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El segundo año de Lula
Profundización y extensión del neoliberalismo
Por James Petras
Rebelión, 23/07/04
Traducido por
Felisa Sastre
A pesar de los desastrosos resultados socioeconómicos
del primer año de la puesta en práctica de su programa neoliberal,
Da Silva ha decidido continuar, desarrollar y profundizar en esas políticas,
tanto en el ámbito doméstico como en el internacional..
La política exterior de Da Silva es una continuación de
su política interna, y ésta lo es de aquélla. A principios de 2004,
Da Silva anunciaba planes para la privatización de las
infraestructuras de Brasil, para ampliar el papel de Brasil como
exportador de materias primas, aumentar su dependencia de los mercados
exteriores, continuar con la austeridad interior y con los altos
intereses con el fin de complacer a los bancos extranjeros y
nacionales, y a los especuladores; para aprobar una versión moderada
del ALCA y avanzar en el papel de Brasil como exportador de materias
primas a China.
Siguiendo estas políticas neocoloniales, el régimen de
Da Silva se ha embarcado en una política exterior que incluye el envío
de 1.500 miembros de las fuerzas armadas brasileñas a Haití para
proteger al régimen títere de EE.UU., colocado en el poder por los
marines estadounidenses; ha movilizado a 15.000 soldados en la
frontera de Colombia en coordinación con el régimen terrorista de
Uribe; mantiene unas relaciones diplomáticas mínimas con el gobierno
de Chávez en Venezuela y con el de Castro en Cuba, y una política de
“puertas abiertas” para las inversiones de los especuladores de
Estados Unidos y Europa. A todo ello, se suman los crecientes vínculos
con China que se basan en las importaciones de productos
manufacturados y la exportación de materias primas minerales y agrícolas.
La política económica de Lula en el 2004
Lula se ha reafirmado en la continuación de su política
neo–liberal de apoyo al FMI, y ha expresado su respaldo
incondicional al equipo económico neoliberal durante 2004. Abierta y
contundentemente ha rechazado las exigencias de Joao Pedro Stedile y
del, supuestamente izquierdista, Partido de los Trabajadores de girar
hacia la izquierda o cambiar su gobierno.
Durante los primeros cuatro meses de 2004, la producción
industrial ha bajado un 1.2% en relación con el último trimestre de
2003, aunque entre enero–marzo de 2004 hubo más días laborables
que en el período octubre–diciembre de 2003. A pesar de los más
bajo intereses internacionales de la historia, Brasil mantiene los índices
más altos del mundo– con un tasa de más del 16%–, y amenaza con
subirlos para atraer capitales especulativos y cortar cualquier
posible recuperación. Aunque el crecimiento anual ha sido positivo,
los sectores que experimentaron el mayor incremento fueron los de
suministros en manos extranjeras (electricidad, telecomunicaciones),
que han presionado al gobierno de Lula con éxito para aumentar las
tarifas, lo que ha ocasionado el aumento de beneficios para las
multinacionales y la subida de los costes para los consumidores.
Durante el primer trimestre de 2004 en relación con el mismo periodo
de 2003, las compañías eléctricas han experimentado un enorme
crecimiento de sus beneficios netos del 94% y las de
telecomunicaciones del 53,2% a pesar del descenso del número de líneas
telefónicas en servicio a causa del aumento del paro. Otros sectores,
como el acero, los productos químicos y el papel muestran
significativos descensos de beneficios netos aunque las materias
primas para la exportación como el mineral de hierro y la soja han
continuado creciendo – hasta la caída brusca de las exportaciones a
partir de abril (Financial Times, 12 mayo de 2004, pp.6 y 21).
En gran medida, el estancamiento continuado de Brasil, a
pesar del boom de las exportaciones agro–minerales, se debe a la
congelación de las inversiones públicas, tal como Celso Furtadi puso
de manifiesto en un discurso el 4 de mayo de 2004. Al mismo tiempo, el
régimen de Da Silva ha conseguido el beneplácito del FMI al renovar
su acuerdo para seguir con sus políticas monetarias restrictivas y la
apertura de los mercados que han permitido a los especuladores de
ultramar y a los poseedores de obligaciones " recibir en 2003 los
reintegros más altos de todos los mercados emergentes " (Financial
Times, 29 de marzo de 2004, p. 11). Los pronósticos para el resto de
2004 no son favorables: los ingresos por exportaciones, que crecieron
el 12 % en 2003, pueden caer si baja el precio de las exportaciones más
importantes del Brasil (soja, zumo de naranja y mineral de hierro)
debido al enfriamiento de la economía en China y a la bajada de los
precios en un 30 %. Las tasas de intereses globales suben en EE.UU.,
Asia y Europa, y presionan sobre la entrada de capitales, y la
volatilidad de los mercados del petróleo y las crisis de energía
probablemente van disminuir la demanda mundial y van a causar que
Brasil dé una vuelta de tuerca a los programas de austeridad para
alcanzar los objetivos de superávit presupuestario que les ha marcado
el FMI. Tal como ha señalado Cesar Benjamin, 2003 no ha sido un año
de “crisis” (tal como alegan los apologistas de Lula), sino que
fue un año óptimo para el crecimiento, y, debido a la política
neo–colonial y neo–liberal de Lula, Brasil lo ha desaprovechado.
Habida cuenta de la disminución de las expectativas de crecimiento de
la exportación y el continuo debilitamiento del mercado interior, es
previsible que Da Lula profundice en las concesiones al capital,
abarate los costes del trabajo, conceda más rebajas de impuestos a
los inversores, vaya más allá en la desregulación de la explotación
medioambiental y negocie un acuerdo con EE.UU. sobre el ALCA.
Las “lecciones” que Lula ha sacado de los desastres
económicos de 2003, son las de moverse más a la derecha y ofrecer
Brasil al mejor postor, no sólo de EE.UU. sino de Europa, China y
quienquiera que pueda estar interesado. En marzo, hasta el PMDB– el
socio derechista de la coalición – criticó la extremadamente
restrictiva política monetaria neo–liberal del Gobierno, la
ausencia de inversión pública, y la concentración del crédito en
los grandes exportadores en detrimento de los pequeños empresarios
locales.
Para pagar las campañas electorales y publicitarias de
Da Silva en los medios de comunicación, se ha acusado a Jose Dirceu,
consejero clave del gobierno, de estar implicado gravemente en la
aceptación de sobornos de mafias de delincuentes. En un intento de
dar " un barniz moral " a su régimen, Da Silva prohibió el
bingo en todo el país – lo que llevó al paro a miles de
trabajadores y a la prohibición de uno de los pocos entretenimientos
que tienen los trabajadores mal pagados.
Aún con la oposición de todo el espectro político,
desde el Partido Liberal, PSDB, PMDB, PTB, PCB, PS, los
neo–liberales que dirigen la política económica del régimen
cuentan con el apoyo incondicional de Da Silva: Paolocci, Dirceu,
Meirelles (presidente del Banco Central) constituyen un equipo unido,
unido en las actuales políticas ortodoxas neo–liberales y en las
del futuro. Este “gobierno de unidad de clase” se enfrenta a las
continuas exigencias de sustituir a Paolocci–Meirilles planteadas
por el PT (“Articulación de la Izquierda”) y de algunos
dirigentes del MST. Estas "súplicas" han caído en oídos
sordos porque Lula es el supuesto y poderoso defensor del
neo–liberalismo y por ello apoya a Paolocci y Meirilles. Hasta la
derechista Federación de Industriales de Sao Paolo ha criticado el
extremismo del régimen al aplicar "la política de ajuste
monetario” del FMI y las altas tasas de intereses que justifican que
los inversores prefieran tener sus fondos en una cuenta bancaria o lo
gasten en lugar de invertir, cuando existe un alto desempleo y bajos
niveles de consumo (Latin American Economy and Business, marzo 2004,
p.11).
Aunque la inflación está bajando, el paro continúa
creciendo: desde el 10% en diciembre de 2003 al 12% en febrero de
2004. Durante el año 2004, Da Siva ha viajado al exterior con un gran
acompañamiento de ejecutivos de las más importantes empresas para
buscar nuevas oportunidades para la exportación y potenciales
inversores dispuestos a apoderarse de los activos brasileños. Las
estadísticas de 2003 demuestran que las siete más grandes compañías
privatizadas han obtenido beneficios nunca alcanzados, de más de
14.000 millones de reales (algo menos de 5.000 millones de dólares),
la mayoría de los cuales fueron transferidos al exterior en lugar de
reinvertirse en el país. Las altas tasas de interés han sido una
lucrativa fuente de enormes beneficios para las elites bancarias del
país y del extranjero. Las altas tarifas han aumentado los beneficios
de las compañías de gas, electricidad y telecomunicaciones. El índice
de beneficios del sector bancario fue del 21% mientras que el de los
sectores no financieros lo fue del 15,6%.
Está claro que los bancos privatizados y sus nuevos
propietarios son los principales beneficiarios del régimen de Da
Silva. Más aún, han proporcionado " la base de apoyo” para la
decidida búsqueda de Lula en 2004 de nuevos inversores extranjeros,
de más privatizaciones y de la continuada bajada de los aranceles
comerciales. Las consecuencias han sido el aumento de las
transferencias al exterior, una mayor dependencia de los oscilantes
precios de las materias primas y una mayor vulnerabilidad a las
inversiones especulativas. El problema consiste en que mientras los
precios de las materias primas han descendido a mediados de 2004 y las
tasas de interés han subido en EE.UU. los capitales especulativos han
perdido las ganas de invertir y la “recuperación" brasileña
no se va a producir. Además, al tener que hacer frente a los grandes
pagos de la deuda, quedan pocos recursos interiores y estatales para
“animar” la recuperación. Brasil, con las políticas neo
liberales llevadas a cabo por Lula y su predecesor (Cardoso), ha
sufrido un brusco retroceso en términos comparativos en los últimos
seis años: desde el octavo puesto entre las mayores economías del
mundo al décimo cuarto. Durante el periodo 1998–2004, el de mayor
auge de las políticas neo liberales de Cardoso–Lula, el crecimiento
del Producto Interior Bruto medio de Brasil ha sido del 1.4%, situándose
en el lugar 164 entre 178 países (Global Invest, mayo de 2004).
En abril el gobierno de Da Silva anunció un plan de
inversión y de financiación de 5.100 millones de dólares para las
grandes empresas. El plan – que comprende toda la política de
suministros – prevé exoneraciones fiscales a los industriales que
compren maquinaria nueva, subvenciones estatales para la investigación
en empresas privadas, campañas internacionales de comercialización
con financiación pública, una mayor desregulación para las
empresas, que incluye drásticas reducciones en los programas
gubernamentales de salud y de seguridad, desregulación ambiental y
control de las importaciones. El gobierno ha previsto también
financiación adicional para subir el sueldo de los funcionarios y
para asentar a campesinos sin tierra– en gran medida obligado por el
movimiento masivo de ocupación de tierras. Sin embargo, incluso la
realización de este programa de mínimos es muy improbable que tenga
algún impacto, habida cuenta de que el Ministro de Economía,
Paolocci, ha asegurado a los banqueros que el Gobierno mantendrá la
previsión de superávit del 4,25 % del PIB de su presupuesto inicial,
así como la ortodoxia neoliberal durante lo que queda de la
Presidencia de Lula (Financial Times,1 de abril de 2004, p.2).
Relaciones entre Brasil y China: La subordinación se
amplía
El Régimen de Da Silva, sus partidarios y no pocos de
sus críticos de “izquierda” han elogiado, como medida
progresista, la profundización de las relaciones con China. Desde
1998, el comercio bilateral entre los dos países se ha más que
duplicado. En 2003, las exportaciones brasileñas a China se
incrementaron un 80%, hasta alcanzar los 4.500 millones de dólares.
China, en la actualidad, es el tercer mayor socio comercial ( con un
comercio bilateral que ha alcanzado los 7.900 millones de dólares en
2003). Brasil ese año tuvo un superávit comercial de 2.385 millones
de dólares. Aunque el modelo comercial de Brasil con China le conduce
a un ciclo nuevo de dependencia en la producción de materias primas y
distorsiona más aún el modelo de desarrollo. Las “nuevas
inversiones” que Lula busca en China son principalmente para
financiar carreteras, puertos y ferrocarriles con el fin de asegurar
el suministro de materias primas. La mayor beneficiaria de este
comercio es la recientemente privatizada compañía de mineral de
hierro, Compania Vale do Rio Doce.
No obstante, las limitaciones de la estrategia
agro–mineral de Lula se han hecho patentes en la primera mitad de
2004. Entre marzo y abril, el precio de la soja y del mineral de
hierro bajó cerca del 20 % cuando los dirigentes chinos decidieron
enfriar el recalentamiento de la economía. Los importadores chinos,
según se informó, se encontraban sobre abastecidos y cancelaban o
renegociaban los precios, incluso cuando los envíos de soja desde
Brasil se encontraban ya cerca de la costa. Además, China canceló
las importaciones de cuatro de los más importantes abastecedores de
Brasil (Noble Grain, Cargill Agrícola, Irmaos Trevisan y Bianchini).
Las autoridades chinas se negaron a aceptar 59.000 toneladas de soja
“roja” por “razones de salud basándose en que contenía altos
niveles de antibióticos, pesticidas y otros productos químicos que
podían ser nocivos para los consumidores”. Lula es un gran promotor
de la agricultura química. Se estima que Brasil tendrá una pérdida
de más de 1.000 millones de dólares en su comercio debido al
enfriamiento de la economía china.
Mientras Lula tiene previsto una inversión de 40.000
millones de dólares en empresas mixtas con China para mejorar el
transporte de las materias primas hacia China, no existen previsiones
semejantes en la economía doméstica para financiar a los pequeños
agricultores, cooperativas y la reforma agraria. Resulta una ironía
que, cuando Lula se encontraba en China, hablara de “seguridad
alimentaria” y “lucha contra el hambre” mientras su propia política
agrícola se enfocaba hacia las exportaciones agrarias, y su abandono
de la reforma agraria producía inseguridad alimentaría y provocaba
el hambre entre millones de campesinos y obreros rurales. La realidad
es que Lula viajó a China con 400 de los capitalistas más ricos de
Brasil, y su visita se programó para servir a sus intereses. Tanto
las empresas agrarias como la minería exigen poca mano de obra, y en
la práctica no aportan valor añadido en los productos que exportan.
La estrategia de Lula hacia China es típica de su estrategia económica
global, y del estancamiento interno y de las mayores desigualdades que
genera. Es poco probable que los trabajadores brasileños se
beneficien de la venta de artículos manufacturados a China, ya que
las firmas industriales brasileñas trasladan su producción a China.
EMBRAER, el cuarto mayor fabricante de aviones del mundo se ha unido a
una firma china para fabricar allí, donde los salarios están por
debajo de un tercio de lo que se paga a los trabajadores brasileños.
Marcopolo, Petrobras y otras empresas están proyectando establecer
empresas en China. Las ventajas del mercado de China no “gotearán
hacia abajo”, hacia los trabajadores y campesinos brasileños. Al
contrario, “la manía de la soja” que ha impulsado Lula, ha
conducido a la enorme expansión de las grandes plantaciones de
productos para la exportación, a adentrarse en la selva tropical, a
la expulsión de los pequeños productores y a la absorción de
tierras sin cultivar, aptas para la reforma agraria que debería
beneficiar a los trabajadores rurales sin tierra
La crisis social se agrava
Según la Secretaría de Comercio Exterior, en el primer
trimestre de 2004 Brasil tuvo un superávit comercial de 6.170
millones de dólares. Este superávit en su mayor parte ha ido a los
bolsillos de las elites agrícolas y mineras y a los financiadores
locales y extranjeros de la deuda brasileña.
En contraste
con los generosos pagos (30.000 millones de dólares) a los bancos
extranjeros durante la primera mitad de 2004, y el récord de
beneficios de los exportadores agro–minerales, Lula ha ofrecido un
aumento real del 1% en el salario mínimo mensual, de 240 a 260 reales
(3 reales=1 dólar USA), lo que equivale aproximadamente a 86 dólares
al mes, uno de los más bajos de Sudamérica. La justificación de
Lula, basada en que el gobierno no podía "permitirse" un
aumento más alto, ha sido ridiculizada por todos los partidos de
oposición e incluso por algunos miembros de su propio partido. Hasta
los partidos conservadores propusieron que se incrementara hasta los
275 reales al mes. La política de Lula sobre el salario mínimo
supone una burla de sus promesas de “doblar el salario mínimo en
cuatro años”. De hecho, incluso con una baja inflación, el salario
mínimo en el mejor de los casos va a permanecer inalterado durante de
la presidencia de Da Silva, condenando a más de 4,5 millones de
trabajadores a vivir al borde de la indigencia.
La promoción de Lula de la estrategia de exportación
del sector agro–minero, sumamente mecanizado y con alta inversión
de capital, el bajo nivel de inversión pública, la disminución del
nivel de vida, han debilitado el mercado interior y han exacerbado el
paro. En mayo de 2004, se alcanzaron las cifras más altas de paro–
13,1% según datos del Instituto Brasileño de Estadística y Geográfico
(IBGE). Peor todavía, los índices de paro se han incrementado entre
2003 y 2004. El IBGE señala también que el salario medio real en
abril de 2004 era de 868,50 reales (280 dólares), con una bajada del
3,5% respecto a abril de 2003. La tasa de desempleo en el área
metropolitana de Sao Paulo se ha mantenido entorno al 20%. Una muestra
de la gravedad de la crisis del paro en Sao Paolo es la convocatoria
de 30 puestos de trabajo para los servicios del metro, a la que se han
presentado126.000 solicitudes, lo que significa más de 4.000
aspirantes para cada puesto.
En el discurso más importante que pronunció durante su
visita a China, Lula pidió a las Naciones Unidas y al G–7 que se
unieran en una cruzada contra el hambre. Las palabras de Lula fueron
las típicas de su retórica de “relaciones públicas”, con el fin
de mantener su imagen de portavoz de los pobres del Tercer Mundo. La
realidad brasileña del crecimiento del hambre y de la inseguridad
alimentaria durante su mandato contradicen sus palabras en los foros
internacionales. La bajada del nivel de vida, la concentración de la
propiedad de la tierra, la disminución de las pensiones, el aumento
del empleo “basura” mal pagado, el alza de los precios de los
productos alimenticios, que se basan en la importación, han
contribuido a una bajada del consumo de alimentos y han reducido la
seguridad alimentaria. Aunque aceptáramos las muy cuestionables
estimaciones del gobierno, que considera que 53 millones de brasileños
sufren “inseguridad alimentaria”– es decir, malnutrición–, el
Plan Cero de Lula ni tan siquiera ha conseguido alimentar a una sexta
parte de la población en el pasado año y medio. Desde el punto de
vista estructural, el Plan constituye un completo fracaso, ya que no
ha cambiado la estructura de la propiedad de la tierra o los sistemas
de producción y de distribución que son los responsables del hambre.
El Plan Hambre Cero se mantiene, en el mejor de los casos, como un
“programa de caridad” para controlar a los potenciales votantes
pobres. En lugar de eliminar la pobreza, el Plan ha enriquecido a sus
administradores, ha dado lugar a corrupciones y ha reforzado las
tradicionales relaciones de clientelismo entre patrones y obreros.
Habida cuenta de los grandes superávit de 20.000
millones de reales en el comercio y de 41.000 millones en los fondos
de la seguridad social en el primer trimestre de 2004, es evidente que
existen fondos disponibles para aumentar sustancialmente el salario mínimo,
para incrementar la inversión pública con el fin de crear puestos de
trabajo y para financiar la distribución de tierras. El problema real
no es, como dice Lula, la “falta de recursos”, sino la estrategia
de política económica, y los intereses de clase a los que el régimen
de Da Silva se ha sometido. Bajo su mandato, el superávit se ha
distribuido entre los diferentes sectores de la clase dirigente:
financieros locales y extranjeros, exportadores de productos
agro–minerales y gigantescas compañías petroleras, químicas y de
manufacturas en manos extranjeras.
En 2002, el trabajo recibió el 50% de la renta nacional,
en 2003 bajó al 36% , ya que más de dos tercios de la renta nacional
se concentró en los beneficios, intereses y rentas de la clase
capitalista. La verdadera causa de la pobreza progresiva se encuentra
en la creciente concentración de la riqueza que ha sido la
consecuencia de las “relaciones carnales” entre el régimen de Da
Silva y las clases capitalistas.
Para mantener el dominio del capital, Da Silva ha
propuestos una nueva legislación que pretende debilitar la capacidad
de los obreros para convocar huelgas, mediante un sistema obligatorio
de arbitraje entre empresarios y trabajadores (Financial Times, 16 de
abril de 2004, p. 5.) Estas leyes contra los trabajadores incluyen una
mayor “flexibilidad” para el despido y la contratación de
obreros, los contratos temporales, menores indemnizaciones por
despido, y otras medidas diseñadas para aumentar el poder y los
beneficios de las empresas. El CUT y Forza Sindical, las dos mayores
confederaciones de sindicatos, están de acuerdo porque les dará más
poder para “gestionar” los fondos de pensiones sindicales y se les
facilitará un control centralizado de los sindicatos aunque pierdan
las deducciones fiscales automáticas que ahora tienen.
La destrucción del bosque tropical
La tasa récord de deforestación de la selva tropical
amazónica con el antiguo presidente Cardoso continúa bajo la
presidencia de Lula. Entre mayo de 2002 (con Cardoso) y mayo de 2003
(con Lula) se han destruido cerca de 24.200 kilómetros cuadrados de
bosque tropical brasileño. La deforestación está estrechamente
ligada a la estrategia económica de Lula. La promoción de la expansión
de las exportaciones de soja y carne a Asia y Europa ha ocasionado
incursiones profundas en la Amazonia. La reducción del presupuesto y
del personal que gestiona el medio ambiente por las políticas de
ajuste estructural, ha suavizado la ejecución de las normas
medioambientales, en particular las relativas a las talas ilegales.
Para evitar la expropiación de grandes latifundios, el Instituto de
Reforma Agraria (INCRA) está asentando a trabajadores sin tierra en
la selva tropical o en zonas adyacentes. Bajo el mandato de Lula, se
han deforestado más de 3.500 millones de hectáreas en la Amazonia. Y
el ritmo, probablemente, se va a acelerar debido a los nuevos acuerdos
comerciales de Lula con China, que incluyen aumentar las exportaciones
de soja, azúcar y carne. Como ha señalado un medioambientalista al
referirse a la enorme extensión de las explotaciones de ganado, Lula
va a convertir la Amazonia en una gran fábrica de hamburguesas. No
existe relación alguna entre las vehementes declaraciones de Lula
sobre “la preservación del bosque tropical” y sus estrategias
neoliberales para la exportación agraria basadas en la deforestación.
La crisis social, la delincuencia y la militarización
Al mismo tiempo que las políticas neoliberales de Lula
agudizan la pobreza, aumentan el paro e incrementan las cifras de la
“economía sumergida” hasta cerca del 50% de la mano de obra, la
delincuencia alcanza unos niveles sin precedentes. El tráfico de
drogas proporciona medios de vida, directa o indirectamente, a
millones de brasileños pobres, incapaces de vivir con un salario mínimo
de 80 $ USA al mes.
La violencia entre bandas, asaltos a gran escala en las
playas y la delincuencia en las calles son endémicos. Para
enfrentarse a la delincuencia existen dos talantes: el conservador,
que se basa en aumentar la represión policial, militarizar las
barriadas de bajos ingresos, y endurecer las penas de prisión para
los delincuentes; y el progresista que, como alternativa a la
delincuencia, propone la inversión en la creación de puestos de
trabajo y en vivienda para aumentar los ingresos y facilitar el acceso
a salarios dignos.
El Régimen de Lula ha aumentado las fuerzas policiales,
y en mayo de 2004 militarizó las favelas más grandes de Rio de
Janeiro (FT. 5 de mayo de 2004, p.2 ). Las cárceles se encuentran
atestadas y los disturbios son frecuentes ya que la represión aumenta
los índices de encarcelamiento pero no logra bajar los de
delincuencia.
La política de Lula de “soluciones alternativas”
para el bajar el paro es, también, totalmente inadecuada. Su gobierno
ofrece crear empleo por medio de subvenciones a los empresarios
(Programa de Primer Empleo). En los 6 primeros meses de 2004 sólo se
han creado 725 puestos de trabajo (FT, 5 de mayo de 2004, p.2). En
segundo término, prevé “reclutar” 30.000 soldados muy jóvenes
para el ejército mediante un acuerdo entre los ministerios de Trabajo
y Defensa y las organizaciones empresariales. Sin los recursos y la
experiencia adecuados, los militares no pueden financiar y formar a
los nuevos reclutas para empleos civiles pero, habida cuenta del
compromiso del régimen de Lula para el pago de las obligaciones de la
Deuda, no existen recursos para obras públicas a gran escala que podrían
tener impacto en los crecientes millones de jóvenes sin empleo.
Finalmente, la política contra la delincuencia tiene un dirección
exclusiva: más represión, más violencia y una mayor inseguridad
ciudadana.
La Reforma Agraria: Lula y el Movimiento de los Sin
Tierra (MST)
El mayor fracaso del régimen de Da Silva se sitúa en el
sector de la Reforma Agraria. A pesar de las repetidas promesas a los
trabajadores rurales sin tierra, el gobierno de Lula ha expropiado
muchas menos explotaciones agrarias que su predecesor, Fernando
Cardoso. Entre enero y abril de 2004, el gobierno de Da Silva ha
proporcionado tierras a sólo siete mil familias frente a la promesa
de hacerlo con 115 mil familias al año. En sus primeros 16 meses de
gobierno, Lula ha asentado a 21.000 familias sin tierras en lugar de
las 230.000 prometidas. Como consecuencia de sus falsas promesas y
falta de voluntad para llevar adelante la causa de los 24 millones de
obreros del campo más explotados, el 27 de marzo el MST (Movimiento
de los Trabajadores sin Tierra) lanzó una campaña nacional de
ocupación de tierras. A finales de abril, 33.411 familias habían
ocupado más de 135 latifundios en 20 Estados. Pernambuco, uno de los
Estados más pobres, fue testigo de 32 ocupaciones que afectaron a
8.000 familias– algunas estimaciones hablan de más de 200.000
familias– que ocuparon las tierras en las circunstancias más
elementales, a la espera de las actuaciones del INCRA para expropiar
las tierras y asentar a las familias. El Instituto Nacional de Reforma
Agraria ha seguido las instrucciones de Da Silva de “respetar la
ley” y se ha negado a acelerar los procedimientos de expropiación,
mientras que el reaccionario sistema judicial ha puesto en marcha
innumerables dilaciones legales de forma que los propietarios de las
tierras bloquean el proceso mediante continuos recursos.
Da Silva ha fracasado en llevar a cabo la Reforma Agraria
porque es incompatible con su estrategia de exportaciones agrarias,
por sus vínculos con los propietarios de las explotaciones y con las
multinacionales de la industria agraria. Dieciocho meses después, es
evidente que existen cinco contradicciones básicas entre las
necesidades de los sin tierra y el régimen de Da Silva.
La contradicción entre la política de concentración y
centralización de la producción en manos de la elite
agro–exportadora y las exigencias de los sin tierra que piden la
redistribución de las tierras y la expansión del mercado interior.
La existente entre la concentración del crédito
financiero y comercial, del transporte y de la asistencia técnica en
las elites de la industria agraria y su denegación a los
beneficiarios de la reforma agraria.
La de privilegiar y legalizar la expansión de la
industria agraria frente a la criminalización de las acciones
sociales y de la ocupación de tierras por los trabajadores del campo
que no las tienen.
La contradicción existente entre las masivas
transferencias de riqueza del Gobierno a los bancos extranjeros y
nacionales y las drásticas reducciones de los servicios y de la
inversión públicos para los pequeños productores, los proletarios
del campo y las comunidades indias y negras.
Y la contradicción entre la subordinación de Brasil a
la división imperialista del trabajo y el esfuerzo de los
trabajadores sin tierra, cooperativas y pequeños campesinos para
profundizar y ampliar las relaciones con el mercado interior.
Da Silva ha exacerbado la polarización en el interior de
la estructura de clases brasileña y en la economía– entre los
exportadores y los productores locales, entre los financieros y los
obreros, entre los propietarios privados de los medios de producción
y los empleados públicos. Esta polarización es más evidentemente
aguda en la zona rural donde los exportadores agrarios reciben el 90%
del crédito y muchos incentivos para la exportación, con un
crecimiento cercano al 20 % al año, mientras que los pequeños
productores y las cooperativas que producen alimentos para el mercado
interior se encuentran al borde de la ruina y sus ingresos se
estancan. Privados de recursos, teniendo que competir con alimentos de
importación subvencionados, las cooperativas que han surgido a
consecuencia de la reforma agraria se enfrentan a un futuro
desastroso.
Los problemas de los movimientos agrarios– incluido el
MST– no residen sólo en la falta de avances de la reforma agraria,
sino en las políticas concentradas en las exportaciones agrarias que
amenazan con dar al trate con los progresos conseguidos en los últimos
veinte años.
El régimen de Da Silva ha reunido al conjunto más
formidable de empresarios agro–industriales de los últimos años,
que cuentan con su apoyo incondicional.
El apoyo de Da Silva al ALCA "descafeinado",
que implica su firma de nuevos acuerdos comerciales y de inversión
con China es muy revelador de la firme alianza estratégica con las
clases agrarias más hostiles a la reforma agraria y a los pequeños
productores para el mercado local.
El problema de los movimientos agrarios (gentes sin
tierra y pequeños productores) es esencialmente político: el Régimen
de Lula representa a los empresarios agrícolas mientras que las
clases campesinas rurales no tienen representantes o líderes. La
estrategia de los sin tierra al dar “apoyo crítico al gobierno de
Lula” (Entrevista con Joao Petro Stedile , París, 9 de mayo de
2004) ha tenido un efecto boomerang. El apoyo a Lula ha reforzado su
alianza con la elite de los empresarios agrícolas mientras que ha
debilitado a los movimientos de oposición social y política.
Durante casi 15 meses los movimientos agrarios se han
estancado, centenares de miles de obreros sin tierra estuvieron
“acampados” esperando la respuesta de Lula a las presiones del
“izquierdista” Partido de los Trabajadores y de los “amigos del
MST” en el Gobierno (Betto, Rossetti). Fueron momentos de
sufrimiento, espera, desilusión y, finalmente, de frustración, que
condujeron a una serie de ocupaciones de tierras concretas, al margen
de la dirección central del MST. La confianza de la dirección
nacional del MST en sus “estrechas relaciones” con Lula para
asegurar cambios positivos ha sido una trágica ilusión con
resultados muy negativos para todos los afectados. En el entorno del
MST existe un creciente rechazo de la alianza de Da Silva con las
clases dominantes, el FMI y los bancos extranjeros. En junio de 2003,
menos de un tercio de la población apoyaba la política económica de
Lula. Los empleados públicos organizaron huelgas y 50.000
funcionarios llevaron a cabo una marcha hacia Brasilia; miles de
veteranos del PT abandonaron el partido. Miembros disidentes del PT,
expulsados del partido, han creado uno nuevo en mayo de 2004: el
Partido del Socialismo y de la Libertad, y el PSTU ha organizado la
“Coordinadora de Luchas” pero el MST no participa en ninguno de
estos nuevos movimientos cuyas políticas comparte. La dirección
nacional permanece vinculada a la impotente, y oportunista, fracción
“articulación de la izquierda”, incapaz de influir en el Gobierno
de Lula pero que, sin duda, sirve para debilitar el crecimiento de un
movimiento político progresista capaz de ofrecer una alternativa a
las políticas ultra liberales del régimen de Da Silva.
Resulta difícil imaginar de qué manera los líderes del
MST – tras 18 meses de ataques salvajes a los salarios de los
trabajadores, a las pensiones, a las condiciones de trabajo, al
salario mínimo y a la reforma agraria–
pueden justificar el “apoyo crítico” al régimen de
empresarios y financieros agrícolas más reaccionario de la reciente
historia de Brasil.
El movimiento de ocupación masiva de tierras del MST en
abril y mayo de 2004 supone un importante paso adelante, un
reconocimiento de que nada progresista puede esperarse del Régimen de
Da Silva. Sin embargo, cuando se produjo la ocupación de tierras, Da
Lula las ignoró por completo: estaba en China con 400 banqueros,
empresarios agrícolas e industriales, firmando acuerdos para ampliar
sus mercados, y sus beneficios, y ofrecer lucrativos contratos a sus
contrapartes chinas. Da Silva tiene previsto invertir decenas de miles
de millones de reales en empresas mixtas con China para la promoción
de las exportaciones agro–minerales. Mientras tanto, tiene todavía
pendiente asignar alguna financiación significativa para las tierras
sin cultivar ocupadas por los activistas del MST.
Los problemas políticos a los que se enfrenta el MST no
pueden resolverse con insurrecciones sociales –aunque siempre será
mejor que esperar a que algo cambie por la vía de la elección de un
político neo–liberal. Los movimientos sociales como el MST en
Brasil no pueden confiar en los partidos que se presentan a las
elecciones, y en particular en aquellos, como el PT, tan profundamente
incrustados en el capitalismo institucional. La política electoral ha
corrompido y absorbido a todos los partidos de izquierda en los últimos
30 años, y el PT no es una excepción. La elección política no se
plantea entre convertirse en socio o aliado de un partido electoral o
en permanecer actuando como un simple movimiento social, sino en
desarrollar un partido–movimiento con políticos no electoralistas
para la toma del poder del Estado, a lo largo de un proceso complejo y
prolongado.
El problema más agudo que afecta a todos los movimientos
sociales en Latinoamérica es el de cómo convertirse desde las
protestas sectoriales o nacionales en una estrategia para la
construcción de un partido político que acceda al poder del Estado.
Carentes de un partido propio, y dependiendo de las estrategias
electorales del PT, el MST ha vuelto a lo que sabe hacer mejor:
organizar levantamientos populares (ocupación de tierras) y protestas
sociales. Sin embargo, es poco probable que la vieja táctica
militante de “organizar a las masas y presionar al Estado” sirva
para enfrentarse las políticas globales del Gobierno de Lula,
decidido a llevar a cabo la transformación de Brasil en "un
compañero" neoliberal de las elites chinas y en un apéndice del
imperialismo estadounidense y europeo.
Una vez más, resulta evidente al analizar en detalle
todos los aspectos del Gobierno de Lula (sus vínculos estructurales,
políticos y estratégicos) que los gobiernos “progresistas”
surgidos de las urnas, inevitablemente, acaban integrándose a través
de la subordinación a los sistemas imperialistas. La consecuencia es
que a los movimientos sociales y a sus miembros se les impide alcanzar
sus objetivos mínimos. En Ecuador, los sindicatos de trabajadores del
sector petrolífero y el CONAIE(1) a través de su movimiento político,
el Pachacutic, se alió con Lucio Gutiérrez quien, una vez llegado al
poder, se adhirió a la privatización del petróleo, al FMI, al ALCA
y al Plan Colombia, reprimió a los obreros del petróleo e ignoró
las necesidades de los movimientos indígenas. Las consecuencias: un
gran debilitamiento de los sindicatos del petróleo, un desacreditado
Pachacutic, y la debilitación de las bases de la CONIE.
En Bolivia, Evo Morales, líder del movimiento cocalero
del partido MAS (Movimiento por el Socialismo), tras algunos progresos
electorales giró hacia la derecha. Evo Morales se mantuvo al margen
de la insurrección urbana de octubre de 2003, apoyó al régimen
pro–imperialista y neo liberal de Carlos Mesa y jugó un gran papel
en dividir y atacar cualquier movilización a gran escala para pedir
la nacionalización del petróleo. Evo Morales se encuentra motivado
por la idea de ganar las elecciones presidenciales de 2007 y ha
copiado la estrategia de Lula de unirse a las multinacionales y al
modelo político neo–liberal.
El MST no ha sufrido el mismo desastre de la CONAIE
porque sólo unos pocos de sus miembros han llegado al Gobierno y ello
les ha permitido conservar la suficiente autonomía para mantener la
lealtad de sus afiliados. Como consecuencia de la ostensible alianza
estratégica de Lula con el capitalismo de los exportadores agrarios,
de las finanzas y de la industria, todas las encuestas muestran una
disminución lenta pero continua de su popularidad. Una encuesta del
Instituto Sensu muestra la caída del apoyo desde el 45% al 41% entre
febrero y marzo de 2004. Otra, de marzo de 2004, señala que el 46 %
de los encuestados considera que Lula está tomando “el camino
equivocado”. A finales de junio, estaba claro que Da Silva no va
poder controlar por mucho tiempo el Congreso, tal como han demostrado
los escándalos de corrupción, algunas de las medidas relativas a la
elección de los líderes del Senado y la prohibición del bingo. En
junio, sólo un tercio del electorado apoyaba la política económica
de Lula. Para finales de año podría estar muy cerca del índice
cero. El impotente “izquierdista” PT ha demostrado su compromiso
total de apoyar hasta el final al régimen de Lula, en parte porque se
ha integrado en el aparato estatal y no tiene otra alternativa política
seria. La cuestión capital es si el MST continuará ignorando a la
opinión pública mayoritaria, a la mayoría de los sindicatos de
funcionarios, al 21% de los parados de Sao Paulo, a los 200.000
obreros rurales acampados en las autopistas y a los partidos
alternativos de izquierda (partido Socialismo y Libertad y el PSTU)
que apoyan una reforma agraria radical. Hasta ahora, la dirección
nacional del MST persiste en argumentar que el problema es Palucci, el
Ministro de Economía y que, si se le obliga a dimitir, Lula será más
“receptivo” al MST, lo que evidencia el rechazo a reconocer los
enormes vínculos estructurales existentes entre el gobierno de Lula y
el capital financiero y las clases dominantes. Señalar a una sóla
persona (apoyada por Lula), no constituye un análisis válido.
Responsabilizar a Paolucci de la reaccionaria política monetaria, de
inversiones, comercial, presupuestaria, agraria y de empleo es señal
de una miopía aplastante. El problema es el régimen y hasta que el
MST vuelva a sus raíces de políticas de clase es probable que se
mueva entre las acertadas movilizaciones sociales y el fracaso en
tomar iniciativas políticas. Muchos de nosotros esperamos que, más
pronto que tarde, el MST rompa con el régimen pro–imperialista de
Da Silva y contribuya de forma significativa a poner en marcha un
partido político alternativo extra–parlamentario con los millones
de trabajadores en paro, los campesinos sin tierra los obreros y
funcionarios desilusionados con Lula.
Conclusión: Opulencia en medio de la miseria
A mediados de junio de 2004, el Presidente Da Silva se
reunió con su estrecho aliado, el multimillonarios Fernando Arruda y
con 15 otros grandes capitalistas para establecer las prioridades económicas
del Estado. Pocos días después, Fernando Arruda celebraba su cumpleaños
con 8.500 invitados, 300 de los cuales llegaron en sus aviones
privados a la finca. A finales de junio, Da Silva rechazó los
intentos de subir el salario mínimo mensual de 240 a 270 reales (de
77 a 88 $ USA), y defendió un aumento real del 1,5% hasta los 83 $,
con el argumento de que 5 $ más al mes para los empobrecidos y
hambrientos trabajadores era una medida contraria a su austeridad
presupuestaria.
Nada simboliza mejor el obsceno servilismo de Da Silva
hacia los super–ricos como Fernando de Arruda – malgastando
millones de reales en una fiesta de cumpleaños– que el arrogante
desprecio presidencial hacia la lucha de los pobres por sobrevivir con
2 dólares día.
Cada mes, el régimen de Da Silva ofrece más evidencias
de que sus políticas están aumentando las desigualdades: en
2003–2004 el número de millonarios creció desde 70.000 a 85.000
mientras la inmensa mayoría de los trabajadores sufrían una bajada
de del 12% en su nivel de vida. Para continuar con el saqueo de los
recursos nacionales de Brasil, Da Silva tiene previsto el 15 de agosto
subastar al capital extranjero las regiones petrolíferas con unas
reservas conocidas de 6.600 millones de barriles (de acuerdo con los
datos de la compañía estatal de petróleo, PetroBras), que suponen
el 50% de las reservas existentes, en una operación que será,
seguramente, recordada por los historiadores como “ como el gran
robo del petróleo”. César Benjamin se pregunta: “¿Qué
adjetivos merece un gobierno que actúa así?”. Podemos sugerirle
algunos como "traidor", o “entreguista”, pero hasta el
peor de los epítetos se quedaría corto para describir su
desvergonzada traición a muchas generaciones futuras de brasileños.
(1) Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador.
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