Juicio y castigo a los
asesinos de Edickson Lemus
El Trabajador, agosto de
2007
La exigencia de
esclarecimiento del asesinato de Edickson Lemus es una las demandas
planteadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular este 27 y
28 de Agosto en la Jornada Nacional de Lucha Unitaria. Se trata de uno, de
muchos casos, en los que el gobierno de turno no aplica justicia. Es el
menos conocido pero el más político.
El 24 de Mayo del año
2005 es una fecha marcada por la indignación del pueblo trabajador. Ese día,
matones a sueldo, asesinaron con premeditación y a sangre fría a un
compañero de los estudiantes, de los obreros, de los maestros, de los
campesinos y de todos los que creemos y luchamos por un mundo mejor: el
compañero Edickson Lemus.
Precisamente el motivo
que causó la muerte de Edickson fue ese, ser un luchador incansable y
decir ¡Presente! En las luchas que lleva a cabo
el pueblo trabajador en
nuestro país.
Han pasado más de dos años
de ese cobarde crimen y a pesar de los esfuerzos realizados por las
diferentes organizaciones populares especialmente por los compañeros de
la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional de El Progreso.
En esta lucha por la
justicia pronta y cumplida —que el gobierno pregona a los cuatro vientos
en los foros internacionales, pero que en los hechos niega a los sectores
populares— se han llevado a cabo diferentes gestiones legales, además
de tres marchas: dos en El Progreso y la última en Tegucigalpa, para
exigir ante los operadores de justicia la investigación de la muerte del
compañero que permita dar con los autores intelectuales y materiales del
crimen, sin embargo, la respuesta de las autoridades judiciales y de
gobierno ha sido negativa.
¿Quién y porqué
desvía la investigación?
Desde el 24 de Mayo del
2005 se lleva un expediente en el Juzgado de Letras seccional de la ciudad
de El Progreso, en contra de Mario Gómez, quién fue detenido ese mismo día
en un operativo que buscaba un vehículo pick up color rojo con reporte
de robo, como el que conducía este señor junto a su hermano, por lo cual
fueron detenidos casi a la misma hora de la muerte de Edickson acusados de
robo de vehículo y portación ilegal de armas.
Fue después de la primera movilización que a esta persona se le
vincula y se le agrega a su expediente la acusación por homicidio,
acusación por la cual fue sobreseído provisionalmente, por no tener la
fiscalía los elementos de prueba suficientes.
Desde el mismo momento en que se produjo la muerte de Edickson se le dio
a la policía y a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC)
los indicios de que personas ligadas a la “Cooperativa Las Palmas”
eran los principales sospechosos por haber amenazado públicamente a
Edickson, pero a estas personas no se los llamó a declarar. Incluso se
les ha tratado de proteger principalmente, al señor Natividad de Jesús
Hernández, miembro activo de la policía preventiva después de la muerte
de Edickson.
La justicia en Honduras sólo es pronta y cumplida cuando toca los
intereses de los grandes políticos y empresarios. El asesinato del
sobrino del presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, movilizó
todos los recursos de la Fiscalía, igual se está haciendo con la
investigación sobre el reciente asesinato de la juez Alba Bueso. En ambos
casos rápidamente se encuentra a los responsables, sin embargo cuando se
trata de dirigentes campesinos o ciudadanos comunes, se alega falta de
recursos de todo tipo.
El plantón ante el Ministerio Público realizado el pasado 24 de mayo,
arrancó de las autoridades el nombramiento de una Comisión de Fiscales
para investigar el caso. La Comisión se hizo presente en El Progreso en
dos oportunidades y ha tomado las denuncias que fueron dejadas de lado por
los fiscales locales, sin embargo, todavía no se ve ningún avance en el
caso.
Sería un gran error creer que la “buena voluntad” y la diligencia
de los operadores de justicia bastará para esclarecer este crimen. Ante
el retardo de justicia, la desidia de la fiscalía y la falta de una
investigación exhaustiva para encontrar a los verdaderos culpables, este
27 de Agosto debe servir, para que las organizaciones populares exijamos
al gobierno de Mel Zelaya el esclarecimiento del asesinato de Edickson, al
mismo tiempo que redoblemos compromisos se coloquen los recursos y
abogados de las organizaciones para apoyar la investigación y se inicie
una campaña legal y política de carácter internacional.
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