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En
Haití, maten a los pobres, no toquen a los escuadrones de derecha
Por
Ben Terrell (*)
La Haine, 18/03/07
La Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha apoyado
sin ningún pudor a las fuerzas de la derecha, incluso a la policía
haitiana, y ha abusado sistemáticamente de los derechos humanos de
los pobres, los partidarios de Aristide y a su partido Lavalas. (LH)
Ahora que Kofi Annan
comienza una nueva vida después de la ONU, es importante revisar el
poco discutido “cambio de régimen” que el gobierno de Bush diseñó
con la ayuda de Annan. Los defensores del secretario general saliente
señalan que Annan hizo lo que pudo para dejar en claro que no estaba
de acuerdo con la Invasión a Iraq, pero en el caso de Haití en
realidad colaboró para facilitar una sanguinaria agenda imperial.
La MINUSTAH, la misión
de la ONU en Haití, se creó con el objeto de apoyar el régimen
ilegal instalado después del golpe de estado que derrocó al gobierno
democráticamente elegido del presidente Jean–Bertrand Aristide en
febrero de 2004. Los países que participan en la misión de la ONU en
Haití, cuyo mandato está en proceso de renovación, se congraciaron
con Washington para subsanar las desavenencias que tenían con el
gobierno de Bush por la guerra de Iraq. Muchos observadores
consideraron la participación de Brasil como parte de su proyección
para lograr un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Brian Concannon,
director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y ex
observador de derechos humanos de la ONU en ese país, señala que
“hasta el año 2004 la ONU, por buenas razones, solamente había
desplegado fuerzas de paz en aquellos lugares donde había que hacer
cumplir un acuerdo de paz. Únicamente en Haití ha desplegado el
Consejo de Seguridad cascos azules para hacer cumplir un golpe de
estado contra un gobierno electo. Con la FMP (Fuerza Multinacional
Provisional) primero y la MINUSTAH después, la ONU abandonó medio
siglo de principios y de sentido común, con resultados
predecibles.” Desde que reemplazaron a los infantes de marina
usamericanos en julio de 2004, las tropas de la ONU han apoyado a la
policía haitiana en sus arremetidas contra los seguidores pobres de
Aristide y su partido Lavalas en las ciudades.
Brian Concannon ha señalado
que “en contraste con su acción contundente en Cité Soleil, la
MINUSTAH ha sido tolerante con los grupos paramilitares de derecha.
Durante meses después de su despliegue, la MINUSTAH se negó a
desalojar de las comisarías de policía a los grupos paramilitares
que habían ayudado a derrocar el gobierno. En agosto de 2005, un
grupo paramilitar llamado el Ejército Pequeño Machete asesinó a
plena luz del día a docenas de espectadores de un partido de fútbol
cerca del lugar donde se encontraba un puesto de observación de la
MINUSTAH. La MINUSTAH ni siquiera intentó detener la masacre o
perseguir a los paramilitares, aunque durante más de dos años este
grupo ha aterrorizado el área de Grande–Ravine.
Desde febrero de
2004, miles de activistas pacíficos y otros civiles han sido
asesinados, detenidos, torturados y exilados por el régimen instalado
después del golpe. Este hecho fundamental nunca aparece en los análisis
de los medios sobre Haití, por lo que muy pocos en Usamérica
entienden por qué algunos haitianos se han armado para defender sus
vecindarios. En defensa de las operaciones que están realizando en
los barrios más pobres de Puerto Príncipe, los comandantes de la ONU
en Haití manifiestan que sólo atacan cuando han recibido disparos.
Pero durante una visita de una semana que hice a Haití en agosto de
2006, me contaron una historia distinta.
El 24 de agosto
presencié en Simon Pele (comunidad que linda con el enorme barrio
costero de Cité Soleil) una operación de la ONU que ignoró por
completo los peligros de usar armas de fuego de alto calibre en un área
densamente poblada. Las ONU había realizado estas operaciones en
Simon Pele durante todo el mes de agosto, en una campaña para
“asegurar” el área. En un video filmado por un fotógrafo que
también se encontraba en el área se ve a un soldado brasilero
disparando desde la parte de arriba un vehículo blindado. Vi a
soldados brasileros que corrían desde dos vehículos s blindados
hacia Simon–Pele. Los soldados que estaban en el barrio también
disparaban sus armas.
Uno de esos soldados
mató a un joven con cuya madre hablé cuatro días después. Adacia
Samedy me contó que su hijo Wildert estaba arreglando un radio en el
techo de la casa familiar, cuando francotiradores de la ONU le
dispararon. La Sra. Samedy me dijo, “mi mensaje para la ONU es éste:
gracias por matar a mi hijo. No entiendo cuál es el sentido de su
trabajo, vienen, disparan y pueden matar a quien esté pasando por el
sitio.” Le pregunté si algún miembro de la ONU había regresado
para verificar si habían muerto civiles o para ofrecer alguna clase
de ayuda. La ONU ni siquiera había reconocido su pérdida. Las
preguntas que le he hecho al vocero de la ONU respecto al asesinato de
Wildert Samedy siguen sin respuesta.
Otra familia, la de
William Mercy, un civil en silla de ruedas, me contó que también habían
sido ignorados por la ONU después de un ataque a la sección donde
viven en el barrio de Bel Air en Puerto Príncipe. En junio de 2005,
tropas brasileras que recorrían el callejón donde se encuentra su
casa y le dispararon en la cabeza al jefe de la familia Mercy. Ese
mismo día asesinaron a otros civiles desarmados.
Entrevisté a un señor
mayor que estaba sacando a su familia del área, la cual, me comentó,
no tiene nada que ofrecer a la juventud del lugar más que miseria. Le
pregunté acerca de los grupos armados contra los que la ONU dice
luchar. Me contestó “lo único que puedo decirle al respecto es que
en este barrio mucha gente ha sido herida y asesinada por la ONU.
Ninguna de esas personas estaba relacionada con grupos armados, todos
eran trabajadores.”
Cerca de la vivienda
cubierta de balas de la que estaba sacando los muebles, había una
iglesia con las marcas de los disparos de las fuerzas de la ONU. Un
periodista haitiano me dijo que la ONU afirmaba que en la iglesia se
refugiaban miembros de un grupo armado, pero en vista de la
importancia del catolicismo para los residentes, ningún combatiente
armado usaría la iglesia para esconderse. En esa misma calle una
escuela también fue destruida por armas de alto calibre.
En el año 2005, la
Asociación de Estudiantes de Derecho de Harvard Defensores de los
Derechos Humanos y el Centro de Justicia Global de Brasil concluyeron
que “la MINUSTAH ha servido para ocultar los abusos cometidos por la
Policía Nacional de Haití (PNH) durante sus operaciones en los
barrios pobres e históricamente tensos de Puerto Príncipe. En lugar
de asesorar e instruir a la policía para que mejore sus prácticas y
vigilar sus errores, la MINUSTAH ha sido la celestina de sus
abusos.”
Unos meses antes, un
informe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami concluyó
que “ambas fuerzas admitieron que cuando la PNH realiza una operación
en un barrio pobre hay confusión y desorden porque la HNP y las
fuerzas de la MINUSTAH no comparten radios pero, aunque lo hicieran,
no hablan el mismo idioma.” Admitieron que cuando realizan
operaciones en los barrios no tienen una estrategia ni un objetivo
claro y que al final todo se resume en un “dispara antes de que te
disparen”.
En 2004 y 2005 las
tropas de la ONU actuaron como espectadores mientras la policía
disparaba sobre manifestantes pacíficos que exigían el regreso de
Aristide. En abril de 2005, Amnistía Internacional señaló que “Se
ha informado que funcionarios de la Policía Nacional de Haití (PNH)
usaron repetidamente armas letales contra los partidarios de Lavalas
mientras manifestaban frente a la sede de la misión de la ONU en
Boudon, Puerto Príncipe.”
Para algunas
prominentes figuras de la derecha en Puerto Príncipe, sin embargo, no
era suficiente permitir que la policía haitiana mate civiles. En
reuniones con funcionarios de la ONU, los medios propiedad de las élites
y conocidos oponentes de Aristide hicieron una campaña de demonización
de los barrios pobres de tal magnitud, que a un activista le recordó
la propaganda difundida antes del genocidio ocurrido en Ruanda en
1994. En enero de 2006, Reginald Boulos, presidente de la Cámara de
Comercio de Haití y uno de los principales defensores del golpe de
2004, declaró en Radio Metropole:
“No se puede hacer
una tortilla sin romper los huevos. Pensamos que los generales de la
MINUSTAH tienen que hacer planes para limitar los daños colaterales.
Pero nosotros en el sector privado estamos listos para crear un fondo
de asistencia social para ayudar a todos los que serán las víctimas
inocentes de la acción necesaria y valiente que hay que realizar en
Cité Soleil. Cuando los terroristas ocupan algunas zonas sin ley,
siempre hay víctimas inocentes.” En otra parte de la entrevista,
Boulos pidió a las tropas de la ONU que ayudasen a la policía a
“neutralizar a todos los delincuentes y terroristas armados que
aterrorizan el área metropolitana.”
La mayoría de los
adultos pobres de Haití recuerdan claramente el terror de los
escuadrones de la muerte entre 1991 y 1994, después del primer golpe
en contra de Aristide, cuando alrededor de cinco mil personas fueron
asesinadas. Esa historia fue recordada con frecuencia durante el
“Encuentro Solidario con el Pueblo de Haití”, organizado por
activistas de Lavalas en agosto de 2006, al que asistieron visitantes
internacionales que deseaban compartir puntos de vista y experiencias
políticas con los haitianos que estaban luchando en el país.
Jacques Delpechin,
autor de “Silencios en la historia de África: Entre el síndrome
del descubrimiento y de la abolición” y director ejecutivo de la
Alianza Ota Benga para la Paz, la Curación y la Dignidad en la República
Democrática del Congo, quien habló varias veces en la conferencia,
me dijo “Es importante que la gente entienda que Aristide y los
miembros de Lavalas están conectados, a través de las generaciones,
con la triunfante revolución de los esclavos de hace 200 años.”
Luego, mientras compartíamos un automóvil en Puerto Príncipe, me
comentó que “el problema de Haití es realmente un problema
estructural: no estaban supuestos a triunfar o, peor aún, a
sobrevivir y seguir resistiendo.”
En lo que concierne a
las “grandes potencias”, Depelchin señaló que “no debemos
hacernos ilusiones: [la ONU] es un club de estados, estructuras que no
pueden respetar ni siquiera sus propios convenios (por ejemplo, la
Convención de Ginebra contra el Genocidio, aprobada en 1948). En el
caso de que la ONU vacile, ahí está el G8 para asegurarse de que el
poder definitivo lo ejerza el más poderoso. Los radicales del mundo
deben pensar en términos de la clase de política de emancipación
que llevó a los esclavos a derrocar el sistema de entonces. La
democracia al estilo de Usamérica/Francia/Canadá no es más que el
consenso político en torno a una agenda establecida por intereses
económicos y financieros. Esa agenda quiere asegurar que lo que
ocurrió entre 1791 y 1804 se olvide para siempre o que, si se llega a
recordar, sea una historia escrita y difundida por las potencias
existentes.”
El líder
revolucionario haitiano Touissant L’Overture escribió en una ocasión
que cualquier intento de los dueños de plantaciones por restaurar la
esclavitud “sería intentar lo imposible: supimos enfrentar los
peligros de obtener nuestra libertad, sabremos desafiar la muerte para
mantenerla.”
René Civil,
dirigente de Lavalas que pasó la mayor parte del período del golpe
en el exilio, hizo la misma relación cuando señaló: “El pueblo de
Haití, que cree en la libertad, que ha probado la libertad, nunca
aceptará este criminal sistema esclavizante.” Civil también
denunció el sistema global que “impone la guerra económica, política,
militar y social al mundo” e impide que naciones pobres como Haití
ejerzan sus independencia.
René Civil fue
detenido momentos después de hablar en la conferencia, con base en
acusaciones que Brian Concannon califica de “dudosas”. Aunque
inicialmente afirmaron que solamente querían someterlo a un
interrogatorio de rutina, las autoridades han trasladado a Civil a la
penitenciaría del centro de Puerto Príncipe. En Haití, los
disidentes temen por la seguridad de Civil y también les preocupa que
su detención sea el comienzo de una nueva ronda de acoso judicial a
los activistas.
Dave Welsh,
sindicalista usamericano que asistió a la conferencia de solidaridad,
me dijo “Haití todavía está bajo ocupación militar. Los
ocupantes esperan que la etiqueta de la ONU le dé legitimidad a los
planes de Francia, Usamérica y Canadá de beneficiarse de la mano de
obra y los recursos de la nación, controlar el estado haitiano e
impedir la restauración de la soberanía y la democracia en Haití.
Países como Brasil, que suministran a la ONU tropas que repetidamente
y sin compasión matan civiles en sus casas, sin duda tienen sus
razones para apoyar durante dos años esta brutal ocupación.” Welsh
también estuvo en Haití en 2005 como parte de una delegación de
derechos laborales y humanos que documentó las secuelas de una
masacre en la cual soldados brasileros asesinaron a 60 residentes de
Cité Soleil cuando perseguían a un líder comunitario militante de
Lavalas. (También hablé con sobrevivientes de esa masacre, incluso
con una mujer embarazada a la que las tropas de la ONU le dispararon
desde un helicóptero. Fue salvada por Médicos sin Fronteras, pero
perdió la criatura).
Brian Concannon me ha
comentado que en conversaciones recientes ha oído “una y otra vez a
haitianos pobres decir que quieren el desarme en sus barrios, siempre
que al mismo tiempo se desarmen los vecindarios ricos que son la
principal fuente de las armas que llegan a los barrios pobres, y también
los escuadrones de la muerte y antiguos soldados que impunemente matan
a los partidarios de Lavalas.”
Concannon agrega,
“si las operaciones de la MINUSTAH verdaderamente tuviesen por
objeto establecer la ley y el orden, comenzarían por obedecer la ley:
detendrían a los sospechosos de poseer armas con una orden de detención
válida en lugar de atacar indiscriminadamente a los barrios
pobres.”
Pero la ONU no
muestra ningún interés en seguir esa dirección. El 19 de agosto,
Amaral Duclona, vocero de grupos armados de Cité Soleil opuestos a
las fuerzas golpistas, declaró a Reuters, “las tropas de la ONU no
quieren la paz y el desarme porque necesitan justificar su presencia
aquí.” Duclona preguntó, “¿Cómo podemos entregar nuestras
armas mientras las fuerzas de la ONU continúan atacándonos?” El 19
de octubre de 2006, tropas brasileras derribaron viviendas en Cité
Soleil para ampliar una carretera y mientras los residentes
manifestaban para detener el proyecto, los soldados dispararon y
mataron a por lo menos tres personas. Dos meses más tarde, el Comité
de Acción en Haití, con sede en San Francisco, el cual mantiene un
estrecho contacto diario con activistas y observadores de derechos
humanos en Puerto Príncipe, declaró, “En la madrugada del viernes
22 de diciembre, a partir de las 3 aproximadamente, 400 soldados de
las fuerzas de ocupación de la ONU dirigidas por Brasil, en vehículos
blindados, realizaron un ataque masivo contra la gente de Cité Soleil,
sitiando una vez más a esta empobrecida comunidad.”
Testigos señalan que
a las 5 de la mañana comenzó una lluvia indiscriminada de disparos
de armas pesadas que continuó durante buena parte del día. Al
referirse a los soldados de la ONU y a la policía haitiana, Rose
Martel, residente de Cité Soleil, declaró a Reuters, “Vinieron a
aterrorizar a la población. No creo que hayan matado a ningún
bandido, a menos que nos consideren bandidos a todos nosotros.” El
Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití calcula que más
de 20 civiles, entre ellos ancianos y niños, fueron asesinados.
Sobrevivientes informaron a un médico usamericano que los entrevistó
después del ataque que “un helicóptero de la ONU sobrevolaba en círculos
[Cité] Soleil y disparaba a las casas de miles de personas.”
La operación del 22
de diciembre fue, en parte, la respuesta a una campaña sostenida de
presión de la derecha que culpaba a supuestos líderes de pandillas
de Cité Soleil por los secuestros en Haití. Pero Lovinsky Pierre–Antoine,
coordinador de la Fundación 30 de Septiembre, una organización que
apoya a las víctimas de los dos golpes contra Aristide, me dijo que
el secuestro más cubierto por la prensa en las dos semanas anteriores
al ataque del 22 de diciembre, el del senador André Riche opositor de
Lavalas, había sido un “teatro político”. Según Lovinsky, los
medios de comunicación de la derecha difundieron incendiarios
editoriales sobre el secuestro sin hacerse muchas preguntas
esenciales, como por ejemplo por qué a los guardaespaldas del
prominente político opuesto a Lavalas, que estaban armados hasta los
dientes, no les robaron las armas, y cómo logró Riche escapar ileso
del cautiverio. Lovinsky manifestó que los medios que piden que se
tomen medidas enérgicas contra Cité Soleil “apoyan plenamente a
Michael Lucis”, el ex director central de la policía judicial que
está implicado en las operaciones de secuestro.
El Comité de Acción
en Haití manifestó “Los secuestradores generalmente están bien
conectados con las élites y el régimen golpista. Hasta el jefe de la
policía, Andresol, admite que la policía nacional participa en gran
parte de la ola de delitos, incluso en los secuestros.” El
periodista canadiense Anthony Fenton habló con “numerosas
fuentes” (que no quisieron declarar en forma oficial por razones de
seguridad) que relacionaban al senador Youri Latortue, sobrino de
Gerard Latortue, primer ministro del régimen instalado después del
golpe, con mafias de secuestradores.
En agosto de 2005, el
prominente hombre de negocios Stanley Handal, fue detenido por estar
implicado en casos de secuestro, informó el Proyecto de Información
sobre Haití. “Handal es miembro de una de las familias más
acaudalas de Haití que apoyó el derrocamiento de Aristide en 1991 y
en 2004. Inicialmente fue detenido junto con ocho miembros de la policía
haitiana por manejar una banda dedicada al secuestro, después de que
intentó usar una tarjeta de crédito robada a una de sus víctimas.
El juez que lo puso en libertad, Jean Péres Paul, es responsable de
que el padre Gerard Jean–Juste siga preso y de la detención el 9 de
septiembre de los periodistas Kevin Pina y Jean Ristil. Se ha
informado que el funcionario de la policía encargado de la
investigación inicial del caso Handal ha tenido que ocultarse para
protegerse.”
Las esperanzas de un
cambio progresivo en Haití fueron alentadas por la elección de René
Préval el 7 de febrero de 2006. El triunfo de Préval fue una
victoria en circunstancias desfavorables del movimiento popular que en
1990 había llevado a Jean–Bertrand Aristide a la presidencia. Préval,
que entre 1996 y 2001 fue presidente de Haití, el segundo elegido
democráticamente, apoyado por Espwa (“esperanza” en creole),
partido formado apresuradamente para las elecciones con muy poca
capacidad de organización. En vista de que el gobierno instalado
después del golpe se negó a poner en libertad a los presos políticos
y de la represión continua a Lavalas, el partido de Aristide (la
organización política más grande de Haití) no presentó
oficialmente ningún candidato a las elecciones presidenciales.
Un año después, sin
embargo, tanto el poder judicial como ministerios del gobierno de Préval
continúan controlados por golpistas y los principales medios son
manejados por las élites derechistas. Aunque Préval ayudó a obtener
la liberación de prominentes presos políticos, como Annetee Auguste
(“So Anne”), Yvon Neptune y otros, cientos de presos políticos
encarcelados ilegalmente por el régimen instalado después del golpe
continúan presos. Préval tiene muy poco control sobre la misión de
la ONU.
En un informe sobre
la misión de la ONU en Haití fechado 19 de diciembre de 2006, Annan
recomendó que el mandato de la MINUSTAH se prorrogase después del 15
de febrero de 2007. El informe de Annan ignoró las acusaciones de
abuso sexual a mujeres y niñas haitianas por tropas de la ONU, así
como los asesinatos documentados de civiles en asaltos militares. Según
Annan, “el despliegue continuo de la Misión será esencial, pues
las fuerzas de desestabilización continúan usando la violencia para
lograr sus objetivos.”
Los representantes de
la ONU, sin embargo, no parecen estar interesados en la violencia en
contra de Lavalas. Un estudio de la prestigiosa revista médica “The
Lancet” concluyó que en el lapso de 22 meses después del
derrocamiento de Aristide ocurrieron 8.000 asesinatos y 35.000 ataques
sexuales solamente en el área del gran Puerto Príncipe. Más del 50
por ciento de estos asesinatos se atribuyeron a facciones de
opositores a Aristide y a Lavalas, que incluían grupos armados de
opositores a Lavalas, ex miembros del ejército y fuerzas de seguridad
del gobierno.
El informe también
señala que “los encuestados señalaron que soldados de la ONU habían
proferido amenazas de muerte, amenazas de lesiones físicas y amenazas
de violencia sexual”.
Una de las autoras
del informe, Athena Kolbe, me dijo que “El verano pasado notificamos
a más de una docena de funcionarios de la ONU en Haití acerca del
informe y les dijimos que estaríamos en el país y podríamos
hacerles llegar anticipadamente una copia del informe y discutirlo con
ellos si tenían preguntas. No tuvimos ninguna respuesta de nadie
relacionado con la MINUSTAH ni antes ni durante el viaje... Recibimos
un correo electrónico de un miembro del personal de la ONU en el que
se negaba a reunirse con nosotros porque estaba muy ocupada y decía
“no creo que tengan ustedes nada importante que compartir con
nosotros.”
A principios de
enero, el general brasilero Carlos Alberto Dos Santos se convirtió en
el cuarto comandante de las fuerzas de la ONU en Haití (que al 30 de
noviembre de 2006 estaban constituidas por un total de 8.360
uniformados). “Vamos a trabajar en la misma dirección en que lo
hemos venido haciendo, nada ha cambiado en nuestra misión ni en
nuestras obligaciones", afirmó Dos Santos. Desde entonces, las
operaciones militares de la ONU han continuado. Entre los civiles
muertos por disparos de la ONU en estos ataques, según lo informado
por el Proyecto de Información sobre Haití, están Stephanie Lubin,
de siete años, Alexandra Lubin, de cuatro años y Boadley Bewence
Germain, de nueve años.
En su campaña en
contra de la prórroga del mandato de la MINUSTAH, Lovinsky Pierre–Antoine
y otros activistas señalan los continuos asesinatos de civiles por
las fuerzas de la ONU.
(*)
Ben Terrell, escritor que vive en San Francisco, ha visitado Haití
cuatro veces desde el golpe de 2004 que derrocó al gobierno elegido
democráticamente del presidente Aristide. Original publicado en
Global Research. Traducido por Chelo Ramos para La Fogata.
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