Entrevista
a Bill Goodman, director de Asuntos Legales del Centro para Derechos
Constitucionales
"EEUU
padece una crisis constitucional sin precedentes"
Por
David Brooks
La
Jornada, 09/04/07
Estados
Unidos padece una "crisis constitucional" que amenaza el
principio de protección de los derechos del individuo frente al
gobierno, en el cual supuestamente se fundó ese país y que ha
imperado legalmente durante trescientos años, afirma Bill Goodman,
director de Asuntos Legales del Centro para Derechos Constitucionales
(CCR, por sus siglas en inglés), centro que encabeza los casos
legales más importantes contra las políticas de George W. Bush.
«Tenemos
un presidente que aprovechó la tragedia del 11–s para concentrar su
poder, al tomarlo de otras ramas de Gobierno que ordinariamente lo
limitan y sirven para proteger a individuos ante el Poder Ejecutivo,
como parte de un sistema de derechos constitucionales individuales»,
resume Bill Goodman en una entrevista con «La Jornada» en las
oficinas del Centro para Derechos Constitucionales, en Nueva York.
Goodman
explica que «la manera básica en que ha funcionado la democracia
estadounidense durante más de 300 años es que los individuos, cuando
se violan o se amenazan sus derechos, pueden recurrir a los tribunales
y hacer que se les garanticen. El Gobierno de Bush ha buscado retirar
masivamente la jurisdicción de tribunales en la defensa de los
derechos individuales. Lo ha hecho al invocar la seguridad nacional,
los poderes ejecutivos inherentes y el privilegio ejecutivo».
Goodman
subraya el peligro de toda esta maniobra política: «Uno esperaría
de un mandatario que se atribuye tal poder que pueda manejarlo de
manera competente, con habilidad, aun si es de manera
anticonstitucional. Pero tenemos un presidente –no estoy diciendo
que Bush sea tonto, lo cual es un lugar común– que es políticamente
un imbécil. No tiene ninguna habilidad para manejar de manera
inteligente las palancas del poder; la guerra de Irak es sólo el
ejemplo más burdo. Por un lado acumula un poder sin precedente, y por
el otro muestra incapacidad de manejarlo, y eso es una combinación
terrible. Por tanto, tenemos una crisis constitucional grave».
El
CCR ha encabezado algunos de los casos legales más importantes contra
esas políticas, y actualmente coordina los esfuerzos de cientos de
abogados en Estados Unidos, que participan en más de 200 juicios en
representación de los derechos de detenidos en la prisión de la base
naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
También
presentó una demanda ante tribunales de Alemania contra el ex
secretario de Defensa Donald Rumsfeld; el procurador general Alberto
Gonzales, y otros altos funcionarios del Gobierno de Bush, por tortura
y violación de convenios internacionales, asunto que está en curso.
El proceso se inició en noviembre de 2006 al solicitar que el fiscal
federal alemán investigue e inicie un proceso contra altos
funcionarios estadounidenses por autorizar crímenes de guerra.
Bill
Goodman, quien como director de Asuntos Legales del CCR coordina esas
iniciativas presentando casos desde tribunales federales locales hasta
la Suprema Corte de Justicia, considera que la «crisis constitucional»
a la que se enfrenta Estados Unidos es una amenaza sin precedente en
este país.
El
CCR fue fundado en 1966 por abogados famosos (entre ellos William
Kunstler y Arthur Kinoy) para encabezar la defensa de movimientos por
la justicia social.
Otros
abogados reconocidos como Peter Weiss y Michael Ratner, así como el
propio Goodman, participan en todo tipo de casos, particularmente
ahora contra las consecuencias de las nuevas leyes «antiterroristas»,
o como casos en el pasado contra Henry Kissinger, Augusto Pinochet y
otros acusados de aprobar crímenes de guerra y violaciones masivas de
derechos humanos.
Los
casos promovidos son los que revelan la falta del principio de «justicia
para todos» y la violación de derechos humanos por parte de los
gobiernos. Estos incluyen un proyecto para defender el derecho
constitucional de viajar en torno al embargo contra Cuba, y el CCR
ahora representa a unas 300 personas que están acusadas de violar el
embargo.
En
la entrevista con «La Jornada», Goodman considera que Guantánamo
representa un ejemplo más de «falta de legalidad» en la política bélica
de Bush. «Aquí establecen una prisión que de manera explícita no
está bajo la jurisdicción de las Convenciones de Ginebra o que la
gente detenida ahí no fuera protegida por la Constitución de Estados
Unidos, aunque eso aún está en disputa y está por decidirse en los
tribunales estadounidenses. Establecen Guantánamo –agrega– no sólo
para hacer cosas que le revuelven el estómago a uno, sino para hacer
cosas opuestas a nociones básicas de procesos de ley, como detención
indefinida, tortura y persecución religiosa; eso es lo que representa
la existencia de Guantánamo», subraya el director de Asuntos Legales
del CCR.
¿Y
las confesiones recientes de algunos de los detenidos ahí?
Estos
son juicios fraudulentos. Es la repetición del incendio del
Reichstag, de los juicios fabricados de los años treinta, cuarenta y
cincuenta, éstos son una forma de decir que estas medidas que hemos
adoptado y que violan nociones básicas de derechos humanos son
validadas con gente que está dispuesta a confesar. La historia
demuestra lo que son estas cosas; están basadas en la detención
indefinida, en negar el derecho a un abogado, seguramente en la
tortura, y por lo tanto carecen de credibilidad.
¿Qué
implicaciones tiene el hecho de que la tortura ha sido legalizada en
Estados Unidos?
Mira,
seguramente no sorprende a nadie que agentes estadounidenses torturan,
seguramente no es sorprendente para los lectores de La Jornada. Pero
lo que sí es sorprendente es el entusiasmo y la pasión con que
funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense abrazan esa práctica
de manera explícita. Eso es diferente, creo que nadie antes estaba
dispuesto a declarar explícitamente que sí torturamos.
¿Hay
desaparecidos?
Los
llamados «detenidos fantasma» son gente que ha sido secuestrada en
lugares desconocidos, detenidos y seguramente torturados. Creo que en
América Latina el concepto de desaparecido estaba vinculado con el
concepto de ejecución. No estoy seguro que eso haya ocurrido con
estos detenidos, no tenemos evidencia de ello. Pero sí existe la
posibilidad de que lleguemos a esos extremos, a menos que algunos
sectores de la sociedad empiecen a demandar que todo esto cese. Pero
nadie sabe dónde están, ni quiénes son, ni cuántos hay.
¿Pero
nadie va a rendir cuentas por todo esto?
Hasta
hace poco los tribunales –el Poder Judicial– eran el contrapeso a
los excesos del Ejecutivo, pero eso podría ser erosionado a tal punto
que no se pueda recuperar ese equilibrio. Por lo tanto, los tribunales
ahora tienen que avanzar y reafirmar su autoridad y cumplir con su
papel de defender los derechos básicos. Pero esto va a tardar. Las
consecuencias de estos últimos seis años se van a pagar durante un
largo tiempo. Esto ha alterado y reajustado el poder dentro de esta
sociedad. Los tribunales tienen que restablecer las prioridades de los
derechos y libertades básicas ante las políticas adoptadas después
del 11–S.
¿Y
el futuro inmediato?
Si
vamos a recuperar una democracia constitucional y el respeto a los
derechos individuales ante el poder del gobierno, si eso va a florecer
de nuevo, es una pregunta abierta y muy seria. Será una lucha
prolongada.
¿Por
qué no hemos visto una reacción popular masiva a este atropello de
sus derechos básicos en Estados Unidos?
En
gran medida es el temor, pero también es el poder de los medios. Cada
vez que alguien cuestiona estas cosas, alguien cambia el color de la
alerta anti terrorista. Si bien se tiene que tomar en cuenta las
potenciales amenazas terroristas, también se tiene que tomar en
cuenta las amenazas reales a nuestras instituciones democráticas. Los
estadounidenses sí están inquietos con todo esto, y se expresa cada
vez más por todo el país.
Pero
tenemos un presidente –no estoy diciendo que Bush sea tonto, lo cual
es un lugar común– que es políticamente un imbécil. No tiene
ninguna habilidad para manejar de manera inteligente las palancas del
poder; la guerra de Irak es sólo el ejemplo más burdo
El
Centro para Derechos Constitucionales fue fundado en 1966 por abogados
famosos (entre ellos William Kunstler y Arthur Kinoy) para encabezar
la defensa de movimientos por la justicia social, particularmente
ahora contra las consecuencias de las nuevas leyes «antiterroristas»
Los
casos promovidos son los que revelan la falta del principio de «justicia
para todos» y la violación de derechos humanos por parte de los
gobiernos. Estos incluyen un proyecto para defender el derecho
constitucional de viajar en torno al embargo contra Cuba, y el CCR
ahora representa a unas 300 personas acusadas de violar el embargo
Bush
reclama al Congreso que apruebe una reforma de la normativa sobre
migración
El
Presidente de EEUU, George W. Bush, asegura que busca un acuerdo político
para aprobar este año una reforma «global» de las leyes de
inmigración.
En
declaraciones realizadas en Yuma, la ciudad de Arizona en la frontera
con México, adonde, por orden suya se desplazaron unos 6.000 miembros
de la Guardia Nacional a mediados de 2006 como parte de una operación
para reforzar la vigilancia en esta zona fronteriza, afirmó que se
trata de «un asunto de interés nacional» y prometió promulgarla en
cuanto la reciba. Pero ése es precisamente el reto que afronta,
debido a sus enfrentamientos con el Congreso por la guerra en Irak y
el despido de ocho fiscales el año pasado. Además, muchos
republicanos insisten en que una reforma migratoria que permita la
legalización de «sin papeles» es sinónimo de «amnistía».
Para
salir a flote, cualquier reforma requerirá de al menos 60 votos en el
Senado y de una mayoría simple en la Cámara de Representantes.
La
presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, intenta que
al menos 70 republicanos apoyen la reforma, lo que requerirá la
intervención de Bush, según analistas.
Bush
resaltó la importancia de aprobar una reforma migratoria que
fortalezca la seguridad fronteriza y saque de la sombra a millones de
inmigrantes que se encuentran sin papeles en EEUU.
Su
discurso, parecido a muchos que ha dado sobre el tema, impresionó
poco a los grupos pro inmigrantes como el Foro Nacional de Inmigración
(NIF) y el Instituto Manhattan, que le exigen una mayor inversión
personal y de capital político para lograr la reforma migratoria.
«No
hacen falta más discusiones; es hora de que comience el trabajo en
serio. Le pedimos al presidente que su visita a Yuma sea el punto de
partida» para que el Congreso apruebe la reforma este año, expresó
el NIF en un comunicado. Los activistas rechazan un plan migratorio
que elabora la Casa Blanca junto con líderes republicanos, y que el sábado
sacó a las calles a miles de manifestantes en Los Angeles.
Entre
otros elementos de ese plan, cada inmigrante sin papeles tendría que
pagar unos 13.500 dólares para tramitar la residencia permanente, y
no podría gestionar visados para sus familiares.
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