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Falla
la Suprema Corte contra poderes extraordinarios de Bush
Declara
ilegales los tribunales para Guantánamo
Por
David Brooks
Corresponsal en Estados Unidos
La Jornada, 30/06/06
Nueva York, 29 de
junio. En un revés para los poderes extraordinarios que se atribuye
la presidencia de George W. Bush, la Suprema Corte falló hoy que el
mandatario excedió su autoridad legal cuando ordenó la creación de
tribunales especiales –las llamadas "comisiones
militares"– para detenidos en Guantánamo.
En esencia, el fallo
establece que el presidente no cuenta con la autoridad para hacer lo
que desea con los detenidos, y que éstos sí tienen ciertos derechos
legales básicos bajo la ley federal e internacional, ya que están en
manos estadounidenses.
El caso particular
fue presentado a nombre de Salim Ahmed Hamdan, ciudadano de Yemen,
quien trabajó de chofer para Osama Bin Laden; ha estado detenido
durante cuatro años en Guantánamo y estaba por ser sujeto a los
tribunales militares establecidos por el gobierno de Bush. La Suprema
Corte falló hoy que estos juicios son ilegales bajo las leyes
estadounidenses, en particular las establecidas por la ley castrense y
las Convenciones de Ginebra.
El caso es una
segunda derrota para las medidas aplicadas por el gobierno en su lucha
"antiterrorista", ya que hace dos años la Suprema Corte
rechazó argumentos del gobierno de que cuenta con la autoridad para
detener a sospechosos de "terrorismo" y negarles
indefinidamente el derecho de acceso a tribunales o abogados.
Aunque el fallo no
afecta de manera directa la detención de Hamdan y otros en Guantánamo,
sí obliga a que se les otorguen garantías básicas establecidas por
la ley para enjuiciar a los prisioneros. El presidente enfrenta ahora
varias opciones, incluyendo presentar los casos ante tribunales
militares establecidos o ante tribunales federales, o buscar que el
Congreso le otorgue la autoridad legal para proceder con los
tribunales militares especiales.
De hecho, el
liderazgo republicano del Senado, al conocerse el fallo, anunció de
inmediato su intención de formular una legislación para otorgar la
autoridad al presidente a establecer los tribunales militares
especiales.
Buscan
revertir dos siglos de jurisprudencia
En comentarios
iniciales sobre el fallo, Bush indicó que examina esta última opción,
al declarar que está dispuesto a trabajar con el Congreso para
establecer un tribunal para los detenidos, y acatar a la vez el fallo
de la Suprema Corte.
Con todo, defendió
sus acciones, y reiteró: "estamos en guerra contra el terror;
estas personas fueron detenidas en campos de batalla, y yo protegeré
al pueblo y, a la misma vez, me conformaré con el fallo de la Suprema
Corte".
El caso, a la vez,
revela la reinterpretación radical de la Constitución y del derecho
internacional que ha realizado el gobierno de Bush para atribuir
poderes extraordinarios a la rama ejecutiva desde el 11 de septiembre,
la cual, según abogados dentro y fuera del gobierno, no tiene
precedente en la historia de Estados Unidos.
Con su incesante
repetición de que "estamos en guerra contra el terror" y,
por tanto, toda autoridad está depositada en el Ejecutivo, el
gobierno de Bush ha logrado ampliar el poder presidencial a niveles
alarmantes, opinan varios expertos.
En un amplio
reportaje publicado por The New Yorker esta semana, esta estrategia
legal tiene un nombre: "el Nuevo Paradigma". Esta visión
legal, sostiene la revista, "se fundamenta en una lectura de la
Constitución que pocos comparten: que el presidente, como comandante
en jefe, tiene la autoridad de hacer caso omiso virtualmente de todos
lo límites legales previamente conocidos, si así lo demanda la
seguridad nacional. En ese contexto, estatutos que prohíben la
tortura, la detención secreta y la vigilancia sin orden judicial han
sido hechos a un lado".
Scott Horton,
profesor de la escuela de leyes en la Universidad de Columbia y jefe
del Comité de Ley Internacional de la Asociación de Abogados de
Nueva York, declaró a The New Yorker que los abogados de la
presidencia han intentado "revertir dos siglos de jurisprudencia
definiendo los límites del Poder Ejecutivo. Han hecho de la guerra un
asunto de poder dictatorial".
Bruce Fein, activista
legal republicano que votó por Bush y fue subprocurador general
asistente en el Departamento de Justicia durante la presidencia de
Ronald Reagan, comentó a la revista que este gobierno "ha
asumido poderes que están a un universo más allá de cualquier otro
gobierno. Este presidente ha hecho declaraciones que son bastante
alarmantes", y señaló que en esencia Bush ha determinado que no
hay límites sobre su poder para llevar a cabo esta guerra.
"Sus poderes de
guerra le permiten declarar a cualquiera como combatiente enemigo.
Todo el mundo es un campo de batalla... tiene el sentido de Luis XIV:
'yo soy el Estado'."
Es frente a todo esto
que abogados y agrupaciones de derechos humanos y civiles han
intentado denunciar y promover casos como el de hoy, oficialmente
conocido como Hamdan versus Rumsfeld, para intentar restablecer límites
constitucionales.
Michael Ratner,
presidente del Centro de Derechos Constitucionales, una de las
organizaciones que participó en el caso contra el gobierno y que
representa a unos 200 detenidos en Guantánamo, elogió la decisión
de hoy, y declaró que el fallo "dice al gobierno que ellos ya no
pueden decidir de manera arbitraria qué desean hacer con la gente.
(La decisión de la Suprema Corte) sostuvo el imperio de ley en este
país y determinó que el Ejecutivo había sobrepasado la ley
constitucional y la internacional".
Human Rights Watch
también elogió el fallo, y subrayó que éste implica que las
Convenciones de Ginebra sí son aplicables a la llamada guerra contra
el terror, y por tanto todo detenido tiene ciertos derechos humanos
garantizados, por lo cual el gobierno de Bush no puede actuar más allá
de la ley.
Unos 14 detenidos en
Guantánamo, incluido Hamdan, enfrentan juicios por las llamadas
comisiones militares. Las autoridades estadounidenses habían
informado que estaban por presentar cargos formales contra 75
detenidos más, de unos 450 encarcelados allí.
Programas
de espionaje de ciudadanos revelados por la prensa
Por
David Brooks
Corresponsal en Estados Unidos
La Jornada, 29/06/06
Nueva York, 28 de
junio. La Casa Blanca de George W. Bush está intentando convertirse
en la presidencia más poderosa en la historia moderna de este país,
empleando la llamada "guerra contra el terror" como
justificación de sus poderes extraordinarios y casi siempre secretos,
advierten legisladores, editorialistas y analistas.
Ayer, el Comité
Judicial del Senado (vale recordar que está en manos del Partido
Republicano) sostuvo audiencias en donde varios senadores, incluyendo
el presidente del comité, el republicano Arlen Specter, acusaron al
presidente de un intento "sin precedente" de incrementar el
poder presidencial. Se reveló que el presidente ha empleado un
instrumento por el que se ha otorgado la autoridad para enmendar o
ignorar a su discreción más de 750 leyes desde que asumió su
puesto. De acuerdo con la revista Harper's, ese número de
"excepciones" supera el total de todos los presidentes de la
historia del país, cuyo total acumulado desde George Washington es de
568.
El mecanismo es un
memorando que firma el presidente al promulgar ciertas leyes donde se
otorga el derecho de no cumplir con aspectos de estas mismas normas,
si él considera que podrían violar la Constitución o la seguridad
nacional. Por ejemplo, criticó Specter, Bush empleó el mecanismo
para reservarse el derecho de interpretar a su gusto la ley contra
tortura aprobada abrumadoramente por el Congreso, también medidas
para someter a supervisión legislativa disposiciones de seguridad
interna contenidas en la Ley Patriota.
No sólo eso, sino
los programas de vigilancia y espionaje de ciudadanos estadounidenses
revelados últimamente –el más reciente, el monitoreo de
transacciones bancarias internacionales y las intervenciones de
comunicaciones electrónicas revelado hace seis meses– han provocado
alarma entre algunos legisladores, agrupaciones de defensa de derechos
humanos y libertades civiles, y de un creciente número de
funcionarios de carrera del mismo gobierno (fuente de las filtraciones
de éstos y otros programas secretos).
A todo esto también
se pueden agregar los programas clandestinos de detención secreta de
tal vez miles (nadie sabe) de extranjeros, investigaciones secretas
sobre usuarios de bibliotecas, el empleo de tortura y otras medidas
que, según algunos, violan leyes estadounidenses. En respuesta, el
presidente y su equipo han insistido en que todo es legal bajo los
poderes de "emergencia" que se le otorgaron a la presidencia
después del 11 de septiembre.
"Desde el 11 de
septiembre, el gobierno de Bush ha tomado la necesidad de mayor
vigilancia contra el terrorismo y la ha transformado en una
justificación para un rama ejecutiva extraordinariamente poderosa,
eximida de los límites y equilibrios de nuestro sistema de
gobierno", opinó hoy el New York Times en su editorial. "Ha
creado nuevas y poderosas herramientas de vigilancia y rehusado, casi
como asunto de principio, emplear los procedimientos que reconocen que
o el Congreso o los tribunales tienen un papel de supervisión".
Ante esta acumulación
de poder, quien cuestione esto es ferozmente confrontado por este
gobierno. Hasta la fecha, el gobierno de Bush ha logrado invertir toda
acusación de posible abuso de poder en un cuestionamiento de la
lealtad e integridad de sus acusadores. Además de los
"terroristas" potenciales, todos quienes revelan secretos de
Estado, se atreven a rehusar órdenes y critican desde adentro o
afuera el propósito del gobierno, se convierten en sospechosos y
quienes "dañan" al país y su lucha contra "el
mal".
Los medios,
bibliotecarios en Connecticut, el embajador Joseph Wilson, el ex zar
antiterrorista Richard Clarke, el representante y veterano condecorado
de guerra John Murtha, la madre de un soldado muerto en Irak –Cindy
Sheehan–, miles de árabes y musulmanes en este país, agrupaciones
de derechos humanos, políticos que demandan el fin de la guerra,
entre otros, son sospechosos de ser antipatrióticos,
antiestadounidenses y hasta colaboradores del enemigo, según el
gobierno de Bush.
La campaña lanzada
por el presidente y su equipo contra el New York Times y los medios
esta semana es parte de esta maniobra para establecer mayores poderes
presidenciales y suprimir toda critica de ello, alertan periodistas.
Hoy la Cámara está considerando una resolución de condena al New
York Times por revelar programas secretos del gobierno.
"Lo que el
presidente y sus voceros nuevamente están aseverando es que el
desempeño de esta 'guerra contra el terror' mal definida y abierta es
más importante que los derechos democráticos básicos en general y
la constitucionalmente consagrada libertad de la prensa en
particular", opina el veterano periodista Robert Scheer.
En su columna para
Truthdig.com agrega: "aquí hay mucho en riesgo. Ya nos han
informado que tenemos que aguantar las mentiras oficiales sobre las
armas de destrucción masiva en Irak, la tortura sin precedente de
prisioneros de guerra y un programa masivo de intervención de
comunicaciones electrónicos y otras invasiones de privacidad. Ahora,
el objetivo es más básico –la libertad de la prensa para reportar
sobre estas mismas actividades nefarias del gobierno".
Scheer acusa que los
argumentos oficiales en defensa de este "asalto de la libertad es
el refrán conocido de los dictadores... quienes se agarran del poder
a expensas de la democracia: Estamos en una guerra con un enemigo tan
poderoso y engañoso que no podemos salvaguardar el gobierno
transparente y que rinde cuentas".
El editor del Los
Angeles Times, Dean Baquet, publicó una carta a sus lectores
defendiendo la decisión de publicar información sobre el programa
secreto de monitoreo de transacciones bancarias, poco después del New
York Times. Señala que estaba cumpliendo el papel de una prensa
independiente como lo establecieron los fundadores del país. Agrega
que "la historia nos ha enseñado que el gobierno no siempre es
honesto cuando cita el secreto como razón para no publicar
algo". Cita al famoso juez de la Suprema Corte Hugo Black, quien
presidió el caso para detener la publicación de los famosos
"Papeles del Pentágono" a principios de los setenta,
declarando en aquel entonces: "Mantener secretos militares y
diplomáticos a expensas de un gobierno representativo informado no
otorga seguridad real para nuestra República".
Sin embargo, la
expansión del Poder Ejecutivo continua sin grandes desafíos hasta la
fecha. Los analistas lo documentan, algunos políticos y
organizaciones de defensa de derechos constitucionales y de libertades
civiles no se cansan de denunciarlo, y ahora algunos medios bajo fuego
defienden su derecho a publicar notas críticas o que revelan
"secretos" oficiales, incluyendo posibles abusos de
autoridad presidencial. Pero no hay nada que se parezca, por el
momento, a una gran expresión popular en defensa de la democracia que
tanto se glorifica todos los días aquí.
Bush
lanza batalla contra el New York Times v por dar a conocer programa de
espionaje
Legisladores
piden iniciar investigación penal contra el rotativo
Por
David Brooks
Corresponsal en Estados Unidos
La Jornada, 28/06/06
Nueva York, 27 de
junio. Cuando el presidente George W. Bush decidió condenar al New
York Times por revelar la existencia de un programa secreto comenzó
otra batalla más en la guerra histórica entre el poder Ejecutivo y
la libertad de expresión en este país.
Uno de los gobiernos
más secretos en la historia del país enfrenta ahora a uno de los
medios más poderosos de Estados Unidos, en una confrontación que a
un nivel es una disputa constitucional, y en otro es parte de una
estrategia político–electoral.
Bush declaró ayer,
en tono agresivo: "que la gente filtre ese programa y que un
rotativo lo publique hace gran daño a Estados Unidos", y añadió
que "hace más difícil ganar la guerra contra el terror".
El 23 de junio pasado
el Times publicó un reportaje en el que divulga la existencia de un
programa secreto del gobierno de Bush para penetrar y monitorear el
sistema bancario internacional con el propósito, supuestamente, de
detectar traslados de fondos entre potenciales
"terroristas".
El diario informó
que el programa comenzó semanas después de los atentados del 11 de
septiembre, y la operación coordinada por la CIA y el Departamento de
Tesoro revisa la documentación financiera de transacciones bancarias
internacionales de miles de estadounidenses.
Según la nota,
funcionarios insistieron en que el programa se limita a aquellos
sospechosos de tener vínculos con Al Qaeda, y esta operación,
aseguraron, es legal bajo los poderes de emergencia del presidente a
partir de los atentados.
El hecho de que todo
esto sea realizado sin previa autorización judicial específica, como
tampoco autorización legislativa explícita, provocó que algunos
funcionarios del gobierno se preocuparan de la posibilidad de abuso y
legalidad del esfuerzo, aparentemente llevando a que filtraran
detalles de éste a los medios.
Aunque el Wall Street
Journal, Los Angeles Times y el Washington Post también publicaron
versiones sobre esta nota, el gobierno de Bush y sus aliados han
decidido enfocarse en el New York Times en esta ofensiva, ya que fue
el primero.
La revelación del
programa, según Bush y sus colegas, ayuda al "enemigo" ya
que divulga las herramientas que se emplean en la llamada "guerra
contra el terror". El vicepresidente Dick Cheney denunció la
publicación de la información, declarando que "algunos de los
medios noticiosos deciden divulgar programas vitales de seguridad
nacional... Eso me ofende".
El secretario del
Tesoro, John Snow, repudió la justificación del Times para publicar
la nota. Mientras tanto, el vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, acusó
al Times de poner en peligro las vidas de estadounidenses y violar las
tradiciones periodísticas de mantener secretos oficiales durante
tiempos de guerra.
Varios legisladores
republicanos también denunciaron el hecho. El representante Peter
King, presidente del Comité de Seguridad Interna, declaró que el
Departamento de Justicia debe iniciar una investigación criminal
contra el New York Times por violar leyes sobre espionaje.
"Estamos en guerra, y que el Times difunda información sobre
operaciones y métodos secretos es traicionero", y por lo tanto
pidió al procurador general, Alberto Gonzales, iniciar una
investigación y fiscalización del Times, incluyendo sus reporteros,
editores y los dueños.
Hoy un grupo de
legisladores empezó a circular una carta entre sus colegas para
solicitar formalmente al presidente de la Cámara de Representantes,
Dennis Hastert, revoque las credenciales de prensa en el Congreso del
New York Times. En la misiva, copia de la cual fue obtenida por La
Jornada, se acusa que el Times "abusó" de su derecho
constitucional de la libre expresión, ya que estos "son tiempos
de guerra, cuando las vidas de millones de estadounidenses están en
juego", y que el propósito real del periódico al publicar la
información fue "para la más cínica de las razones: acabar la
participación estadounidense en Irak, sin importar los costos a largo
plazo en vidas y seguridad nacional".
El editor ejecutivo
del Times, Bill Keller, tomó la inusual decisión de publicar en su
rotativo una carta abierta a sus lectores sobre estas críticas. Al señalar
que los fundadores del país enfatizaron la necesidad de un prensa
independiente como un ingrediente esencial de la
democracia,"rechazaron la idea de que es sabio, o patriótico,
siempre aceptar la palabra del presidente, o ceder al gobierno
decisiones importantes sobre qué publicar".
Desde el 11 de
septiembre de 2001, indicó, "nuestro gobierno ha lanzado
programas de monitoreo antiterrorismo amplios y secretos, sin buscar
la legislación para autorizarlo y sin informar plenamente al
Congreso". Agregó que a aunque una mayoría de estadounidenses
parece apoyar estos programas, algunos funcionarios han expresado sus
dudas sobre la legalidad de los mismos. "Creemos que el Times y
otros en la prensa han servido al interés público al reportar con
precisión sobre estos programas para que el público pueda tener una
perspectiva informada sobre ellos".
Pero para algunos, lo
más preocupante de la carta de Keller fue su revelación de que el
Times había sostenido varios intercambios durante semanas con
representantes del gobierno de Bush. Matthew Rothschild, editor de la
revista The Progressive, escribió: "el presidente no merece una
silla en las reuniones editoriales del The New York Times –o de
cualquier periódico. No es su lugar. Es el comandante en jefe, no el
editor en jefe". Agregó: "es para nosotros, los reporteros
y editores, decidir qué es noticioso, no a la rama del gobierno que
supuestamente estamos cubriendo".
A la vez, la decisión
de la Casa Blanca y sus aliados de atacar al Times y otros medios en
esta coyuntura no sorprende a muchos en Washington, ya que parte de la
estrategia del Partido Republicano en este año de elecciones
legislativas es precisamente atacar a los medios, acusándolos de ser
parte del esfuerzo para minar la guerra en Irak. O sea, proyectar que
los medios están ofreciendo una visión poca objetiva de la realidad
bélica, ya que no es que las cosas estén tan mal en Irak y otros
frentes, sino que los medios están distorsionando todo. Es la vieja táctica
de "matar al mensajero".
Para otros, el embate
contra los medios de uno de los gobiernos más secretos en la memoria
reciente no es nada menos que otro ataque contra los derechos
constitucionales de una Casa Blanca que ha insistido en que los
"tiempos de guerra" justifican el empleo de poderes
extraordinarios del Ejecutivo.
Aparentemente, éstos
incluyen intervenciones secretas de comunicaciones, detenciones de
miles sin otorgar derechos legales básicos, cárceles clandestinas,
interrogatorios con técnicas que grupos de derechos humanos
consideran tortura, y medidas de espionaje interno sin previa
autorización judicial ni supervisión legislativa, todo lo cual ha
sido justificado invariablemente como necesario en nombre de la
"seguridad nacional".
La historia de este
país está repleta de capítulos donde los medios y la libre expresión
de repente son acusados de ser amenaza a la seguridad del país. Casi
sin excepción, esto ocurre en momentos en que se revelan, critican o
se oponen a la versión oficial de las cosas. Al parecer, esta batalla
continuará ahora, y aún no se sabe quién ganará.
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