La
calamidad que faltaba...
Privatización
de empresas públicas en el centro
del debate
Por
Wooldy Edson Louidor
Alter
Presse, 26/07/07
El
sábado 23 de junio, el presidente haitiano notificó a la opinión pública
su decisión de privatizar, o mejor dicho, "modernizar" las
empresas públicas con el objetivo de volverlas "rentables y más
competitivas"
La
administración del presidente René García Préval y del primer
ministro Jacques–Édouard Alexis ha tomado recientemente algunas
decisiones que parecen indicar un cambio decisivo o, al menos,
importantes reorientaciones en cuanto a su política general, como por
ejemplo la privatización de ciertas empresas públicas.
Las
prioridades del actual gobierno haitiano se han articulado en torno a
las grandes cuestiones de la vida nacional: la lucha contra la
"inseguridad", la droga y la corrupción; la privatización
de las empresas estatales pasando por la reforma del Estado, la revisión
de la actual Constitución, la creación de riquezas e
infraestructuras, la estabilización del marco macroeconómico y la
atracción de inversiones.
El
proyecto de privatización de empresas públicas por medio de su
modernización, que el actual gobierno anunció el sábado 23 de junio
de 2007, se perfila como la nueva prioridad.
La
privatización de las empresas públicas contribuiría a
"hacerlas rentables y más competitivas", según ha
manifestado el jefe de Estado René Préval. Pero, ¿a qué precio y
en provecho de quiénes?, se preguntan muchos analistas.
Este
proceso de privatización ha originado una ola de revocaciones (de más
de mil empleadas y empleados) en la Compañía Nacional de
Telecomunicaciones (Teleco), la primera empresa pública que ha sido
objeto de esta medida gubernamental. También ha provocado intensos
debates, reacciones hostiles y aun tensiones en el seno de la sociedad
haitiana.
La
privatización de las empresas públicas
El
sábado 23 de junio, el presidente haitiano notificó a la opinión pública
su decisión de privatizar, o mejor dicho, "modernizar" las
empresas públicas con el objetivo de volverlas rentables y más
competitivas. La Teleco fue mencionada como la primera empresa pública
que entraría en este proceso doloroso tanto para los empleados que ya
fueron revocados como para los otros que esperan su turno.
Desde
finales de junio de 2007 hasta la actualidad, algunos rumores que
circulan a través del país han hecho creer que otras empresas públicas,
tales como la Oficina Nacional de Seguro de Jubilación (en francés:
Office National d'Assurrance–vieillesse, ONA), la Autoridad
Portuaria Nacional (en francés: Autorité Portuaire Nationale, APN),
Electricidad de Haití (en francés, Électricité d'Haïti, EDH),
tendrán el mismo destino que la Teleco.
Las
reacciones en contra de la privatización
Dicho
anuncio ha provocado el enojo y la furia de empleadas y empleados de
la Teleco, de la misma manera que ha suscitado muchas críticas de
parte de especialistas, representantes de partidos políticos y de
movimientos sociales.
Algunos
apuntan la falta de transparencia del actual gobierno que no consultó
los sectores importantes de la vida nacional antes de tomar esta
decisión que amenaza con afectar considerablemente el país.
Otros
condenan las revocaciones que se hicieron de una manera que juzgan
"abrupta y precipitada" y que, de un día a otro, mandan al
desempleo a todos esos empleados considerados como
"sobrantes" en la empresa nacional de telecomunicaciones.
Otros
señalan las consecuencias desastrosas que traerá dicha decisión
gubernamental para el Estado, "que se debilitará más", y
para la población, "cuyos ingresos y poder de compra ya son débiles
y cuyo acceso a los servicios sociales básicos muy limitados".
La
opinión común, que diferentes sectores del país comparten cada vez
más, tiende a considerar la ola de privatización tan anunciada de
las empresas públicas como parte de la aplicación, por el actual
gobierno, del plan económico (el neoliberalismo) que la comunidad
internacional, principalmente las instituciones financieras
internacionales tales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), quisiera imponer al país sin tomar en cuenta las
necesidades reales (la pobreza, la desigualdad de ingresos, el
desempleo, etc.) y el bienestar de la población.
¿Hacia
una nueva orientación económica e ideológica del gobierno haitiano?
Si
bien el actual gobierno ha insistido en la necesidad de atraer las
inversiones buscando crear un clima de seguridad en el país y
ofreciendo un marco macroeconómico estable (estabilidad de la tasa de
cambio; lucha contra la inflación, el fraude y la evasión fiscal,
etc.), nunca ha sido cuestión de privatizar las empresas públicas
vendiéndolas a inversionistas privados, o confiándoles la gestión
de ellas, o creando un partemariado público–privado para
administrarlas.
Al
contrario, en su programa general, el gobierno se propuso como
objetivo organizar y reformar el Estado, lo que suponía que iba a
reforzar el Estado en sus engranajes administrativos, en la gestión
de sus bienes, de sus empresas y de los servicios que ofrece.
Cabe
preguntarse si la administración de René Préval y de Jacques–Édouard
Alexis está cambiando su política general, la está redefiniendo, o
trata de darle otro contenido.
Lo
único que queda claro es que las familias haitianas, provenientes de
las capas populares y de la clase media, comienzan a ser víctimas de
esta modificación al nivel de la política del actual gobierno.
Más
de uno estima que la sociedad haitiana, más específicamente las
familias pobres y económicamente vulnerables, no será ni consultada
ni tomada en cuenta en la adopción de esas nuevas medidas económicas,
por las cuales la administración Préval/Alexis está afirmando
claramente su pertenencia (¿por opción propia, por necesidad o por
imposición?) a la ideología neoliberal más que a la línea
socialista de los gobiernos izquierdistas de América Latina.
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