El
porqué de los incendios gallegos
Por
Carlos Taibo Rojo y Negro, 16/08/06
Sin Permiso, 21/08/06
No deja de sorprender
que los medios de comunicación se resistan a aportar explicaciones de
lo que ocurre en estos días en Galicia. La circunspección y la
prudencia se imponen por doquier ante lo que parece entenderse que es
una cuestión muy delicada que podría irse, fácilmente, de las
manos. Tiene su sentido, sin embargo, escarbar en lo que uno escucha
cuando víctimas y expertos hablan fuera de micrófonos y no se cortan
la lengua.
A estas alturas nadie
pone en duda que la mayoría de los incendios gallegos de las últimas
semanas obedece a razones y a pautas diferentes de las ya conocidas.
Poco relieve corresponde en estas horas a los presuntos intereses de
la industria maderera, a la acción de los pirómanos o a condiciones
climatológicas que han venido a facilitar la expansión de los fuegos
pero a duras penas pueden considerarse la causa de éstos. Aunque es
evidente que el desastre ecológico y humano que ha supuesto el
progresivo abandono de la agricultura y de la ganadería, y con él el
despliegue de una depredadora eucaliptización, debe ser invocado con
firmeza, tampoco parece que en sí mismo arroje mayor luz sobre lo que
ahora mismo tenemos entre manos, por mucho que aporte un escenario
vital para entenderlo. Ni siquiera vale -parece- la sugerencia de que
nos hallamos ante una suerte de exacerbación de factores de orden
diverso que estarían operando de forma simultánea. La impresión
general -no hablemos de certezas porque no las hay- es que por detrás
de muchos incendios se halla una organización planificada que atiende
metódicamente a la satisfacción de objetivos precisos y que, en una
lectura inevitable, obedece, premeditada o inconscientemente, a
afilados intereses políticos y económicos.
Cuando llega el
momento de aquilatar la última intuición, las miradas se orientan
hacia lo que al cabo son dos grandes explicaciones que, eso sí, bien
podrían unirse en una sola, toda vez que los intereses que invocan
son por desgracia compatibles. La primera apunta a la ya conocida
historia de personas que, tras trabajar en la prevención y la extinción
de incendios durante años, habrían visto rescindidos sus contratos y
habrían decidido asumir, en consecuencia, un durísimo ejercicio de
protesta. Sin descartar en modo alguno que esto haya podido ocurrir en
algunos escenarios, hay que preguntarse por las posibilidades que a
esta explicación corresponden a la hora de dar cuenta de un sinfín
de incendios registrados en lugares muy dispares. Esto último reclama
de una organización coordinadora que se hace harto difícil imaginar
a menos que implique, y volvemos a una sugerencia delicada que ya
hemos adelantado, a instancias políticas con intereses connotados y a
sus eventuales prolongaciones mafiosas, tanto más cuanto que algunas
noticias -los incendios en las proximidades de los aeropuertos de
Santiago y Vigo; el posible empleo de avionetas incendiarias- sugieren
que se estaría haciendo uso de técnicas y de instrumentos que
transcienden con mucho las capacidades de trabajadores despechados y
pirómanos improvisados. Más allá de ello, las personas en cuestión,
¿llevarían tan lejos su designio de protesta como para mantener una
férrea presión sobre unas autoridades que con toda evidencia se ha
visto desbordadas por el reto criminal que se les plantea y por su
callada aceptación de tantas reglas del juego?
Adentrémonos, con
todo, en la segunda explicación, que en primera instancia nace de una
sencilla consideración geográfica: es extremadamente llamativo que
la mayoría abrumadora de los incendios se haya registrado en las dos
provincias gallegas más occidentales, A Coruña y Pontevedra, y no en
las dos más orientales. Como lo es que el grueso de aquéllos haya
adquirido carta de naturaleza en la proximidad de centros urbanos y
localidades de algún peso, en su caso cerca del mar y de las vías de
comunicación. El mapa de los incendios coincide punto por punto -digámoslo
con claridad- con el mapa de los grandes proyectos inmobilirios que se
barruntan en la Galicia occidental.
Hace unos meses oí
que en Galicia estaba prevista la construcción de nada menos que
600.000 viviendas. Aunque la cifra sea seis veces inferior, es fácil
palpar la dimensión del negocio. No se olvide que el Mediterráneo
empieza estar saturado de construcciones y que el hábitat deja mucho
que desear, con lo que, por lógica, constructores y especuladores
tienen que buscar otros horizontes. Ya sé que hay quien recordará
-me temo que con alguna ingenuidad- que la legislación en vigor
impide construir, si no estoy equivocado durante treinta años, en
terrenos quemados. La réplica se antoja, sin embargo, fácil y
recuerda, por lo pronto, que las normas restrictoras afectan en
exclusiva al suelo rústico de protección forestal, y no al
urbanizable, que es el que en muchos casos está ardiendo; los
incendios abaratarían las tierras correspondientes e inducirían a
cambiar de opinión a muchos propietarios reacios a vender. Esto al
margen, también hay quien sugiere que, de extenderse la superficie
quemada, este dato por sí solo se convertiría en un interesante
elemento de presión sobre las autoridades para que modificasen,
siempre en provecho de los intereses inmobiliarios, el sentido de las
leyes hoy aplicadas. Agreguemos, en suma, que sobran los motivos para
dudar de que estas últimas estén siendo objeto de puntillosa ejecución.
El lector avezado
bien puede extraer, sin que haya que guiarle en la tarea, sus
conclusiones. Uno tiene, eso sí, derecho a expresar su intuición,
cada vez más asentada, de que por detrás de la catástrofe, humana y
medioambiental, que se registra en estas horas en Galicia se hallan sórdidos
intereses económicos y, como es preceptivo en estos casos, no menos sórdidas
e interesadas connivencias políticas. Que cada cual adelante al
respecto los nombres que le parezcan.
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Carlos Taibo, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es
profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de
Madrid.
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