La
administración Bush
Alberto
Gonzales, el jurista de la tortura
Red
Voltaire, Francia,
03/12/04
El presidente George W. Bush ha nombrado secretario de Justicia a su fiel
consejero Alberto Gonzales. Después de haber sido el abogado de Enron,
tomó decisiones en la Suprema Corte de Texas ofensivamente favorables
al lobby de la Energía; luego, en la Casa Blanca, protegió el
secreto del Grupo Cheney sobre Energía. Se distinguió sobre todo al
afirmar que Texas no estaba obligado a aplicar la Convención de
Viena; luego, que los Estados Unidos no tenían por qué acatar la de
Ginebra. Miembro de una asociación de extrema derecha, la Federalist
Society, el Sr. Gonzales ha hecho uso de medidas de excepción y ha
generalizado el uso de la tortura. Depurar el Departamento de Justicia
es su actual objetivo.
Alberto Gonzales es el primer hispano en acceder a la función de
secretario de Justicia de los Estados Unidos. Al hacer pública su
nominación, el 10 de noviembre de 2004 en el Salón Rolsevelt de la
Casa Blanca, el presidente George W. Bush no dejó de señalar sus
modestos orígenes [1].
Nacido en una familia de emigrantes mexicanos, de un padre obrero de la
construcción con apenas el nivel de estudios secundarios terminado,
obtuvo resultados brillantes en sus estudios que le permitieron, a
través de la Air Force Academy, proseguir estudios superiores. Se
graduó de Ciencias Políticas en la Rice University y luego de
Derecho en Harvard.
Su ejemplar trayectoria vendría a ilustrar maravillosamente «el sueño
americano» de promoción individual mediante la iniciativa y el
esfuerzo. Sería motivo de estímulo y orgullo para todos los
latinoamericanos [2].
Sin embargo, el Sr. Gonzales sólo debe su fulgurante ascenso a la
devoción y lealtad de que ha dado pruebas con respecto a su patrón
George W. Bush. Luego de haber trabajado unos doce años en el bufete
Vinson & Elkins en Houston, Texas, se convirtió en el consejero
jurídico del gobernador Bush en 1994.
Como tal, Alberto Gonzales estuvo especialmente encargado de estudiar los
recursos de gracia de los condenados a muerte. La revista conservadora
Atlantic Monthly [3]
ha estudiado 57 memorandos por él redactados. Todos resaltan los crímenes
y silencian lo insuficiente de los derechos de la defensa, los
conflictos de intereses de jurados y magistrados, las pruebas dudosas
e incluso las pruebas de inocencia.
Sistemáticamente, el gobernador Bush rechazó las propuestas de
conmutación de la pena de muerte escudándose en las decisiones
judiciales; ahora bien, esta no es una decisión judicial, sino política,
y se basó en los memorandos para estigmatizar a los condenados. El
caso más famoso es el de Terry Washington, un asesino de 33 años,
reconocido culpable del atroz asesinato de la joven propietaria de un
restaurante. Pero el Sr. Washington era un retrasado mental cuyo nivel
de comprensión era comparable al de un niño de siete años. De niño,
adolescente y adulto había sido él mismo martirizado de forma
especialmente cruel. Fue ejecutado como los demás.
En el caso de Irineo Tristan Montoya, Alberto Gonzales le negó al reo el
derecho a ser juzgado en su lengua. Escribió al Departamento de
Estado de los Estados Unidos señalando que el estado federado de
Texas no era signatario de la Convención de Viena, por lo que la
firma del gobierno federal de los Estados Unidos de América no lo
obligaba a acatarlo. El reo, que había firmado una confesión
redactada en inglés creyendo que se trataba de un formulario de
inmigración, fue también ejecutado, sin dejar de declarar su
inocencia, antes de poder retractarse cuando su abogado le reveló la
maniobra [4].
Durante los seis años del gobierno George W. Bush 152 personas fueron
ejecutadas en Texas. James Hatfield, en la biografía que le dedicó,
relata las bromas que estos castigos inspiraban al gobernador [5].
El Sr. Gonzales le aconsejó igualmente al Sr. Bush no actuar como jurado
cuando su nombre fuera escogido. Su argumento fue que un gobernador no
podía ejercer dicha función en un litigio, pues ello privaría al
reo de la posibilidad de solicitar a un tercero la conmutación de la
pena en caso de ser condenado. En realidad con esto estaba protegiendo
al Sr. Bush que de otro modo hubiera tenido que revelar la condena de
que había sido objeto y que le hubiera hecho perder su derecho de
elegibilidad, pero, gracias a las relaciones de su padre, todo se
resumió a cuestiones de interés general [6].
En 1998 Alberto Gonzales es nombrado por el Sr. Bush secretario de Estado
de Texas, y, en 1999, es elegido juez en la Suprema Corte de dicho
estado. Durante este período, el gabinete Vinson & Elkins, al que
el Sr. Gonzales se había asociado, defendió los intereses de la
sociedad Enron, dedicada al corretaje en el campo de la energía. La
compañía fue la principal contribuidora de la campaña de reelección
del juez, que recibió en total 100 000 dólares de la industria energética.
Magistrado notoriamente corrupto, aceptó 2 000 dólares del Texas Farm
Bureau durante un litigio en que esta compañía era la acusada para
terminar absolviéndola. Igualmente aceptó 2 500 dólares de la Royal
Insurance durante otro caso que concluyó con la victoria del donante
[7].
En 2001 George W. Bush se apoderó de la Casa Blanca mediante el fraude y
llamó junto a él a Alberto Gonzales como consejero jurídico de la
presidencia. Al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre
de 2001, Alberto Gonzales redactó un decreto presidencial en el que
instituía «comisiones militares» para juzgar a los terroristas. Las
mismas no deben ser confundidas con los tribunales militares y menos aún
con las jurisdicciones civiles. No disponen de Código de
Procedimiento y los militares que las componen acuerdan entre sí, en
la medida de las necesidades, el procedimiento a seguir.
Los reos no tienen derecho a abogado y la comisión puede sesionar a
puertas cerradas. Única restricción: sólo pueden juzgar a
extranjeros [8].
El 25 de enero de 2002, Alberto Gonzales remite un memorando al
presidente Bush en el que indica que «la guerra al terrorismo es una
nueva forma de guerra», «este nuevo paradigma hace obsoletas las
estrictas limitaciones de las Convenciones de Ginebra sobre el
interrogatorio a los prisioneros enemigos y hace caducar algunas de
sus disposiciones» [9],
un análisis en la misma línea de los que había formulado en Texas
sobre la aplicabilidad de la Convención de Viena. Es en virtud de
este documento que los prisioneros de Guantánamo no están protegidos
por las Convenciones de Ginebra [10].
El 1º de agosto de 2002, Alberto Gonzales dio un nuevo paso al aprobar
en un nuevo memorando el recurso a la tortura [11].
Fue el documento que sirvió de base legal para la generalización de
la tortura en Afganistán e Irak, especialmente en la base militar de
Bagram y en la prisión de Abu Ghraib [12].
Finalmente Alberto Gonzales se mostró inflexible para defender los
secretos de la Casa Blanca, obstaculizando toda comunicación pública
de los memorandos referentes a las diferentes nominaciones de
magistrados por parte de la presidencia. Sobre todo mientras prestó
servicios a Enron, impidió que el Congreso accediera a los documentos
internos del Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional
(National Energy Policy Development Group, NEPDG), la famosa «Cheney
Task Force».
El Sr. Gonzales no es un hombre aislado. Llega al Departamento de
Justicia con un numeroso equipo reclutado en el seno de una asociación
de juristas de extrema derecha vinculada al lobby de la Energía, la
Federalist Society [13].
En los próximos meses debería dedicarse a infiltrar todo el sistema
judicial.
Notas:
[1]
«President Nominates Judge Al Gonzales as Next Attorney General»,
Servicio de prensa de la Casa Blanca, 10 de noviembre de 2004.
[2]
«Alberto Gonzales reemplazará a Ashcroft» por Fernando Torres»,
Alia 2/Red Voltaire, 12 de noviembre de 2004.
[3]
«The Texas Clemency memos» por Alan Berlow, The Atlantic Monthly,
julio-agosto de 2003.
[4]
«Lone Star Justice, Alberto Gonzales’ strange views on
international law» por Alan Berlow, Slate, 15 de junio de 2004.
[5]
El libro «El Nerón del siglo XXI» de James Hatfield, Editorial Timéli
2004.
[6]
«He could be the next Supreme Court Justice» por Joan Biskupic, USA
Today, 18 de marzo de 2002.
[7]
«Justices collect prejudgement premium», Texans for Public Justice.
[8]
«Martial Justice, Full and Fair» por Alberto Gonzales, The New
York Times, 30 de noviembre de 2001 (traducción francesa
reproducida como anexo a «La Gran impostura».
[9]
«Application of the Geneva Convention on prisonners of war to the
conflict with Al Qaeda and the Taliban.
[10]
«The Roots of Torture» par John Barry, Michael Hirsh et Michael
Isikoff, Newsweek, 24 de mayo de 2004.
[11]
«An August 2002 memo by the Justice Department that concluded
interrogators could use extreme» por David Johnston y James Risen, The
New York Times, 27 de junio 2004.
[12]
Desde 2002, la Red Voltaire había alertado a sus lectores sobre la práctica
de la tortura por parte de los Estados Unidos, lo que le valió el
sarcasmo de la prensa atlantista que entonces la acusó de
antiamericanismo según la gran tradición maccarthysta. Estos hechos
son hoy públicos e indiscutibles. Ver nuestro dossier «Los manuales
de tortura del ejército de los Estados Unidos».
[13]
La Federalist Society fue creada por Spencer Abraham, secretario
saliente de Energía. Ver «Spencer Abraham.
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