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Multinacionales, paramilitarismo y Estado
Por Hugo Paternina Espinosa
Rebelión, 23/03/07
Desde hace mucho tiempo diversas organizaciones
sociales en Colombia, léase sindicatos, comunidades indígenas y
afrodescendientes, entre otras, han venido denunciando y con gran
insistencia el papel activo que han estado jugando las multinacionales
en la violación a los derechos humanos en el país y también en
cuanto hace referencia a la profundización del conflicto armado en el
mismo.
Y mientras la Colombia humilde y empobrecida se
desangra, o deambula de semáforo en semáforo como de modo fiel e
irrefutable lo ejemplifican los más de dos millones y medio de
persona desplazadas que hoy mal viven entre barrancones en las
principales capitales, o en improvisados albergues, semimuertas como
es de esperarse por la inasistencia oficial, estigmatizadas por una
sociedad indolente y devoradas por la falta de esperanzas, las
multinacionales del petróleo, del carbón, de los recursos hídricos,
del sector financiero y las telecomunicaciones, como no, con la
complicidad de la mal nacida oligarquía colombiana nutren sus arcas y
para ello apelan a la conjugación de todas las formas de protección
del capital: jurídicas, políticas y militares.
2. La Coca–Cola y sus criminales pasos
La participación de importantes multinacionales
en sonados crímenes de sindicalistas en Colombia no es un asunto
nuevo y compromete a singulares y muy reconocidas empresas. La
multinacional Coca–Cola, por ejemplo, desde principio de la década
de los noventa viene siendo señalada por el Sindicato Nacional de la
Industria de la Alimentación (SINALTRAINAL) [1] como responsable de
cegar la vida a por lo menos 14 miembros de su agremiación, entre
ellos 7 miembros del sindicato de la Coca–Cola y, de igual modo,
propiciar el desplazamiento forzado de varias decenas de sus miembros,
lo que incluye, por supuesto, el exilio de un par de trabajadores
sindicalizados. Varios de los sindicalistas asesinados fueron
ultimados mientras se estaban negociando pliegos de peticiones y
diversas voces no han dejado de señalar como responsables de dichos
crímenes al paramilitarismo en complicidad con los organismos del
Estado.
Entre los sindicalistas asesinados desde 1992
hasta acá se encuentran: José Gabriel Castro (1992), José Manco
David (1994), Luis Enrique Gómez (1995), Isidro Segundo Gil (1996),
José Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Pérez, esposa de Isidro
Gil (2000) y Oscar Darío Soto, en Montería, Córdoba (2001). Y ello
para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y también las
reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato. Todo
ello, efectivamente, con la complicidad de los distintos gobiernos
quienes han actuado por acción o por omisión como perfectos cómplices
frente a toda esta tropelía. Por todos estos crímenes, hasta ahora
no se conoce ningún responsable y constituye todo ello la punta del
iceberg de una estrategia orientada en la dirección de eliminar a
todo opositor que quiera ponerle óbices a la gula de las
multinacionales en Colombia.
Esta denuncia ha traspasado la frontera y ha
convocado la solidaridad de trabajadores de distintos países,
incluida la del sindicato metalúrgico estaudinense United
Steelworkers of America (Uswa), quien junto a otras agremiaciones
sindicales procedieron en el año 2001 a instaurar una demanda ante un
Juez Federal contra la compañía y, además, contra dos de sus
embotelladoras por considerarlas responsables de crímenes y persecución
contra los sindicalistas colombianos. Como era de esperarse, el Juez
desestimó la denuncia en marzo del 2003 contra la Coca–Cola, pero
el boicot y la solidaridad ante este criminal proceder por parte de
esta multinacional no ha dejado de sentirse, hasta el punto que varios
campus universitarios en los EEUU y en Europa han hecho recientemente
un llamado para que los productos que expende la Coca–Cola a su
interior sean retirados hasta tanto no se clarifique cuál es y ha
sido su responsabilidad ante los hechos que se le imputan.
3. La coca–cola mata, el Estado igual:
boicot en el corazón del imperio
Desde finales del año 2005 y principio del 2006,
varias campañas contra la Coca–Cola se han puesto en movimiento en
varios campus universitarios. Así, la Universidad de Míchigan [2] y
la de Nueva York han retirado los productos Coca–Cola y otro tanto
han hecho varios centro educativos en Inglaterra, Irlanda e Italia,
entre otros. El lema que los ha hermanado es: Porque amo la vida no
tomo Coca–Cola. Esta campaña se suma a otras que ya en otros
momentos fueron impulsadas en el año 2003 por otros actores. Esta
situación para los directivos de la multinacional les ha resultado
incómoda y como nunca antes han tenido que salir a dar las
explicaciones de rigor frente a las punzantes denuncias que se les
hace.
En este sentido Edgar E Potter, director de
Relaciones Laborales Globales de Coca–Cola salió a decir en una
carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo
Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en
Washington y quien representa legalmente a los sindicalistas que: The
Coca–Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos
de los asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas
investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los
administradores de las plantas embotelladoras de Coca–Cola en
Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar
sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas
embotelladoras de Coca–Cola tengan algún papel en la muerte [de
sindicalista]” [3]
4. El carbón mueve las industrias y mata a
trabajadores
Y si este es el criminal actuar de la
Coca–Cola, el de la Drummond, mayor explotador del carbón en
Colombia no es nada distinto. Hoy se sabe lo que ya muchos
sindicalistas habían denunciado en su debido tiempo, sólo que quien
debía en nombre del Estado garantizar la defensa de los derechos
humanos de los trabajadores colombianos y castigar a la Drummond no lo
hizo como era su responsabilidad. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez
y la justicia en Colombia sabían, antes también el Presidente Andrés
Pastrana Arango, que la multinacional del carbón estaba seriamente
comprometida en el crimen de varios sindicalistas (Valmore Locarno,
Victor Hugo Orcasista y Gustavo Soler), hechos acaecidos en el año
20001, pues Rafael García, el exinformático del DAS y quien
prendiera el ventilador de la parapolítica y ahora confidente de la
Fiscalía, denunció en mayo de 2006 que Augusto Jiménez, Presidente
de la Drummon en Colombia había dado a Rodrigo Tovar Pupo, alias
Jorge 40, la friolera de 200.000 euros con el objeto de que
procedieran contra los mencionados sindicalistas. Pese al proceder de
la Drummond y a lo contado por Rafael García, la corrupta justicia
colombiana expresada en el juez instructor del caso archivó el mismo
por la razón que ya todos conocemos: falta de evidencia.
¿Cómo es posible, me pregunto, que la justicia
colombiana archivara este caso y ahora Karon Bowdre, así sea por
burla, juez federal en los EEUU considere que hay indicios para
iniciar un juicio contra la multinacional Drummon? El juez en mención
ha considerado oportuno escuchar el testimonio de Rafael García, sin
embargo, todo parece indicar que el juez norteamericano es de la
consideración que lo más conveniente es que la Drummond y los
abogados de los directivos sindicales asesinados y del sindicato mismo
(SINTRAMIENERGIA) muñan un acuerdo y así evitar la instancia del
juicio. Cabe señalar en cuanto hace referencia al juez colombiano que
éste autorizó realizar un juicio, sí, pero, al parecer, relacionado
sólo con los daños derivados de la muerte de los sindicalistas.
5. Por los recursos energéticos todo vale
Está claro que tanto para la justicia colombiana
como para la justicia de los EEUU no interesa condenar a la Drummond,
a toda costa se le blindará, lo cual nos dice que se le tolerará el
que haya matado, como lo ha hecho, y hasta el que haya financiado a
grupos paramilitares como así ha sucedido, contraviniendo incluso
directivas del Departamento de Estado de los EEUU y la misma Patriot
Act, la cual prohíbe expresamente cualquier trato con organizaciones
consideradas terroristas. En todo caso, la Drummon según la lógica
norteamericana no ha hecho otra cosa que garantizar un importante
flujo de recursos energéticos [4] de carácter estratégico para los
EEUU, ávido como sabemos de importantes recursos energéticos en
estos cruciales momentos. Todo este oprobio es susceptible de ser
perdonado en EEUU y tambiénen Colombia, allá se bendice a quienes
torturan en Guantánamo, Abu Graihb, a quienes lanzan bombas de fósforo
en Irak y cometen allí crímenes de guerra y lesa humanidad; también
allá perdonan a quienes mintieron por lo de las armas de destrucción
masiva que no le encontraron a Sadam Hussein; y acá se perdona a
Mancuso, Jorge 40, Don Berna y demás asesinos y mafiosos de profesión
y, sobre todo, teniendo como base una ley (Justicia y Paz) que sólo
Uribe y una parte de su Congreso revestido de nexos con el
narcoparamilitarismo les podría brindar.
Esta es la seguridad democrática que Uribe le
vende en empaque al vacío a la famosa comunidad internacional, quien
le premia y santifica los crímenes de hoy y de ayer, sin equívoco
alguno, siempre y cuando y con servilismo inconfundible permita que
los recursos energéticos de carácter estratégico que requieren
tanto el amo del norte como otras potencias para enfrentar sus crisis
energéticas fluyan hacia sus centros de poder. Ante todo ello me
pregunto ¿Qué hay de la tan anunciada lucha contra el terrorismo
patrio y el terrorismo ecuménico y sus financiadores propios y extraños?
¿No sabía acaso el Presidente Uribe toda esta situación? ¿Qué
hubiera sido de un industrial colombiano o una multinacional que
hubiera pagado a las FARC o al ELN una cantidad semejante y ello
hubiera sido de público conocimiento? ¿Por qué las redadas tan
vehementes contra indefensos campesinos y desarmados sindicalistas, y
ni siquiera una encendida diatriba presidencial contra la Drummond? ¿Qué
pasa señor Presidente, está reservándose para atacar a Gustavo
Petro o (para–para, perdón la sorna) atacar a Robledo, a Piedad Córdoba,
a su Profesor Carlos Gaviria, o a cualquiera que usted considere que
es un terrorista vestido de civil?
Lástima que el Presidente Uribe tenga tan frágil
memoria y se acuerde sólo de atacar a los miembros del Polo Democrático
Alternativo, a quienes considera terroristas vestidos con sacos de
leva o sin él, pero se le olvida que los más señeros terroristas
son las multinacionales que ahora desangran al país y que con gran
candor en su viajes por Europa y los EEUU les ofrece toda suerte de
gabelas, incluidas que hagan lo que hacen y como lo hacen, y no pase
nada. El presidente Uribe me temo, que frente a este y otros casos
parecidos da notorias e inconfundibles señas de ser más hincha de un
tipo de “terrorismo” que de otro. Si no es así, señor Uribe,
empiece por demostrarlo. Frente a todo lo anterior la Drummond niega
su participación en lo crímenes cometidos contra tres sindicalistas
y seguro que las leyes norteamericanas sólo impondrá una sanción,
si es que la hayan responsable, por apoyo a grupos terrorista y no por
asesinar o promover el crimen de indefensos sindicalistas, cuyo único
delito, sin duda, fue defender sus derechos como trabajadores y el
denunciar la voracidad y la explotación de los recursos con los que
cuenta el país, ante lo cual calla la servil y violenta oligarquía
colombiana, y de quien el presidente Uribe es uno de sus máximos
exponentes.
6. Colombia, un parque temático del horror en
manos de la Chiquita Brands
No cabe la menor duda que Colombia de la mano de
la oligarquía colombiana y de las multinacionales que la saquean y
humillan se ha convertido en todo un parque temático del horror y en
un museo vivo del sufrimiento acumulado. Todavía estamos lejos de
conocer cuál es el verdadero proceder criminal de muchas de las
multinacionales que operan en Colombia y no esperemos que este
gobierno ni ninguno de los anteriores corra el velo para conocer en
todo su esplendor la alevosía de cómo operan estas corporaciones con
el apoyo del Estado, el paraestado y sectores muy minúsculos pero
poderosos de la oligarquía en Colombia.
Sobre la historia de dolor y sangre que las
multinacionales han ido construyendo en el país es muy fragmentaria
la información que se tiene. En no pocos casos es el Estado y los
distintos gobiernos quienes más se han encargado de invisibilizar el
proceder violento de este tipo de corporaciones, vinculadas como
sabemos a los intereses más conservadores y dispuestas a acometer
cualquier tipo de política siempre que ello beneficie su dominante
posición. Paradójicamente hoy se sabe más por fuera del país sobre
este tipo de empresas que al interior del país mismo, lo cual nos
pone a pensar en la existencia de una política deliberada orientada
para que la opinión pública no conozca qué es lo que realmente
acontece con dichas organizaciones en cuanto tiene que ver con la
violación a los derechos humanos y en lo que atañe al financiamiento
de la guerra que ellas propician en el país y de lo que sacan enormes
ganancias.
En correspondencia con lo anterior, hace pocos días
ha trascendido que la multinacional Chiquita Brands ha tenido que
pagarle al gobierno de los EEUU [5] una suma de 25 millones de dólares
por haber financiado esta multinacional del banano a grupos
paramilitares en Colombia, los cuales están considerados por el
Departamento de Estado de los EEUU desde el 10 de septiembre de 2001
como grupos terroristas. El contencioso entre el Gobierno de los EEUU
y la Chiquita Brands resuelto a instancia del Juez Federal de la Corte
del Distrito de Washington, Royce Lambret, hace apenas unos pocos días,
terminó resolviéndose del siguiente modo: La Chiquita Brands
reconoció que sus principales cuadros directivos en EEUU entregaron a
los paramilitares colombianos entre 1997 y el año 2004 a través de
su filial Banadex unos 1.7 millones de dólares a cambio de que éstos
protegerían los distintos procesos relacionados con el negocio del
banano, lo que incluía, por supuesto, atacar a todo aquel que fuera
una amenaza para dicha actividad. Durante esta época los asesinatos y
los desplazamientos en Urabá fueron constantes.
El mencionado recurso, reconoce la misma
multinacional, fue recibido por parte de los paramilitares a modo de
cuotas, 100 en total, y fueron recepcionadas de modo inicial por la
Convivir Papagayo, una de esos tantos engendros criminales que dejó
instaladas el Presidente Uribe en su nefasto paso por la gobernación
de Antioquia, la cual cambiaría en el año 2003 su fachada y se haría
llamar desde entonces Servicio Especiales de vigilancia y seguridad
privada. Se sabe que la renovación de la licencia de esta fachada del
paramilitarismo está pendiente en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, organismo por demás nada pulcro en este tipo de
manejos. No hay duda que con este dinero los paramilitares de Carlos
Castaño y los militares de la XVII Brigada del ejército impusieron
un régimen de terror en la zona de Urabá y de modo simultáneo en el
Departamento Magdalena, zonas por excelencia del cultivo del banano,
lo cual se hizo extensivo a otras zonas del país.
7. Mate y pague: Colombia el corazón de las
tinieblas
Dentro de esta perversa lógica, la cual sólo
entiende Uribe y los suyos, la Chiquita Brands se compromete a pagar
los cinco primero millones de dólares una vez se dicte la sentencia y
cuatro pago más con sus respectivos intereses hasta completar los 25
millones que implica la multa por haber apoyado a los grupos
paramilitares. Dentro de los compromisos de esta multinacional también
está el asumir un programa de ética empresarial y contribuir en el
esclarecimiento de todos los hechos asociados a la financiación de
los paramilitares, incluido la entrega de 3400 fusiles AK que dichos
grupos recibieron con su respectiva munición y que fueron
introducidos al país en el barco Otterloo de su filial Banadex, en
noviembre del año 2001, y en cuya operación participaron, se cree,
países como Nicaragua, Panamá y la misma Colombia. ¿Dónde estaban
las autoridades colombiana cuando esto? A cambio, el Departamento de
Justicia de los EEUU da por bueno el acuerdo y manifiesta que no
interpondrá ninguna acción de tipo criminal contra la Chiquita
Brands, amén de dar por cosa juzgada el acuerdo.
De este acuerdo se derivan algunos elementos que
es preciso anotar. En primera instancia, que el gobierno de los EEUU
entiende como simple amonestación económica un hecho que para
cualquier colombiano/a con un poco de dignidad y sentido común
consideraría un criminal proceder. Para los EEUU las víctimas
colombianas no hacen parte de sus preocupaciones y no tendría porque
serlo, pues su interés está centrado y estará centrado de aquí en
lo sucesivo, si es que ello sucede, en conocer sólo los pormenores de
la financiación que recibieron los paramilitares y, del mismo modo,
en desconocer las perversas y trágicas consecuencias que de este
apoyo se hayan derivado. Esta sanción económica a la Chiquita Brands,
la cual no deja de ser una caricatura y una horrible e inadmisible
complicidad con su criminal y terrorífico actuar, ese que dice
combatir los EEUU en nombre de la libertad, los derechos humanos, la
democracia y todos los valores abstractos que representa el occidente
en cabeza de su sociedad, hace bullir, enardecer la conciencia y
reclamar del Estado colombiano, de su gobierno, de su criminal élite
y de la sociedad en su conjunto, sin duda, un instante de dignidad, un
basta de servilismo ante tanto oprobio junto.
El trato que ha recibido la Chiquita Brands en
EEUU por parte de sus autoridades no ha podido ser el mejor, le
toleran que mate a inocentes en Colombia y encima le premian. Aquí se
muestra una vez más el verdadero sentido de la “lucha” global del
gobierno de los EEUU frente al Terrorismo y su nunca acabada doble
moral frente al mismo. Lo que queda claro es que aquí se impone la lógica
americana de mate y pague y también el insulto proceder de proteger y
blindar a cualquier precio a los directivos de la Chiquita Brands en
los EEUUU.
Vamos a ver si la vehemencia que con tanta
desmesura nos ha dado a conocer el Presidente Uribe siempre que sale a
atacar a la oposición o a cualquier ONG que critica su risible política
de derechos humanos, será la misma que utilizará para solicitar la
extradición de los Directivos de la Chiquita Brands, quienes han
cometido delitos en Colombia y reconocido los mismos ante una Corte
norteamericana. Demuestre señor Presidente, aunque sea una sola vez,
un acto, por fin, de dignidad frente a esa patria que siempre dice
defender en encendidos discursos y en medio de los más coloridos
consejos comunales. Atrévase a solicitar la extradición de quienes
han matado en Colombia y también de quienes han contribuido junto a
usted y los suyos a hacer del país un lugar pequeño y nada cerrero
como su ganado que pasta en tierra de narcoparamilitares y a los
cuales, por cierto, se les impondrán penas risibles. Me temo que
hasta allá usted no llegará, usted, si acaso, pedirá a la amañada
Fiscalía Colombiana que investigue a los funcionarios de la filial de
la Chiquita en Colombia, es decir, a Banadex, [Banacol] o como se
quiera llamar, y a ellos tratará de aplicarle eso que en Colombia
llaman con tanto ufano ley, que si es como la de justicia y paz, y la
cual se formuló a imagen y semejanza de los intereses de los
narcoparamilitares, me temo, que es una soberana burla contra las víctimas
y un trofeo para los perpetradores.
8. El DAS: ocultando los nexos entre la
Chiquita [6] y el paramilitarismo
Lo curioso es que de todo esto algo conocía el
Gobierno de Uribe, pues en el año 2003 el entonces responsable de la
INTERPOL, Coronel Henry Rubio, entregó un informe a Jorge Noguera,
Exdirector del DAS [acusado por haber puesto a este organismo al
servicio de los paramilitares] y en donde le ponía de manifiesto el
caso de los más de 3000 fusiles que la Chiquita Brands a través de
su filial había introducido por el puerto de Turbo, de amplio manejo
paramilitar como sabemos desde mediado de los años 90. La postura de
Noguera, se señala en diversos espacios, fue la de entorpecer la
investigación y evitar que se conociera en profundidad los nexos de
la Chiquita Brands [Banadex] y el fortalecimiento económico, político
y militar del proyecto paramilitar en Colombia. Visto todo lo que ha
acontecido en el país con la parapolítica y los cada vez más
incontrovertibles fundamentos de los señalamientos que pesan sobre
Jorge Noguera, resulta obvio pensar que lo que se ha buscado y buscó
desde el DAS y desde el gobierno mismo fue que este repudiable hecho
no saliera a flote.
¿No sabía acaso Uribe que la Organización de
Estado Americanos (OEA) había hecho una investigación sobre el
particular y que la misma era de un profundo calado, e implicaba a una
importante multinacional y su filial? ¿Por qué en la cruzada contra
el terrorismo a la criolla Uribe y la justicia colombiana han dicho a
pena nada sobre el particular? ¿No sabía Uribe que una de esas
Convivir que él ayudo a forjar estaba detrás de la recepción de
esas millonarias contribuciones que estaba haciendo la Chiquita Brands
a los paramilitares y que ésta se había convertido en una empresa de
vigilancia? Frente a este y otros casos habría muchas cosas que el señor
Presidente debería por simple ética política aclarar. Sin embargo,
la realidad le rebasa y pienso que cualquier argumento hoy es poco
frente a tanto silencio acumulado y ante tantas intentonas por ocultar
la naturaleza de los hechos.
9. Tras el rastro de la Chiquita Brands.
Colombia no es la excepción
El proceder de la Chiquita Brands en Colombia es
criminal y más aún el del Estado colombiano. De la Chiquita y de
todas las multinacionales que existen en el país poco bueno habría
que esperar. Son depredadoras del ambiente y también de la sociedad.
La historia de la ahora Chiquita Brands está plagada de violencia y
terror a lo largo de toda América latina y el caribe. Su predecesora
fue la temida United Fruit Company, la misma que en el año de 1928
desplegó una brutal represión contra los trabajadores agrícolas en
el Departamento del Magdalena y contra la cual se levantaron sus
trabajadores reclamando dignidad. Para sofocar la huelga de los
bananeros el Gobierno Conservador de Miguel Abadía Méndez [7] , tan
pronorteamericanos e incondicional como el de Uribe ahora, lanzó al
ejército contra los trabajadores.
El resultado fue una masacre que el realismo Mágico
de García Márquez en un acto de exageración literaria cifró en
3000 personas asesinadas. En realidad fueron muchas menos, pero no por
ello menos dolorosas aquellas muertes. Aquel acto canalla sería
inmortalizado en Cien Años de Soledad, pero al decir verdad, mucho
antes que este hecho fuera reivindicado por el Nóbel colombiano en su
inmortal novela, y al mismo tiempo tomado como un insobornable símbolo
contra la desmemoria colectiva y también como una representación
rupestre y arqueológica del barbarismo que ha caracterizado a la
cleptócrata y ruin élite colombiana, Jorge Eliécer Gaitán [8] en
1929, siendo ya Representante a la Cámara se dio a la tarea de
conocer de viva voz los pormenores de aquellos luctuosos y tristes
hechos, para lo cual se desplazó a la región de Ciénaga Magdalena,
lugar dantesco donde se produjeron aquellos inolvidables sucesos.
Una vez realizada aquella etnografía de la
barbarie y de vuelta en Bogotá, en el mes septiembre de ese mismo año,
Gaitán pronunció en el Congreso de la República uno de los
discursos más importante de la historia social y la cultura política
en Colombia. En aquella ocasión Gaitán cargó contra el Gobierno de
Abadía Méndez y contra el Ejército, y a quienes tildó de arremeter
contra el martirizado pueblo, mientras por otro lado se congraciaban
con la United Fruit Company y con el gobierno de los EEUU. Aquellos
encendidos debates del Gaitán se prolongarían por espacio de quince
días, los que servirían, por un lado, para poner al desnudo la
vileza y el servilismo de la oligarquía colombiana cuando de defender
los intereses extranjeros en el país se trata, y por el otro lado,
para que Gaitán se granjeara la confianza y el cariño del incipiente
movimiento obrero y de otros sectores subalternos que por entonces
despuntaban en Colombia. Casi 70 años después de aquellos discursos
lanzados por Gaitán, la oligarquía sigue siendo igual de rancia y
asesina contra los indefensos, y servil, como es de esperarse, ante el
todopoderoso amo del norte y las potencias de nuevo cuño. Sería
bueno que ésta arrodillada élite colombiana, acostumbrada como está
a decir sí ante los designios de los EEUU y toda suerte de potencias
extranjeras, se tomara en serio aunque fuera por un instante las
palabras Gaitán y aprendiera a defender en la tangibilidad del mundo
esa patria que dicen defender en grandilocuentes discursos.
Así, la ayer United Fruti Company y hoy la
Chiquita Brands, han teñido de rojo la geografía nacional siempre
que han querido y les ha resultado conveniente. Ayer de la mano del
Gobierno y el Ejército y hoy de la mano del Estado y del
paramilitarismo. En otros lugares de América latina, en Guatemala,
por ejemplo, la United Fruit Company de la mano de la CIA propició el
golpe de Estado contra el Presidente Jacobo Arbenz, y en Cuba no sólo
explotó las riquezas derivadas del monopolio del Azúcar, durante
todo el tiempo que pudo, sino que fue un soporte para la dictadura de
Fulgencio Batista hasta antes del triunfo de la revolución cubana.
Por todo lo anterior, no es de extrañar que el gobierno de los EEUU
le haya perdonado a esta multinacional el que sus principales cuadros
directivos estuvieran financiando todo este tiempo a los grupos
paramilitares en Colombia. De sobra es conocido que el gobierno
americano es el protector más grande de todo tipo de terroristas y de
dictadores, siempre y cuando, seguro, éstos sirvan a sus más
encomiables designios: para muestra un botón, Posada Carriles y
Orlando Bosh.
Ante todo esto, la Chiquita Brands contrario a la
Coca–Cola y la Drummond, ha reconocido los delitos que se le
imputan. Esta multinacional propiciadora del paramilitarismo en
Colombia y, por tanto, auspiciadora de la violación a los derechos
humanos ha entendido que es mejor reconocer los hechos y pagar, pues
de algún modo tiene consagrado y por anticipado el perdón. Está
claro que para el gobierno de los EEUU importa poco que los barcos de
la Chiquita o su filial fueran cargados de cocaína y regresaran
cargados de fusiles AK con los que se masacraba y masacra a cientos de
colombianos/as. Ello no interesa, al fin de cuenta los muertos no son
norteamericanos y de algún modo, según la lógica americana y de la
Chiquita, ello era un mal necesario: se trataba de limpiar las zonas
de todo tipo de indeseables y de adeptos al comunismo.
10. Justificando los nexos con el crimen y
otras consideraciones
Los directivos de la Chiquita han aducido que
financiaron a los paramilitares porque querían proteger a sus
trabajadores, nada más canalla he escuchado en mi vida, pues si algo
protegía y han protegido siempre, aun cuando financiaron al ELN o a
las FARC, fue sus inmensas riquezas obtenidas a punta de masacres y de
desplazamiento forzado, acometido todo esto, como no, por los
paramilitares con el dinero pagado a estos y al amparo del Estado
colombiano. Esto resulta doblemente infame puesto que todos sabemos
que el gobierno en Colombia brinda a las multinacionales todo tipo de
protección: jurídica, política y militar. La zona de Urabá y el
Magdalena si algo están, seguro, son fuertemente protegidas por la
Policía y el Ejército. Lo que buscaba la Chiquita Brands con esta
estrategia era tener un poder armado no ceñido a ninguna legalidad,
con lo cual el control se hacía más expedito y, además, que de
acuerdo a sus intereses políticos y económicos era más conveniente
financiar a un proyecto de extrema derecha que a unas organizaciones
guerrilleras inspiradas por el deseo de transformar las estructuras
sociales y políticas existentes. Este es un elemento clave para
entender por qué decidieron dejar de contribuir económicamente a las
guerrillas desde finales de los 90 y destinar su financiación a los
paramilitares.
Todo lo anterior debe poner en alerta al conjunto
del movimiento social y ello con el propósito de saber qué están
haciendo el resto de las multinacionales que existen en Colombia. Es
hora de denunciar lo que ellas hacen y de exigir la salida de todas
aquellas que se encuentran comprometidas con los perpetradores. Es
hora de convocar las redes internacionales de consumo responsable y de
exigir que sus directivos sean castigados penal y civilmente por los
delitos cometidos. Y no sólo lo anterior, esto urge desenmascarar
también los estrechos nexos que el capital transmonopólico
internacional tiene con el capital interno y los modos en que estos se
articulan para agredir y violentar al conjunto de la sociedad. La
tarea no es nada fácil, pero hay la necesidad ineludible de
empezarla, me temo que ni Uribe ni los suyos están por aclarar nada,
pues cada nuevo hecho que en Colombia pasa por acción o por omisión
le implica dar una respuesta satisfactoria y muy a pesar de ello sigue
como si lo que ahora acontece no fuera con él. ¿Que tanto resiste el
teflón de Uribe? Tanto como el conjunto de la sociedad quiera y
desee, sin duda. Es el momento de impulsar un Tribunal Popular de
condena a las multinacionales que violan los derechos humanos y
promueven la guerra en Colombia, y también que sanciones al Estado y
gobierno por actuar en esa misma dirección. La lucha por la vida y la
defensa de los recursos en Colombia es una cuestión urgente. La tarde
apura....
Notas:
[1] Un pormenorizado informe sobre la Coca–Cola
en Colombia y otros países puede verse en: CIEPAC. Centrote
investigaciones económicas y políticas de acción comunitaria de San
Cristóbal de las Casas, México. Versión electrónica. http://www.columnasur.org/CIEPAC/menú.htm
[2] Sobre lo asumido por la Universidad de Míchigan
puede verse la nota publicada por: Latin América Solidarity Centre.
Versión digital http//:www.lasc.ie/new/coke–new8.html.
[3] Ver la edición del Diario el Tiempo de la
ciudad de Bogotá del día 5 de enero de 2006 titulada “10
universidades de EU y Europa vetaron el consumo de Coca–cola por
nexos con los paras”.
[4] Para una mayor comprensión de la política
energética de los EEUU, en la cual el Petróleo y otros recursos
energéticos han pasado a constituirse en parte de la seguridad
nacional, recomiendo ver el trabajo de Michel Klare, blood and oil. The
dangers and consequences of america´s growing petroleum dependency,
ed metropolitan books, Henry Holt and Co., LLC, New York, 393, 2004.
[5] Sobre el acuerdo a que llegaron el
Departamento de Justicia del Gobierno de los EEUU y los Directivos de
la Chiquita Brands, puede verse la nota de Gómez Maseri, Sergio,
edición del Diario el Tiempo, Bogota, sección economía, martes 20
de mayo 2007.
[6] Un amplio informe sobre las operaciones de la
Chiquita Brands en Colombia y sus nexos con el paramilitarismo puede
verse en el articulo de la Revista semana titulado “Banana para –Republic”.
Versión electronica.http://www.semana.com/wf/infoarticulo/aspx?idart=101602.
[7] Desde 1886 a 1930 el Partido Conservador
estuvo en el Poder. Durante este largo periodo que se prolonga por
espacio de 44 años, sólo Eliseo Payán (1886–1887), liberal y
Carlos Eugenio Restrepo, de Unión Republicana (1908–1908), gozaron
de un breve interregno de gobierno durante toda esta hegemonía
Conservadora. La Masacre de las Bananeras unido a otra serie de
factores haría que el Partido Conservador en cabeza de Abadía Méndez
perdiera el poder en 1930 y se instaurara un periodo de gobiernos
liberales, los cuales se prolongarían hasta 1946, momento en el que
el partido conservador retoma el poder con Mariano Ospina Pérez.
[8] Jorge Eliécer Gaitán fue un notable
dirigente del Partido Liberal en Colombia y quizá una de las
conciencias que en su época supo interpretar desde una vertiente
caudillista los anhelos de los sectores populares en Colombia. De
extracción popular y formado en el mundo del derecho supo poner a
este al alcance de los sectores explotados. Fue un duro crítico de la
oligarquía colombiana, alabado por muchos y odiado por otros. Para
algunos sus ideas encuadran en un marco socialista, para otros el
proyecto de Gaitán no fue algo acabado. En cualquier caso, este
importante dirigente atacó al bipartidismo, se marchó del partido
liberal en 1933, fundando su partido el UNIR. Volvió en 1935 a las
toldas del Partido Liberal y en 1936, en junio, en particular, se
posesionó como Alcalde de Bogotá. Salio pocos meses después del
consistorio por algunas medidas antipopulares que quiso tomar, entre
ellas, el uniformar a los conductores, lo que no hubiera pasado a
mayores si sus oponentes no hubieran tomado este y otros elementos
para atacarle. En las elecciones de 1948, la oligarquía colombiana
temerosa que Gaitán llegara al poder, pues había ganado las
elecciones legislativas y se proponía introducir reformas económicas
y sociales, tomaron según algunos historiadores, en complicidad con
el gobierno de los EEUU, la decisión de asesinarles el 9 de abril de
1948. Ello mientras sesionaba la IX Conferencia Panamericana en Bogotá.
El gobierno de entonces (Mariano Ospina Pérez) y otros después
quisieron achacar esta muerte al comunismo internacional e incluso a
Fidel Castro como quiera que éste estaba en dicha conferencia. Nada más
absurdo. Este hecho ha pasado a conocerse en la historia política de
Colombia como el Bogotazo, los sectores populares salieron a las
calles y el ejército ametralló al mismo sin compasión, los muertos
se cifran en miles. Desde entonces y como dice García Márquez, el país
no ha tenido un momento de verdadera paz. Un buen trabajo sobre lo
anotado puede verse en: Braun, Herbert. Mataron a Gaitán. Vida pública
y violencia urbana en Colombia, Universidad Nacional, 1987. También
puede verse el texto de Alabe, Arturo. El Bogotazo, Bogotá, ED pluma,
1983. Hay otros trabajos que por tiempo y espacio nos señalo.
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