“Aquí
estamos y no nos vamos”
Por
William Robinson Znet, junio 2006
Traducido por Miguel Montes Bajo y revisado por Mirta López
Los inmigrantes
latinos han lanzado un contraataque sin cuartel contra la represión,
explotación y racismo al que se enfrentan continuamente en los
Estados Unidos con una serie de huelgas y manifestaciones sin
precedentes. Las movilizaciones empezaron cuando más de medio millón
de inmigrantes y sus partidarios tomaron las calles de Chicago el 10
de Marzo. Fue la mayor protesta en la historia de esa ciudad.
Siguiendo las acciones de Chicago, las protestas y huelgas se
extendieron a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho
del país. El 25 de marzo millones salieron en un “día de acción
nacional”. Entre uno y dos millones de personas se manifestaron en
Los Ángeles (la mayor protesta pública en la historia de la ciudad),
y millones más siguieron el ejemplo en Chicago, Nueva York, Atlanta,
Washington D. C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y docenas
de otras ciudades. De nuevo el 10 de abril millones hicieron caso a la
llamada de otro día de protesta. Además, cientos de miles de
estudiantes de secundaria de Los Ángeles y en todo el país han
llevado a cabo abandonos de las aulas en apoyo de sus familias y
comunidades, desafiando la represión policial y las sanciones
legales. El mensaje es claro, como han gritado los manifestantes: “¡Aquí
estamos y no nos vamos!”
Estas protestas no
tienen precedentes en la historia de los Estados Unidos. El detonante
fue la aprobación, a mediados de marzo, de HR4437 por la Casa de los
Representantes, una ley introducida por el representante republicano
James Sensenbrenner con un amplio apoyo del lobby antiinmigrante. La
ley draconiana criminalizaría a los inmigrantes indocumentados
haciendo que estar en los Estados Unidos sin documentación sea un
delito. Además estipula la construcción de las primeras 700 millas
de un muro militarizado entre México y los Estados Unidos y doblaría
el tamaño de la policía fronteriza de EEUU. Y aplicaría sanciones
criminales contra cualquiera que proporcionara asistencia a
inmigrantes indocumentados, incluyendo iglesias, grupos humanitarios,
y agentes de los servicios sociales.
Después de la
aprobación de HR4437 por la Casa, la ley se paró en el Senado. El
demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain patrocinaron en
conjunto una ley “de compromiso” que habría quitado la cláusula
criminalizadora de HR4437 y proporcionaría un plan limitado de amnistía
para algunos de los indocumentados. Habría permitido a aquellos que
pudieran demostrar que han residido durante al menos 5 años en los
EEUU solicitar la residencia y más tarde la ciudadanía. A aquellos
que residan en EEUU desde hace entre dos y cinco años se les habría
requerido que volvieran a casa y solicitaran entonces permisos
temporales de “trabajador extranjero” a través de las embajadas
estadounidenses. Aquellos que no pudieran demostrar que habían estado
en EEUU desde hace dos años serían deportados. Incluso esta ley
“de compromiso” hubiera resultado en deportaciones masivas y
hubiera acrecentado el control sobre todos los inmigrantes. Aún así
acabó siendo tirada por la borda por oposición republicana, de modo
que a finales de abril se paralizó todo el proceso legislativo.
Parece que cualquier acción legislativa próxima se pospondrá hasta
después de las elecciones al congreso, en noviembre de 2006.
Sin embargo, la ola
de protestas va más allá de HR4437. Representa la liberación de la
ira reprimida y el repudio hacia lo que ha sido una explotación cada
vez más profunda y una escalada de represión y racismo
antiinmigrante. Los inmigrantes han estado sujetos a todos los abusos
imaginables en los últimos años. Se les ha negado en dos ocasiones
en el estado de California el derecho de adquirir licencias de
conducción. Esto significa que deben depender de transportes públicos
inadecuados o inexistentes o arriesgarse a conducir ilegalmente; de
forma más significativa, la licencia de conducción es a menudo la única
forma de documentación legal para transacciones tan esenciales como
cobrar cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la
frontera entre México y EEUU se han visto considerablemente
militarizados y miles de inmigrantes han muerto cruzando la frontera.
Los grupos de odio antiinmigrante están en auge. Un discurso público
racista descarado que hace sólo unos cuantos años hubiera sido
considerado extremo se ha visto cada vez más emitido y difundido en
los medios de comunicación dominantes.
De un modo aún más
inquietante, la organización paramilitar Minutemen, una versión de
odio a los latinos moderna del Ku Klux Klan, se ha extendido desde su
lugar de origen a lo largo de la frontera entre EEUU y México en
Arizona y California a otras partes del país. Los Minutemen
reivindican que deben “asegurar la frontera” en frente de un
control inadecuado por parte del estado. Su discurso, además de
racista, es neofascista. Algunos han sido filmados incluso vistiendo
camisetas con el emblema “¿Matamos a un mexicano hoy?” y otros
han organizado “safaris humanos” en el desierto para conseguir
dinero. Los clubs de Minutemen han sido patrocinados por organizadores
de derecha, rancheros ricos, hombres de negocios y políticos. Pero su
base social ha salido de aquellos sectores antes privilegiados de la
clase blanca trabajadora que han sido flexibilizados y desplazados por
la reestructuración económica, la desregularización del trabajo y
la fuga global del capital. Esos sectores toman ahora a los
inmigrantes como cabezas de turco – con el ánimo oficial – y como
fuente de su inseguridad y depresión.
Los inmigrantes y
quienes les apoyan se han organizado a través de redes en expansión
de iglesias, clubs de inmigrantes y grupos de derechos humanos,
asociaciones de comunidades, medios progresistas y en español,
sindicatos y organizaciones por la justicia social. Las movilizaciones
de los inmigrantes sin duda alguna han aterrorizado a los grupos en el
poder. En abril, se supo que KBR, una subsidiaria de Halliburton (la
antigua compañía del vicepresidente Dick Cheney, con fuertes lazos
con el Pentágono y una contratista mayoritaria en la guerra de Irak)
ganó un contrato por valor de 385 millones de dólares para construir
centros de detención de inmigrantes a gran escala en caso de una
“afluencia de emergencia” de inmigrantes.
El asunto de los
inmigrantes presenta una contradicción para los grupos dominantes. El
capital necesita el trabajo barato y sumiso de los inmigrantes latinos
(y otros). Los latinos han inundado masivamente los escalones más
bajos de la clase trabajadora de EEUU. Proporcionan casi toda la mano
de obra agraria y la mayoría de la mano de obra en hoteles,
restaurantes, construcción, porterías y limpieza de hogares, cuidado
de niños, jardinería, reparto, empaquetado de carne y aves, venta al
por menor y así sucesivamente. Aun así los grupos dominantes temen
que una oleada de inmigrantes latinos conducirá a la pérdida del
control político y cultural, convirtiéndose en una fuente de
contrahegemonía e inestabilidad, tal y como los trabajadores
inmigrantes de París mostraron ser en las revueltas contra el racismo
y la marginalidad de esa capital europea el año pasado.
Los empleadores no
quieren eliminar la inmigración latina. Al contrario, quieren
mantener un gran fondo de reserva de trabajo explotable que existe
bajo condiciones precarias, que no disfruta de los derechos civiles,
políticos y laborales de los ciudadanos y que es desechable a través
de la deportación. Es la condición de deportable la que quieren
mantener puesto que esa condición asegura la capacidad para
superexplotar con impunidad y para desechar sin consecuencias en el
caso de que esta mano de obra se vuelva rebelde o innecesaria.
La administración
Bush se opone a HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los
inmigrantes sino porque debe buscar un equilibrio encontrando una fórmula
para un suministro estable de mano de obra barata para los empleadores
y, al mismo tiempo, para un mayor control estatal sobre los
inmigrantes. La propuesta de Bush consiste en un programa de
“trabajadores inmigrantes” que descartaría la legalización para
los inmigrantes indocumentados, los forzaría a volver a sus países
de origen y solicitar permisos temporales de trabajo, y aplicaría
nuevas y fuertes medidas de seguridad fronteriza. Hay una larga
historia de tales proyectos de “trabajadores extranjeros”
volviendo atrás al programa de braceros, que trajo a EEUU a millones
de trabajadores mexicanos durante la falta de mano de obra de la
Segunda Guerra Mundial, sólo para después deportarlos una vez que
los trabajadores nativos estuvieron de nuevo disponibles.
El movimiento por los
derechos de los inmigrantes está pidiendo derechos completos para
todos los inmigrantes, incluyendo amnistía, protección a los
trabajadores, medidas de reunificación de familias, una vía hacia la
ciudadanía o la residencia permanente en lugar de un programa
temporal de “trabajadores extranjeros”, el fin de los ataques
contra todos los inmigrantes y de la criminalización de sus
comunidades.
Las relaciones entre
las comunidades latina y negra son un reto de envergadura al que se
enfrenta el movimiento. Históricamente, los afroamericanos han
rellenado los escalones más bajos del sistema de castas de EEUU. Pero
según los afroamericanos empezaron a luchar por sus derechos civiles
y humanos en los 60 y 70 se organizaron, politizaron y radicalizaron.
Los trabajadores negros lideraron la militancia sindical. Todo esto
les convirtió en una mano de obra indeseable para el capital:
“indisciplinados” e “insumisos”.
A partir de los 80
los empleadores empezaron a desplazar a los trabajadores negros y a
reclutar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con la
desindustrialización y la reestructuración. Los negros pasaron de
superexplotados a marginados (sujetos al desempleo, a recortes en los
servicios sociales, a ser encarcelados en masa y bajo una mayor
represión estatal) mientras que la mano de obra inmigrante latina se
ha convertido en el nuevo sector superexplotado. Mientras que hace 15
años no se veía ninguna cara latina en lugares como Iowa o Tenesse,
ahora se puede ver a trabajadores mexicanos, centroamericanos y de
otros lugares de Latinoamérica en todas partes. Si algunos
afroamericanos han dirigido por error su rabia por la marginalidad
hacia los inmigrantes latinos, la comunidad negra tiene el legítimo
derecho a quejarse del racismo antinegro de muchos de los propios
latinos, que a menudo carecen de sensibilidad hacia la grave situación
histórica y la experiencia contemporánea de los negros con el
racismo, y una reticencia a verlos como aliados naturales.
El aumento de la
inmigración latina hacia los Estados Unidos forma parte de un aumento
vertiginoso en todo el mundo de la inmigración transnacional generada
por las fuerzas de la globalización capitalista. El corolario al auge
de una economía global integrada es el auge de un mercado laboral
realmente global (aunque altamente segmentado). La mano de obra
sobrante en cualquier parte del mundo se recluta y redistribuye ahora
a través de numerosos mecanismos hacia donde la necesita el capital
transnacional. Se estima que la mano de obra inmigrante en todo el
mundo supera los 200 millones de personas, de acuerdo con los datos de
la ONU. Unos 30 millones están en los Estados Unidos, y de entre
ellos al menos 20 millones son latinoamericanos. De esos 20 millones,
unos 11 millones están indocumentados.
El lobby
antiinmigración argumenta que esos inmigrantes “son un sumidero
para la economía de EEUU”. Aun así, la Red Nacional para la
Solidaridad con los Inmigrantes apunta que esos inmigrantes
contribuyen con siete mil millones de dólares al año a la seguridad
social. Ganan 240.000 millones de dólares, declaran 90.000, y sólo
se les reembolsa 5.000 millones en concepto de devolución de
impuestos. Además contribuyen con 25.000 millones de dólares más a
la economía de EEUU que lo que reciben en sanidad y servicios
sociales. Pero ésta es una línea de argumentación limitada, puesto
que el mayor asunto son los incalculables miles de millones de dólares
que la mano de obra inmigrante genera en concepto de beneficios y
rentas para el capital, sólo una diminuta parte de lo cual vuelve a
los inmigrantes en forma de salario.
Si la necesidad de
mano de obra barata, maleable y deportable del capital en los centros
de la economía global es el “factor que tira”, que induce a la
inmigración latina hacia los Estados Unidos, el “factor que
empuja” es la devastación que han dejado dos décadas de
neoliberalismo en Latinoamérica. La globalización capitalista
(ajustes estructurales, acuerdos de libre comercio, privatizaciones,
la contracción del empleo público y los créditos, la disolución de
tierras comunales, y así sucesivamente, junto con las crisis políticas
generadas por estas medidas) han hecho implosionar a miles de
comunidades en Latinoamérica y han desatado una ola de inmigración,
desde áreas rurales hacia áreas urbanas y hacia otros países, que sólo
puede ser análoga al desarraigo masivo y las migraciones que tienen
lugar generalmente tras las guerras.
La migración latina
transnacional ha provocado un enorme incremento de envíos de dinero
por parte de trabajadores latinos hacia el exterior, hacia extensas
redes familiares. Los trabajadores latinoamericanos en el extranjero
han enviado a sus casas unos 57.000 millones de dólares en 2005, de
acuerdo con el Banco de Desarrollo Interamericano. Estos envíos de
dinero han sido la fuente número uno de intercambio monetario con el
exterior para la República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Guayana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua, y la segunda más
importante para Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y
Surinam, de acuerdo con el Banco. Los 20.000 millones enviados en 2005
por unos 10 millones de mejicanos en los Estados Unidos constituyó más
que lo ingresado por el país por el turismo, y fue sobrepasado sólo
por las exportaciones de petróleo y de las maquiladoras.
Estos envíos
permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir
adquiriendo bienes o importados del mercado mundial o producidos
localmente o por el capital transnacional. Permiten la supervivencia
familiar en una época de crisis y reajuste, especialmente para los
sectores más pobres (las redes de seguridad que reemplazan gobiernos
y empleo fijo proporcionando seguridad económica). La emigración y
los envíos de dinero están también al servicio del objetivo político
de la pacificación. Según se extendió espectacularmente la emigración
de Latinoamérica hacia los Estados Unidos desde los 80 en adelante,
ayudó a disipar las tensiones sociales y a socavar la oposición
laboral y política a los regímenes e instituciones predominantes.
Los envíos de dinero ayudan a mitigar los desequilibrios macroeconómicos
y, en algunos casos, a evitar el colapso económico, apuntalando así
las condiciones políticas para un entorno agradable al capital
transnacional.
Por tanto, ligado al
debate sobre los inmigrantes en los Estados Unidos está toda la política
económica del capitalismo global en el hemisferio oeste (la misma política
económica que está siendo ahora marcadamente combatida en toda
Latinoamérica con la oleada de luchas populares masivas y el giro a
la izquierda. La lucha por los derechos de los inmigrantes en los
Estados Unidos está, por tanto, íntimamente conectada con la más
amplia lucha que se libra en Latinoamérica (y en todo el mundo) por
la justicia social.
.- William Robinson es
Profesor de Sociología, Estudios Globales e Internacionales y
Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad de
California en Santa Barbara.
|