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Declaración
de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)
¡Castigo
a los que ordenaron y ejecutaron los asesinatos de la misionera
Dorothy Stang y de los trabajadores rurales de Pará!
Defensa
del pueblo luchador de Goiânia, castigo a los asesinos de los sin
techo, ¡libertad para sus líderes!
Traducido
y enviado por Correspondencia de Prensa, 18/02/05
En
los últimos días, graves acontecimientos dejan al descubierto el
resultado más evidente de dos años de mandato del gobierno de Lula y
la coalición dirigida por el PT: bajo el régimen político brasileño
se fortalece la represión política y la impunidad de los represores
que atacan violentamente a los movimiento sociales.
La
corrupción y el clientelismo revelan el carácter fraudulento de esta
llamada democracia, totalmente falsa y engañosa, que es cada vez más
una democracia para los ricos y una estafa contra los pobres.
Son
pruebas incontestables de lo que denunciamos:
1-
Los crímenes perpetrados por los terratenientes de Pará que
ordenaron cobardemente el asesinato de la misionera estadounidense-brasileira
y la ejecución de los sindicalistas rurales.
2-
La vergonzosa represión política contra hombres, mujeres, ancianos y
niños en la ciudad de Goiania, a mando de la justicia del Estado de
Goiás y ejecutado por la Brigada Militar provincial contra aquellos
que legítimamente habían construido sus casas en terrenos
anteriormente utilizados para la especulación inmobiliaria.
3-
En una semana de tantas tragedias y sufrimientos para los de abajo,
las elecciones en el Congreso Nacional – que parecía más una corte
que una casa de representación del pueblo - para la presidencia de la
Cámara y del Senado, mostraron que los legisladores tienen poca -
casi ninguna - representación popular. Con raras y honrosas
excepciones, los parlamentarios representan al latifundio, la banca,
los grandes empresarios… el Parlamento es una casa colmada de políticos
timadores y corruptos.
El
asesinato de la misionera Dorothy Stang fue el primer capítulo de la
serie de acontecimientos vergonzosos de estos últimos días. Su
muerte mostró la impunidad predominante en el país, especialmente en
el Estado de Pará.
El
gobierno de Lula, como el gobierno de Sarney después del asesinato de
Chico Mendes en 1988 y como el de Fernando Henrique Cardoso después
de la masacre de Eldorado dos Carajás, promete castigo riguroso…
Hacía
más de un año que era alertado por la propia misionera sobre la
situación dramática de la región de Anapu. No hizo nada.
Peor,
cedió las tierras de la Unión para la explotación de los
terratenientes. Ahora, después de la muerte, el gobierno enfrenta los
crímenes en el campo con palabras y… más palabras. De hecho
permite que las masacres – y la vergüenza - continúen.
Por
detrás de la omisión cargada de complicidad, están la política
agraria del gobierno federal y del gobierno estadual de Pará, aliados
con el latifundio. Como dijo Don Pedro Casaldáliga, obispo de São Félix
do Araguaia (Matto Grosso), comentando el asesinato de la misionera
Dorothy Stang, "(el gobierno no hace) la reforma agraria
porque está apostando a favor del agronegocio, del latifundio, de las
madereras, de las compañías mineras y de las multinacionales (...).
se piensa en el FMI, en la deuda externa y en el paraíso de las
exportaciones y se quiere el lucro inmediato. Debería atender, mucho
antes de la deuda externa, la deuda nacional con la gente que pasa
hambre y ha sufrido cada vez más la consecuencia de la política
agresiva de los agronegocios contra el ambiente".
Mientras
tanto, cuando aún no se habían secado las lágrimas de los
trabajadores rurales amigos de Dorothy, anónimos combatientes sin
techo, eran asesinados por la brigada militar de Goiás, en una
violenta acción de desocupación de 12000 personas que ocupaban una
área en el Parque Oeste Industrial en Goiânia.
El
gobierno federal una vez más fue omiso, dejando que una tragedia
anunciada ocurriera durante la misma semana en la que se decía
consternado con la muerte de la misionera - prueba de su cinismo – y
se limitó a enviar a Goiânia a su secretario de Derechos Humanos,
Nilmário Miranda.
Como
en el caso de Dorothy, el gobierno también fue advertido.
Miranda,
fue avisado de la tragedia inminente por el concejal del P-SOL Elias
Vaz, por la Diputada Federal del P-SOL Luciana Genro, por el Diputado
Estadual Mauro Rubem del PT y por una comisión de moradores del área
ocupada, que se reunieron con él un día antes de los asesinatos.
Pero
esta vez los crímenes fueron cometidos bajo la justificativa de
reintegro de la propiedad de una área que, antes de servir de
vivienda de 12 mil personas era utilizada para especulación
inmobiliaria. La misma justicia que expulsa a los ocupantes del Parque
Oeste Industrial de Goiania, no tiene la misma determinación para
enfrentar la ocupación ilegal de los terratenientes de Pará que
asesinaron a Dorothy. Es la justicia de los ricos, siempre del lado de
los terratenientes y grandes propietarios, que actúa sólo contra las
ocupaciones legítimas impulsadas por el derecho elemental y
constitucional a la vivienda.
La
operación militar de Goiânia, que utilizó más de 2500 policías
militares y fue la más grande operación policial de la historia de
Goiás, tuvo como resultado dos muertos hasta el momento, decenas de
trabajadores heridos -algunos en estado grave - y cientos de presos,
entre ellos mujeres y ancianos. Las imágenes que circularon mostraban
a los trabajadores siendo mal tratados como los presos comunes cuando
son derrotadas sus rebeliones en las superpobladas e inmundas cárceles
brasileñas.
El
gobierno federal, que dice que sabe negociar con los movimientos
sociales, ignoró la masacre de Goiânia y es, por lo tanto, cómplice
de la cobarde y brutal represión y por los asesinatos cometidos por
la policía militar.
En
el caso de Goiás, la responsabilidad del gobierno de Lula es
compartida por el gobierno municipal de Iris Resende (PMDB), que hasta
las elecciones de octubre pasado prometía defender a los sin techo y
ahora, como alcalde, se niega a expropiar el terreno. Pero también
fue grave la actitud de Marconi Perillo gobernador del PSDB, que
durante la pasada campaña electoral, se reunió en la Casa de
Gobierno con 300 moradores de la ocupación y les garantizó que:
(Palabras
del Gobernador, grabadas en un teléfono celular por un participante
de la reunión)
"El
alcalde, nosotros (el gobierno provincial), el secretario de
planificación de la municipalidad, les pedimos agilizar las medidas
en nuestra reunión con el propietario, porque el propietario debe
casi 2 millones de IPTU (impuestos municipales). Y yo hablé con el
alcalde Pedro Wilson ayer y le pedí que tomara las medidas
necesarias, que él mismo expropiara. Quien debe expropiar es la
municipalidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, aquí, ahora? Lo
que tengo que hacer es garantizar que no voy a mandar la policía. Si
va algún policía allá, algún, será despedido. Yo no acepto eso.
Va a ser despedido. ¿De acuerdo? Esta es una decisión que está
tomada. Pero la expropiación debe ser realizada por la municipalidad.
Si necesitan de mí, si ustedes necesitan de mí para ayudar en la
expropiación, yo ayudo. Pero ustedes saben que es la municipalidad
quien tiene que ejecutar la expropiación. Después que sea
expropiada... Pero con relación a ustedes yo ya tomé una decisión:
no voy a cumplir la orden judicial...”
El
régimen político del PSDB, del PMDB y del PT, sólo reserva
violencia y miseria para el pueblo.
La
elección de Renan Calheiros y de Severino Cavalcanti, para la
presidencia del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente,
corresponde fielmente a la composición de las dos casas y refleja el
carácter de la base aliada de sustentación del gobierno de Lula.
Calheiros es un antiguo y fiel aliado de Collor, ahora íntimo de Lula
y de José Dirceu. Cavalcanti hizo carrera durante la dictadura
militar y se especializó en la defensa de los privilegios de los
parlamentarios, siempre fiel, dígase de paso, a todas las propuestas
presentadas por el gobierno de Lula, así como fue fiel a Fernando
Enrique Cardoso, a Sarney, a Collor, y también a João Figueiredo y a
todos los gobiernos del ciclo dictatorial. ¿È una vergüenza qué
ambos hayan sido electos? Sin duda. Pero el candidato del gobierno, el
diputado Luiz Eduardo Greenhalgh, tampoco merecía ganar. Él, que un
día cuestionó el latifundio, hoy, a cambio de un mísero cargo,
elogia el agronegocio y contemporiza con el trabajo esclavo; él, que
un día defendió presos políticos, hoy dice amén al gobierno que
deja correr la sangre de los trabajadores en el campo y en las
ciudades, como en Pará y en Goiás.
Severino
Cavalcanti ganó porque el Congreso Nacional votó por un presidente
que sea lo más auténticamente posible la expresión de los intereses
de la mayoría de los diputados. La mayoría de los parlamentarios votó
en el original, descartando la copia más reciente presentada por la
pandilla petista de negociadores del “vale todo”, tan característica
de la política de las clases dominantes.
Por
último, queremos registrar que el gobierno del PT contribuye a
reforzar las peores características del régimen político brasileño:
el culto a los intocables privilegios de los magnates, de los
terratenientes y de los banqueros y tolera los asesinatos impunes de
los combatientes del campo y de la ciudad, mantiene y profundiza el
clientelismo y la corrupción, aumentando la crisis social y el foso
entre representantes y representados.
El
Partido Socialismo y Libertad (P-SOL) convoca a la más amplia unidad
de todas las fuerzas sociales y políticas que quieran dar un basta a
este régimen de corrupción, de impunidad, de miseria y de
sometimiento a los intereses del grande capital y del imperialismo,
para impulsar una amplia campaña nacional e internacional en defensa
de los trabajadores brasileños contra la persecución a los
combatientes del pueblo, por la rigurosa investigación y castigo de
los responsables por los asesinatos cometidos en Pará y en Goiânia y
por la inmediata libertad de los líderes y militantes sin techo.
Los
militantes y dirigentes del P-SOL, sus parlamentarios y nuestra
senadora Heloísa Helena están al servicio de esta batalla.
Las
muertes de nuestros hermanos de Pará y de Goiânia no serán en vano.
¡Basta
de sometimiento del país a los intereses de los banqueros, de los
terratenientes y de los grandes magnates!
¡Basta
de falsa democracia y de corrupción!
¡Basta
de asesinatos, de violencia, de impunidad y miseria!
¡Tierra,
Trabajo Justicia y vida digna para los trabajadores brasileños!
Declaración
de protesta contra los asesinatos y la violencia en Pará y en Goiás
(*)
En
los últimos días, graves acontecimientos dejan al descubierto el
resultado más evidente de dos años de mandato del gobierno de Lula y
la coalición dirigida por el PT: bajo el régimen político brasileño
se fortalece la represión política y se suma a la violencia contra
los movimientos sociales. Se profundizan la corrupción y el
clientelismo, se refuerzan los privilegios de los poderosos ante el
crecimiento incesante de las ganancias de los banqueros, mientras las
capas asalariadas y la inmensa legión de desocupados son contenidos
con promesas postergadas por la necesidad de cumplir los criminales
compromisos asumidos frente a una deuda externa que nunca fue
investigada.
Los
crímenes perpetrados por los terratenientes de Pará que ordenaron
cobardemente el asesinato de la misionera estadunidense-brasileira y
la ejecución de dos sindicalistas rurales.
La
vergonzosa represión política contra hombres, mujeres, ancianos y niños
en la ciudad de Goiania, a mando de la justicia del Estado de Goiás y
ejecutado por la Brigada Militar provincial con la complicidad del
gobierno federal, del gobierno municipal de Iris Resende (PMDB) y con
el respaldo activo y descarado del gobierno provincial de Marconi
Perillo. Una represión que resultó en dos muertos e innumerables
heridos. Además, los líderes de los trabajadores continúan presos,
demostrando la represión con que están siendo tratados los
movimientos sociales.
En
este contexto, el conjunto de fuerzas sociales y políticas que
reivindican las libertades democráticas, los derechos humanos, los
intereses de los trabajadores y del pueblo necesitan manifestarse con
urgencia. Los que ordenaron los crímenes de los trabajadores rurales
y de la misionera de Pará y los asesinos que los ejecutaron, los
mandantes y asesinos de los trabajadores en Goiânia deben ser
castigados. ¡Basta de impunidad y represión contra el pueblo! Los líderes
de los ocupantes presos deben ser inmediatamente liberados, su prisión
es una prueba de la represión a la libre organización popular. Urge
también defender abierta y públicamente el derecho a la tierra y a
la vivienda, exigiendo y luchando para que los terratenientes,
madereros, grandes propietarios cuyas tierras urbanas son usadas para
la especulación inmobiliaria cesen de dictar las reglas en el país,
como ha ocurrido hasta ahora. Convocamos a la más amplia unidad y
movilización por estos objetivos.
¡Castigo
a los que ordenaron los crímenes a los asesinos de la misionera
Dorothy Stang y de los trabajadores rurales de Pará!
¡Defensa
del pueblo luchador de Goiânia, libertad para sus líderes!
¡Castigo
para los ejecutores de los trabajadores asesinados!
(*)
Se ha iniciado una campaña promovida por el P-Sol, otros partidos,
sindicatos y movimientos sociales con este texto. Enviar las
adhesiones a:
heloisa.helena@senado.gov.br
dep.baba@camara.gov.br
dep.lucianagenro@camara.gov.br
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