Bush
busca militarizar la frontera en apoyo a su plan migratorio
El
Pentágono analiza ya la movilización de tropas, en particular
miembros de la Guardia Nacional
Por
David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 13/05/06
Nueva York.– El
presidente George W. Bush está considerando el envío de miles de
efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con México,
informaron hoy fuentes de la Casa Blanca. Esta opción podría ser
parte del mensaje que el lunes emitirá el mandatario a la nación con
el fin de promover la aprobación de una reforma migratoria.
La decisión
presidencial sería parte de una estrategia tendiente a impulsar el
proyecto de ley que el Senado comenzará a debatir –después de
semanas de disputas internas– el lunes. La iniciativa a discusión
podría ofrecer un camino hacia la legalización de varios millones de
inmigrantes indocumentados.
Aunque Bush y algunos
legisladores reiteran la necesidad de una reforma "humana",
el presidente evalúa mayores medidas para militarizar la frontera con
México, y otros integrantes del Congreso insisten en que primero debe
ser segura la frontera sur, pues de otra manera no permitirán avance
alguno hacia una reforma migratoria que contemple la legalización.
Toda esta estrategia
es elaborada mientras el secretario de Defensa Nacional de México,
general Gerardo Clemente Vega, se encuentra en Washington para una
reunión con su contraparte del Pentágono, Donald Rumsfeld.
De acuerdo con The
New York Times, fuentes oficiales informaron que Rumsfeld y Vega habrían
discutido, entre otros asuntos, la posible asistencia estadounidense
en la capacitación y el equipamiento de tropas mexicanas en la
frontera.
Consenso
para reiniciar discusión
El jueves el
liderazgo del Senado anunció que había logrado llegar a un acuerdo
para reiniciar el debate en torno a una reforma migratoria. El líder
de la mayoría republicana, Bill Frist, y el de la minoría demócrata,
Harry Reid, informaron que habían logrado superar la disputa política
sobre cómo proceder con el asunto, y con ello presentarían una vez más
el proyecto ante el pleno de la cámara alta la próxima semana. Frist
y Reid afirmaron que desean poder emitir un voto final sobre el
proyecto de ley en los últimos días de este mes.
La iniciativa bajo
consideración es resultado de una negociación sobre el borrador
aprobado por el Comité Judicial, conocido como el Hagel–Martinez
(por sus patrocinadores, los senadores Chuck Hagel y Mel Martinez). El
proyecto original incluye mecanismos para la legalización de
indocumentados que cumplan con ciertos requisitos, un programa de
trabajadores huéspedes y mayores medidas de seguridad fronteriza. La
disposición agrega más obstáculos y limitaciones a las vías de
legalización, entre otras cosas, y éste es el punto de mayor
preocupación para las coaliciones y los movimientos pro inmigrantes.
El nuevo proyecto
divide en tres grupos a los aproximadamente 12 millones de
indocumentados en el país. El primero lo integran quienes han
residido aquí durante más de cinco años (entre 5 y 7 millones, de
acuerdo con cálculos del Foro Nacional de Inmigración), y éstos
pueden conseguir la legalización y encaminarse a la ciudadanía si
cumplen con una serie de requisitos, pagan una multa de 2 mil dólares
y comprueban que no tienen historial criminal.
El segundo grupo lo
integran quienes han estado aquí entre dos y cinco años (unos 3
millones). Estos serían obligados a regresar a sus países de origen
y se les permitiría reingresar legalmente.
El tercer grupo está
formado por quienes han estado aquí menos de dos años (unos 2
millones), que no califican para este programa de legalización y
tendrían que volver a sus países, y sólo podrían regresar a través
de un programa de trabajadores huéspedes temporales.
Además hay una serie
de obstáculos y condiciones en el actual proyecto de ley, que
implicaría la descalificación de varios millones más en el proceso
de legalización.
Por esas razones,
agrupaciones nacionales pro inmigrantes han declarado que la versión
actual es inaceptable, ya que hay demasiadas trabas, condiciones y
limitaciones que implicarían, además de la descalificación de
millones de indocumentados, una serie de medidas punitivas que
facilitan la deportación.
"Queremos
legalizar a 12 millones, no sólo a 3 o 4 millones... eso no es
aceptable", declaró este viernes Michelle Waslin, directora de
Investigaciones sobre Política Migratoria del Consejo Nacional de la
Raza, en una teleconferencia. A su vez, Vanesa Cárdenas y Lynn
Tramonte, del Foro Nacional de Inmigración, señalaron que la versión
actual, sin cambios, tendría que ser rechazada.
El debate en el
Senado está programado para durar casi toda la semana próxima,
cuando se votará sobre una serie de enmiendas, algunas negativas, con
consecuencias posiblemente fatales para una reforma, y otras que
intentarán "componer" algunas de las disposiciones a las
que se oponen los promotores de una legalización amplia.
Sin embargo, aun si
se logra –lo cual no está garantizado– aprobar una iniciativa en
el Senado, ésta deberá ser negociado con la versión ya aceptada en
la cámara baja en diciembre, el famoso proyecto de ley Sensenbrenner.
La versión de la cámara
baja –cuya aprobación provocó en gran medida las grandes
movilizaciones de protesta de los migrantes en los últimos meses– sólo
se enfoca sobre medidas punitivas y de seguridad fronteriza. Ya que se
espera que habrá gran diferencia entre ambas versiones, nadie se
atreve a pronosticar si se logrará concluir un acuerdo para una
reforma migratoria en Estados Unidos en este año.
A la vez, y
respondiendo a las presiones políticas de algunos sectores sobre el
asunto de seguridad fronteriza, se reveló que el gobierno de Bush ha
solicitado al Pentágono desarrollar ideas de cómo podrían
participar los militares en operaciones de apoyo a las fuerzas civiles
encargadas de dar seguridad a la frontera sur.
La agencia Ap informó
hoy que el Pentágono ha ordenado la exploración de opciones para el
uso de tropas y recursos militares, particularmente la Guardia
Nacional, en la frontera con México.
El
Senado de EEUU amplía en 600 km el muro de la frontera con México
Por
Eusebio Val
Corresponsal en Washington
La Vanguardia, 19/05/06
El Senado de Estados
Unidos, inmerso en la redacción de una compleja nueva ley de
inmigración, aprobó por amplia mayoría una enmienda para financiar
la construcción de unos 600 kilómetros de triple valla de seguridad
en la frontera con México, además de 800 kilómetros adicionales de
obstáculos para el paso de vehículos. La Cámara Alta decidió también,
por unanimidad, privar de la vía para obtener la nacionalidad
estadounidense a aquellos inmigrantes indocumentados que tengan
historial delictivo – un delito o tres faltas– o hayan ignorado la
orden de deportación a su país de origen.
El Gobierno mexicano
respondió a las intenciones norteamericanas calificando el muro como
una "señal de desconfianza y ésta nunca será la base de la
amistad entre dos pueblos". Además el presidente de México,
Vicente Fox, consideró que la construcción "no resuelve el
problema migratorio ni ofrece una respuesta eficaz para garantizar la
seguridad de la frontera".
Las medidas de EEUU,
de visible dureza, están destinadas a compensar los planes, aún
pendientes de voto, para perdonar de facto a una mayoría de los 12
millones de sin papeles que viven en el país. El Senado debe
mostrarse firme para intentar convencer a la Cámara de
Representantes, mucho más reticente a la amnistía encubierta.
Algunos republicanos del ala dura insisten en que no van a ceder.
En la actualidad
existe muro – unos 170 kilómetros en total– en sólo los
segmentos que coinciden con ciudades fronterizas, como San Diego o
Nogales. Su ampliación fue respaldada por 83 senadores, mientras que
16 votaron en contra. Cada kilómetro de triple valla cuesta dos
millones de dólares, pero se piensa que el dinero se recupera con
creces gracias al ahorro en gastos policiales y administrativos por
los inmigrantes que dejan de pasar.
El presidente George
W. Bush visitó ayer la zona de Yuma (Arizona), uno de los lugares
donde más ha aumentado el paso de ilegales durante los últimos años.
Es una zona remota, desértica y que soporta temperaturas de casi 50
grados centígrados. El año pasado murieron al menos 51 inmigrantes
tratando de pasar a Estados Unidos por esta parte de la frontera. En
el 2004 fueron 36. En el 2003, 15.
En el área de Yuma,
la patrulla fronteriza – Border Patrol– detuvo a 89.336 ilegales
tratando de pasar la frontera entre octubre del 2005 y abril del 2006.
Cuánto más severos se hacen los controles, más se arriesgan los
polleros y coyotes (traficantes humanos), llevando su mercancía por
los caminos muy expuestos a las inclemencias meteorológicas. Las
vallas, cuando las hay, han reducido el paso por la superficie, pero
también han provocado que se caven túneles, como entre Tijuana y San
Diego.
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