Que
los torturen otros
Por Thalif Deen
Inter Press Service (IPS), 13/05/05
Naciones
Unidas. Diplomáticos de la ONU y organizaciones de derechos humanos
criticaron la política de Estados Unidos y otros países occidentales
de transferir sospechosos de terrorismo a países que torturan a sus
prisioneros en forma rutinaria.
”Si
se realiza la ambiciosa propuesta de (el presidente estadounidense
George W.) Bush de convertir los regímenes autoritarios del mundo en
democracias multipartidarias, Estados Unidos se quedará sin países
donde los prisioneros puedan ser torturados” impunemente, comentó
con sarcasmo un diplomático de Asia en la ONU (Organización de las
Naciones Unidas).
Hasta
entonces, ”debemos nombrar y avergonzar a los gobiernos que
tercerizan la tortura”, exhortó.
Una
coalición de ocho grupos internacionales de derechos humanos hizo
precisamente eso al condenar el jueves a siete países de América del
Norte y Europa por su política de ”entrega” de prisioneros.
Los
siete países son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda,
Alemania, Austria y Suecia, según una declaración de ocho
organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch,
Amnistía Internacional y la Asociación para la Prevención de la
Tortura.
Los
países identificados transfirieron sospechosos de terrorismo a
Egipto, Marruecos, Siria, Jordania, Yemen y Uzbekistán, basándose en
lo que denominan ”garantías diplomáticas” de trato humano, pero
con alto riesgo de tortura para esas personas.
Los
países receptores son todos candidatos de Washington a la
”democratización”, se cuentan entre ”los peores violadores de
derechos humanos del mundo” y fueron elegidos para someter a los
sospechosos a ”enérgicos métodos de persuasión” considerados
ilegales en Estados Unidos, afirmaron los grupos.
A
través de esta política de entrega, los siete países identificados
violan la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, señalaron las organizaciones de
derechos humanos.
”La
prohibición jurídica internacional de la tortura y otros malos
tratos es absoluta, e impide trasladar a una persona, cualquiera que
sea su delito o presunta actividad, a lugares donde esté expuesta a
sufrir tortura o malos tratos. Esta obligación se conoce como
principio de no devolución, y no se permiten excepciones en su
aplicación, ni siquiera en tiempos de guerra o emergencia
nacional”, dice la declaración.
Ante
esta prohibición absoluta, muchos gobiernos que realizan esos
traslados los justifican aludiendo a garantías diplomáticas de que
el país receptor no torturará al detenido repatriado.
Pero
las organizaciones suscriptoras de la declaración opinan que ”las
garantías diplomáticas no constituyen una salvaguardia efectiva
contra la tortura y otros malos tratos”, y ”de hecho, cada vez hay
más indicios de que las personas devueltas a estados que torturan
son, en efecto, torturadas, a pesar de las garantías diplomáticas”.
Los
casos más citados son los de Maher Arar, un ingeniero
sirio–canadiense, y Mamdouh Habib, un egipcio con ciudadanía
australiana.
Arar
fue detenido como sospechoso de terrorismo en el aeropuerto John F.
Kennedy de Nueva York, adonde llegó en tránsito hacia Canadá, y
luego transferido a Siria. Tras su liberación, Arar denunció que fue
sometido a brutales interrogatorios.
En
tanto Habib, otro sospechoso de terrorismo, acusó a Estados Unidos de
haberlo torturado en su base militar de Guantánamo, Cuba, y afirmó
que luego fue golpeado en prisión en Egipto, adonde fue transferido.
Human
Rights Watch documentó 63 casos de traslado de presuntos radicales
islámicos a Egipto, donde fueron detenidos e interrogados. La práctica
data de 1994, pero se aceleró desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, que Estados Unidos
atribuyó a extremistas musulmanes.
El
número total de sospechosos enviados a Egipto podría ascender a 200,
advirtió la organización.
La
coalición firmante de la declaración llamó a la acción al Comité
de las Naciones Unidas contra la Tortura a tomar medidas en su próxima
sesión del día 20 en Ginebra, dijo a IPS Veronika Szente Goldton, de
Human Rights Watch.
Los
grupos firmantes instaron a la comunidad internacional a reafirmar la
naturaleza absoluta e intangible de la prohibición de la tortura y a
declarar que las garantías diplomáticas en relación con la tortura
no son fiables.
Asimismo,
exhortaron a ”rechazar todo intento de establecer normas mínimas
para el uso de garantías diplomáticas contra el riesgo de tortura y
otros malos tratos, que es incompatible con la prohibición absoluta
de la tortura y otros malos tratos, incluido el principio de no
devolución, recogido en el derecho internacional”.
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