El Congreso, controlado por fieles a Bush, ha frenado investigaciones al gobierno. Los abusos, política sistemática del ejército estadounidense, no son un caso aislado, según legislador

Corrupción, tortura e impunidad en EEUU socavan su “misión democratizadora”

Por David Brooks
Corresponsal en NuevaYork
La Jornada, México, 27/05/05

Nueva York. Desaparecidos, tortura, asesinatos encubiertos, violaciones de la ley internacional, corrupción y mal manejo de fondos, impunidad oficial, venta de armas a regímenes criminales... no se trata de un país latinoamericano criticado por los países "avanzados" y las ONG internacionales. Es Estados Unidos.

El mismo país que esta semana se atrevió a promover programas para mejorar la "gobernabilidad" y "el imperio de la ley" en los países de América Latina. El mismo que reitera que su propósito es promover la democracia y los "derechos humanos" por todo el mundo. El mismo que denuncia la erosión de derechos de las "sociedades civiles" en países como Venezuela, el mismo que advierte que los avances en América Latina se ven amenazados por las "instituciones débiles", particularmente del Poder Judicial.

Fue una semana de contradicciones. Dos altos funcionarios del Departamento de Estado presentaron versiones oficiales de la política estadounidense hacia América Latina, cuyo enfoque es fortalecer la "gobernabilidad" y el respeto al "régimen de ley", mientras que en casa el gobierno de Bush fue criticado repetidamente por violar el régimen de ley a tal grado que Amnistía Internacional, entre otros, se preguntó si Estados Unidos había perdido la autoridad moral para recomendar a otros países cómo gobernar.

El informe de Amnistía Internacional señaló que las políticas estadounidenses han creado "un gulag" en Guantánamo y "desaparecidos" detenidos sin acusación formal. El Centro de Derechos Constitucionales ha señalado que hay miles de detenidos en varias partes de Estados Unidos sin cargos formales bajo medidas impuestas después del 11 de septiembre, y que éstos deben considerarse como "desaparecidos".

Casi cada día aparecen nuevos documentos oficiales y testigos que confirman que las fuerzas estadounidenses han cometido graves abusos de derechos humanos, desde tortura hasta asesinatos, en Irak, Afganistán y Guantánamo, junto a una cada vez más larga lista de violaciones de la Convención de Ginebra y otras leyes internacionales, que incluye humillación de prisioneros de guerra, como las ahora famosas fotos de Saddam Hussein en calzones.

A la vez, hay más ejemplos de cómo hubo intentos para encubrir estas violaciones, desde los homicidios de prisioneros en Afganistán, hasta las causas de muerte por "fuego amigo" de los propios soldados estadounidenses. Aunque el gobierno de Bush se defendió de estas acusaciones señalando que todo está "bajo investigación", el hecho es que ningún funcionario de alto rango ha sido responsabilizado de todos estos escándalos, y varios críticos señalan que la impunidad para estos crímenes también muestra que el gobierno no está dispuesto a cumplir con la ley, y que esto ha permitido un clima en el que se generan más abusos.

Una razón por la cual todos estos escándalos no han culminado en una crisis política, o por lo menos, en investigaciones serias de la cúpula política, es que el Partido Republicano ha impuesto un férreo control sobre Washington, al ocupar la Casa Blanca y gozar de amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso.

Hoy el Washington Post señala que el de Bush está entre los gobiernos que más operan en secreto –o sea, entre los menos transparentes–, y que el Congreso ahora está controlado más por políticos fieles al equipo de Bush que por legisladores que por antigüedad tienen derecho a ocupar los puestos de liderazgo. Con ello, se ha logrado detener y obstaculizar cualquier iniciativa o investigación que pudiera amenazar a la Casa Blanca y sus aliados.

Ayer el representante federal demócrata, George Miller, puso en circulación una carta entre todos sus colegas del Congreso declarando que las justificaciones oficiales de que los casos de tortura por fuerzas estadounidenses son "aislados" es un engaño.

"El uso de la tortura no fue un caso aislado. Más bien, fue una política sistemática de abuso llevada a cabo con el conocimiento de altos oficiales... la Junta de Jefes Militares y altos oficiales civiles del Departamento de Estado", afirma Miller en la carta fechada el 24 de mayo y cuya copia fue obtenida por La Jornada.

"Tres años después –añade–, ningún cargo serio ni acción disciplinaria se ha impuesto contra los altos hacedores de política u oficiales responsables por aprobar y llevar a cabo las políticas de abuso sistemático, y ningún alto funcionario del gobierno ha sido responsabilizado por ello".

Miller sostiene que "el asesinato y abuso" de detenidos por las fuerzas estadounidenses ha causado daños irreparables para Estados Unidos en el mundo, y afirma que "el fracaso de este gobierno, el cual tan frecuentemente demanda el rendimiento de cuentas a otros, para abordar este asunto de una manera honesta..." tiene serios costos para la política estadounidense.

Convoca a sus colegas a sumarse a promover una resolución que solicite informes y documentación del secretario de Defensa para averiguar qué sabía el Pentágono y quién aprobó "las políticas de tortura que llegaron hasta el homicidio en Afganistán". Todo indica que esta petición no prosperará.

Por otro lado, la retórica de Bush sobre la promoción de la democracia y "acabar con la tiranía en nuestro mundo", fue puesto en duda al difundirse un nuevo informe que comprueba que la mayoría de las ventas de armas de Estados Unidos al mundo en desarrollo se destina a regímenes definidos como "no democráticos" por el propio Departamento de Estado, y también que las armas enviadas por Washington se emplean en la mayoría de los conflictos activos en el mundo.

El informe presentado hoy por el World Policy Institute en Nueva York, detecta que Estados Unidos trasladó armamento a 18 de los 25 países involucrados en conflictos activos (incluidos Colombia, Paquistán, Israel y Etiopia, entre otros). Además, 13 de los 25 países que más armas reciben del gobierno estadounidense fueron definidos como "no democráticos" en el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Veinte de estos 25 –80 por ciento–, han sido catalogados como países con serios problemas en cuanto a violación de derechos humanos. El coautor del informe, William Hartung, declaró que "nuestra política actual de armar a regímenes inestables podría tener consecuencias igualmente desastrosas", como las de armar a los fundamentalistas islámicos en Afganistán en los años 80.

Altos funcionarios, en la mira

Dudas sobre corrupción también circulan en torno a prominentes políticos aliados de Bush, como el líder de la mayoría republicana de la Cámara, Tom DeLay. Tres de sus asociados en Texas están bajo investigación criminal por manejos posiblemente ilegales de fondos para fines políticos, y hoy un juez declaró culpable a uno de sus asociados en un caso civil relacionado con esto.

Pero nada de ello preocupó a funcionarios como Adolfo Franco, administrador asistente para América Latina de la Agencia para Desarrollo Internacional (AID), dependencia dentro del Departamento de Estado.

Esta semana ante el Congreso, Franco definió la política estadounidense al presentar la propuesta de política para la región: "Nuestra asociación con los gobiernos de América Latina para fortalecer el imperio de ley e incrementar la transparencia y rendir cuentas es de beneficio mutuo. Está claramente en el interés del gobierno de Estados Unidos emplear nuestra caja de herramientas de diplomacia, defensa y desarrollo para contrarrestar los efectos desestabilizadores que tienen la pobre gobernabilidad, corrupción y débil imperio de ley sobre los sistemas políticos y económicos a través de América Latina, y las amenazas que presentan a los intereses vitales estadounidenses".

Como esta, hay múltiples declaraciones todos los días en Washington sobre la misión de Estados Unidos para promover la democracia, derechos humanos, libertad y más en todo el mundo, y como eso es el deber patriótico y para bien de todos. Pero otra encuesta continúa confirmando la tendencia cada vez más marcada entre los estadounidenses de que los políticos en Washington no gozan de la confianza pública, y que menos les creen.

CBS News reveló anoche en su encuesta más reciente que sólo 6 de cada 10 estadounidenses creen que el presidente comparte sus prioridades (sólo un 34 por ciento dicen que sí) y peor aún, 68 por ciento cree que el Congreso tampoco comparte las prioridades del público. Según la misma encuesta, sólo 38 por ciento aprueba ahora el manejo de Bush de la guerra en Irak, y una mayoría (57 por ciento) cree que las cosas van mal para Estados Unidos en aquel país. Con todo esto, una mayoría de los estadounidenses son pesimistas sobre la dirección general de su país, con 60 por ciento que opina que las cosas están seriamente descarriladas, y sólo un tercio piensa que las cosas avanzan en la dirección correcta.