El
general no tiene la culpa: fueron los soldados
Por
Jim Lobe
Inter Press Service (IPS), 11/03/05
Washington.
Grupos de derechos humanos y senadores opositores estadounidenses
criticaron al Departamento de Defensa por desvincular a los altos
mandos militares de las torturas cometidas en el marco de la ”guerra
contra el terrorismo”.
El
Senado recibió el jueves las conclusiones de una nueva investigación
sobre los maltratos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán,
Iraq y la base naval de Guantánamo, Cuba. El informe considera que se
trataron de casos aislados y no fueron consecuencia de una política
general agresiva hacia los prisioneros.
Legisladores
del opositor Partido Demócrata pidieron la creación de una comisión
independiente para investigar los casos y llevar a la justicia
militar, si es necesario, a altos mandos de las Fuerzas Armadas.
”Nadie,
dentro o fuera del Pentágono (sede del Departamento de Defensa), le
ha pedido a los oficiales que den cuentas por las políticas que
estimularon maltratos a los prisioneros”, lamentó el senador demócrata
Carl Levin, del Comité de Servicios Armados.
”Sólo
puedo concluir que el Departamento no es capaz de pedir cuentas a
oficiales de determinado rango”, añadió.
Levin
se unió a las críticas lanzadas por los grupos de derechos humanos a
la última investigación, coordinada por el vicealmirante Albert
Church.
”Los
vacíos en el informe de Church demuestran la necesidad de una
investigación independiente sobre nuestra política relativa al trato
de los detenidos”, sostuvo el director ejecutivo del grupo
estadounidense Derechos Humanos Primero, Michael Posner.
La
semana pasada, esta organización presentó, junto a la Unión por las
Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés),
una demanda contra el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a quien
consideran responsable de las torturas.
Posner
señaló que el informe de Church revela la falta de voluntad del
gobierno de George W. Bush ”para examinar a fondo el problema y
asignar responsabilidades por lo que se hizo mal, previniendo así
nuevos abusos”.
Pero
Church defendió su trabajo, afirmando que se trata de una ”mirada
minuciosa y exhaustiva” sobre 71 casos confirmados de torturas.
Su
informe concluyó que el Pentágono ”ni autorizó ni condonó el
tratamiento abusivo” a los detenidos, y atribuyó la actitud de los
soldados a la fuerte presión a la que son sometidos para obtener
información de inteligencia, así como a la falta de disciplina en
ciertos casos y de políticas claras de interrogatorio.
”No
fui comisionado a investigar responsabilidades personales en niveles
jerárquicos”, dijo contundente Church al Senado.
Organizaciones
defensoras de los derechos humanos calificaron al informe de
”superficial”, sobre todo porque no tuvo en cuenta una serie de
mensajes de correo electrónico del Buró Federal de Investigaciones
(FBI) divulgados recientemente, en los que se sugiere el
consentimiento del gobierno a los apremios físicos.
En
los mensajes queda claro que el FBI objetó esas prácticas, al
parecer avaladas por el Pentágono, como privación de sueño y
utilización de perros para intimidar a los detenidos, las mismas
torturas aplicadas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, que causaron
la indignación internacional el año pasado.
En
el informe de Church ”persisten vacíos substanciales, vacíos que
hacen difícil identificar quién es responsable de las torturas”,
dijo Posner.
El
activista señaló que Church nunca habló con un solo prisionero ni
con oficiales a cargo de los interrogatorios. Tampoco investigó la
responsabilidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los
maltratos.
Posner
criticó que Church tampoco entrevistara oportunamente al ex jefe de
la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, y que hubiera
dicho ante el Senado ignorar que éste respondía al Pentágono y no
al Departamento de Estado (cancillería).
Church
tampoco dialogó con autoridades del FBI.
”Estas
son omisiones imperdonables. Éste no es el 'minucioso y completo'
informe que muchos de nosotros esperábamos”, dijo el senador demócrata
Jack Reed.
No
obstante, el informe sirvió para revelar la existencia de un
memorando enviado por el asistente del Departamento de Justicia, John
Yoo, al asesor legal del Pentágono, William Haynes, diciendo que las
Convenciones de Ginebra y las leyes internacionales sobre crímenes de
guerra no eran aplicables a la ”guerra contra el terrorismo”.
Activistas
ahora exigen la divulgación de todos los memorandos de la
administración Bush vinculados con políticas de detención e
interrogatorio.
Incluso
el senador John Warner, del gobernante Partido Republicano y
presidente del Comité de Servicios Armados, lamentó que la
investigación no haya alcanzado a los altos mandos militares.
”No
tuvo la finalidad de hacer que las autoridades rindieran cuentas. Este
Comité tendrá que hacer un mayor trabajo en ese sentido”, afirmó.
Mientras,
el independiente Centro para los Derechos Constitucionales, que
representa a más de 500 detenidos en Guantánamo, señaló que el
informe de Church ”sigue cubriendo la implicancia de los altos
mandos en los casos de torturas”.
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