EEUU
redefine de manera unilateral las Convenciones de Ginebra con una
nueva ley. Por primera vez en la historia estadounidense declaraciones
logradas mediante la crueldad serán aceptadas en un proceso. El
presidente designará, a su juicio, quién es un "combatiente
ilegal"
Legalizan
la tortura
Por
David Brooks
Corresponsal
en EEUU
La
Jornada, 27/09/06
Nueva
York, 26 de septiembre.– El gobierno de George W. Bush está por
lograr su objetivo de legalizar la tortura y anular uno de los pilares
de los sistemas legales occidentales, redefiniendo unilateralmente con
ello las Convenciones de Ginebra y revertir un principio legal más
antiguo que la Carta Magna del siglo XIII.
El
Congreso estadounidense considera aprobar esta semana un proyecto de
ley que autoriza la tortura y anula el derecho de los acusados de
enfrentar las pruebas ante un tribunal, conocido como habeas corpus,
para toda persona que el poder Ejecutivo designe como
"combatiente ilegal", o sea, a quien sea acusado por el
presidente de ser y/o apoyar el "terrorismo".
Durante
semanas la Casa Blanca promovió un proyecto para legalizar algunas técnicas
de tortura (las llama "métodos de interrogación"), con el
propósito de proteger a militares y agentes de la CIA ante
potenciales acusaciones de violación de las leyes de crímenes de
guerra y las propias Convenciones de Ginebra. Después de sufrir un
serio revés en este intento cuando tres prominentes senadores
republicanos se rebelaron y rechazaron la medida la semana pasada, la
Casa Blanca realizó una negociación para lograr un acuerdo y hoy los
legisladores indicaron que esperan un voto esta misma semana.
Si
prospera este proyecto, la cúpula política de este país habrá
aceptado la tortura como algo legítimo y legal. Además, bajo esta
misma ley, se permitirá que pruebas adquiridas bajo coerción sean
usadas para fiscalizar a "combatientes enemigos", y permite
que el Ejecutivo designe, a su discreción, quién es un
"combatiente extranjero ilegal" (incluyendo ciudadanos
estadounidenses) o quién los apoya, y con ello sujetarlos a detención
indefinida sin recurso a un tribunal.
Este
proyecto también anularía, en el caso de los "combatientes
ilegales", un fundamento del sistema legal estadounidense, de
hecho, un concepto legal más antiguo que la Carta Magna del año 1215
y consagrado en la Constitución estadounidense: el derecho del
acusado a ver todas las pruebas en su contra ante un tribunal. En
junio de 2004, la Suprema Corte falló que este derecho –contra la
opinión de la Casa Blanca– es extensivo a los detenidos en Guantánamo.
Ahora, si se aprueba esta ley, los detenidos por la CIA o las fuerzas
armadas bajo esta clasificación no podrán cuestionar ante un
tribunal las razones por su detención, ni denunciar las condiciones
de su tratamiento hasta después de ser procesados por tribunales de
excepción.
Condena
de ONGs
Defensores
de derechos humanos y expertos constitucionales denuncian estas
medidas. Los cinco enviados independientes de la Organización de
Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta hace cinco días
declarando que las medidas en este proyecto, como la existencia del
centro de detenciones en Guantánamo, violan las Convenciones de
Ginebra.
Human
Rights Watch alertó que bajo estas medidas no habrá recurso legal
para los detenidos que deseen denunciar la tortura y queda prohibida
cualquier demanda legal por los detenidos invocando las Convenciones
de Ginebra contra el gobierno estadounidense. La organización señaló
que "por primera vez en la historia estadounidense... el Congreso
permitirá que algunas declaraciones logradas a través de la
interrogación cruel, inhumana y degradante sean permitidas" en
los procesos judiciales
Michael
Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) dijo
que esta versión del proyecto "permite que el presidente Bush
emita su propia interpretación de las Convenciones de Ginebra por
orden Ejecutiva e inmuniza a personal de la CIA y militar contra
procesos legales por violaciones anteriores de estas
convenciones". Señaló que no sólo anula el derecho
constitucional fundamental de habeas corpus para cuestionar la
legalidad de una detención, sino que "el simple hecho de que el
presidente designe a alguien como 'combatiente enemigo', permitirá
que el presidente lo encierre; su inocencia sería irrelevante".
De
hecho, el director legal de CCR, Bill Goodman, advirtió hoy que
"la amplia definición de combatientes enemigos (en el proyecto)
puede implicar que casi cualquiera que se opone activamente al
presidente o al gobierno, puede ser encarcelado de manera indefinida;
es una burla al imperio de ley". Hasta los propios abogados de
esta organización –algunos de los cuales ofrecen representación
legal a detenidos en Guantánamo– podrían ser detenidos bajo esta
propuesta, comentó.
Ratner
señaló que "la abolición del habeas corpus es el equivalente
de una autorización de detención ejecutiva; una de las características
de un Estado policiaco". Agregó que este acuerdo "otorga
amnistía a aquellos en el gobierno que podrían ser culpables de crímenes
de guerra, igual que intentaron hacer Argentina y Chile durante sus
'guerras sucias'. Eso es ilegal bajo el derecho internacional".
Se
han realizado más de 24 mil interrogatorios a unos 800 detenidos sólo
en Guantánamo en los últimos cuatro años (sin contar los que están
en cárceles clandestinas de la CIA en varios puntos del planeta). Según
reportó el Nacional Journal en febrero de este año, ahí se han
aplicado toda una gama de técnicas para los que no cooperan, entre
ellas estar encadenado con una luz intermitente obligado a escuchar a
Britney Spears o Metallica a todo volumen, interrogatorios de 16 horas
seguidas, o despertado constantemente para ser trasladado a otra
celda, interrogado en condiciones heladas, acariciado por una mujer
que repetía una y otra vez que no hay esperanza; todas, técnicas
"aceptables".
Pero
también se han empleado tácticas "inaceptables" como en el
caso del "detenido 063", este hombre fue sujeto al
aislamiento prolongado durante 160 días en una celda constantemente
bañada de luz, interrogado 18 a 20 horas diarias durante un periodo
de 54 días, amenazado con perros, se le puso ropa interior de mujer,
fue tratado como perro, desnudado frente a mujeres, se le decía que
su madre y hermana eran prostitutas y que él era gay. Todo esto
ocurrió antes de Abu Ghraib. Y mucho de esto, si prospera esta
legislación, será legal.
Cuando
en junio la Suprema Corte falló que las Convenciones de Ginebra sí
protegen a todo detenido en la llamada "guerra contra el
terrorismo", el gobierno de Bush intensificó sus esfuerzos para
"legalizar" toda una gama de prácticas que, había
insistido, eran "herramientas vitales" en el combate contra
el "terrorismo", incluyendo los centros de detención
clandestinos (declarados inconstitucionales en el mismo fallo por la
Suprema Corte); las "técnicas" de interrogación de
detenidos; las intervenciones en comunicaciones electrónicas y más,
todos programas secretos que fueron subsecuentemente revelados por
filtraciones a los medios. Esta semana podría triunfar su esfuerzo.
¿Por
qué tanta prisa? El columnista Bob Herbert del New York Times
sugiere: "una de las grandes preocupaciones de este gobierno es
la posibilidad de que surjan pruebas que podrían llevar a acusaciones
de crímenes de guerra contra altos funcionarios". Añadió:
"el gobierno de Bush está espantado de que eventualmente tendrá
que pagar un alto precio por los abusos de derechos humanos que ha
ordenado o condonado en su llamada guerra contra el terror".
El
profesor Christopher Pyle, experto en la presidencia y la Constitución
de la universidad Mount Holyoke, señaló que "la propuesta es un
proyecto de amnistía para torturadores".
"Lo
que hemos visto durante los últimos años ha sido una versión de
pesadilla de Estados Unidos. ¿Tortura? ¿Prisiones secretas? ¿Juicios
de pena de muerte en donde las pruebas no son presentadas al acusado?
Eso es algo de Kafka, no de Madison y Jefferson", escribió Bob
Herbert en el Times.
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