Democracia
vulnerada
La
Jornada, 09/10/07
Una
semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo
claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró
imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación
del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su
reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los
sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas
durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la
formalidad democrática costarricense, emblemática del país y
excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina,
se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de
ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la
posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.
Las
irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación.
El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias,
el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió
recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada
intervención de Washington en las campañas, apeló al voto del miedo con
el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias
nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios
de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión
pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas
irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte
gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en
los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se
ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los
observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la
tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado
comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de
50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En
consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por
ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló
en forma tramposa.
Es
imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México
el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar
–con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios
informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el
oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner
en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y,
para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una
negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para
todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los
vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de
legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en
su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en
que desembocó la elección.
Significativamente,
en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación
general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia
neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la
aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del
Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y
el fin del sueño de la sustentabilidad.
Da
la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington
están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están
seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero
cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que
representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.
Si
hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es
responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto,
sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la
institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora
limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y
restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la
democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será
colocada en un callejón sin salida.
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