Nuevas oportunidades de
empleo en EEUU
Se necesitan
torturadores
Por Pratap Chatterjee
(*)
Inter Press Service (IPS), noviembre 2005
Washington. La
"guerra contra el terror" crea nuevas oportunidades de
empleo para los estadounidenses. Importantes empresas se dedican a
contratar personal para realizar interrogatorios en las cárceles
iraquíes. El negocio llena muchos bolsillos y preocupa a los
activistas por los derechos humanos.
Este verano (boreal),
docenas de personas convergieron en el desértico pueblo de El Paso,
en el meridional estado estadounidense de Texas, en camino a las
prisiones iraquíes, donde permanecerán durante seis meses.
Pero ellos no van en
calidad de prisioneros sino de interrogadores, caminando por una
delgada línea legal a través de las Convenciones de Ginebra, que
protegen a los prisioneros de guerra. Sólo por firmar el contrato,
obtuvieron un cheque de 2.000 dólares de una compañía que rápidamente
se está convirtiendo en una empleadora clave en el mundo de la
inteligencia: Lockheed Martin.
Tras una semana de
orientación y procedimientos médicos, volaron a Tampa, en el
sudoriental estado de Florida, con destino a algunas tristemente célebres
prisiones iraquíes, entre ellas las de Abu Ghraib, Camp Cropper,
ubicada en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, y Camp Whitehorse,
cerca de la meridional ciudad iraquí de Nasariya.
Conocidos en la
comunidad de inteligencia como "los 97 ecos"
("97E" es el número que se adjudica al curso de
interrogatorios impartido en las escuelas militares), estos
mercenarios trabajarán codo a codo con los interrogadores militares.
Utilizarán 17 técnicas
para interrogar prisioneros, que van desde el "amor de
camaradas" hasta la "severa atemorización", que
consiste en tirar violentamente al suelo a los detenidos. Los sujetos
de estas medidas serán decenas de miles de hombres y mujeres
recluidos en cárceles militares dirigidas por Estados Unidos bajo
sospecha de vínculos con el terrorismo.
Un empleo en este nuevo
nicho laboral comienza con una llamada telefónica o un mensaje de
correo electrónico al teniente coronel retirado Marc Michaelis, en el
pintoresco pueblo de molinos harineros de Ellicott, en el nororiental
estado de Maryland, a una hora en automóvil de Washington.
Michaelis, el principal
punto de contacto de los nuevos interrogadores, llegó a Lockheed
Martin en febrero, luego de que la empresa adquirió a su ex
empleador, Sytex,por 462 millones de dólares.
Sytex, y por lo tanto
Lockheed, parece haberse erigido en uno de los mayores reclutadores de
torturadores privados. Solamente en junio, Sytex difundió avisos
buscando a 11 nuevos interrogadores para Iraq, y en julio la empresa
solicitó otros 23 para Afganistán.
Avisos publicados en
varios sitios web frecuentados por militares en ejercicio y retirados
ofrecían salarios de entre 70.000 dólares y los 90.000 dólares, una
bonificación de 2.000 dólares por firmar el contrato, 1.000 dólares
para una licencia a mitad de la misión y 2.000 dólares por completar
el periodo de contrato regular de seis meses.
Quienes vuelvan para un
segundo período obtendrán el doble de las bonificaciones al inicio y
al final de su contrato. A cambio, se espera que los empleados
trabajen como es debido: hasta 14 horas por día, siete días a la
semana.
El asunto de los
contratistas privados que dirigen interrogatorios salió a la luz a
mediados de 2004, cuando una investigación militar reveló que varios
de ellos en la cárcel de Abu Ghraib eran empleados civiles de una
empresa llamada CACI, con sede en el oriental estado de Virginia.
Resultó que nadie sabía
qué decían las leyes acerca de contratistas comprometidos en las
torturas en Iraq, o si estos eran, en efecto, responsables ante alguna
autoridad o sometibles a procedimiento disciplinario.
Organizaciones
defensoras de los derechos humanos son abiertamente críticas de esta
nueva tendencia. "El uso que hace el ejército de los
interrogadores por contrato ha sido un experimento fracasado",
dijo Deborah Pearlstein, directora del Programa de Leyes y Seguridad
de la organización estadounidense Human Rights First.
"Basándonos sobre
las propias investigaciones de Pentágono (Departamento de Defensa) y
otros informes que ya son públicos, parece claro que los contratistas
ya no están tan bien entrenados ni controlados, y son más difíciles
de acusar que los soldados por cosas que salen mal", dijo.
Pearlstein advirtió
que "a menos que y hasta que los interrogadores por contrato
puedan ser elevados por lo menos a los estándares de entrenamiento y
disciplina esperados para nuestros uniformados, Estados Unidos está
mejor sin sus servicios".
"El problema no es
el uso de contratistas civiles", dijo en un mensaje de correo
electrónico un ex interrogador del ejército con más de 10 años de
experiencia. "Lo que se necesita es un medio activo de supervisión
y vigilancia sobre todos nuestros recursos en el campo, no sólo los
civiles".
"Si uno mira las
muchas investigaciones de las actividades de inteligencia militar,
encontrará tantos individuos uniformados infringiendo la ley como
contratistas", dijo.
Pero Susan Burke,
abogada de prisioneros iraquíes que dijeron haber sido torturados en
Abu Ghraib, cuestionó la legalidad de contratar a personal civil para
los interrogatorios.
"Los
interrogatorios siempre fueron considerados una función inherente al
gobierno por razones obvias. Es irresponsable y peligroso utilizar a
contratistas en tales entornos, dado que hay una larga historia de
repetidos abusos de los derechos humanos cometidos por éstos",
señaló.
La abogada de
Filadelfia (en el nororiental estado de Pennsylvania) alega que el uso
de contratistas es ilegal. "El Congreso de Estados Unidos ha
aprobado leyes (las Regulaciones de Adquisición Federal) que impiden
al Poder Ejecutivo delegar 'funciones inherentemente gubernamentales'
a privados", explicó Burke.
Consultada sobre los
detalles de los contratos para los interrogatorios, la firma Lockheed
se negó a formular comentarios. Joseph Wagovich, portavoz de la
división de tecnología de la información de la empresa, que incluye
a Sytex, dijo inicialmente que la compañía sólo tenía un rol menor
en el negocio de los interrogatorios y que había concluido su
contrato en ese rubro para la base militar estadounidense en la bahía
de Guantánamo, en Cuba.
Pero confirmó que
Lockheed todavía estaba suministrando otras clases de "analistas
de inteligencia" allí.
A Sytex también le
gusta mantener un perfil bajo. "La mayoría de las organizaciones
dedicadas a hacer cumplir la ley, así como las otras organizaciones a
las que podemos estar apoyando, pronto podrían no ver sus nombres
impresos", dijo Ralph Palmieri Junior, encargado de operaciones
de la empresa, al Congressional Quarterly en 2004.
El alcance y la
influencia de la empresa van mucho más allá de lo militar. Un perfil
de la compañía publicado por The New York Times en 2004 se iniciaba
con la frase: "Lockheed Martin no dirige Estados Unidos. Pero sí
ayuda a dirigir una parte impresionantemente grande de él".
"En la última década,
Lockheed, el mayor contratista militar de la nación, construyó un
formidable imperio informático que ahora se extiende desde el Pentágono
hasta la oficina del correo", escribió Tim Weiner.
"Clasifica sus
correos y suma sus impuestos. Corta los recibos de la seguridad social
y contabiliza (los resultados) del censo de Estados Unidos. Dirige
vuelos espaciales y monitorea el tráfico aéreo. Para hacer que todo
eso suceda, Lockheed escribe más códigos informáticos que
Microsoft".
El periodista
especializado en seguridad nacional en The New York Times explicó cómo
obtenía Lockheed su negocio: "Los hombres que han trabajado,
presionado (a favor de) y defendido legalmente a Lockheed ocupan los
cargos de secretario de la armada, secretario de transporte, director
del complejo nacional de armas nucleares y director de la agencia
nacional de satélites espías".
Bill Hartung, del
Instituto de Política Mundial de Nueva York, cree que "dar a una
compañía tanto poder en asuntos de guerra y paz es tan peligroso
como antidemocrático".
También afirmó que
Lockheed Martin estaba en posición de beneficiarse económicamente de
cada plano de la "guerra contra el terror", desde el
objetivo hasta la intervención y desde la ocupación a los
interrogatorios.
(*) Pratap
Chatterjee es director general de la organización no gubernamental
CorpWatch.
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