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Democracia
de mercado
Esos
intereses privados que gobiernan los Estados Unidos
Por Arthur Lepic (*)
Red
Voltaire, París, 26/08/05
Si
el Congreso Federal de los Estados Unidos es un lugar cimero de tráfico
de influencia, su mediatización permanente obliga a los congresistas a la
moderación. Por el contrario, la indiferencia que rodea los congresos de
los estados federados ha facilitado allí que se generalice la corrupción.
No sólo esta no se ha reprimido realmente, sino que se ha legalizado a
través de "reglas éticas" que obligan a las autoridades
locales a venderse de manera transparente al mejor postor estableciendo
entre ellos una libre competencia. Una encuesta del CPI demuestra que cada
legislador local recibe como promedio legalmente 150,000 dólares anuales
por concepto de comisiones.
Para
el presidente James Madison (1751–1836), uno de los padres fundadores de
los Estados Unidos, "El sistema político estadounidense se basó en
la desigualdad natural de los hombres". En efecto, como el valor
filosófico que había salido victorioso era la riqueza que a su vez
engendraba el poder, las personas que lo ejercen –una minoría
excepcionalmente dotada y compuesta esencialmente por blancos– sólo
tienen que rendir cuentas a sus pariguales. En lo que a la población atañe,
tiene que contentarse con la lucha económica si quiere hallarle un
sentido a todo eso. No es de asombrarse si los legisladores
norteamericanos se presentan como defensores de intereses grupales y no
del interés general. Ni de que, en la práctica, defiendan muchas veces
sus intereses personales en vez de los de los grupos coaligados que
supuestamente representan. Ya se trate de las contribuciones para la campaña
que muchas veces pueden embolsillarse a título personal, o de votar las
leyes, sometidos a importantes presiones e incitaciones por parte de los
lobbies, los legisladores están enfrentados en todo momento a conflictos
de intereses. Al igual que en los estados europeos, las instituciones
locales se prestan mucho más que las otras a tráficos de influencia y a
la corrupción. Tan es así que la ausencia de un marco legislativo y la
subexposición mediática tan comunes en los parlamentos de los estados
federados, garantizan prácticamente una casi–impunidad.
"La
mejor democracia que su dinero pueda comprar"
Esos
problemas ocuparon un lugar central en un proyecto dirigido por el Center
for Public Integrity, organización sin fines lucrativos, no partidaria,
que lleva a cabo investigaciones sobre temáticas nacionales importantes
vinculadas con la ética de la función pública. Al informar al público
para proporcionarles armas que le permitan poner frente a frente a los
electos con sus responsabilidades, el CPI no hace sino llevar a la práctica
la tesis no obstante evidente de Thomas Jefferson, otro de los padres
fundadores, cuya herencia está menos presente, según la cual la Libertad
no puede ejercerse en la ignorancia, al menos mientras reine la civilización.
El
Centre for Public Integrity lo creó oficialmente en 1990 el periodista
Charles Lewis quien anteriormente había realizado sondeos para la cadena
ABC y para el programa 60 minutos de la CBS. El centro, financiado en un
90% por las fundaciones, primero publicó una carta informativa en soporte
de papel, The Publici, antes de apoyarse en una vasta audiencia en línea.
Después de haber llevado a cabo sondeos sobre el gobierno federal, con
las series The buying of the President y The buying of the Congress, el
CPI se dedicó a elaborar un voluminoso expediente con los conflictos de
intereses al nivel de los estados federados desde principios de los años
90, a solicitud de la prensa que estaba perdiendo un tiempo precioso en
juntar informaciones en las polvorientas oficinas de los capitolios
estaduales. Al hacer accesibles los registros de millares de
contribuciones electorales y de declaraciones de los ingresos de los
candidatos electos a través de un banco de datos informatizados, permitió
a los observatorios y a los órganos de prensa poder trazar los vínculos
entre el cabildeo y las leyes o reformas efectivamente votadas, que muchas
veces se alejan de las promesas de las campañas.
Los
primeros experimentos en los estados de Illinois y de Indiana pusieron de
inmediato de manifiesto la utilidad de esta iniciativa al descaracterizar
a los legisladores independientemente del partido a que pertenecieran que
proponían y votaron leyes que beneficiaban directamente a sus
empleadores, o a donantes que generosamente financiaban sus campañas. Las
columnas de los periódicos locales se llenaron de artículos que trataban
de la corrupción o de conflictos de intereses a medida que el Centro iba
publicando el resultado de sus investigaciones. Fortalecido por esas
primeras experiencias exitosas, el centro decidió extender su campo de
investigación a todos los estados en 1999, examinando leyes de ética,
conflicto de intereses y declaraciones financieras aplicables a los 7 400
legisladores estaduales de costa a costa. Que 41 estados hayan recurrido a
legisladores a tiempo parcial les llevó a examinar asimismo las
declaraciones financieras de los que resultaron electos, a pesar de ser
una medida obligatoria [7], para brindar a los electores los medios de
controlar si sus impuestos efectivamente se dedicaban a defender sus
intereses. El resultado de esa labor de hormiga se llevó a cifras y se
puso a disposición del público en el sitio del Center for Public
Integrity. Un consorcio de 50 órganos mediáticos se apoyó en esos
trabajos para revelar a su público las interacciones entre los intereses
financieros privados de los electos y su actividad como legisladores.
La
obra titulada Capitol Offenders [8], publicada en 2002, reúne los
resultados y análisis de cinco años de investigaciones del CPI. Si los
conflictos de intereses al nivel federal se revelan con regularidad a través
de los medios de comunicación, explica la introducción del libro, los
norteamericanos no sospechan hasta qué punto los órganos legislativos de
los estados federados son el lugar de una corrupción organizada por los
cabildeos, refrendada por los electos y a veces hasta regulada por las
leyes. Uno de los factores que favorece la divulgación de los conflictos
de intereses es la falta de motivación del gran público por los
parlamentos estaduales [9], al contrario de lo que sucede con el
parlamento federal que está permanentemente bajo la mirada escrutadora de
la prensa nacional y, por ende, sometido a la vigilancia pública.
Igualmente, los ingresos externos de los legisladores estaduales no se
limitan, al contrario de lo que pasa con los de los miembros del Congreso
Federal. Los primeros frecuentemente deben tener un empleo fuera porque
sus ingresos como parlamentarios no son suficientes, en tanto que los
segundos cobran un salario consecuente. La disparidad de las leyes en
dependencia de los estados parece, por otra parte, desalentar cualquier
labor de observación y de análisis global del funcionamiento de las cámaras
de legisladores.
Más
allá del poder de decisión sobre el ejercicio de su propio mandato, al
igual que sobre su duración, el financiamiento de las campañas o la
redefinición de las circunscripciones, el CPI observa que la mayoría de
las veces son los legisladores de los propios estados quienes se encargan
de definir los límites de la acción de los cabildeos así como su propio
marco jurídico. Es el clásico esquema de la democracia estilo anglosajón;
élite económica y élite política se confunden, funcionando todo en un
coto cerrado. Se venden entonces a los electores programas desconectados
de la realidad mientras que los cabildeos organizan el saqueo de los
fondos públicos en beneficio de algunas empresas que poseen entradas en
el Parlamento. El método es sencillo, pero funciona siempre
asombrosamente bien.
Capitol
Offenders reitera una vez más hechos esenciales: en 1999, 36 959
empresas, entidades comerciales o agrupaciones de intereses aparecían
repertoriadas como entidades que cabildeaban en torno a legisladores de
los estados federados, ¡lo cual equivalía a seis grupos de cabildeo por
cada electo! Por otra parte, el 18% de los parlamentarios estaduales
tienen vínculos financieros con entidades comerciales o con
organizaciones de cabildeo que actúan sobre los gobiernos federados.
Durante los períodos electorales del año 1998, individuos y
organizaciones destinaron más de mil cien millones de dólares a los
candidatos, lo que representa un inquietante promedio de más de 150 000 dólares
de contribución por cada electo en funciones. En suma, entre 1998 y 2002,
más de 100 000 leyes fueron adoptadas por los estados federados, lo que
afectó la vida de cada ciudadano norteamericano.
La
desregulación energética: un saqueo organizado que se apoya en el
cabildeo
El
capitolio del estado de Texas en Austin. Es el mayor en superficie y también
el lugar donde sesiona la mayor cantidad de parlamentarios con intereses
en la industria energética (30 de 181).
Tomemos
el ejemplo del sector energético [10]. Los parlamentarios de California
lo desregularon en 1996 y más tarde otros 24 estados siguieron su
ejemplo. Esa nueva legislación ha permitido a los gigantes del corretaje,
como Ebron, obtener ganancias máximas, pero provocó la caída de la
oferta hasta las mega interrupciones de electricidad. Además, el CPI puso
en evidencia que en 1998, el 22% de los miembros de la Cámara de
Representantes de California estaban vinculados exteriormente a la
industria energética. Hubo parlamentarios que recibieron millones de dólares
de las firmas energéticas, como contribución a su campaña de reelección;
inevitablemente terminaron por votar una ley que francamente favoreciera a
sus generosos donantes. Durante el debate sobre las leyes de desregulación,
algunos parlamentarios influyentes recibieron sumas por valor de 9 000 dólares
por concepto de comidas, bebidas y viajes al extranjero [11]. Por aquella
época, los electos alternban mandatos legislativos y empleos en la
industria energética, lo cual les garantizaba un buen dominio de la
situación.
El
principal argumento de esos abogados de la desregulación era el de la
competencia que arrastra los precios a la reducción. En realidad, ciertos
californianos experimentaron un aumento en sus costos de electricidad que
llegó a ser hasta del 300%, y tuvieron que renunciar a toda idea de
estabilidad de los precios, de suerte que considerables sumas pasaron del
bolsillo de los contribuyentes directamente a los fondos de los
proveedores privados de electricidad quienes no vacilaron en ejercer el
chantaje con el suministro para pedir que los techos de precio de venta a
los consumidores se aumentara o simplemente se suprimiera. Otra
consecuencia de la desregulación es el hecho de que cuando la demanda
aumenta, los mayores suministradores pueden limitar la producción y
esperar a que los precios aumenten para vender la electricidad. En razón
del aumento de la concurrencia y de la disminución resultante de los
costos, la capacidad de producción eléctrica aumentó a un punto tal que
en el año 2000 hubo que alternar los cortes (rolling blackouts) para
evitar una catástrofe en cadena. El escándalo de la contabilidad de la
sociedad energética Enron y por extensión el de la desregulación del
sector energético despertaron a una parte de la opinión pública
estadounidense que seguía creyendo en los milagros de la política del
"laissez–faire", es decir, del dejar hacer. Desgraciadamente,
ya resultaba demasiado tarde: primero California desde el año 2000 y
después el Nordeste en el 2003, vivieron uno de los períodos más
oscuros de su historia, en todo caso sin alumbrado.
Asfixia
de las instancias de control
Únicamente
23 estados poseen una comisión de ética independiente que regule el
comportamiento de sus parlamentarios, los 27 restantes dejan la vigilancia
a cargo de comités deontológicos, lo cual quiere decir que los propios
electos se vigilan a sí mismos [12]. Cuatro de estos últimos estados prácticamente
no poseen ningún texto para regir las prácticas de sus legisladores:
Michigan, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Vermont. Otros nueve han
creado agencias independientes encargadas de aplicar las leyes en materia
de declaraciones de ingresos y de actividad. Por lo general, se limitan a
compilar las declaraciones. Otros sencillamente se contentan con confiar
esos asuntos a los secretarios de Estado o a los fiscales generales. En
bastantes casos, los legisladores han encontrado fallos que les permiten
debilitar los comités y agencias de ética legislativa. El más fácil de
explotar es el financiamiento de dichos organismos que es un tema sobre el
cual los electos tienen con frecuencia algo que decir. Cuando no utilizan
simplemente su voto para obstaculizar la creación de tales comisiones,
los electos las asfixian limitando su presupuesto. Pese a ello, las
iniciativas ciudadanas que permiten que los electores voten directamente
las leyes, al igual que los referéndums populares que permiten a los
electores aprobar o rechazar una ley, alcanzan un éxito creciente. Así,
en 22 estados, las iniciativas ciudadanas han logrado que se limite el número
de mandatos consecutivos autorizados para los legisladores.
La
encuesta del CPI sacó a la luz que, desde 1990, por lo menos 78
parlamentarios en activo o que hubiesen terminado su mandato fueron
hallados culpables, no apelaron o fueron condenados por diversos crímenes
y delitos. Algunos siguieron ocupando sus escaños a pesar de la
sentencia. Los bufetes de abogados están bajo la influencia de los
reglamentos que les impiden representar las dos partes en un mismo
proceso. La Asociación Médica Nortemericana recomienda a los
especialistas de medicina general que no acepten cobrar comisión cuando
remitan a sus pacientes a los especialistas. Los grupos de prensa prohíben
a los periodistas financieros invertir en las empresas sobre las que
escriben y a los jugadores de béisbol no se les autoriza a hacer apuestas
en los juegos. Lo propio cabría hacer con los legisladores de los estados
federados, para quienes existen mucho menos trabas que para los miembros
del Congreso Federal. Ocupados por ganarse el pan fuera del Parlamento,
los legisladores locales muchas veces no tienen tiempo de estudiar las
leyes que votan. Por defecto, se apoyan entonces en los sagaces consejos
de los participantes de los cabildeos para tomar sus decisiones. En fin,
pese al imponente trabajo que el CPI ha realizado, muchos elementos de
información que permiten identificar los intereses privados defendidos
por los legisladores quedan fuera del alcance de la vigilancia pública,
sencillamente porque son los propios legisladores quienes definen lo que
está o no en el marco de sus intereses privados.
La
moral puritana, de la que se vanagloria la clase dirigente en los Estados
Unidos, condena severamente no solamente la corrupción activa, sino también
la aceptación de situaciones con posibilidad de ceder a un conflicto de
intereses El departamento de Estado lleva a cabo campañas en el seno de
las organizaciones internacionales como la OCDE o la ONU para sancionar
comportamientos que perjudiquen la libre competencia. La NED/CIA, a través
de la asociación Transparency International, denuncia a los estados que
toleran los bakchichs. Sin embargo, la misma moral puritana se acomoda sin
dificultad a idénticas prácticas cuando se legalizan, no se indigna por
las sumas de dinero que pagan las grandes empresas a los legisladores
locales norteamericanos para comprar sus votos siempre que los que lleven
a cabo el cabildeo estén debidamente registrados y las sumas declaradas.
En
la práctica, el marco legislativo ético en los Estados Unidos no tiene
como finalidad prohibir la corrupción, sino legalizarla y hacerla
transparente. El mercado de los electos se erige en libre mercado y los
electos ellos mismos se venden acatando las reglas de la libre
competencia. En los estados del tercer mundo, se cobra discretamente por
debajo de la mesa. En los Estados Unidos se declaran estos pagos con el
nombre políticamente correcto de "contribuciones". En los
estados del tercer mundo las derogaciones de leyes se pueden comprar. En
los Estados Unidos se pueden comprar las leyes.
Notas:
(*)
Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire.
[1]
Dado que los estados de Idaho, Michigan y Vermont no obligaban a sus
electos a declarar el monto y la procedencia de sus ingresos, el centro
tuvo que renunciar a investigar ese tema en los estados involucrados.
[2] Capitol Offenders, por Diane Renzulli y el Center
for Public Integrity, Pi Books, 2002. El título hace referencia a la "ofensa
capital", o crimen punible con la pena de muerte, y al Capitolio que
es el edificio sede del Parlamento en cada capital estadual
[3]
N de la R. En este artículo el calificativo "estadual"
corresponde al nivel del estado federado por oposición a
"federal" que corresponde al nivel nacional, o sea, a
Washington.
[4] Ibid. p. 109
[5] Ibid. p. 126
[6] Ibid. p 246
[7]
Dado que los estados de Idaho, Michigan y Vermont no obligaban a sus
electos a declarar el monto y la procedencia de sus ingresos, el centro
tuvo que renunciar a investigar ese tema en los estados involucrados.
[8] Capitol Offenders, por Diane Renzulli y el Center
for Public Integrity, Pi Books, 2002. El título hace referencia a la "ofensa
capital", o crimen punible con la pena de muerte, y al Capitolio que
es el edificio sede del Parlamento en cada capital estadual
[9]
N de la R. En este artículo el calificativo "estadual"
corresponde al nivel del estado federado por oposición a
"federal" que corresponde al nivel nacional, o sea, a
Washington.
[10] Ibid. p. 109
[11] Ibid. p. 126
[12] Ibid. p 246
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