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políticos firmaron el Acuerdo de Ralito por el que se comprometían
con
los jefes paramilitares a “refundar la patria”
El
estado paramilitar
Por
Alejandro Gómez
InSurGente
/ Prensa Latina, 24/02/07
Además
de los ocho congresistas detenidos, uno prófugo de la justicia y seis
investigados, el escándalo de la Parapolítica –nexos entre políticos
y paramilitares– acecha hoy a otros 18 parlamentarios colombianos.
Para los expertos, los legisladores vinculados al pacto de Raulito
pueden ser acusados del delito de traición a la Patria, porque en ese
entonces las AUC eran una organización al margen de la ley, y por
ende estaba prohibido cualquier contacto con sus integrantes y menos aún
firmar un pacto.
Escándalo
Parapolítica acecha a otros congresistas
Desde
finales de 2006 están arrestados los legisladores Alvaro García,
Jairo Merlano y Erik Morris, y la semana pasada se sumaron Alvaro
Araujo –hermano de la renunciante canciller, María Consuelo–,
Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Alfonso Campo y Luis Eduardo Vives. De
ese último grupo se encuentra prófugo de la justicia el
parlamentario José Luis Caballero.
Todas
las órdenes de detención fueron dictadas por la Corte Suprema de
Justicia, que desde noviembre pasado investiga los presuntos nexos de
congresistas con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
lo que aquí denominan el escándalo de la Parapolítica.
Asimismo,
los magistrados del Alto Tribunal llamaron a rendir versión libre a
otros cinco congresistas por haber participado en un encuentro con
cuatro comandantes de las AUC en julio de 2001, cuando ese grupo de
extrema derecha se hallaba en la ilegalidad.
Pero
lo más grave de ese hecho es que los 32 políticos asistentes, de
ellos 12 legisladores, firmaron el llamado Acuerdo de Ralito, en el
cual se comprometen "a refundar la Patria".
Para
los expertos, esos parlamentarios pueden ser acusados del delito de
traición a la Patria, porque en ese entonces las AUC eran una
organización al margen de la ley, y por ende estaba prohibido
cualquier contacto con sus integrantes y menos aún firmar un pacto.
Por
ese hecho, el Alto Tribunal ya escuchó las versiones libres de los
congresistas Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes, William Montes,
José de los Santos Negrete y Juan Manuel López, quienes alegaron la
intimidación como el motivo para rubricar ese pacto.
Además,
la Corte Suprema investiga al representante Oscar Wilchez, quien
aparece relacionado con las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC),
con las cuales al menos seis alcaldes firmaron un acta de compromiso a
cambio de su respaldo para acceder a sus actuales cargos.
Los
llamados a indagatoria por la Fiscalía General son los alcaldes de
Monterrey, Aleyder Castañeda; Tauramena, Jorge Eliécer López
Barreto; Villanueva, Raúl Cabrera; Maní, Henry Montes; Sabanalarga,
Mauricio Esteban Chaparro, y Aguazul, Leonel Roberto Torres.
Esos
funcionarios públicos son sindicados del delito de concierto para
delinquir, ya que en 2000, cuando eran precandidatos a sus actuales
puestos, suscribieron un acta en la que comprometieron sus futuras
administraciones a cambio del respaldo de las ACC.
Según
el documento de 14 puntos, los alcaldes se comprometieron, entre otras
cosas, a entregar un 50 por ciento del presupuesto de cada municipio y
un 10 por ciento de cada contratación a ese grupo paramilitar.
También,
a respaldar y permitir que miembros de ese grupo ilegal armado
orientaran las obras que se realizaran en cada municipio y a afiliarse
al nuevo partido de las ACC.
Ahora,
estudios independientes y académicos sobre votaciones atípicas en
los comicios legislativos de 2002 podrían incluir a otros 18
parlamentarios en el escándalo de la Parapolítica.
A
lo anterior se unen además las elevadas votaciones obtenidas en las
elecciones legislativas del año pasado por congresistas en zonas de
dominio paramilitar, en algunas de las cuales fueron incluso los únicos
candidatos a las curules.
Al
respecto, el diario El Tiempo refiere un estudio de la investigadora
Claudia López y la Corporación Nuevo Arcoiris, el cual denuncia la
existencia de una especie de circuitos electorales que sirvieron para
repartir los votos. Esos sufragios fueron obtenidos por los
paramilitares a través de amenazas y fraude, asevera la investigación.
Los
18 congresistas que tendrían que explicar la forma en que llegaron al
Legislativo serían Luis Alberto Gil, Juan Carlos Martínez, Ciro Ramírez,
Oscar Suárez, Mauricio Parodi, Habib Merheg, Mario Uribe, Manuel
Guillermo Mora, Alfonso Riaño y Carlos Emiro Barriga.
Rubén
Darío Quintero, Héctor Julio Alfonso, Guillermo León Gaviria, Luis
Carlos Torres, Carlos Arturo Clavijo, Fabiola Olaya, José Ignacio
Mesa y Carlos Arturo Piedrahita aparecen también en esa lista de los
que podrían ser llamados por la Corte Suprema.
Los
develados nexos entre congresistas y las AUC sólo vienen a confirmar
las aseveraciones del jefe de ese grupo de extrema derecha, Salvatore
Mancuso, quien desde 2003 afirma que su organización controla un 35
por ciento del Legislativo colombiano.
Por
eso, analistas y observadores locales consultados por Prensa Latina
coincidieron en señalar que no resultó extraña la aprobación en el
Congreso de la controvertida Ley de Justicia y Paz, que otorga
demasiados beneficios a los desmovilizados de las AUC.
Tampoco,
añaden las fuentes, la sanción de la reforma constitucional que
permitió la reelección presidencial inmediata, la cual le posibilitó
al presidente colombiano, Alvaro Uribe, postularse y ganar los
comicios generales de 2006.
Desacuerdo
en Congreso colombiano por curules de detenidos
La
decisión de la Comisión de Etica del Congreso de abstenerse de
suspender a los legisladores detenidos la semana anterior por sus
presuntos vínculos con el paramilitarismo divide hoy a los
parlamentarios colombianos.
En
una decisión inusual, los integrantes de esa Comisión adujeron que
los congresistas no tienen en su contra una decisión judicial en
firme y por ello, de separarlos de sus curules, estarían
prevaricando.
Agregaron
que la orden de detención dictada por la Corte Suprema de Justicia
por sus presuntos nexos con las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) –lo que aquí se denomina el escándalo de la Parapolítica–
puede ser recusada por los afectados.
De
esa forma, la Comisión de Etica declinó suspender las labores
congresionales de Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Mauricio Pimiento y
Alvaro Araujo, quienes fueron arrestados el jueves pasado y acusados
del delito de concierto para delinquir.
Para
su fallo, el presidente de esa Comisión, Luis Elmer Arenas, indicó
que se basaron en el Reglamento del Congreso, específicamente en su
artículo 277.
El
mismo establece que "la suspensión de la condición congresional:
puede ser suspendida en virtud de una decisión judicial en
firme".
En
ese evento, prosigue el texto, "la Comisión de Etica y estatuto
del Congresista conocerá tal decisión que contendrá la solicitud de
suspensión a la Cámara a la cual pertenezca".
Sin
embargo, expertos locales refirieron a la prensa que el mencionado artículo
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en agosto de
1996, al no ajustarse a la Carta Magna.
Por
ello, estimaron que los miembros de la Comisión de Etica deben
revisar su decisión, al tener vacíos que la podrían dejar sin piso
jurídico.
Consultada
sobre la decisión de esa Comisión, la presidenta del Senado, Dilian
Francisca Toro, expresó su respeto por ese fallo, pero añadió que
se debe esperar una aclaración judicial que despeje las dudas. No
obstante, aseguró que si por ella fuera los hubiera suspendido,
porque se puede afectar la actividad legislativa.
Esa
misma postura la comparten varios congresistas, quienes además
solicitan que los partidos separen a esos legisladores e, incluso,
piden les sean retiradas esas curules a esas agrupaciones porque
fueron obtenidas de manera irregular.
Para
muchos parlamentarios, los votos de esos colegas están manchados de
la sangre de muchos compatriotas que no aceptaron las presiones de las
AUC en la regiones para sufragar a favor de los hoy detenidos por el
escándalo de la Parapolítica.
Asimismo,
el Congreso no se pronunció sobre los legisladores Alfonso Campo y
Jorge Luis Caballero –el primero detenido y el segundo prófugo de
la justicia–, porque la Corte Suprema no ha notificado a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes.
El
presidente de la Comisión de Etica de esa corporación, Fernando Tafúr,
sostuvo que se encuentran a la espera de dichas notificaciones, para
adelantar las suspensiones y que asuman sus cargos quienes les hayan
seguido en la votación en sus respectivos partidos.
Llaman
a declarar a militares colombianos por masacre que fue atribuida por
los falsimedia a la guerrilla
Detenido
ex jefe de inteligencia de Uribe por asesinato de sindicalistas
inSurGente
/ Prensa Latina, 23/02/07
Va
siendo hora de revisar las alucinantes historias con las que
Falsimedia –en nuestro entorno, como paradigma, el diario El País
[de Madrid]– construyó una historia oficial en la que las masacres
realizadas por el ejército colombiano y su alter ego, los
paramilitares, eran atribuidos impunemente a la guerrilla. Uribe
–enfangado, ensangrentado y lucrado, hasta límites que destruyen
cualquier posibilidad de calificar como democrático al estado
colombiano– fue durante años el paladín latinoamericano de la
democracia y la libertad del consenso de Washington. Nuestros
calibradores de las virtudes públicas lo opusieron con frecuencia a
Chávez, ensalzando al manifiestamente fascista Uribe y contraponiéndolo
al calificado como dictador venezolano.
La
Fiscalía General llamó hoy a rendir indagatoria a 56 militares
colombianos, quienes deberán responder por la masacre de ocho
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el
departamento de Antioquia, en 2005.
Las
primeras investigaciones de la Fiscalía sobre esa masacre apuntaban a
fuerzas guerrilleras, pero el curso posterior de las pesquisas desvió
la atención hacia los 56 militares de la Brigada 17 del Ejército.
La
masacre de los ocho campesinos ocurrió el 21 de febrero de 2005,
ocasión en que las fuerzas castrenses culparon a las guerrilleras
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero
fuentes del ente investigador indicaron que con el tiempo se
recaudaron pruebas que señalan a los miembros del Ejército como los
posibles participantes en el asesinato de esas ocho personas.
Por
eso, la Fiscalía llamó a los militares bajo el cargo de homicidio de
persona protegida y por terrorismo, a la vez que pidió a los altos
mandos del Ejército la ubicación de cada uno de los 56 uniformados.
Con
ello, conocerá quienes están retirados o activos y así fijará la
fecha de la diligencia.
Apresado
ex jefe de inteligencia de presidencia colombiana
La
Fiscalía General de Colombia decidió hoy la captura de Jorge
Noguera, ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
adscrito a la presidencia del país, por los delitos de homicidio y
concierto para delinquir agravados.
Noguera
fue detenido después de rendir indagatoria ante un fiscal delegado
ante la Corte Suprema de Justicia por el proceso que se le sigue por
el presunto ajusticiamiento de sindicalistas, ordenados por el jefe
paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Los
cargos contra el ex jefe de inteligencia del presidente Alvaro Uribe
se basan fundamentalmente en las declaraciones del ex director de
Informática del DAS Rafael García, actualmente condenado a 17 años
de prisión por borrar el historial delictivo de paramilitares.
En
sus declaraciones, García aseguró que Noguera se reunió con Jorge
40 y fue quien le ordenó borrar los historiales delictivos de algunos
paramilitares, así como permitió el ingreso de funcionarios al DAS
que respondían a esos grupos de extrema derecha.
Noguera
fue cuestionado por el fiscal delegado Jesús Marín acerca de los
asesinatos de sindicalistas por orden de las paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en específico del jefe del
Bloque Norte, Jorge 40.
Al
conocer la decisión de la Fiscalía de ordenar su detención
preventiva sin el beneficio de excarcelación, el mandatario
colombiano expresó su respeto por la justicia, pero manifestó su
preocupación porque haya pasado algo anómalo o delictivo en el DAS.
"Otra
de nuestras preocupaciones con las que llegamos al gobierno en el
2002, fue eliminar el narcotráfico, por eso hemos extraditado a más
de 530 narcotraficantes, entonces me preocupa que cuando el gobierno
llegó con esa determinación allí se hubieran borrado hojas de vida,
récord delincuenciales de algunas personas", señaló Uribe.
Paramilitares
infiltraron organismo de inteligencia colombiano
La
Fiscalía General investiga hoy a Jorge Noguera, ex director del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de
inteligencia adscrito a la presidencia colombiana por permitir su
infiltración por el paramilitarismo.
Al
ordenar su detención tras escucharlo en versión libre, el ente
investigador dispone ahora de cinco días hábiles para establecer si
es definitivo el arresto de Noguera, la persona más cercana al
presidente Alvaro Uribe, de los implicados en la Parapolítica.
Los
nexos entre políticos y las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), que aquí llaman el escándalo de la Parapolítica, se
ha convertido en alud de nieve, que cada vez aumenta más de tamaño y
arrastra consigo a más representantes de la oligarquía nacional.
El
arresto de Noguera viene a confirmar que ese escándalo sólo comienza
y puede llegar a niveles muy altos, como afirman muchos políticos y
analistas locales, quienes aseguran que todos los caminos de la
Parapolítica concluyen en la Casa de Nariño (Presidencia).
Aunque
hoy se indica que el ex jefe de inteligencia del presidente colombiano
es investigado sólo por permitir la infiltración paramilitar en el
organismo bajo su control, lo cierto es que su abogado, Orlando
Perdomo, dijo otra cosa cuando fue detenido.
Este
jueves, al conocer la orden contra su defendido indicó a la prensa
que los cargos eran los de homicidio y concierto para delinquir
agravados. El primero de ellos, relacionado con el asesinato de 15
sindicalistas de la Costa Atlántica por las AUC.
Al
respecto, la Fiscalía encontró que Alvaro Pupo Castro fue el
emisario de los jefes paramilitares con el ex director del DAS y la
persona que les llevó informaciones sobre los 15 sindicalistas
asesinados.
Pupo,
primo del desmovilizado jefe del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo
Tovar, alias Jorge 40, viajaba a Bogotá y se reunía con Noguera en
su despacho del DAS, según se constata en los libros de visitas de la
entidad de inteligencia.
En
la providencia del expediente disciplinario contra Noguera en la
Procuraduría se dice que "Pupo Castro, conforme al listado de
ingresos de visitantes del DAS, registró nueve visitas al despacho
del Director, entre el 21 de agosto del 2003 y octubre del 2005".
El
ex jefe de Informática del DAS Rafael García, quien develó los vínculos
de Noguera con los paramilitares, aseguró que Pupo le llevó a Jorge
40 información secreta y las listas de 15 sindicalistas que
posteriormente fueron asesinados en Barranquilla.
No
obstante, contra Noguera no sólo pesan las visitas de Pupo y las
declaraciones de García, ya que los investigadores tienen informes
que prueban que se reunió en más de 10 oportunidades con líderes de
AUC, unas veces Santa Marta y otras en Ralito.
A
pesar de que Noguera afirma que esos encuentros fueron en razón de su
trabajo, lo cierto es que hasta ahora no existe justificación alguna
para que el jefe de inteligencia de la presidencia colombiana dialogará
con cabecillas de grupos de extrema derecha.
Asimismo,
Noguera podría estar relacionado con Emilio Vence, ex jefe del DAS en
Barranquilla, a quien la Fiscalía ordenó detener, sindicado de haber
presentado falsos atentados contra el presidente durante sus visitas a
esa ciudad.
También,
de borrar de los archivos del DAS los antecedentes delictivos de
narcotraficantes y paramilitares, así como de haber permitido que las
AUC montaran una red de inteligencia en ese organismo estatal.
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