EEUU encarcela a sus propios periodistas

¿De qué derechos humanos habla George Bush?

Por Emilio Marín
La Arena, 19/07/05

En el país que presume de ser la nave insignia de los derechos humanos en el mundo hay 36 millones de pobres y una impresionante brecha entre ricos e indigentes. Eso es bastante conocido. Pero también hay una deplorable situación de los derechos humanos, agudizada desde octubre de 2003, cuando la administración Bush comenzó su "guerra antiterrorrista". Esta dispara misiles hacia los "oscuros rincones del planeta" y aplica la maccartista "Patriot Act" en el frente interno. Los periodistas no se salvan de esa restricción de derechos.

Las fuentes

Hay países donde los periodistas tenemos el derecho de resguardar las fuentes, un requisito básico para lograr que muchas personas puedan dar sus testimonios o informaciones sin sufrir represalias y a veces incluso perder la vida. No es el caso de EEUU, donde esa garantía no existe.

Peor aún, como la Constitución estadounidense obliga a obedecer las decisiones de la justicia, en algunos pleitos los hombres de prensa han debido "vender" a sus informantes o ir a prisión.

Estas dos alternativas sucedieron este mes con Matthew Cooper y Judith Miller. El primero, periodista de la revista Time, aceptó develar la fuente de sus artículos sobre quién había marcado a la esposa de un diplomático como agente encubierta de la CIA. Miller, en cambio, quien trabaja desde hace 28 años en The New York Times, optó por ir a prisión antes que rasgar la confidencialidad de la misma información.

Los dueños de Time fundaron su actitud finalmente genuflexa en un acatamiento constitucional. Los del periódico neoyorquino optaron por encomiar la conducta de su reportera, sin correr su empresa ni ellos mismos ningún riesgo patrimonial.

Miller fue arrestada el 6 de julio último por orden del juez Thomas Hogan y en principio permanecerá en prisión hasta octubre, cuando el jurado investigador culmine su tarea. El delito de la que puede acusársela -revelar públicamente la identidad de un agente secreto- tiene una pena máxima de diez años de cárcel.

Obviamente no será este el caso, por la repercusión internacional de los hechos y la influencia del medio de comunicación involucrado, pero esa pena máxima da una idea de lo grave de la situación. Y no estamos certificando las cualidades de la carrera profesional de Miller, quien en este asunto actuó con principios correctos, los mismos que no tuvo durante los últimos años cuando abonó el terreno para la agresión contra Irak. La cronista tomaba la información contaminada de la CIA y sus informantes iraquíes como Ahmed Chalabi, escribiendo notas donde aseguraba la existencia de arsenales prohibidos en manos de Saddam Hussein. Y eso, que a la postre resultó ser totalmente falso, era lo que necesitaba George Bush de la prensa para invadir el país árabe con alguna excusa creíble a los ojos del norteamericano medio y medio bruto.

No fue el único caso

El episodio que originó estas detenciones y retractaciones tuvo que ver con peleas entre la CIA y los hombres del presidente, acicateadas por la guerra contra Bagdad. Lo lamentable es que en vez de terminar procesados elementos de esas dos cúpulas, el daño judicial y humano recayó en Miller y Cooper. También en la superpotencia, el hilo se corta por lo más delgado.

La historia es así. Bush quería demostrar que Hussein había intentado comprar uranio en Nigeria para fabricar armas atómicas. Para ello envió a Africa al ex embajador en Irak, Joseph Wilson, quien a su regreso informó que no había tal cosa. Pese a esa conclusión, la supuesta compra de uranio por el gobierno iraquí fue incluida en los discursos del presidente y el secretario de Estado Colin Powell ante la ONU.

Wilson, para salvar su reputación y la del jefe de la CIA George Tenet, publicó en The New York Times (TNYT) en julio de 2003 que la Casa Blanca manipulaba datos falsos para justificar la guerra.

Exactamente una semana más tarde vino la réplica: un periodista de la derecha recalcitrante, Robert Novak, escribió en The Washington Post que la esposa de Wilson, Valerie Plame, era una espía de la CIA. No hacía falta ser James Bond para descifrar lo sucedido. Como el diplomático sacó a luz una grave mentira oficial, alguien del círculo presidencial lo quiso destruir revelando el oficio secreto de su mujer.

Ese fue el puntapié inicial de un escándalo que aún no ha terminado. Falta lo más interesante: saber si los opositores al texano doblarán la apuesta para escrachar al funcionario de la administración que habló por medio del periodista Novak. Ya hay dos nombres dando vueltas.

¿Es la primera vez que encarcelan periodistas en EEUU? Los defensores del estilo americano (de vivir ellos y no dejar vivir al mundo), podrían argüir que es algo aislado. Pero no es así.

Sin contar las persecuciones del maccartismo de los ´50 ni antecedentes más políticos como la prisión que guarda desde 1982 el periodista militante Mumia-Abu Jamal, está a la vista que esa profesión no está exenta de riesgos en la "gran democracia". El director de TNYT, Bill Keller, recordó que varios de sus periodistas habían sufrido cárcel por negarse a revelar sus fuentes, citando lo ocurrido a M. A. Farber en 1978.

En diciembre de 2004, La Jornada de México informó que "un reportero de televisión estadounidense fue condenado hoy por la justicia de su país a seis meses de arresto domiciliario por desacato, al no querer identificar a quien le entregó una cinta de video del FBI en la que un político aceptaba un soborno". Jim Taricani, reportero del canal WJAR, filial de la cadena NBC en Rhode Island, había pedido un mes de arresto domiciliario por razones de salud por padecer un trasplante de corazón, en vez de la pena de prisión. Le dieron seis meses.

¿Watergate de Bush?

Algunos sitios electrónicos alternativos caracterizan este affaire como el "Watergate de Bush". Aunque aún es pronto para fundar esa caracterización, que supone la caída del presidente al estilo de Richard M. Nixon en los ´70, habrá que seguir de cerca la evolución política-judicial.

Como mencionamos, dos asesores de Bush y del vicepresidente Richard Cheney están en la picota. Uno es el ultraderechista Karl Rove, principal asesor del texano. La revista Newsweek dio la primicia de esa inculpación y de inmediato el TNYT y The Washington Post, el 11 de julio, confirmaron esa información.

Las miradas acusatorias también fueron hacia Lewis "Scooter" Libby, jefe de personal de Cheney. El ex embajador Wilson había marcado hace dos años a Libby como "garganta profunda" que dejó en cueros a su esposa Valerie, la Mata Hari.

Ese aspecto del escándalo es una danza con lobos y no implica cuestiones principistas para el periodismo mundial. Sin embargo, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y la ONG "Reporteros sin Fronteras" financiada por la CIA, lanzaron campañas en defensa de la libertad de prensa sin deslindarse de la agente secreta sin coartada.

En su momento Libby y Rove alegaron no saber nada del asunto, mintiendo alevosamente. Y detrás de ambos estuvo el gran mentiroso del Salón Oval, quien tras el destape de la olla en 2003 juró que no había implicado ningún funcionario de su administración. De descubrirse alguno –aclaró- debería renunciar de inmediato.

Ahora el terreno se volvió más resbaladizo para el par de asesores del presidente y el vice. El abogado de Rove, Robert Luskin, tuvo que reconocer que su cliente habló con el periodista Cooper, de Time, pero sin mencionar por su nombre a la señora Valerie Plame. Fue una defensa ridícula, como si hubiera dicho: "la agente de la CIA es la esposa del embajador Wilson; sólo te puedo dar sus iniciales: VP". Tres días más tarde, Robert Novak, un periodista "conservador" según la benigna calificación de la agencia EFE, revelaba la identidad de la empleada de la inteligencia. Lo curioso, o no, es que el ultraderechista Novak no tuvo problemas tribunalicios como sus colegas Cooper y Miller.

Los dramas del periodismo en el Norte no vienen solamente de las presiones del poder y la ausencia de conquistas legales como el derecho a mantener la confidencialidad de la fuente. También influyen los fallos de una justicia muy ligada al núcleo del gobierno pese a las ficciones republicanas de la división de poderes. No vaya a creerse que solamente en Argentina hay nombres de jueces en las servilletas del Ejecutivo.

El caso de la periodista Miller así lo atestigua. Ella fue condenada en octubre del año pasado por el juez Thomas Hogan y apeló esa sentencia. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia no aceptó su recurso, dejando servido su encarcelamiento del 6 de julio.

¿Esa Corte es independiente? La respuesta negativa surge del cable de EFE del 3 de julio: "Aluvión de dólares en la lucha por un puesto en la Corte de EEUU, Republicanos y demócratas gastarán millones para imponer a su candidato". Ante la renuncia de una integrante, Sandra Day O´Connor, los republicanos de Progress for America adelantaron que gastarán 18 millones de dólares para respaldar al candidato de Bush a ocupar esa vacante. Sus adversarios de People for the American Way invertirán 11 millones para mejorar la imagen de un aspirante opositor.

Con esos montones de billetes se moldea el máximo tribunal y después la gente paga las consecuencias, incluso periodistas de medios que se creían acorazados.