El
espionaje del terror
Por
William Fisher (*)
Inter Press Service (IPS), 03/12/04
Nueva
York. Defensores de los derechos civiles de Estados Unidos recopilan
evidencia sobre actividades de espionaje policial a organizaciones políticas,
ambientalistas y religiosas en nombre de la guerra contra el
terrorismo.
Solicitudes
enmarcadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas
en inglés) fueron presentados ante las autoridades en 10 estados y en
el distrito de Columbia para conocer detalles al respecto.
En
esos pedidos, se inquiere sobre el uso de las Fuerzas de Tareas
Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF) y de los cuerpos policiales
locales por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía
federal) en operaciones de vigilancia política.
Las
JTTF son cuerpos legales de enlace entre el FBI y las policías
locales. Según este esquema, agentes locales actúan como si fueran
federales y trabajan con el FBI en la identificación y control de
grupos e individuos.
Las
solicitudes, presentadas por la Unión de Libertades Civiles (ACLU),
la organización más antigua en su clase de Estados Unidos, y el
Comité Antidiscriminatorio Árabe-Estadounidense (ADC), inquieren por
archivos del FBI sobre grupos o individuos investigados por manifestar
o practicar su religión.
También
se solicita información para establecer si las políticas, prácticas
y estructura de financiamiento de las JTTF alientan tareas de
espionaje injustificadas.
”Nuestro
objetivo es conocer al máximo cómo el FBI usa las JTTF y sus
criterios para infiltrarse en esos grupos”, dijo a IPS el abogado de
ACLU Ben Wizner.
Una
de las solicitudes de información identifica organizaciones como la
pacifista United for Peace and Justice, la ambientalista Greenpeace,
la feminista Code Pink y el ADC.
Según
Wizner, el fiscal general John Ashcroft anuló una directiva del FBI,
impuesta luego de la infiltración de organizaciones de derechos
civiles en los años 60 y 70, que prohibía a los agentes espiar a
personas o grupos a menos que se tratara de la investigación de un
delito.
La
resolución de Ashcroft fue posterior al inicio de la ”guerra contra
el terrorismo” declarada por el presidente George W. Bush tras los
atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en
Nueva York y en Washington.
Al
eliminar esa política, Ashcroft ”alentó a los agentes del FBI a
salir de pesca por mezquitas y reuniones pacifistas sin ninguna
sospecha razonable de que se hubiera cometido un delito”, según
Wizner.
La
presidenta del ADC, Mary Rose Oakar, dijo que su organización
”apoya todos los esfuerzos para garantizar la seguridad en el país”
y pretende que ”las agencias de la ley y el orden protejan a la
población de delincuentes y terroristas reales”.
”Pero
apuntar contra árabes y musulmanes sobre la base del origen nacional
y la religión, enviar agentes encubiertos a reuniones pacifistas e
infiltrar grupos estudiantiles no nos da más seguridad”, advirtió.
”El
FBI no debería malgastar su tiempo y el dinero de nuestros impuestos
espiando grupos críticos de ciertas acciones del gobierno”, agregó
la dirigente.
Este
año hubo denuncias de agentes integrantes de JTTF que visitaron a
activistas de todo el país para preguntarles sobre sus planes
mientras se celebrara en agosto el Comité Nacional del gobernante
Partido Republicano en Nueva York, instancia en que se postuló a Bush
a la reelección.
”Ni
siquiera habíamos estado siguiendo las noticias sobre la Convención,
ni tampoco que fuera a celebrarse”, dijo la activista Sarah Bardwell
a IPS luego de recibir la visita de cuatro agentes del FBI y dos
agentes de policía en su casa en Denver.
”Creo
que el FBI está justificando violaciones a los derechos civiles de la
primera enmienda” de la Constitución, entre ellas la libertad de
credo, de expresión y de reunión, agregó Bardwell.
La
directora adjunta del FBI Cassandra M. Chandler aseguró en agosto que
la agencia ”no está controlando grupos ni entrevistando a
individuos, a menos que reciba (información de) inteligencia en
cuanto a que esos individuos o grupos puedan estar planeando violencia
y actividad criminal perjudicial o que tengan conocimiento de tales
actividades”.
”El
FBI realizó entrevistas, dentro de los límites de la Constitución,
para determinar la validez de la información sobre amenazas”, añadió.
Desde
los atentados de septiembre de 2001, el FBI, parte del Departamento
(ministerio) de Justicia, elevó su nivel de control y vigilancia de
grupos e individuos a los que considera sospechosos.
Tanto
ésta como otras agencias vieron sus facultades muy aumentadas por la
Ley Patriota, aprobada de manera acelerada por el Congreso legislativo
tras los atentados. La ley permite a esos organismos realizar
grabaciones furtivas sin notificar de inmediato al sujeto o sujetos
vigilados.
El
gobierno asegura estar haciendo los máximos esfuerzos para construir
puentes con las comunidades árabe e islámica, pero, al mismo tiempo,
continúa practicando la discriminación y el acoso, según las
organizaciones que las representan.
También
la Comisión de Derechos Civiles, un organismo oficial independiente e
integrado por representantes del gobierno y de la oposición, alertó
recientemente sobre vigilancia policial generalizada sobre árabes y
musulmanes estadounidenses por parte del Departamento (ministerio) de
Seguridad Interior o otras agencias.
Pero
los organismos acusados afirman que no han realizado redadas ni
vigilancias especiales contra ninguna de esas comunidades.
Sin
embargo, desde los atentados de 2001 fueron arrestados 5.000
musulmanes y árabes, algunos por largos periodos sin asistencia de un
abogado, sin que ninguno fuera acusado por delitos vinculados con el
terrorismo.
El
ADC y otras 15 organizaciones de derechos humanos y civiles demandaron
al Departamento de Seguridad Interior información sobre los
arrestados.
(*)
Con informes de Marty Logan desde Montreal
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