EEUU se suma a países que autorizan la "detención indefinida"

Bush promulga ley que autoriza el uso de la tortura y anula el habeas corpus

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 18/10/06

Nueva York, 17 de octubre.– El presidente George W. Bush promulgó hoy la ley que autoriza el uso de la tortura y anula el derecho de habeas corpus para los que sean designados enemigos por el gobierno de Estados Unidos.

La llamada Ley de Comisiones Militares de 2006 autoriza un programa de interrogatorios de detenidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras dependencias y su fiscalización ante nuevos tribunales militares, conocidos como "comisiones".

Sin embargo, críticos –incluso abogados militares, ex altos oficiales militares y diplomáticos y defensores de derechos civiles y humanos– han denunciado que la ley en efecto legaliza la tortura y anula el antiguo derecho fundamental de habeas corpus (protección del arresto arbitrario).

Pero Bush declaró este martes que la ley "salvará vidas estadounidenses" y la caracterizó de medida sumamente importante en la "guerra contra el terror", la cual "permite que la CIA continúe con su programa de interrogar a líderes y operativos terroristas clave".

Afirmó el mandatario que el programa ahora autorizado bajo esta nueva ley "ha sido uno de los esfuerzos de inteligencia mas exitosos en la historia de Estados Unidos y ha ayudado en prevenir atentados contra nuestro país".

En la ceremonia en la Casa Blanca para la promulgación de la ley, Bush aseguró que "esta legislación cumple con ambos el espíritu y la letra de nuestras obligaciones internacionales. Como he dicho antes, Estados Unidos no tortura. Es contra nuestras leyes y contra nuestros valores".

Hizo énfasis en que la ley establece protecciones a los agentes y funcionarios estadounidenses para que no sean sujetos de ser demandados o acusados "por terroristas" de violaciones de la ley internacional (y nacional) por ejercer sus deberes bajo este programa.

Advirtió que sin este programa, la "comunidad de inteligencia cree que Al Qaeda hubiera tenido éxito en lanzar otro atentado contra la patria estadounidense". Además, indicó, la ley "nos permitirá fiscalizar a terroristas capturados por crímenes de guerra con un juicio pleno e imparcial".

Al señalar que la legalidad del sistema de tribunales militares especiales que él había autorizado ha sido cuestionada ante los tribunales, inclusive por la Suprema Corte, dijo que la ley ofrece ahora la autorización explícita del Congreso para estos tribunales. Insistió en que estos tribunales ofrecerán un "juicio imparcial".

Como siempre en este tipo de evento, Bush colocó todo en el contexto del 11 de septiembre de 2001. "Esta nación llamará a la maldad por su nombre. Responderemos al asesinato brutal con justicia paciente", afirmó al honrar la memoria de los que perecieron en los atentados contra Washington y Nueva York.

Sin embargo, para los críticos, éste fue un día triste para la república. "Con su firma, el presidente Bush promulgó una ley que es inconstitucional y antiestadounidense", dijo hoy Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles.

"El presidente ahora puede –con la aprobación del Congreso– detener indefinidamente a gente sin cargos, enjuiciar basándose en pruebas secundarias, autorizar juicios que pueden condenar a muerte a gente en base de declaraciones que fueron extraídas de testigos literalmente a golpes y cerrar completamente la puerta de los tribunales a los que solicitan una petición de habeas corpus. Nada podría ser mas lejano de los valores estadounidenses que todos tenemos en nuestros corazones que la Ley de Comisiones Militares", afirmó Romero.

Ex abogados militares de los más altos rangos, ex diplomáticos de gran prestigio (tantos conservadores como liberales), personajes como el ex general y ex secretario de Estado Colin Powell, las principales asociaciones nacionales de abogados y más han repudiado esta legislación durante meses por considerar que anula aspectos casi sagrados del sistema legal estadounidense y viola los compromisos internacionales fundamentales, como la Convención de Ginebra.

Vincent Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, ya había señalado que con esta ley "Estados Unidos se suma a las filas de las naciones del mundo que han autorizado la detención indefinida sin juicio y la tortura sin rendir cuentas".

Dura crítica del Times

El diario The New York Times, en su editorial principal del domingo, de nuevo denunció las medidas de la nueva legislación al señalar que anula un principio esencial de la justicia estadounidense, la protección de los inocentes.

Argumentó que ahora toda persona designada "combatiente ilegal" por el Poder Ejecutivo es considerado culpable, y las nuevas medidas están diseñadas para confirmar esa culpabilidad.

"La Ley de Comisiones Militares hace virtualmente imposible retar un fallo de un tribunal de estatus (que determina si un detenido es o no un combatiente ilegal). Prohíbe peticiones de habeas corpus –el derecho antiguo de prisioneros en sociedades justas de tener su detención revisada– o cualquier caso basado directa o indirectamente sobre las Convenciones de Ginebra", afirmó.

Agregó: "La nueva ley expande de manera peligrosa la definición de un combatiente enemigo ilegal y permite al señor Bush –y al secretario de Defensa– otorgar a quien desean la autoridad de designar a un prisionero como combatiente enemigo".

El Times señala que el presidente insiste en que los estadounidenses deben de confiar en que estos poderes sólo se aplicarán contra gente peligrosa.

"Aun si nuestro sistema fuera basado sobre ese tipo de poder personal y no sobre el imperio de ley, sería difícil confiar en el juicio de un presidente y un gobierno cuyo historial es tan pésimo", señaló el rotativo.

Hubo protestas esporádicas contra la ley, y unos 16 manifestantes fueron arrestados frente a la Casa Blanca esta mañana. Gritaban "Bush es el terrorista" y "la tortura es un crimen", reportó la agencia Reuters. En Nueva York hubo pequeños actos de repudio.

A la vez, organizaciones como el Centro de Derechos Constitucionales y otros ya están promoviendo casos para que algunas de las peores medidas de la nueva ley sean declaradas anticonstitucionales por los tribunales.