constituyente quedó como rehén de los grupos violentos
–encabezados por los estudiantes universitarios– que, con la
bandera de la “capitalidad plena” para Sucre y no pocos insultos
racistas (como “el que no salta es llama” durante las
movilizaciones) presionaron para introducir ese tema en la agenda.
Ante
el crescendo de la violencia, se decidió la suspensión por un mes de
las sesiones de la Asamblea (4). Sólo así se logró el retorno a la
calma y la apertura del diálogo incierto para buscar un acuerdo político
que permita dar a luz una nueva Carta Magna que, según los plazos
previstos, debería estar redactada el próximo 14 de diciembre.
“Esta Asamblea debe servir para unir a los bolivianos. Si no se
logra eso, Jorge ‘Tuto’ Quiroga va a irse a Estados Unidos y Evo
Morales a Libia, y será el pueblo boliviano quien vuelva a derramar
su sangre”, dijo el convencional constituyente David Vargas, un
policía que sabe de qué habla: en febrero de 2003 se amotinó con su
tropa y se enfrentó a los militares con varios muertos y heridos.
Para
evitar el retorno de la violencia, el oficialismo moderó
sensiblemente las expectativas en la Convención. De “cambiar
todo” se pasó a “constitucionalizar lo ya hecho” por Evo
Morales, incluyendo la introducción de “candados” que impidan, en
el futuro, la privatización de los recursos naturales (5). Al mismo
tiempo, se “edulcoraron” propuestas conflictivas como el “cuarto
poder social” –que pasa a ser una suerte de foro social por fuera
de la estructura estatal– o el “Estado plurinacional” que, en la
práctica, consistiría en una profundización de las autonomías
municipales instauradas en los años ’90 (6). El MAS rechazó
propuestas de representación étnica en una futura cámara
legislativa en la que, si avanza su proyecto, se eliminaría el
Senado, lo cual ha provocado distanciamiento con organizaciones
etnicistas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
(Conamaq) o la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano
(Cidob). Se mantiene empero la reversión al Estado, sin indemnización,
de los latifundios improductivos y se reconocen las autonomías
departamentales reclamadas por la denominada “media luna” liderada
por Santa Cruz (7). Pero donde el MAS no puede ceder, pese a la
oposición de la derecha, es en la pelea por la reelección
presidencial indefinida –con la posibilidad de referéndum
revocatorio–, clave para la continuidad del actual gobierno. No hay
figuras de recambio, y de acuerdo con la actual Constitución, tanto
el Presidente como el Vicepresidente están inhabilitados para acceder
a un segundo mandato.
“El
objetivo es estructurar alianzas con la centroderecha ( la Unidad
Nacional , de Samuel Doria Medina, y el Movimiento Nacionalista
Revolucionario progresivamente emancipado de la tutela del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo en Estados Unidos) y
aislar a la derecha recalcitrante”, resumió al Dipló un asesor de
la bancada del MAS. Con estos partidos, el oficialismo podría
conseguir los dos tercios necesarios para evitar que los temas
conflictivos vayan a referéndum popular previo a la aprobación, por
la misma vía, del texto final de la nueva Carta Magna. Pero cada vez
menos bolivianos creen en esa posibilidad.
No
obstante, una interpretación posible de esta evolución sería que
estaría avanzando la vía “pactista” del vicepresidente Álvaro
García Linera, resistida durante meses por sectores campesinos al
interior del cónclave. Queda pues a resolver si se trata de un camino
gradualista –y con mayor densidad institucional– para consolidar
el proceso de cambio o de una desaceleración de las reformas y una
apuesta, de mirada estrecha, por la gobernabilidad (y la reelección)
en el marco de los comicios adelantados con la nueva Constitución
que, según anunció meses atrás Morales, deberían llevarse a cabo
en 2008.
Violencia
y denuncias de complot
Los
recientes paros cívicos en las regiones del oriente y sur del país,
convocados en “defensa de la democracia” el 28 de agosto pasado, y
el debilitamiento del movimiento en Sucre (8) dejaron en evidencia la
fragilidad de la oposición. La violencia ejercida por grupos de
choque como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), para hacer cumplir la
medida de fuerza, desató fuertes críticas que incluyeron a periódicos
como La Razón , que calificó a los activistas de “fascistas”. A
las imágenes de jóvenes autonomistas que en su huida del saqueo de
un mercado atropellaron a un comerciante se sumó la postal, que
circuló por internet, de dos unionistas “patrullando” Santa Cruz
en el techo de una camioneta roja con esvásticas prolijamente
pintadas en sus puertas. Por otro lado, Radio Erbol, vinculada a la
Iglesia Católica , denunció que los trabajadores de la aceitera
Rico, propiedad del presidente del comité cívico de Santa Cruz y
promotor del paro, Branko Marinkovic, fueron obligados a trabajar a
puertas cerradas en la empresa, ¡aunque “oficialmente estaban en
paro”! Entretanto, quedaba en evidencia el escaso acatamiento a las
huelgas en los barrios urbanos populares y en las zonas rurales. En
Santa Cruz, Tarija o Chuquisaca, el campo sigue siendo un bastión
“evista” y un contrapeso político a las elites locales vinculadas
a la estructura latifundista que sobrevivió e incluso se consolidó
luego de la reforma agraria de 1953. En ese contexto, un grupo de
personalidades moderadas de Santa Cruz publicó el manifiesto “Santa
Cruz somos todos” en el que denunciaban que “se está condenando a
la muerte civil a quienes no repiten en el alma un único discurso
oficial supuestamente cruceñista, a quienes no respaldan su
violencia, a los que no aceptan sus dogmas”. Estas personalidades se
distanciaron así de la Junta Nacional Democrática, promovida por los
comités cívico–empresariales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija,
Chuquisaca y Cochabamba, articulados con el derechista Poder Democrático
Social (Podemos), encabezado por el ex presidente Jorge Quiroga, quien
acusa al gobierno de haber cambiado la injerencia estadounidense por
el “sometimiento a la Venezuela de Chávez”.
Esta
crispación pareció dar consistencia a las sucesivas denuncias del
gobierno sobre supuestas conspiraciones –nunca probadas– para
derrocar a Evo Morales. Uno de esos planes estaría plasmado en el
documento “Plan para tumbar al indio de mierda”, que servicios de
inteligencia entregaron al Presidente boliviano y Hugo Chávez mostró
en su programa radial “Aló presidente”. De acuerdo al gobierno,
el esbozo atribuido al grupo separatista Nación Camba tiene cuatro
etapas. La primera: apoyar a la Unión Juvenil Cruceñista para hacer
fracasar la Constituyente con el cambio de la capital. Segunda: abrir
otro frente de conflicto pidiendo el traslado de la empresa estatal
minera Comibol de Oruro a Potosí. Tercera: radicalizar la pelea por
las autonomías hasta que haya muertos. Y la cuarta: forzar la
convocatoria a elecciones generales y “usar” al alcalde potosino
de origen indígena René Joaquino como candidato a Presidente.
Otros
planes, según el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana,
contarían con apoyo de la agencia de cooperación estadounidense
USAID, a la que el gobierno intimó a “adecuarse a las políticas
del Estado boliviano o caso contrario tiene las puertas abiertas para
dejar el país”. No obstante, la falta de evidencias contundentes ha
restado credibilidad a este tipo de denuncias, que la oposición
califica como “cortinas de humo” y que parecen tener una vida
fugaz, con escasos resultados en el terreno de la propia inteligencia
estatal que las alentó.
Con
todo, es cierto que Joaquino aparece, para parte del abanico
conservador, como el “indígena moderado” que podría hacer frente
al “indígena violento” (Morales). El ex senador del MAS
(expulsado en 2004) Filemón Escobar, acuñó la fórmula “indio
gana a indio”. Incluso el ex caudillo aymara Felipe Quispe hizo en
mayo pasado un mea culpa por haberse alejado de las clases medias y
admitió la posibilidad de unir fuerzas con el alcalde potosino.
Recambio
de elites
Pese
a los obstáculos, no cabe duda de que en Bolivia se está procesando
un recambio de elites que algunos sectores acomodados leen como el
aliento a una “revancha étnica” de parte de los indígenas. Estos
grupos “blancoides” recuerdan ahora que “en Bolivia todos somos
mestizos”, mientras algunos de sus miembros no logran contener sus
exabruptos racistas. Refiriéndose al empantanamiento de la Asamblea
Constituyente , Manfredo Kempff, ex vicecanciller y vocero de Hugo
Banzer se preguntaba: “¿Qué podía ofrecer al país un
conglomerado de pastores, cocaleros y bloqueadores, amamantados por
las ONG?… La Asamblea Constituyente ha sido muy democrática, de
acuerdo. Pero hasta la irresponsabilidad de pretender que legislen los
analfabetos” (9). Con todo, una rápida revisión “sociológica”
del gabinete de Evo Morales arroja una imagen alejada del
etnofundamentalismo indio: sólo el canciller David Choquehuanca se
autoidentifica como indianista, a quien se podría sumar la ministra
de Justicia, de origen campesino cocalero, Celima Torrico. Por eso,
algunos intelectuales indianistas radicales hablan de la existencia de
un “entorno blancoide” que estaría alejando a Evo Morales de las
bases “bajo una máscara indígena”.
“Detrás
de estos desencuentros actúan dos elites políticas. Una que asciende
bajo las banderas de la igualdad y quiere distribuir la riqueza y el
poder con un alto costo institucional; y otra que se resiste con la
bandera de la libertad y la defensa de la institucionalidad. Bolivia
vive la enésima versión de la pelea que la ha paralizado desde
siempre: la lucha por una cantidad insuficiente de recursos”,
explica el analista político Fernando Molina. Y el propio García
Linera sostuvo que todo proceso de transformaciones conlleva tensiones
y que confía en que “la derecha contrarrevolucionaria no se
apoderará del espacio conservador, donde hay una derecha democrática”.
El desafío es cómo procesar, de forma pacífica pero sin desactivar
los anhelos plebeyos de cambio, este proceso tendiente a construir una
República más igualitaria que la que predominó desde la fundación
del país en 1825.
En
el siglo XIX, el presidente Manuel Isidoro Belzu advirtió proféticamente
a las elites de la época: “Haced las reformas por vosotros mismos
si no queréis que el pueblo haga revoluciones a su modo” (10). Hoy,
para la izquierda indígena, Bolivia vive una revolución “democrática
y cultural” derivada de la falta de reformas oportunas. Y para la
derecha, un tránsito sin escalas hacia una dictadura supuestamente
inspirada en el “modelo autoritario chavista”.
Notas:
(*)Periodista
e investigador social. Autor, con Hervé Do Alto, de La revolución de
Evo Morales, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
1
“Evo promete hacer de Bolivia una Suiza en 10 años”, Los Tiempos,
Cochabamba, 7–8–07.
2
Fernando Molina, “Bolivia: ¿redistribución radical en
democracia?”, Archipiélago, La Paz , octubre–diciembre de 2007.
3
En los últimos meses, Morales repartió cheques a los alcaldes por
varios millones de dólares, financiados con fondos venezolanos. Ver
“Morales busca la reconciliación con Santa Cruz”, La Razón , La
Paz , 19–9–07.
4
La crisis se desató el 15 de agosto, cuando el MAS y sus aliados
decidieron excluir el tratamiento de la demanda de Sucre, apoyada con
entusiasmo por los sectores autonomistas de Santa Cruz.
5
Incluso, en un exabrupto, el mandatario boliviano pidió introducir la
“pena de muerte para los privatizadores”, lo que fue casi
inmediatamente retirado en el contexto de su competencia por el premio
Nobel de la Paz.
6
En los municipios de mayoría indígena se respetarán algunos “usos
y costumbres”, como la justicia comunitaria, y si constituyen
mancomunidades con otros municipios pueden dar lugar a “regiones indígenas”.
7
La Razón , La Paz , 19–9–07.
8
Radio Erbol demostró que el número de huelguistas de hambre era una
tercera parte de lo que decía el comité impulsor de la capitalidad
“plena”.
9
La Razón , La Paz , 23–6–07.
10
Andrey Schelchkov, La utopía social conservadora en Bolivia: Manuel
Isidoro Belzu 1848–1855, Academia de las Ciencias de Rusia, Moscú,
2007.
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