El negocio del terrorismo

Por William D. Hartung (*)
Nación Árabe, agosto 2004

Todos sabemos que Halliburton barre miles de millones de dólares con la ocupación y la subsecuente reconstrucción de Irak emprendidas por el Gobierno de George W. Bush. Pero a largo plazo puede resultar que los mayores beneficiarios de la "guerra contra el terrorismo" sean los "destructores", no quienes reconstruyen. Los tres grandes fabricantes de armas de la nación -Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman- se hinchan de billetes con las políticas de Bush relativas a los cambios de régimen en el extranjero y la vigilancia en Estados Unidos. Paul Krugman, columnista del diario The New York Times, dio en el blanco cuando sugirió que el lema "no dejemos fuera a ningún niño", que Bush le robó al Child's Defense Fund (un fondo de protección de la infancia), no es el que realmente impulsa, pues el lema real del gobierno republicano parece ser "no dejemos fuera a ningún contratista en asuntos de defensa".

En el año fiscal 2002, los tres grandes recibieron un total mayor a los 42 mil millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin obtuvo 17 mil millones, Boeing 16 mil 600 millones y Northrop Grumman 8 mil 700 millones. Esto representa casi un tercio más que en 2000, el año final del gobierno de Bill Clinton. Por proveer todo lo imaginable, de rifles a cohetes, estas firmas sacan uno de cada cuatro dólares de los pagos del Pentágono. En cambio, a la ley No Dejemos Fuera Ningún Niño le faltan 8 mil millones de dólares para lo que necesita, ya que los costos de la guerra y los recortes fiscales se tragaron la ayuda adicional prometida a los distritos escolares.

El pan con mantequilla de los tres grandes son los sistemas de armamento como el avión caza de ataque conjunto F-35 (Lockheed Martin), la aeronave de combate F/A-18 E/F (Boeing/Northrop Grumman), el raptor F-22 (Lockheed Martin/Boeing) y la aeronave de transporte (Boeing).

Northrop Grumman también juega en grande en el área de buques de combate, pues son de su propiedad los astilleros de Newport News, en Virginia y Pascagoula, en Mississippi. Las tres empresas están muy bien colocadas en el diseño y la producción de dispositivos de precisión de tiro, equipo de armamento electrónico, sistemas de ataque a distancia y municiones de precisión. Por ejemplo, Boeing fabrica el equipo de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés), herramienta que puede convertir bombas "estúpidas" en "inteligentes". El JDAM se utilizó en tan grandes cantidades en las guerras de Irak y Afganistán que la compañía tuvo que activar turnos duplicados de fabricación para cumplir con la demanda de la fuerza aérea.

El desarrollo nuclear del presidente Bush -grandes segmentos del cual son financiados por el presupuesto del Departamento de Energía, no por el Pentágono- significa buenas noticias para Lockheed Martin. La compañía cuenta con un contrato por 2 mil millones de dólares anuales para impulsar los Sandia National Laboratories, una instalación de diseño e ingeniería de armas nucleares con sede en Albuquerque. Lockheed Martin trabaja también en sociedad con Bechtel para desarrollar el Nevada Test Site, enclave donde se somete a prueba las armas nucleares mediante explosiones subterráneas -hoy a la espera debido a una moratoria sobre pruebas nucleares a la que se sumó Estados Unidos- o mediante simulaciones por computadora. A finales del año pasado, el Congreso puso fin al prolongado veto que pesaba sobre la investigación de los llamados mininukes, armas nucleares de menos de cinco kilotones, casi un tercio del tamaño de la bomba de Hiroshima. También se autorizaron fondos para estudiar un "aniquilador de refugios blindados" (bunker busters, les llaman en inglés) y dinero para desarrollar una fábrica de miles de millones de dólares para construir disparadores de plutonio en la nueva generación de armas nucleares. Estas nuevas inversiones serán presididas por Everet Beckner, ex ejecutivo de Lockheed Martin que dirige el complejo de armas nucleares de la National Nuclear Security Administration (dependencia de seguridad nuclear nacional).

Los tres grandes pueden también obtener grandes ganancias del plan del presidente Bush para colonizar la Luna y enviar una misión tripulada a Marte, que son los arietes de una carrera armamentista en el espacio. Boeing y Lockheed Martin estaban ya posicionadas en el campo de un espacio exterior militarizado, por los enormes contratos relativos a lanzamientos espaciales, por el trabajo de defensa con satélites y misiles y por estar en sociedad para operar la Alianza Unida del Espacio (United Space Alliance), empresa conjunta a cargo del lanzamiento de los transbordadores espaciales. Northrop Grumman adquirió intereses en el área al hacerse de TRW, importante compañía contratista en asuntos espaciales y guerra de las galaxias. La nueva comisión presidencial encargada de detallar esta visión del espacio al estilo Bush la dirige Edward Pete Aldridge, anterior subsecretario de Defensa para adquisiciones del Pentágono y miembro de la junta directiva de Lockheed Martin. En tanto, en la fuerza aérea el subsecretario encargado de adquirir bienes espaciales es Peter Teets, antes jefe de operaciones de Lockheed Martin. Su puesto fue creado de acuerdo con las recomendaciones de la comisión nacional estadunidense para asesorar la organización y manejo de la seguridad en el espacio (Commission to Assess US National Security Space Management and Organization), panel consultor que publicó sus propuestas para la militarización del espacio justo cuando Bush asumió la presidencia. El grupo, que incluía representantes de ocho contratistas del Pentágono, fue presidido por Donald Rumsfeld hasta que asumió su puesto en el gobierno de Bush como secretario de Defensa. Desde entonces, Rumsfeld acata e instrumenta las recomendaciones de dicha comisión.

Los tres grandes tienen conexiones con otras numerosas fuentes de contratación federal para todo, desde seguridad aeroportuaria hasta vigilancia doméstica, en nombre de lo que hoy la Casa Blanca nombra GWOT (Global War on Terrorism), guerra global contra el terrorismo. El excedente total de 20 mil millones de dólares que Lockheed Martin recibe anualmente es más de lo que se gasta en un año promedio en el más vasto proyecto de bienestar social federal, el programa de asistencia temporal a familias necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families), que intenta proporcionar apoyo en forma de ingresos a varios millones de mujeres y niños estadunidenses que viven por debajo de la línea de la pobreza. Con Bush y compañía, el bienestar de las corporaciones atropella el bienestar hu-mano vez tras vez.

Uno pensaría que con el presupuesto militar de 400 mil millones de dólares -que sigue subiendo a partir de los 300 mil millones asignados cuando Bush asumió el cargo- todo estaría asentado en la tierra de los gigantes industriales militares, especialmente cuando el presupuesto del Pentágono es uno de tantos. (El presupuesto del Departamento de Seguridad Patria -Department of Homeland Security- es de 40 mil millones de dólares, y crece; además, las guerras de Afganistán e Irak suman a la fecha 200 mil millones de dólares en gastos de emergencia, mucho más que las asignaciones del Pentágono.) No obstante, en mis discusiones con los representantes de la industria en junio de 2003, durante la muestra aérea de París, y en su comportamiento reciente, he detectado un sentido indiscutible de desesperación. Parece que incluso este amasamiento de riquezas no es suficiente para es-tabilizar compañías tan enormes.

En el frente de los desesperados, Boeing está muy por encima de sus rivales. Después de perder el tan anunciado "contrato del siglo" -programa de 300 mil millones de dólares para lanzar el caza de ataque conjunto F-35- ante su rival Lockheed Martin, lo que ocurrió en 2001, la compañía recibió un gran golpe en su negocio de aerolíneas comerciales cuando los viajes aéreos se redujeron en la resaca de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La situación imponía un "rescate" y la compañía buscó fabricar uno mediante un trato por el cual la fuerza aérea rentaría cien Boeing 767 para usarlos como tanques aé-reos de abastecimiento de combustible. Se-gún los cálculos iniciales, el trato habría costado 26 mil millones de dólares en 10 años, 5 mil millones más que comprar los aviones. Tras el negocio se hallaba un grupo que incluía al senador Ted Stevens -que utilizó su influencia como coordinador del Comité de Asignaciones del Senado para insertar una enmienda al presupuesto del Pentágono que específicamente requería este arreglo de renta-; al secretario de la Fuerza Aérea, James Roche, antes vicepresidente de Boeing y socio alguna vez de Northrop Grumman; al vicepresidente de operaciones de Boeing en Washington, Ru-dy de Leon, funcionario de alto nivel en el Pentágono durante el gobierno de Clinton, y al vocero Dennis Hastert.

Como casi todos los enjuagues, el negocio era una mezcla de pensamiento estratégico e interés propio. Roche no tuvo pelos en la lengua para decir que parte del punto era arrojarle algo de dinero a Boeing para que se mantuviera saludable. Lo que ustedes y yo veríamos como "rescate" la gente del Pentágono le llamaba "mantener la base industrial para la defensa".

Boeing hizo uso de todas las palancas posibles para lograr el negocio. En Seattle la compañía recibió a una persona que levantaba fondos para el senador Stevens y los ejecutivos de Boeing le dieron 22 mil dólares para las arcas de su campaña. Enrolaron a Hastert, que había encandilado a la compañía a mudar su sede a su estado natal, Illinois, de modo de que pesara directamente en Bush. El representante Todd Tiahrt, en cuyo distrito (Wichita) se hallaba la planta de Boeing que remodelaría los 767 para servir de tanques, sacaba a relucir el punto tan frecuentemente ante Bush, que el presidente lo apodó Tanker Tiahrt. Los miembros del estado de Washington, sede del principal complejo de producción de la Boeing, también cabildearon fuerte. Richard Perle, miembro de la Junta de Políticas de Defensa y amigo de Rumsfeld, escribió un artículo en favor del trato para el Wall Street Journal, pero sólo después de que Boeing invirtiera 20 millones en Trireme, empresa de inversiones de Perle. En 2001, Boeing pa-trocinó la comida anual del Instituto Judío de Asuntos de Seguridad Nacional, reducto neoconservador con el que tuvo vínculos cercanos el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, antes de ingresar al gobierno republicano de Bush. Los invitados de ho-nor fueron los secretarios de tres ramas militares: Roche, de la fuerza aérea; el se-cretario de Marina, Gordon England (antes en la empresa General Dynamics), y el secretario del Ejército, Thomas White (antes en Enron). El anfitrión de la noche fue el jefe de la oficina de Boeing en Washington: Rudy de Leon.

Pero tal vez este tráfico de influencias se frustre. El famoso contrato sigue pendiente gracias al cuestionamiento incesante del se-nador John McCain, que lo denunció desde el principio por "hacer negocio con la guerra", y gracias también a la presión de grupos en favor de un buen gobierno. La gota que derramó el vaso fue la revelación de que Boeing ofreció trabajo a la funcionaria de adquisiciones de la fuerza aérea, Darleen Druyun, mientras negociaba el contrato de renta con la compañía.

Boeing no es la única compañía de armamento corrupta; es únicamente la que está tan desesperada por lograr ganancias de corto plazo que no puede cubrir las huellas de sus acciones. Que Rumsfeld tenga propensión hacia ejecutivos e ideólogos de la industria del tipo de Perle/Feith ha creado un ambiente sordo en lo político y muy cuestionable en lo ético que requiere abrirse a escrutinio y reforma por parte del público en general.

Ya se toman algunas medidas. El inspector general del Pentágono está investigando todos los contratos de Boeing en los cuales haya estado involucrada la funcionaria Druyun. El comité del Senado relativo al servicio armado sostendrá audiencias en torno al contrato de la Boeing, y McCain promete otras audiencias en torno a la "puerta giratoria" que existe entre la industria y el De-partamento de Defensa.

Se requiere hacer mucho más. En el clímax de la Segunda Guerra Mundial el senador Harry Truman se hizo famoso por destapar los negocios y el fraude de algunas compañías que abastecían los esfuerzo para ese conflicto armado. Dados los enormes riesgos políticos y económicos de la guerra contra el terrorismo, urge una investigación comparable ahora. Sea que la tarea se lleve a cabo en Irak, en Washington o en los puntos intermedios, deben someterse a concurso real todos los contratos que impliquen la seguridad nacional de Estados Unidos. Las ganancias deben tener límite, y la contabilidad de los contratistas que hacen negocios públicos debe abrirse y estar disponible para su inspección. Los políticos y los burócratas que se llenan los bolsillos con el pretexto de combatir el terrorismo deben enfrentar cargos criminales, no multas simbólicas. El pueblo debería exigir que todos los candidatos a la presidencia y al Congreso renuncien a toda contribución de campaña que provenga de las compañías involucradas en la reconstrucción de Irak, en la guerra de Afganistán o en cualquier otro puesto que abandere la guerra contra el terrorismo impulsada por Bush.

Debemos poner fin a la cultura del compadrazgo que permite que los ejecutivos de la industria armamentista obtengan paquetes de compensaciones multimillonarias en dólares, mientras se oculta a los veteranos de guerra en pabellones hospitalarios provisionales. Sacarnos de encima a George W. Bush y a toda su pandilla de arribistas neoconservadores sería un excelente comienzo. Pero sólo un comienzo.

(*) Investigador del Instituto de Política Mundial en la Universidad New School de Nueva York.