Mientras,
según el FBI, la mayoría de los altos funcionarios están implicados
en corruptelas...
Bush
espía a 200 millones de estadounidenses
Por
David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 13/05/06
Nueva
York.– Cuando esta mañana las autoridades llegaron con órdenes
judiciales y catearon la casa y oficinas del director ejecutivo
saliente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en
inglés), culminó la semana con un círculo completo: big brother dio
la vuelta para toparse con big brother.
La
noticia que sacudió ayer a Washington –hoy, nota principal en todos
los periódicos y anoche de los noticiarios de televisión– fue la
revelación de que todas las llamadas telefónicas domésticas (fijas
o móviles) de unos 200 millones de estadounidenses están registradas
por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés),
bajo un programa secreto autorizado por el presidente George W. Bush
poco después del 11 de septiembre de 2001.
La
existencia del programa, revelado por el periódico USA Today,
intensificó el debate sobre los poderes secretos adquiridos por el
gobierno de Bush y sus implicaciones constitucionales en el supuesto
derecho sagrado de los ciudadanos a la privacidad. "Si todos los
detalles del programa son confirmados la invasión a la privacidad es
sustancial", opinó hoy el New York Times en su editorial
principal. "Al cruzar los números con bancos de datos, que
vinculan números a nombres y direcciones, el gobierno puede compilar
un dossier sobre qué personas y organizaciones tiene contacto con
cada estadounidense.
"Lo
que tenemos aquí –advierte el Times– es un programa de vigilancia
clandestino, de un tamaño enorme, operado por miembros de la
administración (de Bush), quienes no están sujetos a ningún límite
o escrutinio más allá de lo que ellos se imponen." Apunta que
si no fuera por la revelación, la Casa Blanca habría mantenido ese
programa en secreto para siempre, sin rendir cuentas a nadie. Señala
que ayer Bush nuevamente justificó la existencia de ese programa,
como hizo con la intervención de comunicaciones internacionales
revelada por el Times hace unos meses, y concluye que los atentados
del 11 de septiembre y la decisión de reforzar las defensas del país
"no otorgan al presidente el poder sin límite que ahora se
atribuye de incursionar en las comunicaciones privadas del pueblo
estadounidense".
Mientras
influyentes legisladores han demandado investigaciones y audiencias en
torno de la nueva controversia, ésta se convierte en parte de la
aparentemente interminable disputa de abusos del poder, filtraciones,
operaciones clandestinas posiblemente ilegales tanto dentro como fuera
de Estados Unidos y escándalos de corrupción que parecen rodear al
gobierno de Bush y sus aliados.
Lo
notable es que esos escándalos y controversias poco a poco se van
cruzando entre sí y reaparecen las historias negras del pasado. Por
ejemplo, el cateo de hoy a la casa y oficinas de Kyle Dusty Foggo,
quien recién ofreció su renuncia como número tres en la jerarquía
de la CIA, abre un abanico de relaciones que van más allá de este
caso particular.
Foggo
fue elevado a ese puesto de los rangos medios de la agencia por el
ahora ex director de la CIA Porter Goss. Cuando Goss fue obligado a
dimitir, hace una semana, lo hizo ante una creciente especulación de
que su sorpresiva renuncia fue resultado, al menos en parte, de una
investigación criminal que podría mancharlo. Se sabía desde
entonces que su subordinado Foggo estaba vinculado con la investigación
de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre actos de corrupción
de legisladores, la cual ya había resultado en la dimisión, confesión
y encarcelamiento del representante federal republicano Randy Duke
Cunningham.
Foggo
y Cunningham asistían a fiestas semanales de pókar, donde también,
según algunas versiones, se ofrecían prostitutas en un suite del
hotel Watergate. El anfitrión de las fiestas era Brent Wilkes, un
contratista militar. Wilkes está bajo investigación en el caso de
corrupción de Cunningham, ya que él y otro asociado usaban esas
fiestas para armar relaciones con varios legisladores y funcionarios
de agencias de inteligencia, en las que se hacían las negociaciones
para los sobornos de los legisladores a cambio de que éstos ayudaran
a conseguir contratos federales multimillonarios a los contratistas.
Cunningham recibió un total de 2.4 millones de dólares en sobornos.
Foggo
es amigo de Wilkes desde la secundaria y ahora está bajo investigación
por su posible participación en ese círculo de corrupción. También
fue agente de la CIA en Tegucigalpa durante los años 80, donde
participó en el apoyo de la contra en esa zona, entre otras
operaciones en varias partes del mundo.
Ayer
Los Angeles Times reveló que el representante republicano Jerry
Lewis, presidente del poderoso Comité de Apropiaciones de la Cámara,
también está bajo investigación en el caso de Cunningham y Wilkes.
Fuentes cercanas a la pesquisa han señalado que en el asunto podrían
estar involucrados hasta seis legisladores federales.
Más
de 2 mil investigaciones por corrupción oficial
Pero
ésta es sólo una de las investigaciones de corrupción contra
funcionarios y políticos electos en este país. Otra gran pesquisa
federal se centra en Jack Abramoff, uno de los cabilderos más
influyentes de Washington, con vínculos muy cercanos con el
representante Tom DeLay, también bajo acusación de cometer varios
delitos. Se sospecha que varios legisladores federales están en otro
gran complot de corrupción política para el enriquecimiento de unos
cuantos.
Aquí
también se supone que habrá varios legisladores y funcionarios (uno
de los encargados de la oficina de programación y presupuesto de la
Casa Blanca renunció el año pasado, justo antes de ser formalmente
acusado de mentir sobre su relación con Abramoff) implicados en ese
escándalo. Recientemente se dio a conocer que Abramoff había estado
en varias ocasiones en la Casa Blanca y en una de ellas con el
estratega político de Bush, Karl Rove.
Mientras
tanto, continúa la investigación federal contra altos funcionarios
de la Casa Blanca en torno del escándalo sobre la filtración a los
medios de la identidad de una agente de la CIA –el caso de Valerie
Plame–, en el que fue acusado Lewis Libby, asesor principal del
vicepresidente Dick Cheney.
Y
ahí no acaba la lista. Ayer, el gobernador republicano del estado de
Kentucky fue acusado formalmente de ofrecer empleos públicos a sus
aliados políticos. Otros 13 integrantes de su gobierno han sido
acusados de cometer varios ilícitos, y se esperan más.
La
FBI realiza actualmente más de 2 mil investigaciones sobre corrupción
de políticos y funcionarios, informó el New York Times esta semana.
"Los resultados sugieren que las fechorías de servidores públicos
en todos los niveles del gobierno están profundamente enraizadas y
son amplias", aseveró el diario, y señaló que los casos de más
alto nivel han involucrado a los republicanos. En 2004 y 2005, más de
mil 60 empleados gubernamentales fueron condenados por actividades
corruptas, incluyendo 177 funcionarios federales, 158 estatales, 360
locales y 365 agentes policiacos.
La
escena de las fiestas en el Watergate con jefes de inteligencia,
legisladores corruptos, contratistas y cabilderos que hacen de la política
un gran negocio parece ser cada vez más la imagen perfecta para
simbolizar el panorama político actual: buena parte de Washington ya
no es más que un juego de pókar exclusivo.
A
todo esto, el general Michael Hadley, el hasta hace poco jefe de la
Agencia de Seguridad Nacional –encargado, entre otras cosas, de los
programas secretos de rastreo de llamadas telefónicas dentro del país,
como el de intervenir comunicaciones entre este país y el
exterior–, ha sido nombrado por Bush para ocupar el cargo de jefe de
la CIA.
El
círculo se cierra con una gran interrogante: si big brother se dedica
a vigilar a todos (claro, dentro de los marcos legales y sólo para
defender el país contra el "terrorismo"), ¿quién vigila a
big brother?
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