Cheney
apremiado
Análisis
de Jim Lobe
Inter
Press Service (IPS), 08/11/05
Washington.
¿Se ha convertido el vicepresidente estadounidense Dick Cheney en un
peso muerto del que conviene deshacerse?
La
pregunta puede parecer prematura cuando la suerte del principal asesor
político del presidente George W. Bush, Karl Rove, encabeza la lista
de especulaciones. Pero la duda sobrevuela la Casa Blanca desde que
renunció el consejero de seguridad y jefe de la oficina de Cheney,
Lewis "Scooter" Libby, el viernes 28 de octubre.
Libby
fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia en la investigación
para descubrir quiénes revelaron a la prensa la identidad de Valerie
Plame, una agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), cuyo esposo, el diplomático retirado Joseph Wilson, criticó
al gobierno por llevar a Estados Unidos a la guerra bajo falsas
premisas.
La
suerte de Cheney no depende tanto de que Libby diga a los fiscales que
su ex jefe lo alentó a filtrar la identidad de Plame, sino de que la
Casa Blanca juzgue que el vicepresidente más poderoso de la historia
de este país se ha vuelto una seria desventaja política para Bush y
para los legisladores del gobernante Partido Republicano, que
necesitan desesperadamente mantener el control del Congreso en los
comicios del año próximo.
La
aprobación pública de Cheney registró su mayor caída, según los
últimos sondeos de la encuestadora Gallup. La mayoría de los
consultados creen que el vicepresidente sabía al menos de las
acciones de Libby.
Gran
parte del problema es Iraq, y particularmente el rol que desempeñó
Cheney antes de la guerra iniciada en marzo de 2003, como el
funcionario más agresivo en promover la invasión. Ahora, dos tercios
de los encuestados creen que invadir Iraq fue un error, y más de la
mitad afirman que el gobierno "engañó deliberadamente al
pueblo" sobre las razones para la invasión. En este contexto,
Cheney es particularmente vulnerable.
Según
Newsweek, el poder del vicepresidente se redujo prácticamente a nada.
La semana pasada, la revista citó a "un jerarca simpatizante de
las políticas de Cheney" que afirmaba: "Uno puede decir que
la influencia del vicepresidente va a disminuir, pero es difícil
disminuir desde cero".
Esto
es seguramente una exageración burda y tal vez deliberada. Aun si
perdió influencia en política exterior, a manos de la secretaria de
Estado (canciller) Condoleezza Rice por ejemplo, Cheney continúa
ejerciendo un gran peso, inclusive decisivo, en asuntos que considera
prioritarios.
Algunos
de ellos son la presunta amenaza nuclear de Irán y Corea del Norte, y
el mantenimiento de las facultades virtualmente absolutas del Poder
Ejecutivo para continuar con su "guerra contra el
terrorismo".
Cheney
fue clave para vetar la propuesta de un viaje a Pyongyang del
secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y del Pacífico,
Christopher Hill, previo a la ronda de conversaciones de las
"seis partes", este mes en Beijing, sobre el programa
nuclear norcoreano.
Las
seis partes ––Corea del Sur, Corea del Norte, China, Estados
Unidos, Japón y Rusia–– negocian un cronograma para detener el
programa nuclear norcoreano a cambio de asistencia al desarrollo de
ese país, en particular de su sector energético.
De
modo similar, una propuesta del Departamento de Estado el mes pasado
para reanudar conversaciones directas con Teherán, dos años y medio
después de que Cheney ayudó a interrumpirlas, fue descartada cuando
el vicepresidente manifestó su firme oposición.
Si
Cheney hubiera perdido tanta influencia, no habría podido argumentar
la semana pasada con tanta energía, en un encuentro con senadores
republicanos, que el país quedaría en riesgo inaceptable si la CIA
(y no sólo el ejército) se viera legalmente obligada a no practicar
torturas ni tratos inhumanos a prisioneros capturados en la
"guerra contra el terror". Un proyecto con ese fin,
redactado por el senador republicano John McCain, está en proceso de
aprobación en el parlamento.
Su
agresiva reacción a la "enmienda McCain" le valió a Cheney
el mote de "vicepresidente para la tortura" puesto por el
consejo editorial del diario The Washington Post, pero también reveló
que el polémico funcionario creía seguir contando con la confianza
de Bush y sentía un gran desprecio por los legisladores republicanos
que, por abrumadora mayoría, votaron a favor de prohibir la tortura
De
aprobarse, la enmienda McCain haría ilegal el "trato o castigo
cruel, inhumano o degradante", tal como lo define la Constitución
de Estados Unidos, y cualquier técnica de interrogatorio no
autorizada por el Manual de Campo del Ejército de este país, que fue
elaborado para respetar las Convenciones de Ginebra que protegen a los
prisioneros de guerra.
Bush
respaldó a Cheney en esta cuestión, si bien sostuvo que
"nosotros no torturamos". Respondiendo a preguntas de la
prensa en Panamá el lunes, el presidente afirmó: "Cualquier
cosa que hagamos (para proteger al pueblo estadounidense), cualquier
actividad que dirijamos, está dentro de la ley".
Sin
embargo, está en duda si el respaldo de Bush continuará
incondicional como hasta ahora, sobre todo ante la variedad sin
precedentes de fuerzas que se alinean contra el vicepresidente.
Según
un informe publicado el lunes en The Washington Post acerca de la
batalla interna del gobierno sobre la enmienda McCain, Cheney afronta
cada vez más oposición de otros funcionarios, "incluyendo a
miembros del gabinete, personal de confianza y legisladores
republicanos que habían apoyado firmemente a la administración en
todo lo concerniente al terrorismo".
No
sólo el Departamento de Estado se opone a Cheney en cuanto al trato a
los detenidos, como ya lo había hecho en el primer mandato de Bush
(iniciado en 2001). Según el Post, el neoconservador Elliot Abrams,
consejero adjunto de Seguridad Nacional para la Democracia, y su jefe,
Stephen Hadley, consejero de Seguridad Nacional, polemizaron con el
vicepresidente sobre esta cuestión.
Más
destacable fue la oposición de Gordon England, el nuevo número dos
del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld. Una fuente del
Departamento de Estado describió al sector de Cheney como "una
isla menguante".
La
posición de England en materia de torturas a los detenidos, que
refleja la de los militares, está dañando particularmente a Cheney,
pues sugiere que el propio Rumsfeld, un animal político de gran
percepción, abandonó al vicepresidente en un momento delicado.
El
octubre, quien había sido jefe de personal del ex secretario de
Estado Colin Powell, el coronel retirado Lawrence Wilkerson, acusó a
Cheney y a Rumsfeld de haber liderado una "conspiración"
para secuestrar la política exterior estadounidense luego de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y
Washington.
Cheney
y Rumsfeld, que habían trabajado juntos como jefe de personal de la
Casa Blanca y secretario de Defensa, respectivamente, durante el
gobierno de Gerald Ford (1974–1977), eludieron los procedimientos
formales de toma de decisiones para salirse con la suya, sostuvo
Wilkerson.
Wilkerson
desarrolló este tema en una entrevista que concedió la semana pasada
a la Radio Nacional Pública, en la que sugirió que la autorización
de malos tratos a los detenidos provino de Cheney.
"Hubo
una evidente supervisión desde la oficina del vicepresidente hacia el
secretario de Defensa y a los comandantes en el terreno"
autorizando prácticas que condujeron al abuso de los detenidos, dijo
Wilkerson, agregando que el nuevo jefe de personal de Cheney, David
Addington, jugó un rol particularmente importante.
Es
poco probable que la cuestión de las torturas, por sí sola, haga
caer al vicepresidente. Pero la creciente y agresiva presión del
opositor Partido Demócrata para investigar la manipulación de
información de inteligencia antes de la guerra contra Iraq plantea
otro campo de batalla en el que Cheney deberá jugar a la defensiva.
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