Un fallo contra la ex alcaldesa de San Pablo complica más a Lula y al PT

IAR-Noticias, 23/06/05

La imagen del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil sufrió dos nuevos golpes. La Justicia de ese país suspendió por tres años los derechos políticos de la ex alcaldesa de San Pablo, Marta Suplicy, por mal uso del dinero público.

Y, por otro lado, el Supremo Tribunal Federal decidió que el Congreso debe abrir una investigación sobre un viejo caso de corrupción vinculado al juego ilegal, que salpica a José Dirceu, ex jefe de Gabinete y mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva hasta que debió renunciar hace una semana, tras un escándalo por sobornos en el Congreso.

El Tribunal ordenó el miércoles designar una comisión investigadora (CPI) por las relaciones con la mafia del juego que tenía Waldomiro Diniz, ex subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, quien hasta hace dos años trabajaba directamente con Dirceu.

En cuanto al caso de Marta Suplicy, según una sentencia del 9 de junio, difundida el miércoles, la jueza Christiane Santini decidió suspender hasta 2008 los derechos políticos de la ex alcaldesa y precandidata a la gobernación del estado de San Pablo y la condenó a pagar una multa equivalente al salario que ganaba como titular de la alcaldía en marzo de 2003.

Esto significa un duro golpe a la carrera política de Suplicy. Si la sentencia es ratificada, la ex funcionaria quedaría imposibilitada de disputar por el PT la gobernación del estado de San Pablo en las elecciones de octubre de 2006, como se proponía.

La jueza consideró que Suplicy, vicepresidenta del PT y amiga del presidente Lula, contrató sin licitación en 2003 a una ONG para capacitar profesores de las escuelas municipales en orientación sexual. Se trata del Grupo de Trabajo de Pesquisa en Orientación Sexual (GTPOS), que la propia funcionaria ayudó a fundar en los años 90, cuando trabajaba como sexóloga, y presidió en forma honoraria hasta el año 2000.

La alcaldía pagó cerca de 2 millones de reales (unos 835.000 dólares al cambio actual) a la ONG y alegó en su momento que no haría falta la licitación porque era una organización sin fines de lucro y con experiencia en el área educativa, según el diario Folha de Sao Paulo.

El Ministerio Público Estadual intentó anular la contratación del GTPOS, pues se consideró que hubo favorecimiento irregular.

Por este caso también fue condenada la ex secretaria de educación municipal, María Aparecida Pérez, con una multa similar al sueldo que ganaba como funcionaria. Y al GTPOS se le impuso una multa de 30% de los montos recibidos por los contratos.

Pero el fallo no tendrá efecto práctico por ahora. El abogado de la ex intendenta, Pedro Serrano, afirmó que apelará ante el Tribunal de Justicia. Para hacerlo tiene un plazo de 15 días.

"Respetamos la conducta de la magistrada, pero diferimos con la forma en que procedió", afirmó el abogado. Según él, la jueza no respetó los plazos del proceso, ya que el 7 de junio el Tribunal lo había suspendido, y la sentencia contra Suplicy fue registrada dos días más tarde.

Para Serrano, las multas a las ex funcionarias y al GTPOS no tienen sentido pues, afirmó, no se perjudicaron las arcas públicas, porque el trabajo se hizo.

El director de la ONG, Antonio Carlos Egypto, negó cualquier conflicto de intereses en el hecho de que la ex intendenta sea fundadora de la entidad. "Tenemos proyectos con el gobierno federal desde la presidencia de Itamar Franco" (1992-1994), afirmó.

Suplicy fracasó en 2004 en su intento de reelección, al ser derrotada por el socialdemócrata José Serra, quien había perdido en 2002 como candidato a presidente frente a Lula. La ex funcionaria busca dentro del PT presentarse a gobernadora del estado más poblado de Brasil.

La condena a Suplicy se convirtió en un nuevo problema para el PT, involucrado en un escándalo de corrupción a nivel nacional por el supuesto pago de coimas a legisladores de otros partidos para asegurar su apoyo en el Congreso a proyectos del gobierno.

En medio de la peor crisis del PT, ayer Dirceu, hasta hace pocos días uno de los hombres más cercanos a Lula, volvió al Congreso como diputado en un duro debate sobre las denuncias de corrupción. Y fue insultado por legisladores de la oposición, que lo acusaron de ser "el jefe de la mafia" de los sobornos.