EEUU:
continuidad delictiva
La
Jornada, 28/06/07
La
divulgación de la información contenida en el
expediente llamado “Las joyas de la familia”,
elaborado en 1973 y desclasificado este martes, en el que se da cuenta
de las operaciones delictivas perpetradas por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) durante la séptima década del siglo pasado, no
revela nada nuevo, salvo algunos detalles, respecto de lo que ya se
sabía de las añejas prácticas de este organismo estadounidense: las
conspiraciones para asesinar a líderes políticos extranjeros, como
el presidente cubano Fidel Castro, en 1960, y el primer ministro
congolés Patricio Lumumba, en 1962; el espionaje a periodistas,
activistas políticos y líderes estudiantiles, así como los
experimentos con drogas como el LSD en seres humanos sin su
consentimiento, han sido actividades ampliamente conocidas desde hace
mucho tiempo por la opinión pública internacional.
Sin embargo, la
desclasificación y difusión de estos documentos reviste gran
trascendencia porque pone en evidencia la continuidad de los métodos
empleados por el gobierno de Estados Unidos, de manera rutinaria y
sistemática, en lo que respecta a la aplicación de sus políticas
externas e internas: el atropello constante a los derechos humanos y
la violación de leyes domésticas e internacionales, la intromisión
-encubierta o no- en asuntos que corresponden a la soberanía de otros
países y la negación pública de estos y otros delitos cometidos de
manera furtiva.
A raíz del escándalo
de Watergate (1972-1974), desatado porque agentes de la CIA
pretendieron instalar clandestinamente micrófonos y cámaras en la
sede del Comité Electoral del Partido Demócrata, y concluido con la
dimisión del entonces presidente Richard Nixon, el Congreso
estadounidense instauró una serie de reglas en materia de
inteligencia, con el fin de mantener cierto control sobre las
tendencias delictivas de la agencia de espionaje. Sin embargo, tanto
la CIA como otras oficinas de seguridad e inteligencia del país
vecino siguen, en lo fundamental, operando con los mismos métodos e
incluso han incursionado en la aplicación de prácticas nuevas y
aberrantes.
En años y meses
recientes se ha dado a conocer información respecto a la red de cárceles
clandestinas -llamadas black sites, o lugares negros- y
vuelos secretos organizada y operada por la CIA para secuestrar,
retener, transportar y torturar a sospechosos de terrorismo en
distintos países de EEUUropa, Asia, Africa y Medio Oriente. Por otra
parte, la opinión pública internacional ha asistido con horror a la
revelación de las condiciones en las que hasta la fecha, y a pesar de
las protestas internacionales, se mantiene retenidos en la base
militar de Guantánamo a centenares de secuestrados por los servicios
secretos estadounidenses.
Por lo demás, la Ley
Patriótica impuesta por el gobierno de George W. Bush tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001 es, en buena medida, una
legitimación de las inveteradas prácticas delictivas de la CIA. Ese
documento legaliza el espionaje telefónico, la apertura clandestina
de correspondencia, la intercepción de correo electrónico, la
sustracción secreta de documentos como historias clínicas y la
escucha de conferencias telefónicas, todo ello sin que se requiera
orden judicial. Al mismo tiempo, el presidente republicano instauró
consejos de guerra para juzgar a civiles sospechosos de terrorismo,
que se ven privados de derechos tan elementales como la presunción de
inocencia y el acceso a abogados defensores. A instancias de Alberto
Gonzales, actual secretario de Justicia, se otorgó autorización a
los servicios secretos para torturar "moderadamente" a los
infortunados ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente
considerados "combatientes enemigos".
Significativamente,
ayer un comité senatorial citó al vicepresidente Dick Cheney y a
otros funcionarios del Departamento de Justicia y del Consejo de
Seguridad Nacional para que expliquen la instauración de un programa
de espionaje telefónico considerado ilegal por muchos legisladores y
por organismos de defensa de los derechos humanos.
En suma, los datos
referidos permiten concluir que el gobierno estadounidense fue, y
sigue siendo, como han denunciado puntualmente las organizaciones
Human Rights Watch y Amnistía Internacional, un violador principalísimo
de los derechos humanos dentro y fuera de su territorio, así como un
infractor pertinaz de la legalidad internacional.
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