La seguridad interior y el desastre en el Golfo de México

Por James Petras
La Jornada, 03/09/05
Traducción de Jorge Anaya

Resulta irónico y trágico que, en un tiempo en que el gobierno federal gasta decenas de miles de millones de dólares y emplea un ejército de 100 mil funcionarios en la "seguridad de la patria", cientos, si no miles, de estadounidenses han perecido por ausencia de seguridad en su patria.

Seamos claros: el huracán, la excepcional crecida del mar y la inevitable inundación de los estados del Golfo de México eran conocidos desde varios días antes por funcionarios locales, estatales y federales. Esos funcionarios apremiaron a los individuos a desalojar como mejor pudieran. En otras palabras, no hubo en ningún nivel de gobierno una política efectiva de evacuación para ayudar a los cientos de miles que carecían de transporte privado. Muchos hombres y mujeres de la Guardia Nacional en las localidades afectadas estaban en Irak, no en sus estados de origen, donde podían haber intervenido en esta emergencia nacional. El teniente Andy Thaggard, de la Guardia en Mississippi, señaló: "no tener personal es el factor más importante en este suceso. Necesitamos a nuestra gente". En el centro de Irak hay 4 mil miembros de la Guardia Nacional de Mississippi; Louisiana tiene en Bagdad 3 mil de sus efectivos de esa corporación.

El jefe de Seguridad Interior y su ejército de funcionarios fueron elocuentes en su silencio y, peor aún, en su ausencia. El equipo de auxilio en desastres carecía de personal suficiente y de algún plan efectivo de apoyo de emergencia, gracias a los sustanciales recortes hechos en el presupuesto federal para reducir la tasa impositiva para el uno por ciento de mayor ingreso de la población. En consecuencia, docenas de hospitales, hogares para ancianos, sanatorios mentales y otras instalaciones públicas carecen de energía, agua potable, teléfono y servicios de emergencia.

La filosofía de "sálvese quien pueda" del gobierno, que coloca la codicia y riqueza personal por encima el servicio público y el gasto social, ha convertido un evento natural (huracán, marejada e inundación) en un desastre humano. La guerra y la ocupación de Medio Oriente han debilitado la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en forma muy dramática y visual: miles de familias hambrientas y sedientas vadeando hasta la cintura en aguas sucias, arriesgando la vida y la integridad física para obtener víveres básicos en los supermercados inundados. Ahora que la cifra de muertos se eleva a miles y los funcionarios públicos se frotan las manos con angustia y lamentan la catástrofe, el presidente George W. Bush ha abandonado sus prolongadas vacaciones, pero el sentido profundo de este fracaso político aún está por discutirse: seguridad interior significa, primero que nada, la seguridad del pueblo estadounidense.

No era un desastre inevitable. En junio de 2004 el jefe de manejo de emergencias de Jefferson Parish, Louisiana, dijo: "Parece que el dinero (para reforzar los diques) lo han retirado del presupuesto para transferirlo a la seguridad interior y la guerra en Irak; supongo que es el precio que pagamos. Nadie en la localidad está contento de que no se puedan terminar los diques, y estamos haciendo cuanto está de nuestra parte para demostrar que éste es un asunto de seguridad para nosotros".

Seguridad interior significa restaurar los presupuestos nacionales, estatales y locales de defensa civil ante desastres naturales, reconstruir nuestros diques, expandir los medios de transporte de emergencia –botes, helicópteros y camiones– para desalojar poblaciones vulnerables; contar con instalaciones seguras y accesibles de refugio, dotadas de adecuado suministro de comida, agua y servicios médicos.

El dinero, las agencias, los vehículos, los proyectos de construcción, la Guardia Nacional están allá en Irak, no en nuestra patria, donde podrían estar salvando vidas. ¡Traigan ya a nuestros soldados a casa!

(*) Profesor emérito de la Universidad de Binghamton, escritor y conferencista, autor de más de 50 libros y cientos de artículos sobre política económica y movimientos sociales. Es colaborador regular de La Jornada y otros importantes periódicos de América Latina.