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Respuesta
a Stanley Gacek, de la AFL–CIO (central obrera de EEUU)
El
modelo de democracia de Lula
Por
James Petras
Rebelión,
28/04/05
Traducido
por J. A. Julián
Introducción
Permítanme
que comience enumerando una serie de importantes conceptos políticos
planteados por el gobierno de Lula en Brasil. El primero es que la
misión del gobierno consiste en garantizar los intereses de los
"mercados" financieros (operadores financieros, banqueros,
especuladores, acreedores, etc.) antes de abordar cualquier tipo de
política o reforma social o económica. El segundo es que sólo el
sacrificio de los trabajadores de salarios más bajos, los campesinos
sin tierra y los funcionarios jubilados hace posible que el gobierno
ponga su presupuesto en orden y de sostén al crecimiento económico.
El tercero consiste en que el concepto de "intervención del
Estado" es un término interclasista que puede ser discutido con
independencia de los intereses de clase de quienes detentan el poder y
de las clases sociales que se benefician de la intervención estatal.
Por último, está el problema del papel central que tienen las
instituciones decisorias no elegidas –como el FMI, el Banco Central
o los Ministerios de Finanzas y Comercio, así como los bancos
internacionales– en el establecimiento de los parámetros de las políticas
macro y socioeconómicas de los regímenes electorales, socavando sus
intentos de actuar democráticamente y convirtiendo en sus programas
preelectorales en "falsedades pragmáticas" postelectorales.
Los
ideólogos de la ortodoxia neoliberal y los actuales regímenes de
"centro–izquierda" latinoamericanos siguen este método,
que es también el que utiliza el gobierno de Lula en Brasil. Centraré
aquí mi reflexión en los aspectos relacionados con la reforma
agraria (o la falta de ella), el establecimiento de políticas públicas
(autoritarias o democráticas), la intervención estatal (¿quién
hace qué y en favor de quién?), el cambio estructural a diferencia
del clientelismo estatal, y la política exterior (independiente o
dependiente).
Reforma agraria
Lula
se reunió con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra
(MST), igual que lo hizo el anterior presidente, Cardoso, antes y
después de su elección como presidente. En las dos ocasiones prometió
solemnemente la entrega de tierras a 430.000 familias antes del final
de su primer mandato. Según declaraciones de Joao Pedro Stedile,
secretario general del MST, (27.12.2004) el presidente Lula ha dejado
repetidamente de cumplir su palabra. En el primer año, se logró el
asentamiento de alrededor de 20.000 familias en explotaciones agrarias
expropiadas. En el segundo año, el número ascendió a unas 30.000,
mientras otras 200.000 familias permanecían abandonadas en sus
precarios cobijos hechos de plástico.
Las
principales ONG, las organizaciones de campesinos, la conferencia
nacional de obispos y casi todas las organizaciones populares de la
sociedad civil han condenado la incapacidad del gobierno de Lula de
promover la justicia social. Ninguna de las recomendaciones en materia
de reforma agraria realizadas por él MST, los ecologistas o la
iglesia católica han tenido impacto alguno en las políticas
oficiales. Leyendo las entrevistas realizadas con líderes campesinos,
obispos y gente de la iglesia, ONG y agrónomos, no he encontrado
ninguna opinión que indicase que la política agraria de Lula es
diferente de algún modo de las sus elitistas predecesores.
La democratización de las políticas públicas
Lula
gobierna por decreto, o mediante alianzas con los partidos derechistas
del Congreso. Hasta ahora ha ignorado totalmente las opiniones
mayoritarias progresistas expresadas por las organizaciones populares
de la sociedad civil. Se ha negado a consultar o a tener en cuenta a
la amplia mayoría de dichas organizaciones progresistas en cuestiones
como (a) la copresidencia, junto al Gobierno Bush, del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) (b) el envío de tropas brasileñas
para apuntalar el régimen títere pro estadounidense de Haití; (c)
el apoyo a la utilización de organismos genéticamente
modificados;(d) la ayuda a la expansión de la agroindustria de la
soja y de la producción de vacuno en la selva húmeda amazónica, que
ha conducido a la reciente destrucción de más de 3 millones de hectáreas
de selva; y (e) la imposición de un incremento real del salario mínimo
de sólo 1% en dos años. Todas y cada una de las principales políticas
implementadas por Lula lo ha sido sin participación alguna de la
sociedad civil o siquiera de la minoría crítica de su propio
partido. El PT tiene como modelo al FMI, con el que firmó un acuerdo
renovable en 2003 y 2004.
Algunas
diferencias críticas con las políticas regresivas de Lula en materia
de salarios y pensiones han conducido a la expulsión de un senador y
tres congresistas de su propio partido y a la suspensión y amenazas
de sanciones de otros dentro de un grupo parlamentario que pone
objeciones a la línea neoliberal de Lula. Éste, lejos de
democratizar las políticas públicas como prometió en su campaña
electoral, preside un gobierno autoritario y elitista que utiliza técnicas
de relaciones públicas para mejorar su imagen.
Algunos
de los defensores de Lula afirman que éste ha cambiado el papel del
Estado en el sentido de adoptar un papel más "activista" en
cuestiones económicas y sociales, a la vez que renuncia a las
privatizaciones. No obstante, las políticas explícitas de su
ministro de Finanzas, Palocci, consisten precisamente en la
privatización de todos los sectores de la economía. Como primera
medida, ha permitido la apertura a la inversión privada extranjera de
todos los sectores de la infraestructura, suprimiendo o flexibilizando
las regulaciones de éstos, y prometiendo vender franjas enteras de
los lucrativos sectores del petróleo, el gas, la electricidad y las
finanzas.
Cualquier
estudioso que esté dispuesto consultar las publicaciones financieras
brasileñas, o incluso la prensa especializada en lengua inglesa (Financial
Times, The Economist, The Wall Street Journal) se dará cuenta de que
Lula ha sobrepasado en mucho a sus más neoliberales predecesores,
algo de lo que el propio Lula hace alarde públicamente. En un momento
dado, Lula llamó al ex presidente Cardoso –y a otros–
“cobarde” por no atreverse a recortar las pensiones de jubilación
de los funcionarios de clases medias.
El
Estado brasileño participa activamente en la promoción de la
agroindustria y las exportaciones minerales, en beneficio de las
grandes compañías. Éstas reciben en torno al 85–90% de los créditos
y subvenciones del Estado, en detrimento de las pequeñas
explotaciones familiares fuertemente endeudadas que producen para el
mercado interior.
El
Estado muestra una total pasividad en la persecución de los grandes
propietarios y sus escuadrones de la muerte: más de 90 activistas
campesinos fueron asesinados en 2003, y cerca de 80 lo fueron en 2004,
incluyendo más de dos decenas de activistas del MST. La represión
continúa en 2005 y hasta la fecha varias decenas han perdido la vida,
incluyendo una activista religiosa de nacionalidad brasileño–estadounidense.
La Comisión Pastoral de la Tierra, establecida por la iglesia católica,
ha hecho públicos informes detallados en los que muestra la
participación de la agroindustria y la ausencia de condenas
judiciales.
Los
antecedentes de clase y los intereses personales de los principales
responsables de las políticas económicas del gobierno de Lula nos
indican mucho sobre las políticas pro agroindustria y antipopulares
de éste. El puesto clave de gobernador del Banco Central lo ocupa
Henrique Meirelles, ex presidente del Fleet Boston Global Bank, que
votó en su día al candidato del presidente Cardoso (Jose Serra) en
las elecciones presidenciales. Se trata de un neoliberal militante,
responsable de la implementación de las medidas dictadas por el FMI
de reducción de pensiones, congelación de salarios mínimos y pago
de la deuda y sus altos intereses conexos. Luiz Fernando Furlan,
millonario presidente de la corporación agraria Sadia, preside el
Ministerio de Comercio y Desarrollo. Roger Rodríguez, ministro de
Agricultura, preside la asociación brasileña de agroindustria y está
estrechamente asociado a la compañía transnacional Monsanto. Entre
otros, obtuvo la legalización de los cultivos de organismos genéticamente
modificados. Antonio Palocci, ministro de Finanzas, es un ex
trotskista reconvertido a las teorías de Milton Friedman que ha dado
su apoyo entusiasta al mercado libre y que ha recibido el porcentaje más
alto de aprobación en una encuesta realizada entre las élites
empresariales (85%).
El
“Estado activista” de Lula iguala, e incluso sobrepasa, a
cualquier otro gobierno latinoamericano o europeo en cuanto a
representación de los intereses de las élites empresariales. La
composición socioeconómica del gobierno de Lula explica porqué éste
ha pagado ya más de 40.000 millones de dólares a los acreedores
extranjeros, a la vez que recortaba las pensiones de la gran mayoría
de empleados públicos en 2003 y 2004.
Las
regresivas políticas en materia de salarios mínimos no tiene nada
que ver con el plan "salvación de la seguridad social", tal
como proclama demagógicamente Lula, sino que se trata de la acumulación
de un excedente presupuestario exorbitante con el cual pagar a los
poseedores de bonos del Estado, que es una de las primeras prioridades
de este gabinete representante de los grandes negocios.
Las
políticas sociales compensatorias (Programa Hambre Cero) proclamadas
por Lula han resultado ser un fracaso total y absoluto. Las cestas de
la compra apenas han alcanzado al 10% de la población que sufren
desnutrición. El Programa está administrado por los principales
jefes políticos locales del partido de Lula y está plagado de
corrupción, favoritismo político e ineptitud burocrática. Frei
Betto, amigo personal de Lula y principal defensor del Programa Hambre
Cero, dimitió y, según algunos de sus amigos y asociados, deplora
profundamente la forma cómo se está llevando el Programa y su escaso
impactos.
La
brecha entre las deterioradas condiciones sociales y educativas y las
pretensiones de gasto del gobierno de Lula se manifiestan en las
frecuentes huelgas de enseñantes, trabajadores médicos y sociales, y
estudiantes y pacientes, en demanda de mejores condiciones laborales,
de mejores salarios y de limitación de las subvenciones al sector
privado. Los economistas aseguran que los costes administrativos de
alto nivel, la incompetencia burocrática de los responsables
nombrados por Lula –que hace que mucha parte de los fondos asignados
no serían distribuidos– y los sistemas de subcontratación, que se
hallan en manos amiguetes políticos corruptos, consumen la mayor
parte de los gastos sociales.
El
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) era el encargado de
promover una "nueva política industrial", en oposición al
"neoliberalismo". Carlos Lessa, ex director y uno de los más
respetados economistas keynesianos de Brasil, dimitió de su puesto
recientemente precisamente porque consideraba imposible llevar acabo
una estrategia industrial nacional en el contexto de las políticas
neoliberales dictadas por los Ministerios de Finanzas y Comercio y por
el Banco Central. El nuevo director, Guido Mantega, es un gacetillero
político, capaz de utilizar una retórica estatalista a la vez que
financia los cada vez más grandes conglomerados, nacionales y
extranjeros, que dominan la economía brasileña. Las tasas de quiebra
entre los pequeños y medianos agricultores e industriales han
alcanzado niveles cada vez más altos y se espera que se acelere
gracias a las políticas de libre mercado de Palocci, Furlan y compañía.
La política exterior de Lula
En
materia de política exterior, el gobierno de Lula ha indicado
repetidamente que está totalmente a favor de la generalización del
libre mercado. La principal crítica del gobierno contra el ALCA
consiste en acusar a Estados Unidos de no suprimir sus subvenciones a
las exportaciones agrícolas y de restringir las cuotas a las
exportaciones agrícolas y siderúrgicas brasileñas. Por lo que
respecta a Brasíl, ésta fue la principal disputa dirimida en Cancún.
En posteriores reuniones celebradas entre el ministro de Asuntos
Exteriores, Amorin, y el representante del Ministerio de Comercio
estadounidense, Zoelnick, acordaron continuar las conversaciones con
el fin de reducir las diferencias en el marco de un acuerdo general
dentro del ALCA que Amorin calificó de "ALCA bajo en calorías".
Todo
ello esta documentado públicamente, aunque los apologistas de Lula
pasan por alto estas cuestiones cuando aseguran que Brasil socava el
ALCA, afirmación que sorprende a casi todos los funcionarios brasileños
especialistas en comercio. Lula ha dado su apoyo a la actual puesta en
práctica del ALCA país por país que está realizando el gobierno de
Estados Unidos, mediante acuerdos bilaterales con Perú, Chile,
Ecuador y Colombia.
La
decisión del gobierno de Lula de enviar 1.500 soldados a Haití en
2004, con el fin de defender a un gobierno títere e ilegal impuesto
por las armas de Estados Unidos es una clara indicación de la
oportunista política de Brasil, consistente en dar satisfacción a
los intereses hegemónicos estadounidenses con objeto de lograr el
apoyo de este país para conseguir un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
Un
general brasileño manda las fuerzas de ocupación en Haití siguiendo
las directrices políticas del Departamento de Estado de EE UU y de
los "asesores" del Pentágono. Bajo el mando de este brasileño,
docenas de parlamentarios y cargos públicos elegidos que apoyaron al
ex presidente Aristide han sido asesinados, heridos o hechos
prisioneros por las nuevas fuerzas policiales, militares y
paramilitares "reformadas". Centenares de seguidores de
Aristide habitantes de los barrios de chabolas han sido asesinados, y
en dichos barrios reina el terror. Los principales grupos
independientes de derechos humanos y la mayor parte de los activistas
sociales han condenado las violaciones a los derechos humanos que
tienen lugar bajo el régimen títere y la fuerza de paz que mandan
los brasileños, enviada por las Naciones Unidas. Lula no sólo
defendido su papel en esta ocupación colonial sino que ha prometido
repetir dicha acción si se lo vuelve a pedir Estados Unidos.
En
cuanto a las relaciones con Venezuela, hay poco bueno que decir. El
ministro de asuntos exteriores de Lula, Amorin, organizó el grupo
"Amigos de Venezuela" con el fin de mediar en el conflicto
interno entre el gobierno elegido y la oposición autoritaria. Dicho
grupo estaba compuesto por países hostiles al presidente electo Chávez,
y entre ellos estaba Estados Unidos, que participó, por mediación de
la agencia oficial National Endowment for Democracy, y de su aliado
sindical AFL–CIO, del embajador estadounidense y de la CIA, en la
planificación del golpe contra Chávez.
Tanto
el presidente Lagos de Chile como Fox de México son neoliberales
resueltos que no tiene ninguna afinidad con Chávez. Pero, ¿y Brasil?
Brasil legitimó a la oposición golpista mediante su oferta de
intermediación entre un presidente elegido y una oposición cuyo único
objetivo era el derrocamiento del gobierno. Cuando Chávez manifestó
sus quejas por la naturaleza sesgada de dicho grupo de
"amigos" y pidió la inclusión de otros países menos
hostiles, Lula y Amorin lo rechazaron. "Amigos de Venezuela” es
un epitafio a un gambito político brasileño decididamente poco
amistoso.
Alternativas reales
¿Cuáles
son las alternativas reales a las políticas neoliberales de Lula y su
gobierno? En primer lugar debemos rechazar cualquier lectura
determinista que retire los parámetros de las políticas de las manos
de Brasil y los ponga en manos los mercados financieros. Las
alternativas comienzan en primer lugar por cambiar la composición del
gobierno, los intereses de clase que sirve, su ideología y la
composición del Consejo económico y social (dos tercios de cuyos
miembros representan a las empresas), así como la coalición con
partidos derechistas. Dado un gobierno democrático de izquierdas
dotado de una agenda reformista, existe un gran número de
alternativas, presentadas por la mayor parte de los principales
economistas y portavoces de las organizaciones de la sociedad civil
popular de Brasil.
En
primer lugar, se debería poner un límite o realizar una moratoria
del pago de la deuda exterior. En segundo lugar, se deberían
aprovechar los beneficios por el cambio de moneda extranjera y
establecer una tasa a las exportaciones y ventas de minerales y a sus
ingresos. En tercer lugar, se debería imponer una tasa a las
transacciones financieras, en particular a las "inversiones"
especulativas, introducir una política de recaudación de impuestos
efectiva que afecte a los beneficios de capital de los ingresos de la
élite brasileña. Asimismo, la nacionalización de las minas, los
servicios públicos, las comunicaciones, los bancos y otros sectores
lucrativos.
Con
todo ello el gobierno podría disponer de un fondo de reserva de 100
000 a 200 000 millones de dólares por año con el que financiar una
reforma agraria que disminuyese el desempleo, tanto el declarado con
un encubierto, del 40% a menos del 10% en cuatro años, que
incrementase la producción alimentaria para consumo local y que
redujese la pobreza (en su mayor parte, pero no exclusivamente,
concentrada en el campo), que proporcionase las herramientas (tierra,
créditos y asistencia técnica) para una mejora colectiva, en lugar
de proporcionar cestas gubernamentales de alimentos para unos pocos.
Éstos ingresos añadidos podrían utilizarse para financiar empresas
públicas productivas que vinculasen la agricultura y la minería a la
industria, añadiendo valor, creando empleos y mejorando el nivel de
éstos. La renacionalización podría tener como resultado la obtención
de 15.000 millones de dólares en beneficios, que permitirían una
reducción en el coste entre los servicios públicos y podría poner
la electricidad, el agua potable y la energía al alcance de millones
de familias pobres y de pequeñas y medianas empresas privadas.
Una
política industrial basada en la propiedad pública de sectores económicos
estratégicos daría prioridad a la producción de bienes de consumo
popular y a la financiación de viviendas, seguridad social, escuelas
públicas y otras medidas destinadas a reducir las grotescas
desigualdades que siguen creciendo bajo en régimen de Lula (el número
de millonarios ha pasado de 76.000 a 85.000 entre 2003 y 2005).
No
hay evidencia empírica que justifique los supuestos que los
'lulistas' manejan para justificar sus políticas pro empresariales y
sus nombramientos de altos cargos empresariales. La situación económica
de Brasil no estaba en puertas del colapso, estaba estancada; y su
posición financiera era vulnerable a los especuladores y ha seguido
dependiendo de la entrada de 'dinero caliente'. El crecimiento del
4,5% en 2004 se basó en gran parte en la volatilidad de los precios
de las materias primas.
Por
encima de todo, hay muchas alternativas al sistema de toma de
decisiones de arriba abajo que practica Lula, el FMI y sus ministros
empresarios. Las organizaciones de la sociedad civil, como el MST,
muchas de las organizaciones de base y los sindicatos disidentes de
izquierda practican una democracia asamblearia que constituye un
'micro modelo' de democracia efectiva.
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