Sólo comparable con
Somalia
Los derechos de los niños
en EEUU
Por Sharon Smith
CounterPunch, 25/04/07
Rebelión, 27/04/07
Traducido por Germán
Leyens
EEUU es el único Estado
miembro de Naciones Unidas, con la excepción de Somalia, que no ha
ratificado la Convención de la ONU de 1989 sobre los Derechos del Niño.
En febrero de 2001, George W. Bush objetó explícitamente a su
“enfoque basado en los derechos humanos” – que, entre otras
cosas, prohíbe enjuiciar y encarcelar a niños como adultos porque
sus mentes son demasiado inmaduras para formar “intención
delictiva.”
Por cierto, EEUU está
solo en su prisa por sentenciar a niños a cadena perpetua, sin la
posibilidad de libertad condicional, y alberga a más de un 99% de los
jóvenes que sirven esa sentencia en todo el mundo. Según un estudio
conjunto en 2005 de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, EEUU
tenía a 9.400 prisioneros sirviendo condenas a prisión perpetua por
crímenes cometidos antes de la edad de 18 años, de los cuales 2.225
servían cadena perpetua sin libertad condicional. De estos, un 16%
tenían entre 13 y 15 años cuando cometieron los crímenes por los
que fueron condenados.
Más de 100.000 niños están
actualmente encarcelados en instituciones locales de detención y
correccionales estatales en todo el país. Los propugnadores de la
“tolerancia cero” quisieran que creamos que la cantidad ha
aumentado aceleradamente, que nuestra nación está desbordada por
depredadores adolescentes que cometen una cantidad de aborrecibles crímenes
sin precedentes. Pero las estadísticas desmienten esta explicación.
La tasa de convicción por asesinato para jóvenes cayó de 2.234 en
1990 a 1.006 en 2000, una baja de casi un 55%. Sin embargo, durante el
mismo período, el porcentaje de niños que recibieron sentencias de
cadena perpetua sin libertad condicional se más que triplicó de 2,9
a 9%.
Durante el último
decenio, numerosos niños han sido esposados, arrestados, lanzados
dentro de patrulleros policiales, les han tomado las huellas
digitales, los han encarcelado y condenado por crímenes resultantes
de incidentes tan triviales como pataletas en jardines infantiles,
peleas en los patios de las escuelas o activar una alarma de incendio
– que otrora hubieran significado en el peor de los casos una visita
a la oficina del director. Ahora una rabieta de un niño de seis años
puede justificar una acusación por un delito mayor. A menudo, las dos
muñecas de los niños, son juntas suficientemente pequeñas para usar
una sola esposa.
Cuando a la infante
Desre'e Watson de Avon Park, Florida le dio una pataleta en la escuela
el pasado mes, fue arrestada y acusada de agresión contra un
funcionario escolar (un delito mayor), alteración de una función
escolar y resistencia contra un agente del mantenimiento del orden
(ambos delitos).
El arresto de Watson no es
nada extraordinario en Florida. En diciembre de 2000, el St.
Petersburg Times informó: “Actualmente, a la joven edad de 6 o
7 son llevados con esposas, encerrados y registrados con antecedentes
criminales permanentes. Más de 4.500 chicos de 11 años y menos
fueron acusados de crímenes en Florida durante el año fiscal que
terminó en junio.”
El Times continuó
diciendo: “Niños de sólo 7 años pasan la noche en centros de
detención. Chicos de sólo 10 son detenidos durante un año o más. Y
en muy pocos casos, los niños entran al sistema judicial a edades aún
menores, tales como un niño de 5 años de St. Petersburg acusado este
año de robo con fractura; e increíblemente un sospechoso de delito
de incendio de edad pre–escolar que pasó por un programa de diversión
previo al juicio en el sur de Florida a los 3 años.”
En diciembre de 2001,
después de arrestar a un autista de 10 años, alumno de cuarto grado
que interrumpió una clase de educación especial, Rick Hord, del
Departamento del Sheriff de Okaloosa, Florida, justificó sus acciones
arguyendo: “No cabe duda de que teníamos ante nosotros todos los
elementos de un delito mayor.”
No todos los niños son
tratados por igual. La raza y la clase juegan un gran papel. Como señaló
el Times, “existe una gran diferencia entre los arrestos de
los niños según la raza – que se hace más aguda con la disminución
de la edad de los niños.” Los jóvenes sujetos de arrestos de
“tolerancia cero” en toda la nación son abrumadoramente negros,
latinos y estadounidenses nativos. En 2000, según el Centro de
Justicia Juvenil de la Escuela de Derecho de la Universidad Suffolk (JJC),
niños afro–estadounidenses, que componen sólo un 15% de la oblación
juvenil de EEUU – representaron un 46% de los encarcelados y un 52%
de aquellos cuyos casos terminaron ante un tribunal penal adulto. Los
niños negros son encarcelados a una tasa de cinco veces la de los
blancos, mientras que niños latinos y estadounidenses nativos son
colocados en instituciones correccionales dos y media veces más que
los blancos.
Shaquanda Cotton, de
quince años, fue liberada de una prisión de Texas el 31 de marzo
después de cumplir un año de una posible sentencia de siete años
por dar un empellón a una maestra auxiliar en su escuela. Cotton
afirmó que la auxiliar la empujó primero, después de que intentara
de ingresar a la escuela después de la hora oficial de comienzo para
recibir de la enfermera de la escuela una medicina recetada para
tratar su desorden hiperactivo causante de su déficit de atención.
Tres meses antes de la condena de Cotton por el incidente del empellón,
el mismo juez sentenció a una niña blanca de 14 años a un período
de libertad vigilada después de que esta quemara totalmente su hogar
familiar.
Estas disparidades
raciales no se limitan a los Estados del sur. El JJC informó en 2003:
“Mientras la criminalidad juvenil en Massachusetts ha disminuido
continuamente durante ocho años, la tasa a la que los jueces están
ordenando la detención de jóvenes aumentó en un 40%. La proporción
de jóvenes menores en las admisiones totales a la detención ha
aumentado anualmente desde 2001, tanto para muchachos (de un 57% a un
60% en 2003) como para muchachas (de un 49% a un 54%).
En abril de 2005, Maribel
Cuevas, de 11 años, participó en un altercado local y lanzó de
vuelta una piedra que un grupo de muchachos le tiró fuera de su casa
en Fresno, California, hiriendo en la frente a Elijah Vang, de ocho años.
Aunque los padres de Vang no presentaron una queja, la policía arrestó
a la onceañera y la llevó a un centro de detención juvenil por un
delito mayor de asalto – reteniéndola durante cinco días antes de
que fuera liberada a condición de que portara un aro electrónico en
su tobillo para controlar su paradero.
“Si se tratara de un
vecindario de clase media o de clase alta el resultado habría sido
muy diferente,” dijo el reverendo Floyd Harris Jr. a los periodistas
después de dirigir una vigilia de 100 personas para apoyar a Maribel.
“La policía no tiene el mismo respeto para la gente de color en
esta ciudad.” Martín Cuevas, padre de Maribel, comentó: “Nunca
tendrá confianza en la policía después de lo que le hicieron.” Y
con razón.
Los padres que se
defienden contra la injusticia racial se convierten a menudo en
objetivos para la policía local. El mes pasado, Gerard Mungo, Jr., de
7 años, fue arrestado en East Baltimore por sentarse sobre una
motocicleta todo terreno frente a su casa, con el motor apagado. Las
bicicletas todo terreno son ilegales en Baltimore. Pero, como comentó
el columnista del Baltimore Sun, Gregory Kane: “existe un artículo
en el Sun de agosto de 2002, que dice que la policía estaba
deteniendo a pasajeros en camino a su trabajo que iban en motonetas
– prohibidas junto con las motocicletas todo terreno en 2000 – y
confiscando sus vehículos. Eso es detener y confiscar, no arrestar a
los conductores. El arresto fue reservado para el chico negro de 7 años
de un barrio pobre de East Baltimore...”
Gerard estuvo esposado a
un banco en la comisaría durante dos horas mientras su moto, que sus
padres acababan de darle días antes para su séptimo aniversario era
confiscada.
Menos de dos semanas después,
la madre de Gerard, Lakisa Dinkins, fue arrestada en circunstancias
dudosas. Gerard dijo a los periodistas mientras esperaba su liberación:
“Se llevaron a mi mamá porque yo estuve en la televisión.” El niño
es demasiado joven para comprender que su madre fue elegida por
defender sus derechos. Tuvo la audacia de pedir al supervisor del
agente de policía que lo arrestó que aprobara su arresto (lo que
hizo). Y sólo horas antes de su propio arresto, 100 activistas habían
realizado una protesta contra el arresto del niño delante de su casa.
Esa misma tarde, la policía derribó la puerta de la casa de la
hermana de Dinkins, supuestamente a la busca de un “sospechoso por
drogas.” No encontraron drogas, pero la policía reunió a pesar de
todo a todos los 11 miembros de la familia en la sala de estar para
continuar el interrogatorio. Al parecer, uno de los policías reconoció
a la madre de Gerard. Lo escuchó cuando dijo al supervisor ‘Tengo a
la mujer cuyo sieteañero fue arrestado por sentarse en la moto,’
Entonces me arrestaron,’” dijo
Dinkins no fue acusada por
un crimen. Tácticas semejantes son utilizadas para intimidar a
activistas, pero parecen haber tenido el efecto contrario en este
caso. “Si quieren guerra, les daremos guerra,” declaró a los
periodistas Marvin "Doc" Cheatham, presidente del local de
Baltimore de la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de
Color, mientras esperaba que liberaran a Dinkins de la cárcel. “Si
este es nuestro incidente Rosa Parks, lo que se necesita para que la
gente se despierte, así sea.”
(*)
Sharon Smith es autora de “Women and Socialism and Subterranean Fire:
a History of Working–Class Radicalism in the United States.”
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