Políticos republicanos temen "altos costos" electorales por la guerra de Bush. El índice de aprobación del jefe de la Casa Blanca se mantiene a la baja, indican sondeos

Acusan a la juez que falló contra el espionaje telefónico de ser "activista liberal"

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 22/06/08

Nueva York, 21 de agosto.– Cuando una juez federal advierte a George W. Bush que no es un rey, y que violó la Constitución, cuando varios generales señalan que la política bélica del gobierno está equivocada, cuando una mayoría de ciudadanos que sufragó por Bush en 2004 dice ahora que lo desaprueba, y sólo un tercio de los estadounidenses aprueba el trabajo del mandatario, y aun menos el del Congreso encabezado por su partido, no es difícil concluir que podría haber una rebelión electoral en este país.

En gran medida por la guerra en Irak, como por otros aspectos de su política exterior –y aún más dañado por los altos precios de gasolina generados, en parte, por estas aventuras en el extranjero– el índice de aprobación de Bush continúa atorado en sus niveles más bajos desde que asumió la presidencia (entre 33 y 36 por ciento, según tres encuestas recientes). Muchos políticos, entre ellos republicanos, temen que la guerra de Bush podría tener altos costos electorales a menos de 100 días de las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre.

De pronto políticos que antes expresaban su apoyo, aunque con críticas a la guerra, como la senadora Hillary Clinton, se pronuncian con mayor vigor en contra. El senador demócrata Joseph Lieberman, hasta hace poco uno de los demócratas más poderosos en Washington, acaba de sufrir una derrota electoral como resultado de su apoyo a la guerra de Bush; perdió la elección primaria para regresar al Senado como candidato demócrata contra Ned Lamont, quien centró su campaña en la oposición a la política bélica de Bush. Eso provocó escalofríos entre decenas de políticos que hasta ahora han apoyado la guerra.

Las encuestas parecen haber dado más valentía a los políticos para expresar su oposición. Sólo 26 por ciento de los estadounidenses opina que el país está avanzando en dirección correcta, según una encuesta de Ap–Ipsos; algunos analistas señalan que la elección legislativa será más bien un referéndum sobre las políticas de Bush, en particular la guerra, y algunos advierten sobre una rebelión electoral contra el partido del presidente y comandante en jefe.

Necesitan demócratas 15 curules más

Los demócratas necesitan ganar 15 curules más para retomar el control de la Cámara de Representantes, y analistas y estrategas creen que podrían lograrlo si las tendencias en la opinión pública se mantienen. Por ahora, sólo 29 por ciento aprueba el trabajo del Congreso bajo el liderazgo republicano.

Ante esto, no es sorprendente que la Casa Blanca redoble esfuerzos para acusar a sus críticos de ceder ante la amenaza "terrorista", y que intente enfocar la atención pública en los temores, peligros y la urgente necesidad de emplear todos los medios posibles en librar esta guerra entre "la libertad y el terrorismo", tanto en casa como al otro lado del mundo.

Además, todos los días el público estadounidense es bombardeado con noticias de nuevas "amenazas"; y cuando no hay, con programas especiales con temas como ¿qué tan seguros estamos? en los que expertos aseguran: "no estamos nada seguros". La semana pasada se transmitió un "especial" sobre cómo no hay forma de asegurar los sistemas de transporte público en Nueva York y otras ciudades, también se hacen reportajes de "sospechosos" de origen "árabe" que compran teléfonos celulares, o toman fotos de un puente en Michigan, o que son parte de grupos musulmanes en Canadá, y más.

En un solo día se informó que un vuelo de United Airlines de Londres con destino a Washington debió aterrizar en Boston, escoltado por cazas estadounidenses, por el comportamiento errático de una pasajera. Después, se reportó que se había sellado una sección del puerto de Seattle porque perros especializados habían detectado algo en un contenedor recién descargado de un buque proveniente de Pakistán.

Pero a pesar del constante recordatorio de la amenaza de, como dijo Bush al hablar del complot anunciado en Inglaterra, los "islamofascistas" que "odian la libertad", no sólo se mantiene esa mitad de estadounidenses que se oponen a la guerra en Irak, sino que se sienten cada vez menos seguros en casa, a pesar de la justificación oficial básica de que la guerra en Irak y en la región de Medio Oriente (con Irán e Siria como próximos enemigos) es necesaria para lograr mayor seguridad en Estados Unidos y otros países campeones de la "libertad".

Más que eso, encuestas recientes subrayan que una creciente mayoría cree que el país avanza por un rumbo "equivocado".

Es en este contexto que Bush recibe otro golpe –el cual fue nota de primera plana en todo el país–, cuando el fallo de una juez federal le dice que actuó de manera ilegal e inconstitucional al ordenar el programa secreto de intervenciones de comunicaciones de estadounidenses, sin autorización judicial.

La juez distrital Anna Diggs Taylor falló el jueves pasado que Bush violó garantías constitucionales de privacidad de individuos, y también que abusó de su poder presidencial, al señalar que "nunca fue la intención de los autores (de la Constitución) otorgar tanto control al presidente, particularmente cuando sus acciones desechan tan flagrantemente los parámetros claramente enumerados en la Carta de Derechos (de la Constitución)".

El asunto del programa secreto de intervenciones de comunicaciones ha sido ferozmente defendido por el gobierno de Bush, al resaltar que es un "instrumento esencial" en el combate antiterrorista, e incluso ha sugerido que tuvo un papel en el reciente operativo en Londres para desmantelar un aparente atentado "terrorista" contra varios vuelos trasatlánticos. El tema generó un intenso debate luego que el New York Times reveló la existencia del programa secreto en diciembre, algo que provocó la furia del gobierno, y desde entonces se ha argumentado sobre la legalidad de la medida.

Bush y su equipo denunciaron el fallo, y el presidente declaró estar "en grave desacuerdo" con éste, mientras varios políticos republicanos acusaron a la juez de ser una "activista" liberal promoviendo la causa de los demócratas para "debilitar" al país ante la amenaza del "terrorismo", y un líder legislativo republicano la acusó de querer "desarmar el país en tiempos de guerra". El gobierno de Bush sostiene que la "legalidad" de este tipo de medidas brota de la autoridad otorgada al presidente cuando el Congreso aprobó el uso de fuerza militar en Afganistán, después del 11 de septiembre.

Pero la juez Taylor rechazó este argumento de poder presidencial ilimitado en tiempos de guerra. En su fallo declaró que "no hay reyes hereditarios en Estados Unidos y ningún poder no creado por la Constitución".

Aunque el gobierno intentó prevenir que la juez tomara el caso, provocado por una demanda legal promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización nacional más importante en defensa de derechos individuales, al argumentar –como en tantas ocasiones previas– que era un asunto de "seguridad nacional", la juez determinó que el presidente no sólo había violado una ley de 1978 prohibiendo las intervenciones de comunicación de ciudadanos sin previa autorización judicial por un tribunal secreto creado justo para este propósito, sino también la misma Constitución.

De inmediato, el gobierno interpuso una apelación, y este caso procederá ante un tribunal superior. Pero el hecho de que una juez federal haya determinado que el presidente actuó "ilegal e inconstitucionalmente", tiene su impacto y deteriora aún más la figura de Bush y su partido en esta coyuntura.

El New York Times opinó en su editorial del viernes pasado que una sola juez en Detroit ha hecho "lo que 535 legisladores del congreso abismalmente han fracasado en hacer. Ha reafirmado el imperio de ley sobre un gobierno sin ley....".

Mientras que parecen multiplicarse los desastres de la guerra en el extranjero, las consecuencias se manifiestan aquí en casa. Seguramente los políticos utilizarán el próximo aniversario del 11 de septiembre para intentar revertir estas tendencias, pero por el momento, hay nerviosismo entre las filas leales al comandante en jefe.